El grupo, formado por varias decenas de personas de las que solo se identificó a las ocho, se manifestaba contra los desahucios de Encasa Cibeles, la filial española del fondo buitre Goldman Sachs-Azora al que el gobierno autonómico de Ignacio González vendió casi 3.000 viviendas públicas. Por esta acción no comunicada que mantuvo una hora cortado parte del servicio, los acusados podrían enfrentarse a entre seis meses y tres años de prisión.
Los hechos que se investigan tuvieron lugar el 27 de abril, cuando “una aglomeración de unas 50 personas”, entre ellos menores, se encontraba “ocupando las vías del servicio público”, según el atestado policial. La protesta estaba encabezada por una pancarta con el siguiente mensaje: “Disculpen las molestias, nos quieren desahuciar”.
Al lugar acudieron la Policía Local y también la Nacional tras el aviso de los vigilantes que pone la empresa que gestiona el servicio, Tranvía de Parla S.A, participada mayoritariamente por GlobalVía Infraestructuras S.A (de FCC y Bankia al 50 por ciento). La Policía Nacional informó a los manifestantes de que la acción podría estar incurriendo en un delito, recoge la documentación entregada al Juzgado y confirman los activistas, que aseguran que “pacíficamente” procedieron a retirarse después del aviso y con el compromiso verbal de los policías de que no los identificarían.
El atestado aduce, sin embargo, que transcurrió más tiempo hasta que se disolvió la concentración, que terminó con la filiación de ocho personas: tanto los “principales responsables y portavoces del evento así como las personas que utilizaron los móviles para grabar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello motivado por una posible utilización ilícita de tales imágenes y en prevención de tales hechos”, una acción castigada por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Policía habla de “responsables” para referirse al abogado de la PAH que interactuó con ellos como mediador en nombre del colectivo que se manifestaba.
A unos metros del lugar donde se concentraron se levantan unos bloques de viviendas públicas incluidos en la macroventa a Goldman Sachs-Azora cuyos vecinos tienen órdenes de desalojo casi todas las semanas. La mayoría de ellas terminan suspendiéndose hasta nuevo aviso y así pasan los meses. En los pisos hay personas que han dejado de pagar a su nuevo casero porque no pueden y familias que ocupan ilegalmente las casas y llevan meses pidiendo sin éxito a la empresa la regularización de la situación. Pero Encasa no cede a esta petición por miedo “al efecto llamada” y, según el testimonio de los vecinos, les ofrece dinero para que se marchen. Y el Ayuntamiento de Parla asegura que no tiene vivienda social disponible para dar alternativa a los vecinos en riesgo de desalojo.
Los manifestantes aseguran que el día de la protesta esperaron a que pasara un tranvía para comenzar a ocupar “la acera y parte de las vías porque la acera era muy estrecha y no cabíamos todos” en una “concentración espontánea”. “Queríamos evitar un frenazo del tranvía o cualquier daño en ese sentido”, dice uno de ellos.
El servicio de transporte se interrumpió en la parada anterior a la zona donde estaban desplegada la protesta y los viajeros tuvieron que bajarse, según la declaración de la conductora del convoy que se paró primero. La trabajadora contó a la Policía, y así queda recogido en el atestado, que a las 19:50 se percató de la presencia de un grupo de personas en la vía y a las 20:45 se pudo reanudar el servicio tras disolverse la protesta. Tres vigilantes del tranvía y dos inspectores del servicio también ofrecieron su declaración como testigos de lo sucedido.
Tranvía de Parla S.A, empresa con la que ha intentado contactar sin éxito este medio, ha cuantificado en 791 euros los daños de esta acción. Pero los peritos judiciales no han podido determinar el “perjuicio ocasionado por la inmovilización de dichos trenes”. “Hemos de poner en su conocimiento que no se disponen de datos efectivos y reales del coste por minuto de cada tren retenido”, consta en la documentación incluida en la instrucción.
Dos de los acusados de desórdenes públicos han recibido, además, sendas multas de 600 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por negarse a identificarse. “Yo solo les pedí explicaciones sobre por qué nos identificaban si nos habían dicho que no lo harían. Y luego les dejé mi DNI”, asegura Israel, uno de los militantes que ha recibido y recurrido esta sanción.
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