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Crisis, desempleo, explotación y… suicidio de los trabajadores

Tanto el incremento de la explotación como el paro han conducido a que el número de suicidios alcance cotas nunca conocidas en Francia. Por dicho motivo el Observatorio Nacional del Suicidio (ONS), creado en 2013, relaciona los suicidio con la explotación de los trabajadores. Su cuarto informe se titula “Suicidio: ¿qué relación hay entre el trabajo y el desempleo? Pensar en la prevención y en los sistemas de información” (1).

Tras la cobertura mediática de los suicidios en el lugar de trabajo y la apertura del juicio contra los cabecillas de Orange (antes France Telecom) en mayo del año pasado, es necesario medir las interacciones entre los riesgos psicosociales, la salud mental y el suicidio a fin de establecer medidas de prevención eficaces, dice el ONS.

El informe se realizó antes del confinamiento, cuyos efectos sobre el comportamiento suicida de los trabajadores se estudiarán en años posteriores.

A menudo el suicidio en el trabajo o en una situación de desempleo se asocia con la fragilidad individual del trabajador y no con las condiciones de trabajo o con la falta del mismo. Sin embargo, el informe asegura que las condiciones individuales del trabajador no son el único factor determinante.

Una encuesta de 2016 sobre las condiciones de trabajo y los riesgos psicosociales midió la relación entre la exposición a los riesgos psicosociales y el comportamiento suicida (2).

El desempleo aumenta los trastornos depresivos y el riesgo de suicidio. Sin embargo, las personas con empleo no se salvan. Entre los trabajadores que conservan su empleo, el 5,3 por ciento informan haber tenido pensamientos suicidas en los últimos doce meses. Las razones de estos pensamientos son familiares (40 por ciento), sentimentales (36 por ciento), profesionales (32 por ciento) y relacionadas con la salud (19 por ciento).

Se puede ver que las personas más expuestas al riesgo suicida tienen el doble de probabilidades de tener pensamientos suicidas que el promedio. En el trabajo, las malas relaciones sociales, los conflictos de valores, las exigencias emocionales y la inseguridad económica desempeñan un papel importante en los pensamientos suicidas y el riesgo de depresión. A esto le siguen un reconocimiento y un salario insuficientes, la falta de autonomía y una gran carga de trabajo.

(1) https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274654.pdf
(2) https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes/article/risques-psycho-sociaux-rps-edition-2015-2016

Más información:
– La multinacional Orange va a juicio por la presión a la que sometió a sus trabajadores

Huelga de los trabajadores de la funeraria de Madrid en plena ‘segunda ola’ de la pandemia

En Madrid la “segunda ola” de la pandemia es como la primera, no sólo por el confinamiento que está a punto de imponerse, sino por la huelga de los trabajadores de la funeraria.

Algunos recordarán una de las imágenes más impactantes de la pandemia, con la habilitación del Palacio de Hielo para almacenar los cadáveres. Eran tan falsas como los féretros abandonados en las calles de Guayaquil o las fosas comunes de Nueva York.

La pandemia estaba llenando el mundo de cadáveres y no había ni tiempo para darles tierra…

Ahora bien, en tiempos de pandemia los entierros están estrictamente reglamentados, tanto en lo que se refiere al cadáver y al féretro como a quien lo maneja, que debe vestirse de astronauta, exactamente igual que los trabajadores sanitarios. Es tan simple que basta leer el Boletín Oficial del Estado para enterarse.

Dado que en la primera no hubo tales vestimentas, los trabajadores de la funeraria de Madrid se negaron a cumplir con su tarea, e incluso fueron apoyados por el alcalde Martínez Almeida, que exigió al gobierno central los equipos de la ley exige. Pero no había nada de eso.

Lo mismo que en el caso de los asilos, ante dicha situación, el ejército tuvo que intervenir para ejercer las funciones propias de la funeraria, depositando los féretros perfectamente alineados en el Palacio de Hielo a fin de que fueran fotografiados y nos diéramos cuenta de la magnitud de la catástrofe que teníamos delante nuestras narices.

Lo mismo que los asilos y los centros de salud, la funeraria de Madrid es pública y para justificar su privatización, el ayuntamiento lleva años deteriorando el servicio en medio de una continua batalla contra los trabajadores, de manera que ayer la huelga tuvo un seguimiento del 95 por ciento de la plantilla.

La situación no quedaría nada clara si no añadiéramos que, a pesar de las “noticias” y las amenazas de un confinamiento generalizado, ahora mismo en Madrid hay menos muertos que en ninguna otra comunidad autónoma, en proporción a la población. La mortalidad es un 23 por ciento inferior a la media española.

Si Madrid queda confinado no será por un problema de salud pública sino porque está en medio de una áspera batalla política entre el gobierno central y el autonómico.

Los trabajadores de Acciona en huelga indefinida para evitar despidos traumáticos como en Nissan

Los trabajadores de Acciona Facility Services, subcontrata de Nissan en las plantas de Barcelona, comienzan hoy una huelga indefinida para conseguir los mismos derechos que los conseguidos por sus compañeros en el fabricante japonés.

Inician su lucha después de que Acciona comunicara a principios de agosto la resolución “de forma unilateral e inmediata” de su contrato con la marca nipona, que terminaba en marzo de 2021, según Nissan.

Tras la rescisión del contrato, Acciona planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda la plantilla, unos 500 trabajadoires repartidos entre los centros de la Zona Franca y Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

La empresa encargada de la logística del fabricante japonés en las factorías barcelonesas mantuvo el lunes la primera reunión con el comité de empresa para la negociación del ERE, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Los empleados piden la retirada del expediente “al entender que no hay causa”, así como que no se produzcan despidos hasta diciembre de 2021, al igual que en Nissan. El próximo encuentro se ha fijado para el 2 de septiembre.

La conselleria de Trabajo de la Generalitat de Cataluña también convocó un encuentro de mediación para intentar evitar la huelga indefinida. Se celebró de manera telemática y tras más de tres horas, tampoco acercaron posturas.

En este contexto, las plantas catalanas de Nissan en Cataluña no pudieron retomar el lunes su actividad, tal y como habían acordado empresa y sindicatos. El fabricante asiático prevé volver a poner en marcha la Línea 1 de su planta de la Zona Franca el próximo lunes, mientras que la Línea 2 echará a andar el 7 de septiembre.

Nissan Motor Ibérica y sindicatos alcanzaron un acuerdo a principios de mes, por el cual la dirección se comprometió a no realizar “despidos traumáticos” hasta finales de 2021. La empresa asegura que está analizando alternativas y acciones de carácter urgente y extraordinario para reiniciar la actividad lo antes posible, así como “la mejor opción” para la búsqueda de alternativas de reindustrialización de sus plantas catalanas.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/26/companias/1598435092_203461.html

Las trabajadoras de una empresa de la limpieza argentina denuncian que los capitalistas las violan para que se marchen sin tener que despedirlas

Un grupo de trabajadoras de la empresa argentina de limpieza JetLimp se presentó ante la justicia laboral. Filtraron audios de uno de los gerentes en los que se escucha la violencia de la que fueron víctimas: “Tenés que convencerlas, cogerlas, violarlas, manoseálas, hacé lo que quieras Luis, pero las minas tienen que salir renunciando”.

Empleadas de una empresa de limpieza denunciaron maltrato, discriminación y misoginia perpetrados por un gerente. Como prueba se filtraron unos audios escandalosos en los que el ejecutivo recomienda hasta violaciones para obligarlas a renunciar.

“Yo necesito que cumplan la carga horaria. Poné a las mujeres a fregar con una mopa. No se les va a caer el útero ni la matriz por una rotativa, ponelas a laburar”. “A las encargadas tenés que convencerlas, cogerlas, violarlas, manoseálas, hacé lo que quieras Luis, pero las minas tienen que salir renunciando”. “¡Que se mueran en el servicio!”, son algunas de las frases que se escuchan en los audios del gerente difundidos.

Además, el ejecutivo reclama constantemente que las empleadas trabajen las 8 horas y si se enferman, se lastiman o tienen un inconveniente “que queden afuera”.

Mari, una de las trabajadoras de JetLimp, una empresa de limpieza que brinda servicio al shopping Alto Palermo y a los supermercados Coto -entre otras empresas-, contó que trabaja ahí desde hace 10 años. Tiene artiritis y la enfermedad de Chagas. Cuando comenzó la cuarentena tenía mucho dolor en una rodilla y fue a una guardia. Allí le recomendaron que pidiera la baja porque es paciente de riesgo, presentó el certificado y la empresa le envió un telegrama diciendo que si no se presentaba, la iban a despedir con causa.

La empleada relató que el maltrato es constante. La gerente de recursos humanos manda audios burlándose si alguien tiene un accidente laboral. En los mensajes se escucha al gerente dar órdenes como: “Le decís que ella sale de ART de licencia y sabe que está afuera. ¡Ya decile! No sé cómo carajo hizo para golpearse con un tacho de basura la cabeza“ o “Andá al kiosco, comprate una gotita y pegásela en la cabeza a la idiota esa”.

Mari decidió demandar a la empresa por los sueldos impagos. Durante los últimos estos meses no pudo cobrar el IFE ni la asignación familiar porque la empresa no la dio de baja.

Esta semana el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral 50, a cargo de Horacio Ojeda, resolvió a su favor. JetLimp tendrá que pagarle todos los sueldos “que no fueron pagados desde el inicio de la cuarentena con el argumento que su enfermedad no estaba incluida”.

https://11noticias.com/noticias/Nacionales/Un-empresario-recomienda-manosear-y-violar-empleadas-para-obligarlas-a-renunciar–AUDIO_12588.html

Represión policial y docenas de detenidos en la lucha de los maestros jordanos

Ayer la policía jordana utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras a los que culpaban de perturbar los servicios públicos durante una protesta que exigía la liberación de los dirigentes del sindicato de maestros dirigido por la oposición.

Una fuente del gobierno dijo que siete policías resultaron heridos en las protestas en la ciudad sureña de Karak, donde la violencia estalló por primera vez en una crisis creciente entre el gobierno y el sindicato, que se ha convertido en una fuente importante de disidencia.

El 25 de julio el gobierno cerró las oficinas del sindicato, que cuenta con 100.000 afiliados, y suspendió su actividad durante dos años, en una de las mayores medidas represivas contra un grupo disidente importante en los últimos años.

La represión ha incluido detenciones de docenas de sindicalistas.

El sindicato se declaró en huelga el año pasado, cerrando escuelas en toda Jordania durante un mes en una de las huelgas más largas y perturbadoras del sector público en la historia del país.

En las últimas semanas sus dirigentes han acusado al gobierno de no cumplir un acuerdo firmado el pasado mes de octubre que puso fin a la huelga.

Las ciudades de Irbid, Karak, Jerash y Tafila han sido testigos de protestas nocturnas dispersas en los últimos días, con cientos de militantes de la oposición tomando las calles, pidiendo la dimisión del gobierno, el fin de la corrupción y la liberación de los sindicalistas encarcelados.

https://www.monitordeoriente.com/20200805-la-policia-de-jordania-se-enfrenta-a-los-manifestantes-por-la-represion-sindical/

‘No somos esclavas’: huelgas de trabajadoras en las maquilas de todo el mundo

Josefina Martínez

Desde los suburbios empobrecidos de la península indochina hasta las barriadas obreras de Ciudad Juárez, capital del feminicidio y la maquila mundial, ¿qué experiencias comunes unen las vidas de las trabajadoras precarias a un lado y otro del mundo? ¿Qué rebeliones y resistencias dan forma a una nueva clase obrera global, feminizada y racializada, que produce para grandes emporios capitalistas?

La historia de Soy Sros me pareció tan increíble que necesité leerla varias veces y tuve que comprobar la información en distintas fuentes. La joven camboyana trabaja en la fábrica Superl, que confecciona carteras de lujo para marcas como Michael Kors, Jimmy Choo o Versace. El 31 de marzo, al conocerse el despido de un centenar de trabajadoras, Soy Sros cogió su teléfono y publicó el siguiente mensaje en Facebook: “Superl está incumpliendo las instrucciones de Hun Sen, el primer ministro del Gobierno camboyano. Ha rescindido los contratos de las trabajadoras de la fábrica, incluyendo una trabajadora embarazada, alegando la falta de materia prima debido a la covid-19”. El revuelo generado obligó a la empresa a dar marcha atrás con los despidos el mismo 1 de abril y a continuación Soy Sros borró el post de sus redes sociales. Pero la cosa no terminó allí. Dos días después, la trabajadora fue detenida por la policía, acusada por la empresa de “incitar disturbios sociales”, “difamar” y “difundir fake news”. Estuvo 55 días en una celda de 10×20 metros, hacinada con otras 70 prisioneras, sin condiciones de higiene, en medio de la pandemia. Eran tantas mujeres amontonadas allí, que no podían recostarse al mismo tiempo para descansar, debían hacerlo por turnos. Soy Sros tuvo febrícula varias veces, pero no recibió asistencia sanitaria. Dice que la ayudaron otras presas, que compartieron medicinas con ella.

Madre soltera de dos hijos, Soy Sros es referente del Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW) de Camboya e intenta organizar a sus compañeras contra un sistema laboral basado en la precariedad y los abusos patronales. Superl Leatherware Manufacturing es un emporio textil creado en 2012, que emplea a 18.000 trabajadores y trabajadoras en sus plantas de China, Filipinas y Camboya, para la exportación a Europa y Estados Unidos. A unos metros de la Gran Vía de Madrid, en una tienda de Michael Kors, se puede comprar un pequeño bolso de piel con logotipo de la marca y tiras decorativas por 365 euros. Es más que lo que cobran mensualmente las compañeras de Soy Sros.

Se calcula que hay entre 40 y 60 millones de trabajadoras y trabajadores en la industria textil de exportación a nivel global. Son empresas especializadas en subcontratar grandes talleres con mano de obra barata en países pobres que fabrican ropa para marcas conocidas. La mayoría de las ocupadas en la industria textil son mujeres –esto es algo que se mantiene desde los orígenes del capitalismo–, y, en muchos casos, son ellas la principal fuente de ingresos en sus hogares. Largas jornadas laborales, bajos salarios y escasa mecanización; es la despiadada extracción de plusvalía absoluta, el verdadero secreto detrás de los grandes emporios de la moda.

La pandemia hizo colapsar en pocos días las cadenas internacionales de suministros, descargando la crisis con especial virulencia sobre las trabajadoras del sur global. De un lado, el freno de las exportaciones chinas impidió la llegada de materias primas a numerosos países. A su vez, grandes marcas europeas y norteamericanas suspendieron las órdenes de compra, dejando muy tocadas a las empresas proveedoras, cuando no al borde de la quiebra. Como resultado, cientos de miles de trabajadoras fueron despedidas o perdieron sus jornales en las maquilas de Bangladesh, Vietnam, Camboya, México o Centroamérica.

“No somos esclavas”

En medio de esta catástrofe, se está desarrollando una dura lucha de clases: las empresas aprovechan la excusa de la covid para barrer las nuevas organizaciones sindicales, y las trabajadoras están respondiendo con huelgas, concentraciones y protestas.

En mayo, 300 trabajadoras de la fábrica Rui-Ning de Myanmar fueron despedidas, poco después de haber registrado un sindicato. Un caso similar se vivió en la fábrica Huabo Times, donde 100 trabajadoras y trabajadores fueron enviados a la calle después de formar una organización sindical. Estas fábricas birmanas producen ropa para marcas como Zara y Primark. Las trabajadoras escribieron una carta al dueño de Inditex, exigiendo la readmisión y denunciando las condiciones laborales: “Cuando comenzó la pandemia, muchos trabajadores como nosotros continuaron fabricando su ropa, incluso cuando la dirección de la fábrica inicialmente no nos concedió medidas de seguridad como mascarillas y distanciamiento social para protegernos a nosotros y a nuestras familias de la covid-19. Ahora, la dirección ha aprovechado la crisis mundial como una oportunidad para destruir nuestros sindicatos, despidiendo masivamente a los afiliados”.

Amancio Ortega acumula una fortuna personal de 62 mil millones de euros y se encuentra en el podio de los 10 hombres más ricos del mundo. Pero poco se dice acerca de las bases de su fortuna, ese trabajo en condiciones semi esclavas. La buena noticia es que, después de varias semanas de concentrarse en las puertas de la fábrica y apoyadas por una campaña internacional de solidaridad, las trabajadoras de Rui-Ning lograron que las reincorporaran a sus puestos de trabajo.

En otra fábrica, que confecciona bolsos para los ordenadores Dell, las trabajadoras mantuvieron un piquete de huelga durante varios días. En sus redes sociales, compartieron un mensaje muy claro: “Nosotras hacemos vuestros bolsos en Myanmar. Hemos tratado de organizar un sindicato para pedir protección ante la covid-19 y hemos sido inmediatamente despedidas. No somos esclavas”.

Andrew Tillett-Saks es organizador sindical y vive en Myanmar. Conversamos sobre este proceso, tras intercambiar algunas opiniones en las redes sociales. Para él estas protestas han empezado a lograr algunos frutos: “Las trabajadoras de la fábrica de Rui-Ning ganaron la reincorporación y derrotaron al consorcio patronal con dos armas: acciones directas del sindicato dentro de la fábrica, y la solidaridad de otras organizaciones de trabajadores a nivel internacional”. El internacionalismo en este caso es algo muy concreto: “Dado que la producción y los mercados capitalistas son tan globales ahora, los trabajadores y sus luchas deben serlo también si quieren tener alguna oportunidad. En la industria de la confección, por ejemplo, los trabajadores producen en un país, el propietario de la fábrica suele tener su sede en un segundo país, y las marcas y los consumidores suelen tener su sede en un tercer país. Sin solidaridad y coordinación internacional se hace muy difícil ganar las luchas de los trabajadores”.

Los nudos que enlazan patriarcado, racismo y explotación laboral son el entramado del modelo capitalista en la industria maquiladora. “El capital utiliza el racismo tanto para facilitar la sobreexplotación de ciertos segmentos de la clase trabajadora, como políticamente para dividir a los trabajadores entre sí, y vemos ambas cosas en la industria de la confección”, asegura Tillett-Saks.

Lo novedoso es que todo indica que estamos ante una importante ola de conflictividad laboral, protagonizada por miles de trabajadoras en condiciones muy duras. Luchas que nos recuerdan a aquellas de principios del siglo XX, cuando las obreras organizaban huelgas salvajes en los centros del capitalismo mundial. Desde el terreno, Tillett-Saks nos confirma esta intuición:

“En los últimos dos años, el sector manufacturero de Myanmar ha experimentado una enorme oleada de huelgas. Casi el 90% de las trabajadoras son mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años, y casi todas las huelgas son autoorganizadas por las trabajadoras. A menudo son trabajadoras no sindicalizadas que se declaran en huelga por cientos de miles, y forman sindicatos mientras están en huelga. Se concentran en gran medida en la industria de la confección, pero también en otras manufacturas ligeras. En Myanmar, cada semana durante los últimos dos años, hubo nuevas y grandes huelgas. La prensa apenas lo cubre, pero es una lucha enorme que francamente empequeñece las luchas sindicales que están lanzando los sindicatos en cualquier otro país que yo haya visto. Las mujeres, por supuesto, siempre han trabajado y siempre han participado en la organización de sindicatos, pero las jóvenes que encabezan esta oleada de huelgas demuestran que las trabajadoras serán fundamentales para dirigir la lucha del siglo XXI por un movimiento obrero más fuerte y un mundo mejor”.

Paraíso capitalista, infierno de precarización laboral

Más de 15.000 kilómetros separan la capital birmana de Ciudad de Juárez, México, en el desierto de Chihuahua. Pero la experiencia vital de una trabajadora de las maquilas, a un lado y otro del mundo, se encuentra mucho más próxima.

“Paraíso capitalista, infierno de precarización laboral, emergente protesta obrera”. Así describe Pablo Oprinari, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la situación de la industria maquiladora en este país en medio de la pandemia. El control estatal de las fronteras, abiertas para la circulación de materias primas y mercancías, pero cerradas para las personas, permite a las multinacionales aprovechar las desiguales condiciones a un lado y otro del muro, utilizando una mano de obra cada vez más feminizada y racializada. En las últimas décadas, industrias norteamericanas se han deslocalizado al otro lado de la frontera, creando nuevas ciudadelas obreras en medio del desierto, un desarrollo combinado de tecnología avanzada y mano de obra sobreexplotada.

En el pico de la pandemia, entre el 60% y el 80% de la industria maquiladora mexicana se mantuvo produciendo, sin tomar medidas de protección para las trabajadoras y trabajadores. El norte de México se transformó así en un foco del virus, tal como había ocurrido en el norte industrial italiano. En este contexto, en el mes de abril se multiplicaron las huelgas en la maquila, con la consigna: “¡Queremos vivir!”.

Por vía telefónica, conversamos con Yessica Tzunalli Morales, quien responde nuestras preguntas desde Ciudad Juárez. Ella tiene 27 años y trabajó un tiempo en la maquila, forma parte del colectivo de mujeres Pan y Rosas.

“Los trabajadores y las trabajadoras se empezaron a contagiar de covid dentro de las fábricas. Por eso hubo protestas, “paros locos” [huelgas salvajes], porque querían que las mandaran a cuarentena. Hay un video muy famoso de una obrera que dice que ella no quiere contagiar a su hija, que es un bebé. Entonces, las mujeres fueron las que más pelearon para que la industria parara y las primeras en salir a manifestarse a decir: ‘¡Respeta mi vida!’”.

Como en otras partes del mundo, las grandes empresas maquiladoras se basan en una mano de obra muy feminizada: “Hay más de 350.000 obreras y obreros laborando en la
maquila, y la mayoría son mujeres. Y de esas mujeres, muchas, la mayoría, son madres solteras. Hay una desigualdad social muy profunda, que la pandemia vino a develar
aún más. Estas mujeres también cargan con el trabajo doméstico”. Ahora, con la “nueva normalidad”, muchas empresas han reorganizado los horarios: “Todo el día haciendo
trabajos repetitivos, producción, producción. Doce horas dentro de la fábrica, con sueldos raquíticos. Es una explotación muy tremenda”, explica.

La maquila destroza los cuerpos. En Ciudad Juárez los cuerpos de las mujeres envejecen más rápido, hay cuerpos doloridos, cuerpos que desaparecen y cuerpos de mujeres asesinadas. Yessica Tzunalli Morales y otras activistas de Ciudad Juárez lo vienen denunciando: “Durante la pandemia el feminicidio no ha parado. Las trabajadoras salen de sus casas a las 4 de la mañana para tomar el camión de transporte de personal, pero estos no entran a las colonias, y en muchas ocasiones las obreras tienen que caminar largas distancias, atravesar parques a oscuras, solas. En ese tramo que ellas caminan, se han cometido feminicidios y han desaparecido mujeres. Por eso nosotras sostenemos que la industria maquiladora en Ciudad Juárez es caldo de cultivo para el feminicidio, por estas condiciones estructurales”.

La maquila devora cuerpos de mujeres, pero también genera nuevas olas de protestas y resistencia. “¡No somos esclavas!”, “¡Queremos vivir!”, son los gritos de insubordinación de una nueva clase obrera global, cuya mitad son mujeres. Ellas retoman los hilos rojos y morados de quienes mucho antes ya lucharon.

En 1912, las trabajadoras textiles de Lawrence, en Estados Unidos, protagonizaron la huelga de “pan y rosas”. La mayoría no estaba sindicalizada, pero comenzaron a hacerlo, apoyadas por la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo). Miles de mujeres pararon las fábricas contra las condiciones laborales de superexplotación, largas jornadas y bajos salarios, sabiendo que podían caer presas. Crearon un comité de huelga donde se hablaba 25 idiomas, incorporando a las trabajadoras inmigrantes. Las huelguistas también organizaron de forma colectiva los cuidados, con comedores sociales, guarderías y enviando a sus hijos a otras ciudades, donde serían acogidos temporalmente por familias obreras. Después de dos meses de piquetes, enfrentamientos con la policía y enormes muestras de solidaridad (por ejemplo, los estudiantes de Harvard organizaron cajas de resistencia), la huelga logró su objetivo. Se redujo la jornada laboral y se consiguió un aumento de salario.

Desde entonces, el poema de James Oppenheim se identificó con la lucha de aquellas mujeres. Hoy lo seguimos cantando:

Mientras vamos marchando, marchando, gran cantidad de mujeres muertas
van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan;
sus espíritus fatigados no conocieron el pequeño arte y el amor y la belleza
¡Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas!

Mientras vamos marchando, marchando, a través del hermoso día
un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías
son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente
ya que el pueblo nos oye cantar: ¡pan y rosas! ¡pan y rosas!


https://ctxt.es/es/20200801/Politica/32950/Josefina-Martinez-maquilas-industria-textil-esclavas-Asia-M

Los trabajadores de Ford quieren que la empresa deje de fabricar coches para la policía

Los trabajadores de Ford están presionando a la empresa para que deje de fabricar coches de policía en medio de un levantamiento nacional contra el terror policial.

Los trabajadores de Ford hicieron la demanda en una carta dirigida al presidente ejecutivo Jim Hackett y al presidente ejecutivo Bill Ford que se distribuyó recientemente en la sede de la empresa en Dearborn, Michigan.

“A lo largo de nuestra historia, los vehículos que los trabajadores de Ford diseñan y construyen se han utilizado como accesorios para combatir la brutalidad y la opresión”, se lee en la carta. “Como parte innegable de esa historia y sistema, hace mucho tiempo que ‘pensamos y actuamos de manera diferente’ sobre nuestro papel en el racismo”.

La carta también dice que un policía de Minneapolis mató a George Floyd, cuya muerte provocó una ola masiva de protestas en todo el país, junto a un interceptor de la policía de Ford. Los trabajadores quieren que Ford tome medidas antes del 15 de julio.

En respuesta, el cabecilla Hackett indicó que Ford no saldrá del mercado en el corto plazo. Si bien condenó la “represión sistémica y el racismo” evidente en algunos encuentros policiales, Hackett dijo que “los problemas que afectan la credibilidad de la policía no tienen nada que ver con los vehículos que conducen”.

También sugirió que Ford podría ayudar a la causa al usar sus autos para proporcionar datos para “hacer que la policía sea más segura y más responsable” en lugar de quitarles los vehículos, lo que haría “daño a su seguridad y [dificultaría] que hicieran su trabajo”.

https://www.diariopanorama.com/noticia/355513/empleados-ford-quieren-compania-deje-fabricar-patrulleros

Trabajadores y subcontratas de Glovo asignan horas a repartidores a cambio de dinero

Ciertos intermediarios utilizan bots para capturar horas de reparto en Glovo y en Amazon. El sistema es el siguiente: el repartidor contacta por Whatsapp con el intermediario, que le da acceso a una web. Ahí mete sus credenciales y preferencias, como a qué hora quiere empezar a trabajar, cuántas horas por turno y qué días. La herramienta captura automáticamente las horas antes de que salgan en la aplicación, robándoselas a los repartidores que las cogen de forma manual. El invento cuesta, como mínimo, 25 euros semanales que se pagan por Bizum o transferencia bancaria (1).

Es un fraude conocido desde hace tiempo, pero su uso se ha popularizado durante la pandemia, al calor de las miles de personas que se han apuntado a repartir. Las empresas tratan de bloquearlo (porque el bot accede a las tripas de la aplicación) o expulsan a quien pillan usándolo.

Hay además otro tipo de fraude que atañe a Glovo: el de trabajadores de sus oficinas que cobran por asignar horas. Llegan a pedir 40 y 50 euros semanales por ello. Ha habido casos, a los que se ha despedido cuando se ha detectado, y que el asunto se extiende a las subcontratas de soporte, más difíciles de controlar (2).

“La gente que trabaja en la oficina de Glovo de una ciudad tiene acceso a la aplicación. Ellos pueden poner y quitar horas. Al menos en Madrid, asignan muchas horas manualmente”, explica Fernando, un repartidor madrileño. “El año pasado, yo trabajé en la flota de madrugada, que se creó cuando pusieron Madrid Central. Ahí asignaban horas manualmente. Hay repartidores que son amigos de los de la oficina y les ponen horas. Hasta hace poco, te las ponían si les caías bien. El siguiente paso es la corrupción”.

Teóricamente, el sistema de Glovo es automático y de oferta, demanda y competencia perfecta: uno se apunta y accede a las horas disponibles, con más posibilidad de cogerlas en función de su puntuación. Para tener una puntuación alta, hay que hacer horas de alta demanda (noches y fines de semana). Eso te garantizará cierta “libertad” para coger más y mejores horas después.

El problema es que hay más repartidores que horas disponibles, así que acceder a ellas se ha convertido en una jungla en la que oportunistas intentan sacar tajada de trabajadores ya de por sí vulnerables. El primer paso fue el alquiler de cuentas a personas sin papeles, que pagan el acceso en forma de comisión. Ahora, cada vez es más difícil repartir sin pasar por caja. “Este trabajo se ha vuelto una maraña de abusadores», resume otro repartidor.

¿Qué trabajadores se corrompen y piden dinero al mensajero a cambio de horas? Según apuntan varios repartidores, hubo casos en Madrid. Y ahora el problema está en los “call-centers” de Latinoamérica.

“Este tema siempre ha sido muy delicado», señala un antiguo trabajador de la oficina de atención al repartidor en Madrid, un local en Tetuán. «El trato con los repartidores dejó de cuidarse. Intentábamos no tener tanta cercanía para que no hablaran de tratos de favor. Si los hay, es más arriba. Nosotros tenemos acceso a la plataforma, pero no estamos autorizados para asignar horas”.

Este antiguo trabajador cuenta que un puesto como el suyo, de oficina local, está remunerado con entre 17.000 y 18.000 euros anuales (unos 1.200 euros al mes en doce pagas). Estos puestos necesitan acceder al control de horas, porque, entre otras cosas, deben quitárselas si el repartidor lo pide. Sus movimientos quedan registrados, así que la empresa no lo tiene muy difícil para pillarles si alguien les delata. Habitualmente, son los propios repartidores los que escriben denunciando estas prácticas.

“Se corrió la voz, aunque parece que se frenó ya. La nueva modalidad es que lo hace gente de soporte. Las subcontratas están en Latinoamérica”, continúa Fernando. “Esta gente tiene tu teléfono, así que te llega un Whatsapp que dice ‘hola, yo trabajo en Glovo…’. Viene a costar unos 50 euros por cuarenta horas semanales”. El boca a boca hace el resto.

La corrupción entre trabajadores y subcontratas y los bots están relacionados. “Ahora está ese problema de los ‘bots’, pero no se ha podido comprobar que sea alguien de dentro”, señala el antiguo trabajador de Madrid, quien está convencido de que, al menos los contactos, los proporcionan quienes tienen acceso a ellos. “¿Quién lo ha desarrollado y quién tiene acceso al mercado de ‘riders’ para vender las horas? Te llega un Whatsapp, te pasa el número para hacer el Bizum… Serán trabajadores”.

(1) https://www.eldiario.es/economia/trabajo-repartidores-glovo-amazon-acabar_1_6055996.html
(2) https://www.eldiario.es/economia/corrupcion-glovo-trabajadores-subcontratas-asignan-horas-repartidores-cambio-dinero_1_6082614.html

Violencia de clase: un concepto olvidado

Pau Celeiro

El pasado 25 de junio nos levantábamos con la triste noticia de la muerte de un vecino de Puig-reig de 55 años en un accidente laboral en la mina de Iberpotash de Vilafruns en Balsareny. Según el comunicado de CC.OO., la víctima trabajaba para la empresa subcontratada Montajes Rus. La concesión de la mina pertenece a ICL Group, a quien Montajes Rus facilita el servicio del montaje y mantenimiento de la infraestructura y maquinaria minera, es decir, cintas transportadoras, captadores de polvo, camiones, palas, etc. Concretamente el siniestro se produjo en una de las cintas transportadoras que se descolgó produciendo un desprendimiento que acabó con la vida de la víctima. Tres semanas antes, en la misma mina de Iberpotash, también por un desprendimiento, se generaba la muerte de otro trabajador, Pau Camp de 45 años trabajador también de la empresa subcontratada Montajes Rus. A la vez, el 2015, un operario de mantenimiento de 26 años, vecino de Navas, también perdió la vida por un desprendimiento.

Según el comunicado de Iberpotash, «la dirección de la compañía, en primer lugar, lamenta profundamente el accidente y traslada su pésame y solidaridad a la familia, compañeros, amistades de la víctima y a la empresa Montajes Rus, donde trabajaba y se pone a su disposición. La seguridad es un valor esencial para nuestra compañía y para el Grupo ICL. Por eso, se ha decidido parar sin fecha la producción en la mina de Vilafruns para poder investigar las causas de este accidente» (1). El hecho es que nunca se deberían de haber producido estos accidentes, que desde la UCPC (*) definimos como víctimas de la violencia de clase ejercida sobre el proletariado y, en todo caso, bastantes avisos hubo para evitar las últimas muertes de junio del 2020. ¿Pero a quién tenemos detrás de Iberpotash y el grupo ICL?

Iberpotash S.A. fue creada en 1998 como filial de la empresa israelí ICL Fertilizantes, una de las mayores productoras mundiales de potasa y fertilizantes de fósforo, ácido fosfórico, fertilizantes especiales y aditivos del pienso. A la vez, ICL (Israel Chemical Limited), es también uno de los líderes mundiales de la producción de compuestos de bromo y productos ignífugos, así como varios productos químicos utilizados en la construcción, la industria farmacéutica, la automoción, industries de perforación electrónica, petrolíferas y gas. Conclusión: una multinacional nacida y crecida a la sombra del sionismo israelí que nunca se ha opuesto a la ocupación de los territorios palestinos y el apartheid que ha sufrido este pueblo. Por otro lado, se trata de una empresa que aquí en Cataluña ya fue sancionada al 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (2015) con una fianza multimillonaria para dañar el medio ambiente.

¿Pero, y la administración pública competente, es decir, la Generalitat, qué responsabilidad tiene en todo ello? La Consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha tildado el accidente “de inexplicable” porque, según ella, ha sucedido “justamente en una de las zonas más seguras de la mina”. Parece ser que ahora sí, la mina ha cerrado indefinidamente, por iniciativa de la empresa, mientras se investiguen las causas del siniestro. Además, ha asegurado que tanto la empresa como la Generalitat investigarán los hechos a través de auditores externos.

¿Y, cual ha sido el papel de los sindicatos en todo ello? Por un lado, CCOO, había convocado una huelga para el 30 de junio en la mina de Sallent para reclamar mejoras en la seguridad. Esta huelga, como tantas otras veces, acabó desconvocándose una vez los representantes de CCOO se sentaron con la patronal. Parece que ahora los comités de empresa de la mina y de la empresa subcontratada han decidido volver a convocar la huelga del 30 con el lema “por la seguridad en la mina”. Demasiado tarde, para vergüenza suya, la empresa se les ha adelantado.

Por otro lado, la Intersindical-CSC había convocado una huelga indefinida a iniciar el 17 de junio, después de la primera muerte, para exigir un plan de seguridad laboral a la empresa. Esta huelga, también se acabó aplazando “ante la promesa de la dirección de Montajes Rus de iniciar inmediatamente una negociación para acordar e implementar estas imprescindibles iniciativas”. Gran error, pues no se pueden asimilar con tanta facilidad las dinámicas pactistas que han practicado los sindicatos amarillos (CCOO y UGT) que actúan como corporaciones al servicio del Estado y por consiguiente, de la Patronal. Del enemigo, no debes fiarte ni tan solo un pelo, simplemente no debes fiarte, lo tienes que combatir a partir de la coacción que por eso existen las huelgas y otros instrumentos como recurso de presión.

Así pues estamos ante una triple negligencia: la de la empresa subcontratada y la sionista ICL simples explotadores de recursos naturales y de la plusvalía del proletariado, la de la administración pública, que de haber aplicado las revisiones y auditorías necesarias se podrían haber evitado las muertes y la de los sindicatos, supuestos espacios de defensa de los derechos y la seguridad de los trabajadores que una vez más no han estado a la altura sino que además, han llegado tarde para evitar otra muerte y la defensa de la clase obrera.

Pero este no es un fenómeno aislado y puntual, pues según fuentes oficiales del INE de enero hasta abril del 2019 en el estado español se registraron 167 víctimas mortales en el espacio laboral (2). Si nos fijamos en las cifras de este mismo periodo en el 2020, el número se eleva a 231 víctimas (3). Curiosamente el número de parados oficiales, es decir, el ejército de reserva con que cuenta el capitalismo para mantener el sistema de explotación, ha pasado de los 3.253.853 a los 3.831.203 (4).

Actualmente el estado español cuenta con una población activa de 19.681.300, por lo tanto, el desempleo no ha parado de aumentar en los últimos meses especialmente por la situación de confinamiento forzado que ha significado el cierre de 133.000 empresas en tres meses (5). Así pues, mientras que la población ocupada ha disminuido en 285.600 personas, las víctimas mortales en accidentes de trabajo no han hecho más que crecer pero de manera casi invisible pues en ninguna ocasión han significado grandes titulares de la prensa convencional toda ella convirtiendo el COVID-19 en el nuevo mantra informativo.

Analizamos ahora las estadísticas por violencia de género: las víctimas mortales en lo que va de año en el estado español ascienden a 21 mujeres según los balances del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 8 de ellas en Cataluña. Ahora bien, los medios de comunicación convencionales han trabajado de lo lindo para que la opinión pública conociera la muerte de estas mujeres, pero desconociera las víctimas por violencia de clase que en nivel estadístico superan con creces las víctimas de género. Y con ello no queremos sacar rédito de la vergüenza social y la necesidad imperante de acabar con la violencia de género en el seno de nuestra sociedad. Pero sí que instamos a la reflexión y poner sobre la mesa un fenómeno que no hace más que crecer y afecta al conjunto de la clase obrera, la defensa de la cual debería centrar la atención y las energías.

El capitalismo es un gran sistema de persuasión y desde los años 70 y más intensamente con la caída del bloque soviético, el postmodernismo ha guiado las preocupaciones y protestas de las izquierdas o espacios políticos progresistas. No solo por el hecho de menospreciar y condenar las disímiles luchas armadas como motores necesarios tanto para destruir el Estado capitalista y construir una nueva realidad social, sino por el hecho de fraccionar y atomizar lo que antaño era la lucha de clases en su conjunto, en reivindicaciones parciales (feminismo, LGTBIQ, ecologismo, animalismo, indigenismo, etc.) Y el capitalismo, hábil y calculador, ha absorbido y en ocasiones promovido estas reivindicaciones haciéndolas suyas e integrándolas en los circuitos de consumo y a la vez generando líneas de preocupación a gran escala presentadas como luchas prioritarias de la modernidad. Estas reivindicaciones y preocupaciones sociales, más o menos necesarias, acaban significando un recurso muy útil para olvidar otros temas como el de la violencia de clase en el seno de la clase obrera.

Quizás hay que repetir una obviedad de la que nuestros antepasados ya se dieron cuenta: el enemigo no es de raza ni de género, es de clase. La indigencia intelectual y el postmodernismo van de la mano por el sólo hecho de basar su praxis en la creación de conceptos abstractos, desviando la atención de lo que deberían que ser las preocupaciones revolucionarías entendidas desde una óptica dialéctica regida por el materialismo histórico.

Tanto es así que el objeto de este artículo casi lo podemos entender como inexistente: la violencia de clase no existe ni en los medios de comunicación, ni en los diccionarios, ni en los contenidos curriculares de las escuelas, ni en los buscadores de internet. Durante años ha figurado como siniestralidad laboral, como si estos accidentes o siniestros se dieran por pura casualidad, al azar y sin relación con el sistema que los genera. Los accidentes laborales no los podemos entender desde otra óptica que no sea la de la lucha de clase. Bastante triste es vivir bajo un sistema regido por la acumulación de capital fruto de la extracción de plusvalía al proletariado, que además esta misma clase no tiene ni el derecho a la vida garantizado.

Por todo ello desde la UCPC (*) denunciamos la naturaleza explotadora, en este caso de una empresa sionista y la de su subcontrata, por no garantizar el derecho en la vida. Denunciamos al Gobierno de Catalunya como institución pública competente, por su desidia y abandono de sus funciones a la hora de prevenir y generar condiciones de trabajo seguras. Hay que tener en cuenta la naturaleza elitista de la Generalitat y bajo los intereses de clase en que nace y existe. Por otro lado, destacamos el papel inoperante de los sindicatos que a día de hoy no podemos considerar como organizaciones de clase, sino, más bien como entidades lucrativas y corporativistas que actúan bajo dinámicas interclasistas donde el pactismo con la patronal, el enemigo de clase, prevalece por encima de cualquier otro mecanismo de presión.

Finalmente, destacamos la necesidad de crear un espacio político donde poder reivindicar por encima de todo el orgullo de clase, de pertenecer a la clase obrera, aquella que solamente puede hacerse valer a través de su cohesión y fuerza colectiva física e intelectual. Un espacio político en el cual el análisis de clase sea el motor de las sociedades humanas y no el postmodernismo, tendencia fraccionaria de las luchas progresistas que el capitalismo frecuentemente utiliza mediante su absorción y mercantilización. Un espacio donde reivindicar la tradición y la cultura comunista, lejos de las críticas revisionistas que demonizan éxitos de la humanidad en cuanto a la construcción del socialismo, espacio donde el objetivo final sea clara y, contundentemente, la construcción de una sociedad sin explotadores y explotados, poniendo el conocimiento humano al servicio de los sectores populares y no solo de aquellos que se lo pueden permitir.

(1) https://www.regio7.cat/fet-divers/2020/06/25/accident-mortal-mina-iberpotash-sallent/617888.html
(2) http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
(3) https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana-estadisticas-muertos-otros-datos/508
(4) https://www.expansion.com/economia/2020/05/05/5eb1102a468aeb5e508b45dd.html
(5) https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-06/crisis-cierre-133000empresas-registro-2001-coronavirus_2581315/

(*) UCPC son las siglas de la Universidad Comunista del Països Catalans

El despido de otros 300.000 trabajadores es inminente y el número total de parados puede superar los 5 millones

Oficialmente no se sabe cuántos trabajadores incluidos en un Erte siguen sin cobrar la prestación, muchos de ellos desde el mes de marzo. Según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos son 200.000, muy lejos de las cifras que maneja el Sepe que hace una semanas limitaba al 1 por ciento (34.000) los afectados por errores que todavía no han cobrado, una cifra en la que no coinciden los trabajadores del Sepe o el sindicato CSIF que la consideran más alta.

“Tras más de tres meses desde que se solicitaron los Erte no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar; nos preocupa que nos acostumbremos a escuchar las denuncias por parte de los trabajadores que no cobran, porque sin presión esta situación difícilmente se va a desatascar”, señala el presidente del colegio nacional, Fernando Santiago.

El Gobierno cifra en casi dos millones las personas que todavía siguen en Erte, después de que 1,4 millones se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo.

El 11 por ciento de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8 por ciento. De los Erte que han tramitado los Gestores Administrativos, el 6 por ciento se han justificado en causas económicas, técnicas, de producción u organizativas; el resto lo han sido por fuerza mayor.

Los Gestores denuncian que si no se adoptan nuevas medidas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE lo convertirán en un ERE antes de finalizar el año, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. “Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los Erte”, señala Santiago. «En caso contrario, antes de finalizar el año vamos a encontrarnos con el peor escenario de paro, superando los 5.000.000 de desempleados”, remata el presidente de los gestores españoles.

El representante de los gestores considera que “el 46 por ciento de las empresas en Erte por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo, viéndose afectado el 33 por ciento de los trabajadores incluidos en dichos Erte”. El Gobierno ha prorrogado estos Ertes hasta el 30 de septiembre.

“Cuanto más se alarguen los plazos en los expedientes por fuerza mayor, siempre que se mantengan las ayudas iniciales, mayor número de negocios podrán resolver los graves problemas que ha provocado la pandemia”, finaliza Santiago.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10636658/06/20/200000-trabajadores-siguen-sin-cobrar-el-Erte-y-52000-empresas-haran-despidos-en-breve.html

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