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Familiares de víctimas del ARA San Juan piden ayuda a Vladimir Putin

Resultado de imagen de vladimir putin armada rusaFamiliares de los tripulantes del ARA San Juan se dirigieron por carta al presidente ruso Vladimir Putin para pedirle ayuda en la búsqueda de los restos del submarino desaparecido.
Diferentes mensajes difundidos por los familiares en redes sociales, solicitan esta ayuda «Ante el completo abandono en el que se encuentra el desaparecido ARA San Juan, por parte de un “Comandante en Jefe” que se toma dos semanas de vacaciones en Villa la Angostura (y ni siquiera dirigió un mensaje oficial de condolencia), un gobierno en general que ya prácticamente no busca al submarino, y las revelaciones de los informes rusos que circularon«, en referencia a datos de la posible ubicación de la embarcación.
Los familiares de los 44 submarinistas decidieron enviarle una carta a Putin, sabiendo que luego del retiro de la marina norteamericana, las probabilidades de encontrar al submarino son cada vez menores.

También Putin cobró notoriedad entre la población argentina a través de la difusión de distintos informes rusos que hablaban de la posible implicación de la marina británica en la desaparición del ARA San Juan.

El decrecimiento es un concepto inventado por Henry Kissinger a partir de la eugenesia

Resultado de imagen de mit massachusettsDiego Herchhoren
La dećada del 90 del siglo pasado ha sido un período de permanente estado de inestabilidad de la población mundial, que ha sido atacada de manera simultánea a través de desregulaciones y avance del capitalismo transnacional. 
Quien hasta ese momento se sentía blindado social o laboralmente, dejó de estarlo, y la inestabilidad de los más débiles alcanzó a casi todo el planeta. Es lo que los comunistas llamamos, lisa y llanamente, imperialismo.
De manera paralela al colapso de la Unión Soviética, se vino a difundir desde muchas tribunas conceptos ideológicos alternativos a esta definición, con la idea de responsabilizar también al comunismo de los problemas de la humanidad y, veladamente, desdibujar las responsabilidades del sistema capitalista en los problemas más graves de la población mundial. Las crisis económicas y medioambientales serán, a partir de ahora, una responsabilidad «de todos» y no de quienes ocupan la tajada más grande del proceso económico mundial. O de otra manera: usted y yo tendríamos las mismas responsabilidades que Enron, Techint, Microsoft o Monsanto.
La superficialidad de esta tesis parte del hecho de olvidar que de esta crisis mundial yace el desmontaje del propio sistema capitalista tal y como lo conocemos. Quienes vivieron en la antigua Unión Soviética y en los países del Bloque Socialista recordarán cómo sus dirigentes y los dirigentes del bloque occidental se coaligaron para desmontar aquel régimen anticapitalista. Este hecho ha sido determinante para entender la lógica económica actual, donde cualquier límite al capitalismo propio de los sistemas socialdemócratas ha sido desterrado, y los que sobreviven están en proceso de extinción. Se acabó la protección laboral y se acabó la seguridad jurídica para las clases subalternas, desmontándose así cualquier idea de estabilidad en el marco del capitalismo.
Los Estados nación tal y como los hemos conocido han sido paulatinamente sustituidos por estructuras supranacionales bastante habituales en el marco del capitalismo. Y es precisamente estas estructuras las que van orientando la economía de sus miembros. 
El problema radica en la contradicción que existe cuando un burgués alemán o británico tiene intereses en el territorio de otro estado miembro, intereses que vulnerarían la legislación de su país de origen. Pues bien, para eso está el decrecimiento y, consecuentemente, las teorías que han dado a luz a los recientes tratados de libre comercio que afectan sobre todo a las economías de los países más débiles. Lo que en el siglo XVII o XVIII hacía de manera clandestina la masonería (trasladar a las colonias las tesis e intereses de las metrópolis), hoy lo hacen el NATFA, el TTP, el TTIP o el EFTA.

Una teoría elaborada en un laboratorio de los EEUU

El período de posguerra de la II Guerra Mundial supuso un incremento enorme del nivel de vida de los pueblos de Europa, y podemos decir que es el momento de creación de la llamada «clase media«. Es un período de gran capacidad de acceso de la clase trabajadora a seguros sociales, trabajo estable o educación superior, siendo esto un elemento que conllevaría a incrementar la capacidad de la clase trabajadora de disputar las rentas del desarrollo. Era lo que el sociólogo norteamericano Samuel Huntinghton definía en su informe «La crisis de la democracia«[ENG] como el peligro que suponía la creciente preocupación y participación de los trabajadores en las «cuestiones sociales, como el uso de las drogas, las libertades
civiles y el papel de la mujer; cuestiones raciales, como integración,
movilidad, ayudas gubernamentales a grupos minoritarios, y disturbios
urbanos; cuestiones militares, que implican principalmente, por
supuesto, la guerra en Vietnam, pero también proyectos, gasto militar,
programas de ayuda militar y el papel del complejo militar-industrial en
general».
 
Pero esto no solo ocurría dentro de las fronteras de los países capitalistas, sino también en el concierto económico mundial.
En 1968 se crea el Club de Roma a propuesta de Aurelio Peccei, gerente de FIAT, un círculo político-científico que abordará la preocupación de los países capitalistas por este problema, y que tenía según ellos su origen en dos factores: el papel del ser humano en la degradación del planeta (y no del sistema capitalista, lógicamente), y el incremento demográfico de los dos bloques que no respondían a los requerimientos de subdesarrollo que se hacían desde Occidente: China y la URSS. La conclusión a la que llegaba el Club de Roma, que había encargado un informe al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), era que había que parar la máquina del desarrollo de las clases subalternas, privarlas de su acceso al conocimiento y frenar los desarrollos industriales avanzados de los países del Tercer Mundo, reduciéndolos a simples productores de materia prima y a la vez mercados compradores de deuda y manufacturas del primer mundo. El título del informe es revelador, y es lo que determinados teóricos «de izquierda» en la actualidad han copiado sin ton ni son: Los límites del crecimiento.
A partir de entonces se crearía el sustrato ideológico-científico para poder orientar la acción de la humanidad. Es decir, no se trataba de reducir la «huella ecológica» del desarrollo, sino de eliminar a la clase trabajadora y a los países socialistas como posibles factores de competencia. En síntesis, lo que se presentó como un grito de alerta ante la destrucción del planeta no era más que un ejemplo más de lo que Federico Engels expresaba en el Manifiesto Comunista que «Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es una historia de lucha de clases.«.
Y aquí es importante poner esto con un ejemplo práctico y gráfico: ¿se imaginan que países como Irán, tercer desarrollador mundial de nanotecnología, pudiera operar libremente en competencia con EEUU y la UE?. Para estos casos es necesario impedir que países como Irán, Brasil, Argentina, Egipto o Bolivia no puedan acceder a la tecnología y al desarrollo complejo. El sistema internacional de venta de cuotas de contaminación, por el cuál los países ricos adquieren las cuotas contaminantes de los países pobres, es un ejemplo dramático de esto.
El capitalismo contamina, degrada las condiciones de vida de todo el planeta, pero el decrecimiento va de otra cosa. 

El origen de clase de la degradación del planeta

En el año 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, bajo la dirección de Henry Kissinger publica el Memorandum de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar. Es un documento que no tiene desperdicio ya que reproduce las tesis ecologistas actuales, solo que sustituye «humanidad» o «planeta» por «Estados Unidos» u «Occidente». Y para ello recomienda establecer un programa de reformas en los países de influencia de EEUU donde se promueva el retroceso de determinadas áreas de desarrollo, afectando a la capacidad de consumo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora y con el fin último de reducir la población mundial, atendiendo a que existía un «límite ecológico» donde el planeta sería insostenible.
Curiosamente Julian Huxley, conocido eugenista y fundador de la UNESCO fue expulsado de este organismo por llegar a plantear, tímidamente, cosas parecidas en el mundo de posguerra. 
Pero hay una parte de todo este proceso de demolición controlada de cualquier factor de desarrollo (pensemos que proyectos estratégicos de los países en desarrollo como el Canal de Suez de Egipto, el Gran Río Artificial de Libia-que fue objetivo militar de la OTAN y de los llamados «rebeldes»- o el Centro Atómico de Bariloche de Argentina serían de imposible materialización bajo este criterio) necesita de un sustrato ideológico entre los que se encuentra el concepto de «decrecimiento», que no es más que una reelaboración del proyecto del MIT que propone de manera «neutral» recomendaciones a colonias y metrópolis a la vez, obviando por supuesto que las colonias son siempre fieles cumplidoras de los criterios emanados del norte y que es cuando no obedecen cuando se convierten en «países contaminantes«.
El idealismo con el que gran parte de la izquierda ha asumido la tesis del decrecimiento, olvidando el siniestro origen del concepto y sus autores, sin atender a conceptos como soberanía energética, liberación nacional o desarrollo para todos es un ejemplo perfecto de lo vago del término. A juicio de los comunistas, es importante que pensemos no en «decrecer», sino en preguntarnos para qué crecemos y para quién, ya que podemos crecer creando una sociedad miserable y desigual (Tailandia, EEUU o Malasia, como ejemplos extremos) o podemos crecer resolviendo desde problemas ambientales o eliminando la injusta distribución de la renta bajo el capitalismo.
Es evidente que el actual modelo de desarrollo es perjudicial para la humanidad, pero la falta de abordaje del origen de clase de este problema nos hace pensar que esta tesis es una simple cortina de humo, ya que mientras se proponen soluciones de decrecimiento para la parte más débil de la humanidad, la más fuerte sigue campando a sus anchas.

Amnistía Internacional señaló en 2008 a Baltasar Garzón como encubridor de torturas en Guantánamo

Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González (2005)
Garzón junto a Uribe, Kissinger y Felipe González

Diego Herchhoren

La sección española del organismo publicó en el 2008 un informe titulado «Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas: España en la guerra contra el terror», donde se detallaba el caso de varios ciudadanos españoles y británicos secuestrados por EEUU en la base naval de Guantánamo
y donde la propia policía española que acudió a entrevistarse con ellos
le detalló al ex magistrado español las condiciones de reclusión. Amnesty
lo denunció como un hecho flagrante de encubrimiento de hechos de
tortura frente a quienes no se había podido demostrar su culpabilidad
por medios lícitos. Wikileaks publicó documentos donde detallaba la cabal información que Baltasar Garzón procuraba a la delegación diplomática norteamericana en Madrid, según explica el cable 07MADRID2282.

La foto que ilustra este artículo está extraída de la Cátedra «Rey Juan Carlos» de la Universidad de Nueva York, donde Garzón hacía sus famosos «cursos» financiados por el Banco Santander y CEPSA. En ella Garzón organizaba una cátedra sobre Derechos Humanos y Seguridad Nacional donde participaban Felipe González, creador de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Henry Kissinger, valedor del Plan Cóndor en América Latina o el criminal Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia, responsable de miles de asesinatos en el conflicto Colombiano a través de las agrupaciones paramilitares. Estos datos no eran ajenos a la denuncia que hacía en ese momento Amnistía Internacional.

El organismo de derechos humanos realizó este informe en el año 2008(1) tras destaparse los primeros indicios de los llamados «Vuelos de la CIA»,
un operativo liderado por la Administración de EEUU para secuestrar
ilegalmente y en cualquier lugar del mundo a ciudadanos «sospechados» de
delitos de terrorismo, operativo del que habrían participado varios
gobiernos europeos que liberaron su espacio aéreo para el acceso y
trabajo de estos grupos de tareas del Ejército de EEUU. Entre ellos se encontraba el gobierno español, según publicó en su momento la organización Wikileaks más adelante, en 2010(2).

A partir de las informaciones provistas por el Gobierno de EEUU al
Gobierno español, el ex juez Baltasar Garzón formuló imputación en el
año 2003 de pertenencia a Al Qaeda a cuatro ciudadanos de origen árabe que se encontraban secuestrados en la base naval de Guantánamo (Cuba). Sus nombres eran Hamed Abderramán Ahmed Hmido, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif Al Banna, Abu Anas, y Omar Deghayes.(3)

Según detalla Amnesty, varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
español acudieron a Guantánamo a interrogar a los imputados por Garzón.
Dichos interrogatorios estuvieron llevados a cabo por personal de la Unidad Central de Información Exterior,
pero lo más llamativo es que fueron los propios policías españoles
quienes explicaron a Garzón las condiciones de reclusión y los
mecanismos de tortura empleados. Si Garzón hubiera tenido en cuenta
estos elementos, su imputación hubiera sido archivada, a tenor de la
expresa nulidad que tienen en el proceso penal español las declaraciones
obtenidas bajo tortura o en condiciones de detención ilegal,
sobradamente acreditadas en el caso de Guantánamo, incluso por la propia
policía actuante y en un ámbito fuera de lo común.

Según la policía española, los secuestrados se encontraban «sin ningún tipo de derechos«.
Los agentes vieron el reducido tamaño de las celdas; todas ellas
separadas por rejas y una especie de malla metálica. Pudieron, además,
comprobar que las camas estaban suspendidas en el aire y que los
detenidos podían salir a un patio interior cada tres días durante un
cuarto de hora. Según el testimonio del policía ante el juez, los
interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones
que, según insinuó el policía al juez, eran propicios para la tortura u
otros malos tratos: «“…están habilitados una especie de vagones
también donde se llevan a estos hombres a los que se quiere interrogar, y
bueno, el sitio sí es propicio para…”…
«, según declaró el agente con LP 14620 que declaró el 23 de septiembre de 2003 ante Garzón.

“Aún tengo miedo de la luz artificial y no duermo bien, uno no se
recupera de esos trastornos fácilmente. Nunca volveremos a ser los
mismos. Algunas personas que no han estado allí imaginan celdas oscuras y
agujeros, pero aquello era un infierno muy luminoso”,
declaró Omar Deghayes en una entrevista realizada con el periodista vasco Daniel Burgui(4).

A pesar de estos hechos, el ex magistrado continuó la imputación contra
estos cuatro ciudadanos, uno de ellos español, a sabiendas de la
ilegalidad de las pruebas obtenidas. Esto supuso la reclusión de un
total de seis años para los imputados, tres en Guantánamo, y tres en
España en libertad vigilada en el caso del español, y seis en el caso de
los británicos, cuyas condenas fueron declaradas radicalmente nulas por
el Tribunal Supremo ibérico.

Sin embargo, Baltasar Garzón prosiguió con su implacable persecución(5). Un día antes de reunirse con el Embajador de EEUU en Madrid, Eduardo Aguirre, el 20 de diciembre de 2007 dictó una Euroorden
de detención contra los tres británicos que mantuvo recluídos en
Guantánamo y que EEUU había decidido extraditarlos a Reino Unido por
razones humanitarias. Al día siguiente, Garzón departía junto al
Embajador Aguirre sobre estas y todas las cuestiones de interés para la
política exterior de EEUU que estaban radicadas en la Audiencia Nacional
española, aportando ideas para la mejora de las relaciones bilaterales e
incluso proponiendo la creación de la figura de un «agregado judicial»
para la Embajada de España en Washington, según publica el cable
filtrado por Wikileaks(6).

Investigación de Garzón sobre Guantánamo en 2010: ¿Y Wikileaks?

Baltasar Garzón se declaró competente en enero de ese año para
investigar las torturas y malos tratos contra personas detenidas en la
base naval de Guantánamo, torturas que como evidencia Amnesty, conocía
desde hacía algunos años antes. El cable de la Embajada de EEUU en
Madrid 09MADRID440 filtrado por Wikileaks describe la preocupación de la
diplomacia norteamericana por este movimiento judicial de Garzón. No
obstante hay que aclarar en determinados casos que los análisis de la
política española que hacen los diplomáticos norteamericanos es muy
alejada de la realidad; en el cable 04MADRID613 llega a calificar una
posible coalición de gobierno del PSOE junto a Izquierda Unida como «coalición de extrema izquierda».

Sin embargo, el todavía fiscal jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza
tranquilizó a los diplomáticos de EEUU, dando por sentado que tras el
boom mediático de Garzón por abrir semejante procedimiento, lo dejaría
morir, y así fue(7). Nada se ha vuelto a hablar de la famosa
investigación de Garzón sobre Guantánamo. Si un usuario de Google teclea
las palabras «Garzón» y «Guantánamo» seguidas, aparecerán numerosas
referencias informativas a la decisión del ex magistrado de llevar
adelante una presunta «investigación», pero para tranquilidad de EEUU,
todo quedó en palabras y la información que manejaba Zaragoza (fiscal
que durante muchos años trabajó junto a Garzón en la lucha
antiterrorista) era cierta.

Las fuentes de referencia sobre estos hechos parten de dos orígenes: el
propio documento de la sección española de Amnesty, pero también de
Wikileaks, organización que ha contratado al propio Garzón como abogado
de su redactor jefe Julian Assange. Llama la atención que la
organización liderada por el australiano recabe los servicios de quien
hasta hace poco tiempo acudía a la Embajada de EEUU en Madrid a
proporcionar información y dar recomendaciones sobre cómo proceder en
hechos que han sido calificados por numerosos organismos internacionales
como crímenes contra la humanidad.

Con semejantes antecedentes de este abogado defensor, frente a un poder
como el de EEUU que ha sopesado incluso el asesinato selectivo del
australiano, la defensa y la vida de Julian Assange corren serio
peligro.

Omar Deghayes, secuestrado en Guantánamo, opinaba sobre Garzón: “Primero
nos dice que somos terroristas, que somos mala gente y de pronto un día
cambia de parecer y nos pide autorización para encausar a Dick Cheney y
George Bush. Me lo pidió a mí y otros como Jamil Abdul, los dos que
supuestamente debíamos ser juzgados en España por él. Toda una locura”.

1-http://es.scribd.com/doc/173368239/Destinos-Inconfesables-Obligaciones-Incumplidas-1
2-http://www.publico.es/internacional/349723/el-gobierno-tolero-los-vuelos-ilegales-de-la-cia-sobre-territorio-espanol
3-http://elpais.com/diario/2003/12/30/espana/1072738819_850215.html
4-http://www.dburgui.com/blog/2012/01/11/omar-deghayes-%E2%80%9Cquiza-garzon-pretendia-ganar-fama-o-hacer-carrera-con-guantanamo%E2%80%9D/
5-http://www.diariodenavarra.es/20071221/nacional/garzon-acusa-liberado-guantanamo-integracion-organizacion-terrorista.html?not=2007122102525954&dia=20071221&seccion=nacional&seccion2=terrorismo
6-http://www.wikileaks.org/plusd/cables/07MADRID2282_a.html
7-http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID440_a.html

El ejército español triplica el número de tropas en el extranjero a las órdenes de la OTAN

La invasión militar de Afganistán por las tropas españolas se prolonga más de 13 años, en los que 30.000 soldados han ido rotando y un centenar ellos no ha regresado.

Siguiendo las instrucciones de la OTAN al pie de la letra, a finales de 2015 el gobierno replegó el contingente. Quedó un reducido grupo, de una treintena de militares.

Ahora, el gobierno ha aprobado el traslado de 65 especialistas que se sumarán a esa treintena. El incremento de tropas en la misión de la OTAN está relacionado con la petición realizada por Estados Unidos, que pide un mayor esfuerzo a sus sicarios.

La tropa española, que contribuye en los Cuarteles Generales en Kabul a las tareas de Estado Mayor, atenderá también labores de adiestramiento, asesoramiento y asistencia a los órganos logísticos nacionales afganos, al Mando Nacional Afgano de Operaciones Especiales, y a un batallón de Operaciones Especiales, y prestarán protección y seguridad al personal desplegado.

Actualmente el gobierno mantiene 2.501 efectivos del ejército y de la Guardia Civil desplegados en 16 misiones internacionales. El ejército enviará a Irak otros 30 nuevos efectivos, llegando hasta los 480, a pesar de que se ha anunciado a bombo y platillo la victoria sobre el Califato Islámico. El Ministerio de Defensa se justifica por las necesidades de estabilización, capacitación y mejora de la integración del ejército irakí.

El gobierno está, pues, a las órdenes de la OTAN. Mantendrá la batería de misiles Patriot en Turquía (149 militares), por un periodo de seis meses prorrogables, seguirá contribuyendo en la Policía Aérea del Báltico con varios cazas de combate y en Letonia con 331 efectivos.

En Mali se duplicará la presencia de militares españoles. En la actualidad hay 140 efectivos y está previsto que se incremente hasta los 292.

La misión en Líbano es susceptible también de aumentar, pero está pendiente de si el gobierno toma el mando de una de las misiones.

Mauricio Macri apadrina la inversión de una firma que financia al ISIS

Por Ricardo Ragendorfer
 
Los graves acontecimientos parlamentarios y represivos del 18 de diciembre no torcieron la agenda del presidente Mauricio Macri. Tanto es así que luego de jugar al paddle en la residencia de Olivos, arribó a Casa Rosada poco antes de las 15 horas. Hasta allí llegaba el eco de los escopetazos y la humareda de las bombas lacrimógenas que estallaban en la Avenida de Mayo. Pero él, ajeno a esas circunstancias, recibía en su despacho –tal como informó Tiempo aquel día– a los directivos locales el grupo franco-suizo LafargeHolcim, la mayor cementera del mundo. Los visitantes traían una buena noticia: la inversión de 120 millones de dólares para ampliar su planta en Córdoba. Sin ninguna duda se trata de una empresa que apuesta por la «nueva» Argentina. Pero Macri no puede ignorar que –según la Justicia francesa– LafargeHolcim es también una corporación que financia el terrorismo yihadista.

Un tribunal de París acababa de procesar a los principales ejecutivos del grupo –su presidente, Bruno Lafont; su vice, Christian Herrault; y su director general, Eric Olsen– por el pago de sumas millonarias entre 2011 y 2015 a la milicia fundamentalista Estado Islámico (ISIS), además de comprarle petróleo y colaborar en la construcción de sus fortificaciones, con el fin de mantener en funcionamiento su planta cementera en Jalabiya, al noroeste de Siria, en plena guerra civil y pese al embargo de la Unión Europea.

El tal Olsen no es un desconocido para Macri. De hecho, ambos solían reunirse con frecuencia, como –por ejemplo– el 26 de mayo de 2016, cuando el CEO de LafargeHolcim acudió a la Rosada para acordar la participación del grupo en obras de infraestructura que planeaba realizar el gobierno en todo el país. Tales proyectos aún siguen en pie a pesar de este «problemita».

Los socios del silencio

El asunto saltó a la luz por un artículo publicado el 21 de junio de 2016 en el diario Le Monde. Y ubicaba su inicio en 2011, cuando la guerra en Siria hizo que las grandes empresas europeas abandonaran el país. No fue el caso de Lafarge –aún no fusionada con la suiza Holcim–, dispuesta a no perder los 700 millones de dólares invertidos en su fábrica de Jalabiya.

Es allí donde entra a tallar la figura de monsieur Jean-Claude Veillard, su jefe de seguridad. Aquel hombre, un exagente de inteligencia vinculado al ultraderechista Frente Nacional, fue quien negoció la inmunidad territorial de Lafarge, primero con el Frente Al-Nusra (la sección siria de Al Qaeda) y luego con el ISIS. El trato fue fructífero.
 

De modo que desde entonces Lafarge tributó alrededor de 13 millones a tales milicias para mantener en condiciones pacíficas la actividad de la planta, garantizar su aprovisionamiento y la circulación del personal. La otra parte del pacto establecía la compra de petróleo a destilerías bajo el control del ISIS por sumas aun no precisadas por la Justicia, cuyos registros en los libros contables de París fueron realizados con facturas falsas.

También se estima que Lafarge habría proporcionado cierta parte de su producción cementera en Jalabiya –unas seis millones de toneladas– para que los yihadistas edificaran una línea de fortificaciones subterráneas que dividió el territorio sirio en dos. Esa arquitectura secreta fue clave para la expansión del ISIS en el conflicto.

Recién entre noviembre de 2015 y los primeros meses del año siguiente la aviación rusa, por orden de Vladimir Putin –en apoyo al régimen de Bashar al-Asad–, pulverizó tales bunkers con bombas penetrantes.

A su vez, Francia –que con Estados Unidos e Inglaterra anhela la caída del presidente sirio– bombardeaba las posiciones de ISIS tras los atentados del 13 de noviembre en París.

Por entonces, Lafarge ya hacía un año que había cerrado la fábrica de Jalabiya, abandonando a sus trabajadores. Muchos fueron asesinados. Pero la compañía –ya fusionada con Holcim– siguió financiando a los yihadistas hasta casi 2016 con la anuencia, claro, de sus más altos directivos.
 

La pregunta es: ¿hasta qué punto en el Palacio del Elíseo –ocupado por el socialista François Hollande– se sabía sobre los negocios de LafargeHolcim con el terrorismo islámico?

El eco de los escopetazos

Cuatro meses después, el CEO Olsen se acomodaba en un sillón de la Rosada, a un metro del asiento de Macri. Se trataban como dos viejos conocidos. Allí también estaba el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el mandamás de la filial argentina, Ubaldo Aguirre, y otros dos ejecutivos. Primero hablaron de los «nuevos desafíos en la región». Luego, de «inversiones».

Veinticinco días más tarde Le Monde haría explotar el affaire sirio de LafargeHolcim, con Olsen a la cabeza. Él y Macri volvieron a verse el 3 julio de 2016 en París, durante el viaje oficial de este último a Francia. Al parecer, Olsen no se mostraba preocupado por el escándalo en cuestión.

Todo indicaría que aquel hombre mantuvo su «paz interior» durante un tiempo prolongado. Incluso, su siguiente salto a las tapas de la prensa mundial fue por un motivo ajeno al lazo espurio que lo unía con el ISIS: el 16 de marzo de 2017 Olsen hizo pública la candidatura de LafargeHolcim para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Otro proyecto humanitario. Pero, de pronto, en abril presentó su renuncia después de que la empresa se viera obligada a reconocer su apoyo económico a los yihadistas.

Los efectos políticos y judiciales del asunto se tornaban imparables. Por lo pronto, exhibía el lado oscuro de la «guerra contra el terror» emprendida por Francia y sus aliados en la OTAN, al ser precisamente una de sus empresas líderes el sostén financiero de una milicia terrorista que efectuó atentados en aquel país y en toda Europa. ¿Acaso Olsen y los suyos actuaron así por una ambición industrial o fueron el medio utilizado por la coalición internacional para mantener a flote una fuerza beligerante afín a su anhelo por derrocar el régimen de al-Asad?

Sea como fuere, los acontecimientos para Olsen y sus dos jefes directos –el presidente corporativo Lafont y su vice, Herrault– se precipitaron el 6 de diciembre al quedar bajo arresto en París. Dos días después fueron procesados por «financiamiento de una entidad terrorista» y «poner en peligro la vida de terceros», antes de obtener la libertad bajo control judicial.Última escena de esta historia: Macri en un sillón de su despacho, junto al señor Aguirre, el CEO local de LafargeHolcim; también estaba la gerente de Relaciones Públicas, María Daghero; y el ministro Cabrera. Hablaban de inversiones. Hasta allí llegaba el sonido de los escopetazos policiales contra la multitud. Era la tarde del 18 de diciembre.

 
Tiempo Argentino

La Fundación Rosa Luxemburgo ‘privatiza’ el imperialismo alemán

Las fundaciones políticas alemanas, especialmente la Ebert, tuvieron un papel decisivo en la creación, financiación y fortalecimiento de los partidos políticos en la España de la transición, especialmente del PSOE.

A pesar de ello, es un opinión muy extendida que los partidos políticos son creaciones de la sociedad, se podría decir que espontáneas, incluso.

El artículo 21 de la Constitución (Ley Fundamental) alemana ya deja claro que no es así: no es la sociedad la que crea los partidos sino los partidos los que “crean” la sociedad, por decirlo de una manera gráfica.

Es una característica diferenciadora de la etapa monopolista del capitalismo: los partidos políticos no son órganos de la sociedad sino del Estado burgués, y lo mismo podemos decir de los sindicatos e incluso de las Iglesias y las ONG.

En Alemania el Estado financia a los partidos a través de fundaciones. Cada partido tiene su fundación, de manera que cuando en los ochenta aparecieron Los Verdes, recurrieron al Tribunal Constitucional para reclamar su cacho del pastal. Asi se creó la Fundación Regenbogen (Arco Iris) que hoy se llama Heinrich Böll.

Lo mismo ocurrió diez años después, cuando cayó la República Democrática Alemana. Todos esperaban el hundimiento del viejo SED (Partido Socialista Unificado), pero se equivocaron. Se reconvirtió en el nuevo PSD, al que las elecciones transformaron en la segunda fuerza política en la zona oriental, lo que desmentía la propaganda imperialista de la Guerra Fría.

Por eso nadie dijo nada. En la Alemania unificada había otra fuerza política más que debía “competir” en las elecciones al más puro estilo capitalista burgués, por lo que hizo lo mismo que los Verdes: recurrir al Tribunal Constitucional para que el Estado le financiara su propia fundación: la Rosa Luxemburgo.

Con el dinero del Estado el SED/PDS fue fagocitando a los pequeños movimientos de la época, deviniendo una especie de Izquierda Unida a la alemana, con esas mareas altermundialistas, LGTB y demás oportunismos de moda entre la pequeña burguesía radicalizada. Así apareció Die Linke (La Izquierda), otro de esos infumables gazpachos de la posmodernidad.

Con la pasta en el bolsillo, la Fundación Rosa Luxemburgo paga las nóminas de los 170 empleados a su servicio y, sobre todo, de sus 16 oficinas en el extranjero porque todas las fundaciones políticas alemanas son instrumentos del imperialismo autóctono y la Rosa Luxemburgo no es una excepción.

Por su propio origen, la Fundación Rosa Luxemburgo era la idónea para llevar a cabo la transición de Polonia al capitalismo. Además de partidos burgueses reaccioniarios y ultracatólicos a la vieja usanza, Polonia necesita también a la izquierda, los “progres” laicos, ecosocialistas, trotskistas y demás.

Los reformistas son imprescindibles para el imperialismo. Vean. En setiembre de 1993 la clase obrera polaca estaba al borde del levantamiento a causa del paro, la miseria, las privatizaciones y demás lacras del capitalismo.

Lo mismo que en la antigua RDA, el voto popular se inclinó muy pronto hacia la coalición SDL, el viejo partido de la Polonia socialista, y el Partido Campesino, tradicionalmente aliado al anterior. Hastiados, en menos de tres años, los polacos querían dar marcha atrás a la historia, pero nada era ya lo que fue algún día: tanto el SDL como el Partido Campesino habían sido reconvertidos al “modelo alemán”.

Los nuevos “progres” no eran nada distito de la reacción pura y dura. No sólo traicionaron las esperanzas a la clase obrera sino que la desmoralizaron.

En 2005 la tarea de seguir fabricando “progres” en Polonia se la encomendaron a uno de los capataces de la Fundación Rosa Luxemburgo, el alemán Holger Politt, quien empezó por el lavado de cerebro a través de conferencias, cursos, revistas y libros para concluir que lo realmente moderno no era la Polonia socialista sino la Alemania capitalista.

Afortunadamente Pollit lo hizo muy mal. Les dio a los polacos un tratamiento abiertamente colonial y paternal, ganándose su desprecio.

Ingenuos ellos, los “progres” polacos fueron a quejarse a los diputados alemanes que dirigían Die Linke, que ellos consideraban como la casa matriz de la Fundación. Pero se equivocaban, los jefes de Die Linke no eran los que mandaban en la Fundación, sino al revés. Esto es lo verdaderamente interesante…

Las Fundaciones alemanas manejan ingentes cantidades de dinero que procede de eso que ahora llaman “cooperación internacional”, que en Alemania tiene su propio Ministerio, el BMZ o Ministerio de Cooperación, una rama paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores y el espionaje exterior.

Es lo de toda la vida: el que paga manda. Por eso las fundaciones alemanas, lo mismo que las ONG, no rinden cuentas a los partidos políticos de los que teóricamente dependen, sino al BMZ. No ejecutan la política exterior de su partido sino la del Estado, o dicho de otra manera: todas las fundaciones alemanas sostienen la misma política .

Lo mismo que las ONG, las fundaciones alemanas han “privatizado” en cierta manera al imperialismo porque a un país no se le somete sólo mediante la fuerza “pública” sino mediante el soborno “privado” (la sopa boba).

En 2014 la profesora de la Universidad de Estrasburgo, Dorota Dakowska, analizó el papel de ésta y otras fundaciones alemanas en su obra “Le pouvoir des fondations, des acteurs de la politique étrangère allemande”, imprescindible para conocer el origen imperialista de los nuevos grupos “progres” del estilo de Podemos, Syriza y otras.

El imperialismo también tiene un lenguaje ‘de izquierdas’ para el consumo de los progres

La ‘guerra contra el terrorismo’ esconde la rivalidad imperialista en África

William Rivers Pitt

La ignorancia de la mayoría de estadounidenses con respecto a África es un fenómeno añejo y perpetrado desde arriba. En 2008, los y las auxiliares de la campaña electoral de Sarah Palin temían que la gente descubriera que Palin creía que África era un único país. En 2001, el entonces presidente George W. Bush dijo en un encuentro en Suecia: “África es una nación que sufre terribles enfermedades”. El entonces vicepresidente Joe Biden, hablando a los mismísimos asistentes a la cumbre de Estados Unidos y África en 2014, dijo: “No hay ninguna razón para que la nación africana no se sume a las listas de países más prósperos del mundo”. Eso son dos meteduras de pata en una sola frase, Joe.

Después de que cuatro soldados estadounidenses de un grupo de élite fueran asesinados en una emboscada en Níger hace unas semanas, y después de que el Presidente Trump lograra un chapucero pésame a las familias de los fallecidos, el programa en África se ha convertido en un tema candente de la política norteamericana. Más allá de la posibilidad febril de una humillación presidencial más se sitúa la incómoda pregunta: ¿qué estaban haciendo en Níger esos cuatro soldados?

Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, que ocupa un puesto en el comité de servicios armados que entre otras cosas supervisa el Pentágono, parece acabar de percatarse de que Estados Unidos tiene aproximadamente 1.000 militares posicionados en Níger. Cuando se le preguntó el por qué, Graham dio la respuesta estándar que estamos acostumbrados a recibir en esta era: la lucha contra el terrorismo.

Es más, Estados Unidos tiene unos 6.000 soldados repartidos a lo largo y ancho de prácticamente todos los países africanos, con intensas concentraciones en el centro del continente, donde grupos como Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram y Al-Shabaab llevan a cabo más actividad. Las Fuerzas Especiales estadounidenses están, ahora y en todo momento, llevando a cabo aproximadamente cien misiones militares en África, normalmente en nombre de la nación desde donde operan.

En 2006 sólo un 1 por ciento de todos los comandos que Estados Unidos desplegó en el extranjero se dieron en África. En 2010 fue el 3 por ciento. Para el 2016, la cifra había subido a más del 17 por ciento. De hecho, y según datos oficiales, hay ahora más personal de operaciones especiales dedicado a África que a ningún otro sitio, a excepción de Medio Oriente.

Esto se añade a la extensa pero secreta guerra de drones que Estados Unidos financia en África. De acuerdo con Africom, solo hay una base de drones estadounidense en África, localizada en el campo Lemonnier en Yibuti. Ésta fue establecida poco después de los ataques del 11 de septiembre como un salto táctico a la acción militar en Medio Oriente. En realidad, hay más de 60 bases de drones y otros puestos remotos salpicados por el continente africano.

No debería sorprender que las fuerzas armadas privadas y los contratistas de seguridad (PMSC) sean negocios en auge en África. Después de todo, el concepto de “contratista militar” fue creado por los británicos, holandeses y por supuesto, los estadounidenses hace más de cincuenta años en lugares como Sudáfrica, Angola y el Congo Belga. El objetivo de dicho personal a día de hoy es doble: servir como una estructura de apoyo tranquila y no-obstruyente a las fuerzas estadounidenses, y proveer seguridad en minas y otras operaciones lucrativas que se dedican a sondear el continente en busca de recursos naturales.

Lo más probable es que el cobalto en su teléfono inteligente haya sido extraído de una mina por una empresa que se sirve de los servicios de PMSC –de manera violenta si es necesario– para defender sus intereses. En Sudáfrica, por poner un ejemplo, los contratistas militares privados son más numerosos que las fuerzas armadas permanentes del gobierno.

Los soldados estadounidenses se encuentran repartidos por el continente africano, en teoría con el objetivo de entrenar las fuerzas armadas de docenas de países. A su vez, los contratistas –Kellog Brown & Root, Daamco USA, Praemittas Group y R4 Inc, por nombrar algunos–  ofrecen apoyo basado en la fuerza y la violencia, siempre cosechando ganancias que responden a sus intereses empresariales. La participación de Estados Unidos en África se ha disparado desde 2001 y no muestra intención de bajar el ritmo de crecimiento.

Para una industria militar siempre codiciosa por explotar nuevos mercados, África presenta un mundo de posibilidades. Existe un juego de tronos en África entre Estados Unidos, China, Francia (que utiliza uranio africano para alimentar el 75 por ciento de su electricidad) y otros países no africanos. Es un juego de sombras del colonialismo e imperialismo que dejaron a gran parte del continente en las manos caóticas de caudillos militares y déspotas armados por Occidente durante generaciones. Las naciones más involucradas, es importante apuntar, son también los que en el mundo dirigen la distribución de armas y herramientas militares.

Para Estados Unidos, sus aliados occidentales e incluso sus enemigos, las decisiones con respecto a África no son más que puras cuestiones de beneficios –minas, petróleo, madera– y de armas, las cuales cuestan dinero. La guerra de máquinas necesita sustento, nadie está dispuesto a prescindir de smartphone, y pocos de aquí son conocedores de lo que está pasando allí. ¿Qué hay que saber? Que Estados Unidos cuenta con oficiales, militares y contratistas en todo el continente africano, y también drones que surcan los cielos. La intervención estadounidense crece cada día, y el rápido crecimiento de las fuerzas especiales en África es imparable.

La llamada “guerra contra el terrorismo” –apodada por los soldados que la combaten como “la guerra interminable”– tiene un frente más, provocado por los mismos intereses que dieron lugar a lo que pasó en Afganistán, Iraq y Siria. A no ser que esta inercia termine, esperen mas de lo mismo, esta vez en el marco africano. Los cuatro soldados que fallecieron y dieron lugar a tal controversia son sólo el comienzo.

http://www.truth-out.org/news/item/42385-the-us-africa-and-a-new-century-of-war

Un helicóptero británico de guerra antisubmarina pudo haber atacado al ARA San Juan

Un mensaje de WhatsApp enviado el 4 de noviembre por el suboficial segundo Roberto Daniel Medina a su hermana decía: “El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”. De acuerdo a la información hecha pública por la Armada Argentina, el mensaje había sido enviado desde las proximidades de la capital de Tierra del Fuego, el territorio más meridional de Argentina, tras un breve paso del submarino por el archipiélago de Malvinas.

El ARA San Juan es uno de esos casos de extraña autonomía que las Fuerzas Armadas argentinas han mantenido a pesar del proceso de “desmalvinización”, sobre todo, en materia nuclear. Su encargo fue ordenado en 1974 por el gobierno de Isabel Perón, respondiendo así a las demandas de un sector del Ejército que, si bien coincidía con los EEUU en su visceral anticomunismo, veía con recelo el intervencionismo o la sumisión que esto podía tener de cara al futuro. Su nuclearización fue un proyecto desarrollado en la década de 1980, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero abortado por problemas presupuestarios, y reanudado en 2010 bajo el mandato de Cristina Kirchner.

Un desarrollo a espaldas de Estados Unidos

Al igual que ocurriera en el año 2000 con el submarino nuclear ruso Kursk, del que años después se supo gracias a las revelaciones del ex oficial del ejército ruso Dimitri Khalezov que portaba cabezas nucleares y que fue abatido, la nuclearización de un submarino argentino ha sido un evidente riesgo militar para las fuerzas armadas británicas en el archipiélago de Malvinas, que en 2010 sumaban esta amenaza a otro proyecto militar similar anunciado en 2009 por Brasil.

Si bien sendos anuncios se hacían “bajo respeto” del Tratado de No Proliferación Nuclear, es lógico que esta forma de propulsión puede tener utilidades más que obvias en la industria armamentística. Esta hipótesis de conflicto ya fue planteada en 2014 cuando la propia Cristina Kirchner declaró que Malvinas es “la base nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur”, en referencia a las cabezas nucleares instaladas por la Royal Air Force en la Base de Monte Agradable, ubicada en Puerto Argentino (“Port Stanley”, según la denominación británica).

Y es que esta opción argentina por la nuclearización de su armada rompía con uno de los compromisos históricos asumidos en la década de 1990 por el entonces presidente Carlos Ménem. Uno de los incidentes diplomáticos protagonizados por Argentina en esta materia ocurrió precisamente en 2006.

Uno de los científicos más prestigiosos del país, Conrado Varotto, director desde 1994 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), puso especial empeño en la construcción de un cohete. De acuerdo a su criterio, con un cohete nacional, la Argentina podría poner en órbita sus propios satélites sin tener que alquilar cohetes extranjeros lanzados desde plataformas en el exterior. Esto es, sin depender de las prioridades, disponibilidades y precios de terceros países. Según el periodista Santiago O’Donnell, autor del libro “Politileaks”, sólo ocho países en el mundo podían hacer eso, y Varotto quería que la Argentina ingresara en ese “club selecto”.

No es baladí recordar que la tecnología que usa un cohete para transportar un satélite es prácticamente la misma que utiliza para llevar una bomba. En términos prácticos, un cohete satelital es casi lo mismo que un misil. Y la Argentina les había prometido a los Estados Unidos que no iba a construir más tecnología para misiles. Por lo tanto, había prometido que no iba a desarrollar cohetes.

La promesa argentina de no hacer cohetes “por un tiempo razonable” data de principios de la década de 1990, época de las llamadas “relaciones carnales” del gobierno de Carlos Menem con los EEUU, poco antes de que Varotto se hiciera cargo de la CONAE. En ese momento, la Argentina venía de desmantelar el proyecto Cóndor, una colaboración con Irak y Egipto iniciada después de la guerra de las Malvinas para desarrollar un misil de largo alcance. A cambio del desmantelamiento, la Argentina había sido premiada con el título de “aliado extra OTAN”. Sin embargo y a pesar de las dificultades internas y externas, desde el año 2009, militares argentinos trabajan abiertamente en la fabricación de un misil de largo alcance, algo que ha despertado enormes recelos tanto en EEUU como en Gran Bretaña. Uno de los cables de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires así lo reflejaba:

“En la década de 1980, principios de 1990, la Argentina participó activamente en el desarrollo del programa de misiles balísticos Cóndor, que claramente tenía la intención de producir misiles militares MTCR Categoría I, incluso para exportar a Egipto e Irak. (Nota: Un sistema de misiles MTCR Categoría I es el que puede transportar una carga útil de por lo menos 500 kg a un alcance al menos de 300 kilómetros. Fin de la nota.) El programa Cóndor generaba una grave preocupación de proliferación de misiles y un factor irritante importante en nuestra relación bilateral. Esa situación se vio agravada por los intentos de la Argentina de camuflar —y por lo tanto mantener— el programa Cóndor llamándolo un SLV (cohete espacial). El programa de SLV y los misiles balísticos son casi idénticos en diseño, fabricación y funcionamiento. Sus tecnologías son esencialmente intercambiables, y prácticamente no hay tecnologías que apoyan el desarrollo SLV que no faciliten también el desarrollo de misiles balísticos. Cualquier cohete capaz de poner en órbita un satélite también es, por definición, un MTCR Categoría I. También es intrínsecamente capaz de transportar armas de destrucción masiva (WMD) contra objetivos en tierra, y muchos países han cargado con armamento los mismos cohetes que usaron para lanzar satélites.

Y los avances en el desarrollo militar de alta tecnología han sido una evidente fuente de preocupación, hasta el punto de ordenarse meses atrás de la desaparición de ARA San Juan la compra de un escudo antimisiles para el archipiélago. Y evidentemente, la hipótesis de conflicto asumida por el gobierno británico para tomar esta decisión es que su ejército debe defenderse con esta herramienta de misiles de corto y medio alcance como los que está desarrollando de manera sigilosa los centros de transferencia de tecnología militar de Argentina.

Un extraño ejercicio y un premonitorio pedido de Macri al Congreso

Según el portal web “El Destape”, Mauricio Macri y su ministro de Defensa pidieron permiso al Senado –hace tan sólo tres meses– para realizar un simulacro con un submarino tipo ARA San Juan “posado en el fondo del mar” e “imposibilitado de salir a la superficie”. Este pedido fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El expediente con la solicitud, que lleva las firmas del Presidente y Oscar Aguad, ingresó al Senado el 25 de julio pasado. Pero incluso más atrás, el ARA San Juan había participado en 2016 de un ejercicio de guerra antisubmarina donde el mismo iba a ser el objetivo de un ataque de adiestramiento de unidades aeronavales.

Con todo ello, el más inquietante de todos estos operativos en los que se involucraba el ARA San Juan es el llamado Operativo Cormorán, un ejercicio multimodal en el que participaban tropas de EEUU, Inglaterra y Argentina que también fue rechazado por la Cámara de Diputados, que tiene mayoría opositora, ya que los términos del citado operativo eran en la práctica un simulacro de invasión de fuerzas extranjeras.

En cualquier caso, no es la primera vez en la historia que los simulacros de catástrofes son la mejor de las coberturas para una catástrofe de verdad, que en este caso ha supuesto la desaparición de 44 personas sin que haya quedado un solo trozo de chapa, ropa o aceite que pueda rescatarse.

La gran masacre del imperialismo japonés en Nankín en 1937

Entrada de los japoneses en Nankín
Se da el nombre de Masacre de Nankín a los crímenes cometidos por el Ejército Imperial de Japón en Nankín (China) y sus alrededores tras la caída de la entonces capital de la República China frente a las tropas japonesas el 13 de diciembre de 1937 (aunque la violencia se prolongó hasta febrero de 1938).

El contexto fue la segunda guerra sino-japonesa. Capturada Shanghai tras una durísima batalla en octubre de 1937, los japoneses se trasladaron hacia el norte y conquistaron Nankín. Los comandantes del ejército nacionalista chino habían huido antes de la entrada de los nipones, dejando atrás a miles de soldados chinos atrapados en la ciudad amurallada. Muchos de ellos se quitaron los uniformes y escaparon a la llamada Zona de Seguridad, preparada por y para los residentes extranjeros de Nankín. Lo que ocurrió después ha sido la base de una constante controversia histórica y tensión política entre China y Japón hasta hace pocos años.

Los crímenes de guerra cometidos durante este episodio incluyen el pillaje, la violación y la matanza de civiles y prisioneros de guerra, en muchas ocasiones con extrema crueldad. El debate entre China y Japón sobre el alcance de las atrocidades va desde la afirmación del gobierno chino de que la cifra de muertos no combatientes fue superior a 300.000 hasta la del ejército japonés, ante el Tribunal Militar Internacional de Extremo Oriente (conocido como Tribunal de Guerra de Tokio) después de la Segunda Guerra Mundial, de que los muertos habían sido todos militares y de que no hubo masacres organizadas contra los civiles.

No obstante, el Tribunal de Guerra de Tokio estimó el número de muertes en 250.000. Mucho más tarde, en diciembre de 2007, algunos documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, que hasta entonces habían sido secreto de Estado, arrojaron una cifra total de muertos de 500.000, tomando en consideración también lo sucedido en los alrededores de la ciudad antes de su captura.

Al margen de la «guerra de cifras», el relato de testigos presenciales tanto occidentales como chinos mostró al mundo que, en el transcurso de seis semanas después de la caída de la ciudad, las tropas japonesas se entregaron a una brutal orgía de violaciones, asesinatos, robos, incendios y otros crímenes de guerra. Prueba de ello son los diarios de algunos extranjeros, como John Rabe y Minnie Vautrin, que optaron por quedarse con el fin de proteger a los civiles chinos en la medida de lo posible.

La violencia no respetó a nadie: niños, jóvenes, mujeres y ancianos fueron violados, atravesados a bayonetazos, decapitados, mutilados o enterrados vivos. Una prueba de la crueldad de la masacre: se halló a decenas de miles de personas enterradas con las manos atadas a la espalda. Y un episodio especialmente truculento: el «concurso» entre dos oficiales japoneses, Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda, para ser el primero en matar por decapitación a 100 personas con una catana. Ganó Mukai, que se dejó llevar y asesinó a 106. Tras la capitulación de Japón, ambos fueron fusilados por sus crímenes en Nankín.

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/la-masacre-de-nankin-un-atroz-crimen-de-guerra-japones-651513092098

8 años de Primavera Árabe resumida en catorce puntos clave

1. El imperialismo inició la Primavera Árabe como consecuencia de la crisis de su hegemonía en Oriente Medio y el norte de África, después de un siglo de dominación.

2. La intervención imperialista se camufló tras la apariencia de terceros actores, regionales o locales, que revistieron la forma de “guerras civiles” en unos casos y de “levantamientos populares” en otros.

3. Su consecuencia ha sido la destrucción de numerosos países, como Libia, que se une a la de otros destruidos antes de ella, como Irak, asolados por una desestabilización que acabado con sus Estados respectivos, ha creado otros nuevos “de facto” y pretende garantizar una presencia militar permanente de las grandes potencias en la región.

4. Para desatar la guerra, el imperialismo ha creado un poderoso movimiento yihadista, con organizaciones como el Califato Islámico, que se suma a los ya existentes anteriormente, como los Hermanos Musulmanes o Al-Qaeda.

5. El imperialismo desató la Guerra de Siria, cuyo gobierno juega un papel cabecero en la oposición del mundo árabe a Israel. A pesar de los 300.000 muertos y de la destrucción de las infraestructuras, la guerra ha acabado en un rotunda victoria para el pueblo de Siria.

6. Todas las maniobras emprendidas por el imperialismo en Oriente Medio desde 2011 se han acabado volviendo contra sus promotores.

7. Uno de los fracasos más importantes ha sido del Golpe de Estado emprendido por la OTAN en Turquía en el verano del pasado año, que ha cambiado definitivamente el alineamiento internacional del país y ha conducido a una severa depuración de los aparatos de un Estado remodelado en la posguerra en torno al ejército y al cerco de la URSS.

8. La Primavera Árabe ha destruido Libia, llevando al país a una guerra interminable que los imperialistas emprendieron con la excusa de los derechos humanos y ha acabado reintroduciendo el tráfico de esclavos en pleno siglo XXI.

9. La Primavera Árabe ha cambiado el alineamiento internacional de Qatar y ha roto la coalición que los países del Golfo Pérsico formaron en 1981.

10. La Primavera Árabe ha conducido al triunfo de las fuerzas progresistas en Yemen, lo que a su vez ha conducido a la intervención exterior de una coalición militar dirigida por Arabia saudí y la prolongación de la guerra, otra más.

11. El secuestro y dimisión del Primer Ministro libanés Hariri por el régimen de Riad para ayudar a Israel a sembrar el caos también en aquel país árabe y justificar una nueva invasión que aplastara a Hezbollah.

12. El fracaso de los planes saudíes ha provocado una profunda purga interna en el régimen wahabita, que ha estrechado sus lazos con Israel al tiempo que se intensifica su enfrentamiento con Irán.

13. La Primavera Árabe ha otorgado un protagonismo creciente en Oriente Medio a países no árabes como Rusia, Irán y Turquía, al tiempo que ha reducido el de las potencias dominantes tradicionales: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

14. La Primavera Árabe ha puesto en primer plano a Hezbollah como la mayor fuerza combatiente de Oriente Próximo contra el imperialismo.

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