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El Ejército oculta un brote de gripe A en su centro de formación de tropa de Cáceres

El colectivo clandestino Ciudadanos de Uniforme ha difundido a través de sus canales de Telegram que el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) de Cáceres, está afectado desde el sábado por un brote de Gripe A que hasta el momento afecta a 11 militares.

Sin embargo, no han activado ningún protocolo de emergencia que evite su propagación, ya que han enviado a sus domicilios a los afectados, cancelando incluso los arrestos. También habría 25 infectados por gripe común.
Historial de malos tratos
El colectivo denuncia que en este CEFOT es habitual el maltrato a la tropa por parte de superiores. «Hemos caído de camareta en camareta y no han cambiado a nadie de cama, ni puesto en cuarentena, ni nada para evitar que se extendiera más«, según nos ha explicado uno de los filtradores.

«Lo de maricones, flojuchos y débiles también es verdad, un rebajado es una escoria aquí dentro«.

El CEFOT de Cáceres se hizo conocido días atrás, tras difundirse un vídeo de un ejercicio en el que un brigada se burla de varios militares de tropa que están haciendo un ejercicio sobre una piscina artificial con agua podrida. En el vídeo se vé a uno de los soldados vomitando durante la maniobra, provocando las risas del responsable a cargo.

El gobierno de PSOE-Podemos da el primer capote a los fondos buitre recurriendo la Ley 511 Navarra

Resultado de imagen de consejo de ministros"El primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición ha tomado la decisión de recurrir la reforma del Fuero Nuevo de Navarra que, en abril de 2019, había sido modificado incluyendo una norma de transparencia respecto a las cesiones de créditos entre bancos y fondos especuladores de deuda privada.

De acuerdo a la nota difundida por el Consejo de Ministros, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez considera que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

Según la reforma navarra, aquellas entidades financieras que quieran deshacerse de créditos morosos en favor de fondos buitre, debían notificar de manera fehaciente al deudor la venta, el precio de la misma y otorgarle el derecho a cancelarla por el precio que el fondo pagó. Esto no deja de ser una profundización de un derecho que ya venía establecido parcialmente en el art. 1535 del Código Civil, pero que la ley navarra ampliaba otorgando más garantías a los consumidores frente a los especuladores.
Esta regulación, similar a la promulgada en Cataluña mediante la Ley 24/2015, era un golpe a uno de los negocios más florecientes del mercado de deuda, que ha visto su oportunidad en las exigencias que el Banco Central Europeo ha hecho sobre la banca española de deshacerse de créditos dudosos.

En el mercado de deuda morosa, los precios de adquisición de créditos impagados son, en el caso de créditos personales, en torno a un 3 ó un 5% del valor nominal, y en el caso de créditos garantizados con hipoteca, de entre un 15 a un 20%, lo que, en aplicación de la norma recurrida, supondría una reducción drástica del endeudamiento de las familias afectadas que, por ahora, va a tener que esperar.

El desembarco de estos fondos ha supuesto que, según Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para la defensa del derecho a una vivienda digna, y Surya Deva, presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, España sea el sexto país del mundo más esquilmado por estas prácticas.

El argumento de la supuesta «invasión» de competencias estatales formulado por el gobierno PSOE-Podemos es sin duda sorprendente a estas alturas, ya que en el caso de la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, que tenía una disposición similar, el recurso de inconstitucionalidad formulado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue retirado en noviembre de 2018, tras la moción de censura.

Los plazos que maneja este recurso de inconstitucionalidad, junto a la suspensión de la norma, son sin duda una muy buena noticia para los fondos buitre que operan en España.

Las «negociaciones de investidura» españolas son un circo de bajo presupuesto donde siempre ganan los mismos

La burguesía española a veces vé fantasmas 
Diego Herchhoren
En economía política del capitalismo, el concepto de «prima de riesgo» de un Estado se concibe como el canon que éste debe abonar como contrapartida de la mayor o menor fiabilidad que a un inversor le puede suponer adquirir deuda pública o bonos de dicho Estado. Es como una compensación al inversor por meter su dinero en un país con riesgos para su rentabilidad. 
Por ejemplo, la «prima de riesgo» (también llamado en América Latina «riesgo país«) que paga un Estado en quiebra es mucho más alta que la de otro con una economía aparentemente saneada.
La «prima de riesgo» la calculan agencias de calificación que no dejan de ser entidades que bajo un sesgo de aparente objetividad, proporcionan información estratégica a grandes corporaciones que son sus verdaderos clientes y para las que realmente trabajan. 
Cuando veamos a un locutor de radio o a un político «progresista» decir que «el pacto PSOE-Podemos no altera la prima de riesgo«, nos está diciendo que los intereses de los monopolios que operan en España no perciben dicho binomio como un problema, y para muestra un botón.
Ente el 12 y el 14 de noviembre la prima de riesgo española subió hasta los 80 puntos, lo que en términos interanuales era una subida histórica que servía para advertir que las principales empresas españolas veían como un alto riesgo el anuncio que en esos días realizó Pedro Sánchez, donde iba a integrar a los morados en el Ejecutivo.
Dicha alerta estaba provocada más por un prejuicio de las empresas del Ibex 35 hacia cualquier cosa que huela a izquierda que a un perjuicio real. Con el pasar de los días, las aguas volvieron a su cauce y hoy se vuelve a posiciones de normalidad, es decir: los beneficios no corren peligro y estamos a los mismos niveles que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
El barullo de la investidura, de la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras o los vaivenes del nuevo Gabriel Rufián han impedido ver un bosque en el que las ganancias de las principales compañías que operan en el mercado financiero nacional están garantizadas, ya sea porque el próximo gobierno no va a tocar ni un euro de sus balances o ya sea porque no habrá finalmente «gobierno progresista».

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