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Un estadounidense confiesa crímenes contra Corea del norte

El estudiante estadounidense Otto Warmbier, detenido en Corea del norte a principios de enero, ha confesado haber cometido “graves crímenes contra el Estado”, según acaba de informar la agencia pública norcoreana de noticias KCNA.

“Cometí el crimen de sacar un eslogan político del área restringida para personal del Hotel Internacional Yanggakdo. El eslógan inspira al pueblo coreano a amar su sistema”, ha dicho.

Warmbier, de 21 años de edad y estudiante en la Universidad de Virginia, fue detenido antes de embarcar en un avión con destino a China tras un incidente sin especificar en el citado hotel, ubicado en la capital, Pyongyang.

En sus declaraciones, Warmbier ha relatado que entró en el país el 29 de diciembre de 2015 como turista y ha detallado que robar el eslogan fue una tarea que le encomendó la Iglesia Metodista Unida de la Amistad.

“Animado por la Sociedad Z y la connivencia del gobierno estadounidense, vine para cumplir esta tarea. El objetivo de la misma era dañar la motivación y la ética de trabajo del pueblo coreano, lo que era un objetivo estúpido”, ha dicho.

Así, ha apuntado que en Estados Unidos “aprendió que Corea del norte es una nación comunista aislada” y que quiso “demostrar valentía en un país misterioso» con el objetivo de «mejorar su reputación”.

“El 23 de septiembre estuve en una cena en casa de mi amigo Stefan Webb junto a su madre, Sharon Webb, que es diaconisa en la Iglesia Metodista Unida de la Amistad”, ha manifestado Warmbier.

“Sharon recalcó que su iglesia no apoya al Gobierno de Corea del norte y que hay que acabar con el comunismo. Me pidió que me llevara un importante eslogan político de Corea del norte para colgarlo en su iglesia a modo de trofeo”, ha añadido.

Según las informaciones recogidas por la citada agencia, Warmbeir ha asegurado que Sharon Webb le ofreció regalarle un vehículo si tenía éxito o ingresar 200.000 dólares a su familia si era detenido.

Por otra parte, ha apuntado que el gobierno de Estados Unidos “utiliza a la Iglesia Metodista Unida de la Amistad para dañar a Corea del norte a través de todos los métodos sucios posibles”.

“Mi crimen era el resultado previsto de la política hostil del gobierno estadounidense contra Corea del norte”, ha apuntado, subrayando que “no hay duda de que la CIA tenía conocimiento de que la Sociedad Z” le incitó a cometer su crimen.

“Estoy muy impresionado por el tratamiento humanitario que da Corea del norte a criminales como yo y a lo justos que son los procedimientos legales en el país”, ha añadido, siempre según las informaciones de la KCNA.

Por último, ha rechazado las críticas al país por la situación de los derechos humanos, describiéndolas como “nada más que una excusa hipócrita para provocar el derrocamiento de [el gobierno de] Corea del norte”.

El caso Gbagbo pone en evidencia al Tribunal Penal Internacional

Se ha celebrado en La Haya, Holanda, la primera semana de juicio en el Tribunal Penal Internacional contra Laurent Gbagbo y su ministro para la Juventud Charles Blé Goudé que, como los grandes espectáculos deportivos, ha sido retransmitido en directo por el propio Tribunal, con un ligero diferido de 30 minutos por si salían a relucir los trapos sucios y había que cortar.

En los dos primeros días de sesiones, las acusaciones mostraron un “power point” inventado sobre Costa de Marfil, un país de cuya historia no tenían ni idea, en medio de una cadena de fallos ridículos de todo tipo, como el sonido o la traducción simultánea. ¿A donde habrán ido a parar los 1.000 millones de euros que ha costado poner en marcha este ridículo Tribunal.

Como comprenderán, en el Tribunal Penal Internacional los fallos técnicos son lo de menos; sólo son una muestra más de todos los “fallos” políticos en los que está envuelto el famoso principio de la “justicia universal”, que tanto gusta a las ONG y reformistas de todos los pelajes para seguir martirizando a África.

Durante una de las sesiones, los magistrados se retiraron a deliberar a puerta cerrada sobre la manera en que debían declarar los 138 testigos previstos en condiciones anónimas y de seguridad. Pero detrás de aquella puerta alguien dejó el micrófono encendido y todo el mundo -literalmente- tuvo que sujetarse la barriga de la risa que provocaron los estúpidos debates de los magistrados.

Entre otras cosas, ya sabemos el nombre de cinco de los testigos “anónimos” de la acusación. Se trata de personalidades políticas muy cercanas a Gbagbo en el momento de los hechos. Entre ellas están el general Philippe Mangou, jefe de Estado Mayor, y el general Tiapé Kassaraté, jefe de la gendarmería.

Dada la naturaleza de los hechos, que conciernen a la represión política contra las masas, es evidente que ambos no son testigos sino partícipes directos de los hechos, a pesar de lo cual no están acusados por la fiscal, ni lo estarán nunca.

“El que paga manda” y los magistrados del Tribunal cobran del dinero que les envían Alemania, Japón, Canadá y Francia para ratificar las políticas que estos países sostienen sobre Costa de Marfil y sobre África, en general.

Lo del pucherazo para elegir a la fiscal Fatou Bensouda, ministra de Justicia de Gambia, merecería todo un capítulo aparte (*) para sacar a la luz la basura que hay bajo el felpudo de este tipo de instituciones, especialmente los cambalaches que tuvieron que hacer las ONG “humanitarias” que se mueven como nadie en medio de estos turbios asuntos.

La preocupación fundamental de la fiscal es defender la política de Choi Young-jin, quien fue representante especial de Ban-Ki Moon en Costa de Marfil y, por consiguiente, de la propia ONU. Todas las tesis de la fiscal son falsas de cabo a rabo, empezando por el número de víctimas, evaluado en 3.000, y acabando por lo que no aparece ni aparecerá jamás a lo largo del juicio: que en 2011 el Africom, es decir, el Pentágono en África, Francia y la ONU pusieron en marcha una operación militar llamada “Restaurar la Paz y la Democracia”, al estilo de las Primaveras Árabes y simultáneamente con ellas.

Cuando el operativo militar se puso en marcha, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, se desmarcó diciendo el 6 de abril de 2011 ante la Asamblea: “Las fuerzas francesas no participan en la operación militar porque se desarrolla fuera del marco legal de la resolución de la ONU”.

A pesar de que a Gbagbo le acusan de cometer “crímenes contra la humanidad”, la fiscal no ha construido su acusación ni sobre hechos, ni sobre autopsias de los muertos, ni sobre análisis balísticos, ni sobre testigos presenciales, ni sobre documentos, sino sobre los informes de repugnantes ONG, como Human Rights Watch y otras, vídeos de YouTube, extractos de la Wikipedia, fotografías… una acusación virtual.

(*) http://www.legrigriinternational.com/article-fatou-la-honte-de-l-afrique-par-calixthe-beyala-113153438.html

El CNI espía la vida de todos

Juan Manuel Olarieta

En mayo de 2012 se destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que manejaba un ingente volumen de información sobre los ciudadanos de este país. Policía, Guardia Civil, Ejército, Servicios Secretos y empresas privadas aparecen confabulados en una trama, la mayor conocida hasta la fecha, que no va dirigida contra ningún país extranjero, ni tiene tampoco objetivos militares.

La conexión del CNI con este entramado es obvia. El imputado clave de la trama es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje. De origen argentino, Bevilacqua empezó su carrera como pirata informático y en Barcelona organizó la empresa CF Labs por cuenta del CNI. Fue director técnico de la plataforma esCERT, encargada de coordinar el Proyecto Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.

CF Labs participa en el Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas, una de las empresas adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. No es más que una subcontrata del Ministerio del Interior. La Comisión Europea adjudicó el proyecto a dicho Ministerio, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas privadas asociadas al mismo.

El Centro Nacional de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje informático español creado tras el Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) aprobado por la Unión Europea con el objetivo de “proteger la seguridad nacional del ciberterrorismo y el espionaje industrial”, una necesidad creciente como consecuencia de la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas y entre las grandes multinacionales. Tiene su sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000 euros concedidos por la Comisión Europea.

Durante su detención a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros en metálico, que justificó a la policía diciendo que era el pago de unos trabajos realizados para el CNI, si bien la policía maquilló su declaración, reemplazando las siglas del espionaje por “Defensa”. Su caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos represivos del Estado.

Impartía numerosos cursos de formación a jueces, fiscales y miembros de la policía y la guardia civil. Bevilacqua fue quien capturó los correos electrónicos de Urdangarin, que fueron luego difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El abogado de Urdangarin pagó 7.000 euros a CF Labs para recuperar los correos electrónicos del disco duro de la agencia que llevaba las cuentas del Instituto Noos.

El pirata era omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives implicados en la trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Este último era propietario de Vertex, la empresa que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua antes de que éste fundara CF Labs.

El administrador de Cybex es el detective Juan de la Torre, de la agencia Intelligence Bureau y en ella trabajaba también Sergio Córcoles, policía local de Santa María de Palautordera, que era propietario de un apartamento en un complejo de cala Portinatx, en la costa ibicenca. Nadie se preocupó nunca por la fuente de ingresos de aquel modesto policía municipal que disfrutaba de tan lujoso chalet.

Tradicionalmente Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje. En este caso el jefe del CNI en las islas ha tenido que prestar declaración en la causa. El CNI puso a Bevilacqua a trabajar para el gobierno de Chávez en materia de seguridad informática, aunque la prensa escribió la noticia al revés: “El imputado Matías Bevilacqua ha asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno de Hugo Chávez”, titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año.

Las multinacionales son una de los nichos de información y de negocio del espionaje moderno. Yolanda Menal, directora de recursos humanos de la multinacional Unilever en España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a proveedores como a empresas de la competencia. Pero además controló el correo electrónico de sus propios subordinados sin que se enterasen para afianzar su propio poder y utilizaba los datos para despedir a los trabajadores. En otras ocasiones Unilever los utilizaba para el chantaje. A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos como salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del ordenador de forma ilegal.

Con el mismo fin de represión laboral, la multinacional Du Pont también intervino los ordenadores de tres trabajadores a los que quería despedir. Quien encargó las investigaciones en esta ocasión fue el director del gabinete jurídico, José Luis Badia, que tiene su despacho en Ginebra. El volumen de datos incautados en los discos duros de los correos alcanza los 13 gigas de documentación. Los informes que obran en el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos electrónicos de los empleados se realizan para “motivar los despidos” ante los tribunales.

Bevilacqua también pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, por encargo de la competencia: “Pinchamos en Outlook, lo conectamos vía Imap, hacemos una réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el despacho y, si funciona, ya no tenemos que hacer nada más”.

También fue citado a la comisaría de policía Eduardo Garriga, el antiguo director gerente de la compañía de seguros Mutua Universal. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y a un tal Tino, un guardia civil le dice al detective: “Si vienen los del centro [CNI] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada […] Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste”.

Lo bueno de montar estos tinglados, además de financiar el CNI, es que cuando se destapa presentan el asunto como si algún desaprensivo estuviera comerciando con datos privados para su provecho particular. Así es como presentaron el año pasado a la trama Método3 que espiaba a los futbolistas del Barcelona. En el caso Pitiusa son nada menos que 80 las agencias de detectives implicadas.

Ningún particular ni red privada es capaz de organizar algo así. El caso Pitiusa es la trama de criminal más importante organizada en Europa desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio es comparable. Han sido capaces de infiltrarse en el Inem, Hacienda, juzgados o policía y han accedido a todo tipo de información sobre cualquier persona que vive este país. Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les alertó en diciembre de 2011 de que la policía estaba tras sus pasos.

Además del CNI formaban parte de su trama de colaboradores una red de funcionarios que se extendía por Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el INEM, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange, e incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otros monopolios similares.

Para entender este tipo de entramados hay que entender que en su nuevo estatuto de personal el CNI está captando a sus espías entre directivos de multinacionales españolas y extranjeras. Para financiarse el CNI, vendía luego los datos a los bancos, preocupados por la solvencia de sus clientes, devoradores de un listado de nombres, teléfonos e historias laborales que crecía mes a mes.

Aunque el sumario tiene ya 60 tomos, no hay ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes con los que ha traficado esta red a lo largo de los años que llevaba operando. Tampoco constan las personas que han sido espiadas. No se ha cuantificado la magnitud del delito, ni en dinero, ni los datos robados, ni las personas afectadas. La desconfianza hace pensar en la capacidad de la red para poder robar datos médicos y vendérselos a empresas aseguradoras, o a los mismos bancos en cuyas hipotecas incluyen seguros de vida.

Desde sus inicios el número de imputados ha pasado de los 70 iniciales a los 183 actuales (2012). La progresión geométrica con la que aumenta indica que se trata solo la punta del iceberg.


En la oficina del Inem de Badalona los funcionarios no solo atendían a los trabajadores que buscaban empleo, sino que también horneaban galletas, preparaban empanadillas, fabricaban camisetas y hacían fotocopias. Con esas palabras en clave se entendían los funcionarios de la oficina y Francisco García Pérez, “Paco El Conseguidor”, funcionario jubilado que había trabajado en ella y seguía ejerciendo como intermediario de la red. En el sumario consta que una pareja de informadores, Ana Xicola y Eduard Ferrer Torres, pasaban cada mes “hasta 2.500 y 3.000 consultas” a Paco.

En la trama se han visto implicados todos los cuerpos del Estado (agentes judiciales, policía nacional, guardia civil, militares), todos ellos encabezados por los únicos que tienen patente de corso: los chicos del CNI. Las ramificaciones del caso salpican a ministerios como los de Trabajo e Interior, al CNI y un sin fin de jueces, militares y policías. Ninguno de los 183 implicados está en prisión.

Fuente: http://www.elotropais.com/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=29

La banda de narcotraficantes se componía de policías locales

La semana pasada la Audiencia Provincial de Málaga condenó a cinco policías del municipio malagueño de Mijas por formar un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas.

Los policías robaban los estupefacientes a los camellos y consumidores para luego distribuirlos a cambio de dinero. En casa de uno de los policías encontraron 162 kilos de hachís y otros 250 gramos en el coche particular de otro. También ha aparecido droga en uno de los vehículos oficiales.

La Audiencia Provincial les condena por pertenencia a organización o asociación dedicada a distribuir drogas. Asegura que existía una estructura formada por dos unidades operativas y un informador, todos policías, con perfecto reparto de papeles, pues mientras uno se limitaba a informar a los otros de los posibles golpes que pudieran llevar a cabo, los restantes actuaban acudiendo por parejas al lugar de los hechos para poder apoderarse de los alijos.

La dirección de la organización la ostentaba uno de los policías que actuaba con autoridad dando instrucciones a los restantes sobre lo que deben hacer en cada momento. Las conversaciones telefónicas intervenidas revelan de forma inequívoca la connivencia con que actúan los seis acusados tendente a lucrarse con operaciones de tráfico de drogas.

A cuatro de los policías les han impuesto una pena de cuatro años y medio de prisión y al quinto, cinco años de cárcel; mientras que al último procesado se le condena a cuatro años de prisión.

Los policías utilizaban los vehículos oficiales, los uniformes reglamentarios, las placas, las armas, así como la información oficial obtenida en su propio provecho.

Cuando tenían conocimiento de un alijo, desembarco u operación de tráfico de drogas, se presentaban en el momento oportuno en el lugar, lo que producía la huida de los traficantes, apoderándose a continuación de la droga, que cargaban y transportaban en los propios vehículos oficiales al lugar de resguardo.

De esta forma tenían la garantía de que en el caso de que fueran sorprendidos en esa actividad, siempre podrían justificar su conducta como derivada de una intervención policial legítima de represión del tráfico de estupefacientes.

La Audiencia Provincial relata lo sucedido un día de noviembre de 2009 cuando mantuvieron una reunión varios de los policías condenados. Al día siguiente se iba a producir una transacción de hachís, coordinándose los dos vehículos policiales para realizar las vigilancias, cambiando, incluso, el turno de permiso.

Al día siguiente encontraron la droga y la trasladaron a la casa del sexto procesado, donde se intervinieron 162 kilos de hachís. El policía principal guardó la droga en su coche en el aparcamiento de la propia Jefatura.

Los policías, que llevaban un tren de vida muy elevado, pasaban de los demás delitos que se cometían. Los atracos les daban lo mismo. Les llamaban por radio porque se estaba cometiendo un asalto en una vivienda o una agresión en la calle y no aparecían.

El espionaje turco asesinó a tres dirigentes kurdas en París

Por primera vez en Francia, el aparato judicial acusa oficialmente a un servicio secreto extranjero en un caso criminal: el asesinato de tres militantes kurdas en París el 9 de enero de 2013.

Al cumplirse tres años del crimen, millares de kurdos llegados de toda Europa se manifestaron en la capital francesa para denunciar la impunidad de los crímenes políticos del régimen turco.

Sakine Cansiz

Sakine Cansiz

Las tres militantes kurdas fueron asesinadas en el local que alberga el Centro de Información de Kurdistán (CIK). Se trata de Sakine Cansiz de 54 años, cofundadora del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Fidan Dogan, de 28 años, llegada a Francia con diez años, encargada de los contactos con los medios políticos y organizadora de coloquios en el Senado y en la Asamblea Nacional, y Leyla Söylemez.

Fueron abatidas de numerosos balazos en la cabeza. La Brigada criminal concluyó que había sido un asesinato con una sola arma, que nunca apareció. Una ejecución profesional: dispararon diez cartuchos, el último, en la garganta de Fidan Dogan, sin duda para simbolizar mejor el hecho de que nunca volvería a hablar.

Existe una divergencia de enfoques entre la Brigada Criminal, que detuvo a Omer Güney, de 32 años, Brigada que trabaja sin ideas preconcebidas, y la Subdirección de Antiterrorismo (SDAT), un aparato político, que intentó excluir a sus colegas turcos, con los que mantiene buenas relaciones.

La investigación de la SDAT no hizo más reunir el máximo posible de informaciones sobre los ambientes independentistas kurdos en Francia.

El sumario del juez de instrucción, que procede de la sección antiterrorista, es ridículo. Dice que Güney, el asesino, es de origen kurdo, le presenta como alguien que busca de sus raíces. Es falso. Informes de Alemania revelan que se trata de un militante de extrema derecha turco que militó en un grupo fascista.

Infiltrado en una asociación kurda del extrarradio parisino, Güney se muestra extremadamente servicial y se postula voluntariamente para transportar en su vehículo a cualquier compatriota que lo necesite. Así es como hacía de chófer para Sakine Cansiz y Fidan Dogan.

En Turquía las batallas entre clanes en el seno del poder se agudizan en 2014. Erdogan se enfrenta a los partidarios de Fethullah Gülen, provocando filtraciones asombrosas en la prensa turca. De esa forma en enero de 2014 aparece en YouTube el extracto de una conversación entre el supuesto asesino y tres de sus compinches, sobre la forma de realizar asesinatos de personalidades kurdas en París.La policía alemana confirma que se trata con seguridad de responsables del MIT, Milli İstihbarat Teşkilati, la Organización de Inteligencia Nacional, los servicios turcos de información, y rompe toda relación con ellos.

Entonces en plena campaña electoral, Erdogan acusa a los “gülenistas” infiltrados en los servicios de inteligencia del Estado de ser los responsables de los crímenes de París.

El semanario alemán “Der Spiegel” publica un facsímil de la orden dada a Güney. Sus teléfonos móviles, que fueron recuperados por la Brigada Criminal, más vigilante que la SDAT, indican una docena de números de teléfono en Turquía a los que el pistolero llama con asiduidad.

Las comisiones rogatorias enviadas por el juez de instrucción quedaron sin respuesta. El gobierno turco se niega a colaborar en la investigación.

En la prisión francesa Güney recibe a un turco venido del extranjero, a quien propone un plan de evasión totalmente irreal; le pide numerosos kilos de explosivos y armas automáticas. El plan debe ser comunicado a su “madre”, de la que indica el domicilio; también da el nombre de una persona de contacto. Interrogado en Alemania, el visitante confirma que la “madre” es sin duda el MIT, y que la dirección codificada era la correcta, como demuestra una simple búsqueda en Google Maps.

Francia tiene una larga tradición de crímenes políticos cometidos por servicios extranjeros en su territorio y que han quedado impunes, desde Mehdi Ben Barka a Henri Curiel, pasando por Martín Eizaguirre, Fernández Cario y los refugiados políticos vascos. La impunidad se origina en la ósmosis entre el gobierno francés y los jueces para silenciar los asuntos y no hacer nada que sea susceptible de complicar las relaciones diplomáticas con otros Estados.

Pero esta vez se ha roto la “omertá”. Tanto la fiscalía como el juez de instrucción señalan a los servicios turcos del MIT como autores del asesinato de las tres militantes kurdas. Falta que el Tribunal Penal especial señale la fecha del juicio.

Leyla Söylemez

Morir por una pintada

La tarde del 5 de febrero de 1977, Miguel Vicente Basanta López, 32 años, obrero de la construcción en paro, está realizando una pintada en la tapia de la antigua fábrica de Alumalsa, en Zaragoza. Acaba de escribir “Trabajo sí, policía no”. Cuando se dispone a dibujar una hoz y un martillo, el agente de la Policía Armada nº 31866, Francisco Tovar Tovar, fuera de servicio y de paisano, que está paseando con su familia y la pistola en la sobaquera, le da el alto y le encañona de cara a la pared.

A Miguel Vicente Basanta se le juntan a su tartamudez el miedo y los nervios, e incapaz de responder con palabras a los gritos y amenazas intenta salir corriendo. Francisco Tovar le dispara tres veces por la espalda mientras huye. Basanta cae abatido con dos balazos en la cabeza. Ingresa en la clínica San Juan de Dios a las 21.37 horas, en estado preagónico, falleciendo a las 21.45 horas.

La versión policial, desmentida por la falta de pruebas, testigos presenciales y la autopsia, fue que el policía había disparado desde el suelo tras ser golpeado con una barra de hierro (jamás encontrada) por Miguel Basanta. La prensa, tras desestimar una vinculación absurda con ETA o los GRAPO, presenta a Basanta como un delincuente habitual. El Capitán General de la V Región Militar, Manuel Lara del Cid, ordena el sobreseimiento de la causa basándose en la legítima defensa del policía.

La familia de Miguel Vicente presentó una querella criminal contra el autor de los disparos en 1989, siendo desestimada por la justicia en virtud del principio de causa juzgada por la jurisdicción militar. Tampoco prosperarán los recursos ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

La Justicia cierra todas sus puertas y cuando todo parece olvidado se crea la Comisión Ciudadana Miguel Vicente Basanta, que culmina en el homenaje popular del cuatro de febrero de 1996, frente a la tapia donde fue asesinado. A propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José una calle de Zaragoza lleva actualmente su nombre.

Las monjas católicas secuestran a menores de edad en la India

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela investiga el secuestro de tres menores originarias de la India en el convento de clausura de las Mercedarias de la capital gallega.

El Juzgado recibió el viernes un atestado de la Comisaría General de Extranjería informando de la denuncia de una joven que aseguraba que ella y otras mujeres estaban secuestradas en el convento de clausura compostelano.

Tras la denuncia, la jueza autorizó el sábado un dispositivo para comprobar que las mujeres que vivían allí lo hacían por voluntad propia. Tres jóvenes manifestaron en ese momento su  “voluntad de abandonar el centro”, algo que hicieron el mismo día.

La jueza investiga si las mujeres que decidieron abandonar el sábado el convento tenían acceso a su permiso de residencia para poder hacerlo de forma efectiva y si estaban siendo coaccionadas para seguir allí.

Las mujeres llegaron a la congregación compostelana procedentes de la India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad. A pesar del dilatado periodo de secuestro, la prensa manipula los hechos hablando de “retención”.

A su llegada les amenazaban con la deportación si abandonaban el convento. De hecho, el Juzgado investiga los motivos por los que fueron deportadas otras dos jóvenes indias de la misma congregación en 2011, a pesar de tener permiso de residencia.

Las mujeres secuestradas permanecen en un centro de acogida bajo tutela judicial.

A pesar la gravedad de los delitos, no han detenido a ningún jerarca católico. Si los secuestradores hubieran sido imanes en lugar de monjas, hubieran convertido el asunto en un escándalo mediático de grandes proporciones: tráfico de menores de edad, secuestro grave, robo de documentos personales…

Blanco bueno busca negro pobre

Para que los niños europeos se ganen el cielo, es suficiente con que tiren las cosas al lugar adecuado: las botellas, al contenedor verde; el cartón, al contenedor azul y los cachivaches a las cajas para los negritos que “necesitan de todo”. No lo dice un cualquiera. Es una frase del libro “Blanco bueno busca negro pobre” (Ediciones La Campana) escrito por el antropólogo Gustau Nerín, que ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos años en Guinea Ecuatorial. Cooperante desde hace dos décadas, Nerín ha vivido anécdotas para todos los gustos. Y, al final, se ha decidido a escribir un libro sobre la cooperación. Lo que pretende con su obra es lanzar una voz de alerta sobre la inutilidad de la cooperación tal y como es entendida en la actualidad.

“Se ha de ir hacia otro orden donde se respeten las formas de actuar distintas. Desde el Norte, se dictan normas tecnocráticas, pero se ha de dejar a otros mundos que existan. El mío intenta ser un libro donde se aborda el tema con un cierto sentido del humor, que no parezca frío. Está vivido desde el terreno y quiere sólo desacralizar el icono inatacable de la bondad moderna”, dice Nerín. Relata el antropólogo que los cooperantes toman el lugar de los líderes sociales africanos. Son ellos “los que los sustituyen como ‘representantes’ de las sociedades donde trabajan. Pero los cooperantes pertenecen a un universo cultural completamente diferente al de los ‘beneficiarios’. Por eso, al hablar por ellos no hacen sino suplantarlos en nombre de una ‘ciudadanía global’ que no existe más que en sus cabezas”, dice en el libro.

Nerín critica especialmente que ahora hay mucha gente que gana dinero con la pobreza. E incluso afirma que “el modelo de cooperación tal y como se ha profesionalizado sólo es asequible a los ricos. Hay gente que llega a África y monta una ONG. Pero eso no lo puede hacer un mileurista, porque con lo que gana no puede poner allí una hilera de camiones que recorren el territorio. Este modelo es tremendamente elitista. Y hay también un fenómeno de moda que es el turismo solidario. Gente que se va a África ‘a ayudar’. Y se pasan tres días pintando una escuela y luego ocho días en una playa paradisiaca. Y esa gente vuelve con una gran satisfacción pensando que ha solucionado los problemas del continente. Pero ha de saber que allí hay gente que hubiera pintado esa escuela mejor y con menos coste” […]

La ‘pornografía humanitaria’

Para Nerín, “hacer una escuela o una letrina no tiene impacto sobre el desarrollo de África. Llevamos cincuenta años de cooperación a gran escala y no ha habido resultados. El modelo está caducado. No hay ningún país africano que se haya desarrollado gracias a políticas de cooperación. Hace treinta años se creía que, al ritmo que avanzaba la cooperación, a principios del siglo XXI el continente africano estaría al nivel de Europa, pero se ha visto que no. De hecho, incluso se ha aparcado ya la expresión de ‘país en vías de desarrollo’. Hay muchísimo paternalismo y las ONG se acercan a África como si hubiera que enseñar a los pobrecitos negros a hacer todo”. En otras palabras, se ha demostrado que aquellas pretendidas “soluciones mágicas” no eran tal. Han fallado las políticas de familia, de educación, incluso sanitarias, impuestas desde organismos internacionales. “Pero nadie se hace responsable. Eso es un fallo democrático. Nadie se da por aludido. A nadie se le ha ocurrido cesar a los responsables”, explica el antropólogo a este diario. Explica en Blanco bueno busca…, que Aldeas Infantiles SOS abrió un internado para huérfanos en Guinea Ecuatorial. Pero una vez allí, no consiguió ningún niño desamparado al que llevar a sus aulas. Sobran las palabras.

Gustau Nerín habla incluso de “pornografía humanitaria” por la utilización de imágenes por parte de ONG que pretenden “golpear al ciudadano mediante las emociones. Según la lógica de las ONG, todos los africanos son buenos y cándidos, felices e ingenuos… Y el resto del mundo habría de ser como ellos”.

Pero habla también de historias punzantes que invitan a meditar. “En Salisbury, había una pequeña tienda de libros de segunda mano. A su propietario no iba mal el negocio hasta que le abrieron al lado una tienda de comercio justo de Intermon Oxfam. Para recaudar dinero, la organización de ayuda vendía en esta tienda los libros usados que la gente le donaba. La tienda de Intermon Oxfam no sólo no pagaba los libros, sino que tampoco pagaba a los dependientes, que eran voluntarios de la organización. De esta forma, podía vender los libros a un precio mucho más económico que la librería de ocasión del barrio. Finalmente, el librero tuvo que cerrar. Parece que el buen hombre no acabó teniendo buen concepto del comercio justo”.

O el relato del verano del 2002, cuando un grupo de estudiantes franceses de medicina aterrizó en Douala para ir a vacunar a los pigmeos de la zona de Bipindi, al sur del Camerún. “Llegaron con un cargamento de vacunas sin tener en cuenta que en aquel país se pueden comprar sin problema. Pero, en cambio, se olvidaron de prever cómo guardarlas; en Camerún no es fácil encontrar neveras que funcionen, especialmente en las zonas rurales. Al cabo de 48 horas, las vacunas ya estaban en mal estado y se tendrían que haber tirado. Pero los estudiantes no habían venido de tan lejos para nada y decidieron seguir con la vacunación. De pueblo en pueblo, fueron convocando a los habitantes ayudados por una pseudo ONG camerunesa dirigida por un “espabilado” que no era pigmeo. Y los vacunaron, sin rellenar siquiera las obligatorias cartillas de vacunación. Los estudiantes vivieron allí tres semanas. Fueron unos auténticos mártires de la cooperación al desarrollo. “Pero se fueron del Camerún muy satisfechos: decían que el ‘trabajo’ que habían hecho era de gran importancia. Si hubiesen hecho lo mismo en Francia, los habrían procesado por un delito contra la salud pública”.

Otras ONG hiperprotegen a sus cooperantes. “Médicos Sin Fronteras, en sus contratos, establecía que los cooperantes que trabajaban en el Camerún no podían coger taxis después de las 7 de la tarde; decían que lo hacían por su seguridad. Algunas congregaciones religiosas van más lejos y no dejan que sus voluntarias laicas europeas pisen ni tan sólo los bares de la zona; cuando acaban el trabajo han de volver enseguida al convento. Pese a todo, vete a saber cómo, algunas de las voluntarias se quedan embarazadas”.

La cooperación es un gran negocio

Todo ello hace que la cooperación, a veces, no sea más que un show. Tanto que “la mejor forma de recaudar fondos para un proyecto no es explicar las ventajas de esta iniciativa para los africanos, sino organizar un telemaratón: que un artista famoso cante, que una bella modelo haga un striptease, que algún niño repelente lea poemas y que los habitantes de un pequeño pueblo superen un récord Guinness”, escribe en su obra.

Nerín subraya también que, en la actualidad, la cooperación se plantea como negocio. No sólo porque la mayor parte de las ONG se financian con fondos públicos. “El propio Gobierno español habla de enfoque integral de la cooperación. Ello quiere decir que la ayuda se enfoca a zonas con determinados intereses económicos. Por eso, las relaciones internacionales influyen enormemente”. Y un sector, aún minoritario, cree que la cooperación sólo tendrá futuro y será efectiva si cambian las relaciones internacionales. “Se vio con las patentes del Sida -explica Nerín-. El Gobierno sudafricano comenzó a fabricarlas y, mientras, muchas ONG del Norte comenzaron una gran campaña de presión a las farmacéuticas en sus propios países, lo que finalmente inclinó la balanza a favor de África. Otro tanto pasó con la condonación de la deuda, que no hubiera sido posible sin la presión de la sociedad civil. Por ahí sí que la cooperación tiene futuro”.

Porque allí, en el Sur, en África, también hay maestros y médicos. Y la mayoría de ellos no depende ONG alguna. “Saben que existen y que canalizan dinero en cantidades importantes. Para lo único que les puede interesar una ONG es para ver si les puede caer algo”. Por tanto, el modelo de cooperación “refuerza el sentimiento de superioridad del Norte, pero también el sentimiento de inferioridad del Sur: el europeo da; el africano sólo recibe”. Un símil con mil lecturas, todas acertadas.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/mundo/2011-03-13/el-negocio-de-las-ongs-en-africa-poner-un-negrito-en-su-vida_482357/

La CIA y no el Chapo Guzmán expandió el narcotráfico en México

Durante los años setenta y ochenta, bajo los gobiernos de Echeverría y López Portillo, en México no existieron los cárteles de la droga: había pequeños grupos que se dedicaban a sembrar, transportar y cruzar a Estados Unidos marihuana y heroína.

Para el Estado representaban entonces mayor peligro los grupos guerrilleros que los narcotraficantes, con los que se tenía un acuerdo. El gobierno regulaba la producción y supervisaba el traslado hasta la frontera a cambio de una especie de impuesto y del cumplimiento de ciertas reglas. No se permitía que los traficantes anduvieran armados ni que vendieran droga dentro del país. Ese “impuesto” se empleaba, en parte, para financiar el combate contra los grupos guerrilleros.

En el sexenio de Miguel De la Madrid (1982-1988) todo empezó a cambiar. El pago de impuestos por parte de los narcotraficantes comenzó a transformarse en dinero directo para los policías y funcionarios. Nació entonces la organización de los hermanos Arellano Félix (que controlaba el paso de Tijuana), se fortaleció la organización de Juan García Ábrego (suyo era el paso de Nuevo Laredo) y comenzó a despuntar el cártel de Juárez.


En 1979 intervino un nuevo elemento, llevando el negocio a otra escala. En Nicaragua tras la revolución que derrocó a Somoza los sandinistas se habían hecho del poder. El gobierno de Reagan ideó una fórmula (conocida luego como Irán-Contra) que consistía en la venta de armas a Irán para, con los recursos, financiar a la contra antisandinista.

Menos conocida es la conexión México-Contras: la CIA llegó a un acuerdo con grupos de narcotraficantes mexicanos –con la tolerancia del gobierno de De la Madrid– para que se transportara cocaína de Colombia a México y de aquí se llevara hasta Estados Unidos. Parte del dinero de esa operación se destinaría a financiar a los contras.

Con el transporte de cocaína, el negocio creció exponencialmente. La otra cara es el reguero de sangre. Entre 2007 y 2013 en México la industria del tráfico de drogas ha dejado más de 60.000 personas muertas y más de 26.000 desaparecidas.

El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena es solo una muestra del poder que comenzaron a tener los grupos criminales, tanto como para retar a Estados Unidos. Para 1989 la DEA calculó que el 60 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos venía de Colombia vía México.

Se consolidó entonces el gran cártel mexicano –el del Pacífico, con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a la cabeza–, por sus conexiones con los cárteles de Cali y Medellín y por su habilidad para corromper a los políticos y a los policías encargados de combatirlos.

La situación no varió con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari en 1988: aunque Raúl, el “hermano incómodo” del presidente, cobraba “derecho de piso” a todos los grupos, se privilegió en los hechos al cártel del Golfo, tal vez por la vieja amistad de Raúl Salinas Lozano con Juan García Ábrego.

Con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia en 1994 cambió la correlación de fuerzas. Quizá como reacción al favoritismo salinista al cártel del Golfo, se privilegió desde el poder al cártel rival, el del Pacífico.

En 1995 se permitió el traslado de Joaquín el Chapo Guzmán, recluido en Almoloya desde 1993, a la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, donde al poco tiempo de llegar se relajaron todos los controles penitenciarios propios de una prisión de alta seguridad. El Chapo convirtió su estancia en el penal en una fiesta: drogas, alcohol, mujeres.

La primera fuga del Chapo Guzmán, ocurrida en 2001, fue rocambolesca. El Chapo se había ocultado en la sección de enfermería y, al darse la alarma de que se había fugado y arribar a la cárcel la policía para buscarlo, cambió su uniforme de preso por el de policía y salió por la puerta grande, con la complicidad de los directivos y carceleros del penal.

Desde aquella primera fuga, el Chapo Guzmán se convirtió en el capo consentido de los gobiernos del PAN (que se han dedicado a eliminar a sus rivales, a proteger a sus dirigentes, a solapar el uso criminal que durante estos años se le ha dado al aeropuerto de la ciudad de México), hecho que le permitió en muy pocos años expandir su negocio y convertir su organización en una empresa multinacional del crimen, con presencia en 43 países, y a él en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

Fuente: Anabel Hernández, Los señores del narco, Editorial Grijalbo, 2011.

La CIA llenó de drogas los barrios pobres de Los Ángeles

El periodista norteamericano Gary Webb fue posiblemente el primero en usar internet para denunciar las operaciones de la CIA, pero no tuvo la suerte de Edward Snowden y Julian Assange. Lo encontraron muerto con el rostro destrozado por dos disparos calibre 38 el 17 de diciembre de 2004 en su casa de California. Sin embargo, su caso lo consideraron suicidio y la policía sostuvo la insólita teoría de que se auto infligió las dos mortales heridas de forma sucesiva.

Ocho años antes, cuando trabajaba para el diario San José Mercury News en su formato digital, evidenció en una saga de artículos cómo la CIA en la década de 1980 vendió toneladas de crack en los barrios pobres de Los Ángeles, principalmente entre la población negra, y utilizó el dinero para sufragar las guerra de la Contra nicaragüense que trataba entonces de derrotar al gobierno sandinista en Nicaragua.

En los materiales reveló por primera vez cómo el flujo de cocaína se originaba en las bases del ejército salvadoreño por aviones de ese país hacia aeropuertos militares estadounidenses, donde era desembarcada bajo protección oficial para ser repartidas a las organizaciones de traficantes controladas por los servicios de inteligencia locales.
Sus investigaciones periodísticas se basaron en documentos desclasificados de la CIA y los testimonios de participantes en la operación, entre los cuales se encontraba Ricky Ross y “Chico Brown”, traficantes importantes de drogas de la costa oeste de Estados Unidos quienes operaban bajo la sombrilla de la central de inteligencia y “Cele Castillo” ex oficial de la Agencia Anti Drogas (DEA), testigo de la introducción de los estupefacientes y autor del libro “El polvo arde” sobre esas acciones encubiertas.

La serie documentó que jefes de la contra nicaragüense organizaron  una red de traficantes en Los Ángeles y distribuyeron toneladas  de cocaína a dos pandillas denominadas los crips y los bloods por medio del mencionado Ricky Ross. La cocaína era procesada y se le adicionaban sustancias químicas que incrementaban el volumen de venta y la nocividad al convertirse en crack. Mientras, la CIA y DEA miraban al otro lado.

En los artículos, Webb describía el papel de rectores del tráfico de cocaína, de Luis Posada Carriles y sus cómplices. Félix Rodríguez Mendigutía, el agente de la CIA que ordenó el asesinato del Che, y los hermanos  Ignacio y Guillermo Novo, entre otros terroristas de origen cubano protegidos por las administraciones de Ronald Reagan y George Bush. De ahí que el periodista se ganó peligrosos enemigos, además de la agresividad oficial de su gobierno.

La CIA respondió con una campaña total de descrédito contra Webb al reproducir la matriz de que sus investigaciones se basaban en pistas erróneas y teorías conspirativas sin objetividad. Los mayores órganos de prensa se sumaron a la maniobra principalmente el New York Times y el Miami Herald.

En una entrevista en 1997 le preguntaron a Webb las causas de su decisión de correr los riegos por su actitud de publicitar las acciones encubiertas de la CIA con el narcotráfico y respondió:

“Porque es la verdad. Eso es lo fundamental. Uno se dedica a una carrera periodística precisamente por esa razón . Si estuviera errado, lo admitiría, pero no lo estoy. La gente tiene que enterarse de estos hechos, no solo para entender lo que pasó, sino también porque hay que pedir cuentas . Se han cometido crímenes . Hay mucha gente presa por el tráfico de cocaína. Esta operación trajo miles y miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos, a los ghettos. Y hasta la fecha no se ha pedido cuentas a nadie, los únicos que han pagado el precio son los que viven en esos barrios”.

Tuvo que abandonar San José Mercury News en 1997 y no consiguió trabajo en ningún medio importante, pero en 1999 retomó el tema y publicó un libro titulado Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion (Alianza oscura: La CIA, los contras y la explosión de la cocaína crack) que renovó sus denuncias con impacto en la opinión pública mundial.

El tema motivó un informe del Inspector General de la CIA acerca del tráfico de droga realizado en la que exoneraba a la Agencia, pero la Cámara de Representantes estudió el tema bajo la dirección de Porter Goss, jefe del Comité de Inteligencia, quien determinó en una  corta audiencia que las alegaciones eran “falsas”. Posteriormente, en 2005 Goss fue nombrado Director de la CIA por la administración Bush.

Poco antes de morir a los 49 años, Webb le comentó a un amigo que era vigilado y una noche sorprendió a varios individuos huyendo por las cañerías externas de su domicilio con gran rapidez, sin que le robaran nada en el apartamento, por lo cual consideró eran agentes oficiales con el fin de registrar su computadora. En el momento de su muerte Webb se encontraba preparando una nueva investigación sobre la conexión narcotráfico CIA. Eso selló su trágico destino.

—http://cubaessurtidor.blogspot.com.es/2013/12/la-mala-suerte-de-gary-webb.html

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