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No es una teoría de la conspiración: esta semana la diputada Lorena Matzen presentó un proyecto de ley para obligar a los argentinos a documentarse con un “pasaporte sanitario” para circular dentro de su propio país.

Sin papeles no somos nada ni nadie. Primero fueron las cédulas de identificación, luego los pasaportes, luego los visados, los certificados profesionales, los permisos para conducir, para llevar armas… para cada aspecto de la vida hay un certificado, un documento oficial o una acreditación que debemos portar con nosotros mismos.

El nuevo mecanismo de control sanitario de la población no será de carácter transitorio sino permanente y podrá actualizarse con la información que el Ministerio de Salud defina, tales como vacunas recibidas y nuevas enfermedades: “Se propone como una medida permanente de control de la salud de las personas en el territorio; mientras que la subdivisión de tipologías de enfermedades, debe entenderse como una calificación temporal que podrá cambiar según las características de la enfermedad y la existencia o no de mecanismos de control, tales como una vacuna. En ese sentido se establece para el Covid19, una solución transitoria entre el aislamiento y la elaboración, distribución y colocación de la vacuna, que será la salida definitiva y permanente de la actual situación”, sostiene la diputada.

El pasaporte incluirá el compromiso explícito de cumplir con el protocolo del lugar al que se dirige.

Según el proyecto de ley, para poder circular, el pasaporte deberá dar cuenta de una certificación impresa o digital de un hisopado con resultado negativo de las últimas 48 horas. Debiendo acreditar además con un certificado de salud emitido por un médico clínico que la persona que se traslada no tuvo síntomas vinculados con el Covid19 en las últimas 24 horas.

El pasaporte incluirá una declaración jurada del pasajero en la que deberá informar su recorrido y su ubicación en el lugar de destino y aceptar expresamente someterse a la realización de un test rápido al ingresar a las jurisdicciones que lo demanden, el que, en caso de dar positivo, dispondrá el aislamiento en el destino.

“Estamos proponiendo un testeo en origen y otro en el destino. El primero debe realizarse con 48 hs. de anticipación, y que en ese lapso la persona esté aislada, para que no se contagie hasta emprender el viaje. Si da negativo viaja, desde ya. Cuando llega a destino, se realiza otro testeo rápido, y si da negativo, se podrán hacer las actividades previstas siguiendo las medidas de prevención. Siempre presentando ambos hisopados se podrá circular sin problemas. Si da positivo en el lugar de destino, se aislará ahí mismo”, explicó la diputada.

El hisopado en origen, al viajar entre ciudades, tendría según Matzen un costo entre 5.000 y 7000 pesos, que debería ser asumido por cada pasajero o por el Estado si es por motivos turísticos, bajo la ley de sostenimiento a la actividad turística, dejando en este caso a las provincias el costo de los tests rápidos de destino, cuyo precio ronda entre los 900 y 1.200 pesos.

Finalmente se establece también la creación de un Registro de Laboratorios Químicos públicos y privados, que deberá elaborar el Ministerio de Salud de la Nación y estarán habilitados para llevar adelante los testeos y que serán, junto a los fabricantes de los tests, los grandes beneficiados económicos de esta nueva medida de control.

La lista de fabricantes habilitados en Argentina es amplia y va desde el gigante farmacéutico estadounidense Roche al británico PrimerDesign.

Ayer cerca de un millar de manifestantes se concentraron en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, después del anuncio del nuevo confinamiento, que los manifestantes consideran “clasista” y “segregador”.

La concentración había sido convocada a las 20:00 horas por asociaciones vecinales, después del anuncio del confinamiento en 37 áreas sanitarias, la mayoría del sur obrero, que sólo podrán desplazarse a otros lugares para ir a trabajar.

“Ayuso fascista, eres una clasista”, “No es confinamiento, es segregación” o “No queremos pizza, queremos sanidad” han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes.

La manifestación fue convocada a través de redes sociales bajo el lema de “Si confináis el sur, pararemos Madrid” y “No es cuarentena, es segregación”. Además, han exigido que se refuerce la sanidad pública.

“Decenas de medidas durísimas de segregación selectiva, y ni una maldita medida de inversión pública en Sanidad, Educación, vivienda o transporte. Por nuestra dignidad”, comentaba una de las cuentas que promovieron esta manifestación en las redes.

El confinamiento en Madrid no sólo esconde su verdadera naturaleza bajo el nombre de “restricciones a la movilidad”. Basta mirar los mapas para darse cuenta de que impone un verdadero apartheid, algo característico de todas las pandemias que ha habido en la historia, fueran reales o ficticias.

La Comunidad de Madrid (PP, Ciudadanos) ha vuelto a imponer el confinamiento, de común acuerdo con el gobierno central (PSOE, Podemos) en una nueva edición del consenso y los pactos de Estado de la Transición.

No lo llaman “estado de alarma”, como en la primavera, porque, ante la inacción de los seudorrevolucionarios, ya no tienen que disimular: no es una medida general sino selectiva y dirigida contra la clase obrera de los barrios populares de la capital.

Además de Madrid, ahora mismo hay más de 40 municipios confinados.

Es cada vez más descarado, pero la medida no cambia nada el estado de alarma anterior, ¿o hay alguien se haya creído que la burguesía quedó confinada en su casa durante el confinamiento generalizado de la primavera?

No, ni la burguesía se confinó ni los trabajadores tampoco, porque la rueda de la explotación capitalista no se puede detener, ni con una pandemia de verdad, ni mucho menos con una de metirijillas. Caiga quien caiga, hay que seguir yendo al tajo cada día y por eso los accidentes de trabajo se han multiplicado en los seis primeros meses de este año.

¿Qué es lo que necesitan los seudorrevolucionarios para entender lo que es una pandemia, lo que es un toque de queda, la ley marcial y el confinamiento?

Con el primer confinamiento, el gobierno “progre” sacó al ejército a la calle y a los platós de televisión en la Operación Balmis. También sacó a la policía y a la Guardia Civil a poner controles en todos los puntos estratégicos e infraestructuras del país, exactamente igual que si hubiera estallado la guerra.

Como ha advertido el ejército varias veces, la Operación Balmis llevaba el número 1 y cuando se suspendió ya tenían preparada la número 2, en la que los rastreadores militares han asumido las competencias sanitarias para hacer seguimientos de la población bajo la dirección de sus propios mandos y no de los médicos, porque aquí no hay ningún problema de salud, sino una crisis económica, social y política del capitalismo.

Blanco y en botella: esta crisis capitalista es de tal envergadura que no se puede aliviar sólo con medidas de política económica, sino que requiere una intervención sobre la sociedad; es decir, que desde la primavera está en marcha un plan contrainsurgente para impedir cualquier clase de protesta social, e incluso las reuniones de todo tipo de colectivos, sindicatos, partidos y movimientos.

“El que avisa no es traidor”. Por nuestra parte, ya anunciamos hace más de un mes, en una entrada publicada el 9 de agosto, que esto iba a ocurrir y recibimos toda clase de insultos, como viene ocurriendo desde que se inició esta ola de histeria y represión política.

Incluso los inquisidores de “Maldita” dijeron que la información era un bulo. ¡Cuánto sinvergüenza y mercenario anda suelto por ahí!

Más información:
– El gobierno del PSOE y Podemos volverá a imponer el confinamiento el 18 de septiembre
– El ejército moviliza el mayor despliegue en tiempos de paz con el pretexto de la segunda ola
– El ejército amenaza con volver a salir a la calle con el pretexto de un rebrote de coronavirus
– El ejército ha ejecutado 20.000 actuaciones con el pretexto del estado de alarma
– El gobierno del PSOE y Podemos envía tropas del ejército para imponer el confinamiento a los temporeros de Huesca
– Dossier coronavirus

El gobierno autonómico de Madrid va a confinar selectivamente a la población de tres municipios (Leganés, Parla y Fuenlabrada) y en tres de los 21 barrios de la capital (Puente de Vallecas, Usera y Ciudad Lineal).

En total, en las seis zonas viven cerca de 1,1 millones de personas, en su mayor parte trabajadores. En un claro ensayo contrainsurgente, los movimientos serán restringidos, lo mismo que las reuniones sociales y la policía controlará las entradas y salidas a esas poblaciones.

De lo que no podrán liberarse los trabajadores será de ir todas las mañanas al tajo a cumplir con su jornada. En la nueva normalidad impera del principio “de casa al trabajo y del trabajo a casa”.

Los tres barrios de Madrid forman parte del cinturón sur-este de la capital, que se divide administrativamente en 21 distritos.

El gobierno autonómico anunciará oficialmente el confinamiento el viernes, aunque lo hará recurriendo a eufemismos típicos porque es una medida que sólo puede tomar el gobierno central con el estado de alarma.

Lo llamarán “limitaciones a la movilidad”, lo mismo que en Cataluña o en Castilla y León, aunque es una prohibición de las relaciones sociales con familiares, amigos y vecinos y los centros donde las personas se socializan.

Seguirá como hasta ahora la furia inquisidora contra cualquier clase de diversión, fiesta, botellones, bodas, cumpleaños y demás. Hasta la jornada de ayer se habían notificado 90 requerimientos por parte de policías municipales a personas que habían incumplido aislamientos o cuarentenas.

La calle es sólo para la policía o, como dijo Fraga, “la calle es mía”. El franquismo está cumpliendo uno de sus más preciados sueños.

Una sentencia de un Tribunal de Distrito de Estados Unidos ha resuelto que la orden del Gobernador Tom Wolf, que obligaba a la población a confinarse en su casa, limitaba el cupo de las reuniones sociales y ordenaba el cierre de todos los negocios “no esenciales”, es inconstitucional (1).

Es un pequeño triunfo en la siniestra era de la “nueva normalidad”. Un grupo de propietarios de pequeños negocios interpuso una demanda contra el Estado porque las medidas adoptadas con el pretexto de la pandemia eran excesivas y arbitrarias y, además, violaban los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El juez William S. Stickman ha resuelto a favor de los demandantes (2). El Estado apelará, pero se espera que el fallo pueda sentar un precedente que limite el abuso de poder del gobierno, la “carta blanca” y la imposición de medidas draconianas e indiscriminadas contra la población.

Por grave que sea una emergencia, incluso una emergencia sanitaria, la autoridad del gobierno no es ilimitada, afirma la sentencia. Las libertades protegidas por la Constitución no son libertades condicionales, que se aplican cuando los tiempos son buenos pero que pueden dejarse de lado cuando los tiempos son malos.

La resolución de una crisis no puede reemplazar el compromiso con los derechos fundamentales, añade. La Constitución no puede aceptar una “nueva normalidad” en la que las libertades fundamentales del pueblo se subordinan a unas medidas políticas de emergencia sin límite de tiempo.

La Constitución establece ciertos límites que no se pueden cruzar, ni siquiera en una situación de emergencia, concluye la sentencia.

La decisión de este juez contrasta poderosamente con la ley recién aprobada por el gobierno del PSOE y Podemos que ha eliminado a los jueces ordinarios de las medidas de confinamiento para trasladarlas a los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas (3).

El PP ha apoyado en este punto a un gobierno “de izquierda” porque, de manera sistemática, a lo largo de la ley marcial, los Tribunales Superiores de Justicia han venido tumbando las decisiones de los jueces ordinarios contra las medidas de los gobiernos autonómicos.

Este verano, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida frenó la decisión de la Generalitat de confinar la ciudad y varias comarcas y, tras recurrir la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio luz verde.

En Madrid ocurrió lo mismo ante la decisión de prohibir fumar en las terrazas. Un juez ordinario lo frenó hasta que el Tribunal Superior de Justicia terminó dando la razón al gobierno autónomo.

(1) https://edition.cnn.com/2020/09/14/politics/pennsylvania-coronavirus-large-gatherings-court-ruling/index.html
(2) https://drive.google.com/file/d/1FL3Y1kDPricSINHlym0lVIw9hdsvmZmx/view
(3) https://www.20minutos.es/noticia/4382212/0/juzgados-ordinarios-no-podran-frenar-confinamientos-medidas-anticovid/