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Se trata de un “carrero” que circulaba “changueando” por la zona de la Villa Juan de Vera. En el marco de los operativos por el cumplimiento del aislamiento social fue perseguido con balas de goma por policías de la Comisaría 12 de esta Capital. Ante la situación, el animal que tiraba del carro salió a correr asustado, lo que fue interpretado por los agentes como un “intento de fuga”. A eso le siguió una balacera desproporcionada que causó varias heridas al hombre.

Una vez aprehendido, de oficio, sin ninguna denuncia ni alerta por robo, lo arrestaron e iniciaron una causa por “resistencia a la autoridad y supuesto hurto”. Esto último se intentó fundamentar en que el carro transportaba menos de un centenar de ladrillos, retirados poco antes de una obra en demolición, con permiso de sus obreros.

Luego es trasladado a la Comisaría Segunda de esta Capital, donde permaneció hasta la noche, sin contacto con sus familiares. Si bien son visibles las marcas que dejaron los balazos en su cuerpo no hay registro de las lesiones recibidas por parte del personal policial, aunque sí fue derivado a control médico en el Comando 911.

Tras varias horas de encierro recuperó la libertad pero con una imputación penal a cuestas, incluso ante la intervención de abogados y organismos de derechos humanos tras la visibilidad social que adquirió el caso.

Este sábado, 28 de marzo, fue radicada una denuncia penal Nro. 223486/20, con constatación de lesiones por parte de la médica forense de turno, ante la fiscalía de Instrucción Nro. 3 de feria, a cargo de Mónica Inés Espíndola. Las actuaciones serán remitidas a la brevedad al juzgado de Instrucción Nro. 6, que conduce Graciela Ferreyra.

En los próximos días esta denuncia será acompañada por la Red Corrientes de derechos humanos, por el  Comité Contra la Tortura de Corrientes, por la Correpi (Coordinadora contra la Represión Institucional) y por otras organizaciones sociales y de derechos humanos del ámbito local y nacional.

Dichas organizaciones vienen denunciando el modo arbitrario y represivo en que se expresan en varias ocasiones los operativos para el cumplimiento del decreto DNU 297/2020 que declara el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del COvid-19.

https://agenciaparalalibertad.org/denuncian-abuso-policial-en-operativos-por-la-cuarentena/

Muy en particular, como venimos diciendo, hay que redoblar la atención de la situación en las unidades carcelarias, que escalaron desde reclamos y protestas a motines, como en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y antes en Coronda y La Flores, provincia de Santa Fe. Allí, el estado provincial descargó la represión, bajo la dirección del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, con la intervención de agentes de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), junto al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP). El saldo final es –por ahora- de varios hospitalizados y cinco muertos: Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años, en Coronda, y Matías Gastón Crespo, de 31 años, Andrés Ezequiel Behler, de 23, Rolando Duarte, de 60, y Jonatan Exequiel Coria, de 29 años, en Las Flores. Independientemente de las circunstancias en que se produjeran sus muertes, el estado es responsable, ya que se trata de personas bajo su poder de hecho y derecho.

Por otra parte, es incesante la circulación de vídeos y denuncias de vecinxs sobre el accionar de la policía en las barriadas. En La Pampa, en el Barrio Malvinas de General Pico, un hombre salió a comprar pan, recibió disparos de bala de goma de la policía y terminó hospitalizado. Familiares y Amigxs de Luciano Arruga han denunciado el hostigamiento que se vive en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, donde vivía Luciano y aún reside parte de su familia, y desde el Barrio San Alberto llegan imágenes de jóvenes detenidos por la policía, obligados a “bailar”, cantar el himno nacional y hacer sentadillas en plena calle.

Es imposible, hoy, 25 de marzo, ignorar que se cumplen 43 años de la desaparición forzada de Rodolfo Walsh, interceptado por un grupo de tareas de la ESMA, cuando se alejaba del buzón calle en la esquina de Humberto Primo y Entre Ríos, donde acababa de depositar su Carta Abierta a la Junta Militar.

Rodolfo Walsh, que se jugó la vida un día como hoy para difundir la denuncia de lo que sucedía en Argentina, es el que nos enseñó a distinguir el gatillo fácil detrás del “enfrentamiento”, a caracterizar la responsabilidad estatal por los “suicidios” o los incendios en cárceles y comisarías y marcó el camino para la denuncia de la tortura sistemática en lugares de detención. Es el mismo que nos explicó que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial también registra media docena de historias “modelo” que justifican las detenciones arbitrarias, y que, adelantándose décadas a su época, incluyó en su análisis de la política represiva estatal los feminicidios de uniforme, con aquello de que “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”.

En este nuevo contexto de excepción, sustancialmente distinto al de 1977, pero que victimiza centralmente al mismo pueblo trabajador, vaya en estas líneas el homenaje que no podemos hacerle hoy en las calles.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

https://agenciaparalalibertad.org/mas-de-41-000-personas-fueron-detenidas-y-sana-con-los-mas-vulnerables/

Como contrapunto a esos controles y a las causas que se generaron a todos aquellos que incumplieron el decreto, durante la semana se conocieron casos de abusos por parte de diferentes fuerzas nacionales y provinciales. La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) eleva desde el inicio del aislamiento un informe diario sobre estas situaciones. Por ejemplo, en las redes sociales se viralizaron casos en Capital Federal, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, entre otros puntos.

En ellos se puede ver como, agentes toman distintas represalias sobre las personas que estaban incumpliendo el DNU. Si bien, sostienen que es “muy difícil cuantificar” porque no se brindan estadísticas, las denuncias crecen todo el tiempo. Al respecto, María del Carmen Verdú, referente de la coordinadora, sostiene a El Destape que una de las cosas que se ve con respecto al accionar policial es “una diferencia de actuación muy marcada entre las zonas populares y las zonas privilegiadas”.

Los ejemplos se repiten. Entre las imágenes que se viralizaron sobre los abusos de las fuerzas se encontró el de los tres gendarmes que, en el Barrio 1-11-14, apuntaban a dos jóvenes y los hacían caminar en cuclillas y con las manos en la nuca. Al respecto de esta situación, el Secretario de Artículación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, confirmó a este medio: “Nosotros tomamos conocimiento del casos y nos movimos inmediatamente. Reaccionamos y pusimos a disposición a los agentes que ahora están separados preventivamente”.

Más allá de esta directiva del Ministerio de Seguridad Nacional, los ejemplos en fuerzas policiales provinciales y municipales se multiplicaron. Durante la semana se conoció el video de un grupo de policiales en Isidro Casanova que obligó a unos seis chicos a cantar el himno y a hacer estocadas, flexiones de brazos y otras cosas porque estaban violando la cuarentena. Todos ellos fueron desafectados de la fuerza. Caso distinto al de los Policías de la Ciudad que, durante un control, detuvieron a un chico -paciente externo del Borda- y le pegaron un rodillazo mientras intentaba identificarse con su carnet.

Los casos se repiten en distintos puntos del país no solo en el área metropolitana. Las denuncias de CORREPI alcanzan a diversas situaciones. En La Pampa, por ejemplo, la brutalidad policíaca quedó marcada cuando, según denuncia la coordinadora, un chico fue baleado con balas de goma cuando había salido a comprar pan y tuvo que ser hospitalizado. Por otro lado, el hacinamiento en varias comisarias y destacamentos también se convirtió en una cuestión de preocupación.

Se supo que en dos localidades del interior del país, una en Jujuy, y otra de Corrientes, se implementó una especie de “tranquera” en el que la policía provincial detiene a las personas que no cumplen los DNU. Al respecto, Verdú sostiene: “Hay una diferencia de actuación muy marcada entre las zonas populares y las zonas privilegiadas. De la misma manera que es diferente el trato entre una señora con taquitos aguja en Recoleta y un pibite con gorrita y visera de cualquier barrio popular del país”.

https://www.eldestapeweb.com/nota/alarma-por-la-espiralizacion-de-los-abusos-policiales-frente-a-presuntas-infracciones-a-la-cuarentena-202032617510