Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Mark Smith, dimitió el viernes tras la concesión por parte del gobierno británico de licencias de exportación de armas a Israel.
“No hay justificación para que Reino Unido continue vendiendo armas a Israel y, sin embargo, de alguna manera continúa”, dijo Smith, cuyo trabajo consistía en evaluar las licencias de exportación de armas a Oriente Medio. Sus colegas han sido testigos de ejemplos “claros e indiscutibles” de crímenes de guerra en Gaza, dijo al programa Today de Radio 4.
“Cuando nos fijamos en lo que constituye un crimen de guerra, en realidad queda bastante claro, incluso por lo que se ve en fuentes abiertas en la televisión, que el Estado de Israel comete crímenes de guerra a la vista de todos”, manifestó.
Hay temores crecientes de que el gobierno británico, e incluso los ministros y funcionarios que trabajan para él, puedan ser considerados personalmente responsables mientras Israel continúa librando una guerra de diez meses contra la Franja de Gaza.
¿Qué posibilidades hay de que se responsabilice a determinadas personas ante los tribunales? Los picapleitos creen que se puede ganar en un litigio lo que no se gana con una guerra.
“El derecho internacional reconoce que los Estados y los individuos que cometen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos a menudo no lo hacen solos”, dice Sam Fowles, abogado de Cornerstone Barristers. Los ministros y funcionarios británicos podrían ser considerados responsables.
“Cuando un Estado (o un individuo dentro de un Estado) proporciona conscientemente asistencia que facilita las fechorías de un tercero, ambos Estados pueden ser considerados responsables”.
“Aunque no sabemos con certeza el alcance de la ayuda de Reino Unido a Israel (ya que ambos estados aún mantienen mucha información en secreto), hay evidencia clara prima facie de que si Israel ha violado el derecho internacional, también lo ha hecho Reino Unido”.
“Existe una posibilidad real de que el Reino Unido y/o los afectados tuvieran conocimiento de los actos ilegales y posiblemente ilegales de Israel y fueran conscientes de que, en el curso normal de los acontecimientos, la ayuda y asistencia brindadas contribuirían a facilitar estos actos […] Por lo tanto, existe una posibilidad real de que Reino Unido y/o las personas involucradas hayan cometido violaciones del derecho internacional (a través de la responsabilidad indirecta)”.
Los abogados que intentan bloquear las licencias de exportación de armas a Israel presentaron denuncias por crímenes de guerra israelíes ante los tribunales. Varias ONG presentaron pruebas, entre ellas la organización de derechos palestinos Al Haq, la Red Mundial de Acción Legal (GLAN), Oxfam, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
La denuncia incluye pruebas de que los palestinos fueron torturados, dejados sin tratamiento en hospitales e incapaces de huir de los continuos bombardeos en Gaza.
Charlotte Andrews-Briscoe, abogada de GLAN, dijo: “Hemos presentado miles de páginas de pruebas que detallan los crímenes de guerra cometidos por Israel. ¿No es eso suficiente? ¿Qué más necesita el gobierno británico para suspender las licencias de armas a Israel?”
El profesor Gerhard Kemp, de la Facultad de Derecho de Bristol, dijo: “Es concebible que un funcionario del gobierno británico que sepa que se utilizarán armas para cometer crímenes de guerra en Gaza y luego autorice la entrega de esas armas pueda muy bien contribuir a facilitar la comisión de los crímenes de guerra”.
“Una posibilidad es considerar que el comportamiento de ciertos funcionarios británicos puede efectivamente contribuir sustancialmente o facilitar la comisión de crímenes internacionales en Gaza y los territorios palestinos ocupados (delitos como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, tortura e incluso genocidio”.
“Desde una perspectiva penal, dichas contribuciones (si se hacen a sabiendas) bien pueden constituir complicidad en la comisión de crímenes internacionales y pueden ser procesadas en los tribunales penales de Reino Unido o en el Tribunal Penal Internacional, según sea el caso”.
“Para ser claros, esto siempre es difícil de probar, en particular la forma de intención requerida (es decir, la asistencia debe proporcionarse con el fin de facilitar crímenes de guerra; esta no es una prueba de mera negligencia o incluso imprudencia, debe tener la forma de intención”.
“Creo que, en vista de todas las pruebas, testimonios e informes de la ONU, ahora existe un riesgo claro de que un individuo que participa en el esfuerzo bélico israelí en Gaza en particular, se enfrente a una responsabilidad penal por ayudar e instigar al comisión de crímenes de guerra y otros crímenes internacionales graves.
El gobierno anterior se negó a suspender las licencias de exportación de armas a Israel y David Lammy, el actual ministro de Asuntos Exteriores, se ha resistido hasta ahora a publicar la opinión legal del gobierno sobre la venta de armas a Israel, diciendo que había iniciado un proceso para evaluar la legalidad de las ventas de armas.
El antiguo secretario de Asuntos Exteriores, Lord Cameron, dijo que las pruebas que había visto no justificaban la suspensión de las ventas de armas.
En abril, funcionarios del Departamento de Negocios y Comercio (DBT), que supervisan las exportaciones de armas a Israel, amenazaron con emprender acciones legales contra el gobierno, temiendo que enfrentarían un juicio culpable de violar el derecho internacional en el contexto de la guerra en Gaza.
Sara Razai, del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, asegura que “la continua venta de armas a Israel puede […] hacer que individuos dentro del gobierno sean responsables de ser procesados por ayudar e incitar a la comisión de crímenes bajo el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”.
“Los ciudadanos británicos responsables de ayudar e instigar crímenes internacionales, y aquellos que los cometen como autores principales, están sujetos a procesamiento en Reino Unido en virtud de los Convenios de Ginebra de 1957 y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de 2001.
“Los ciudadanos británicos también podrían ser procesados ante el Tribunal Penal Internacional. No es improbable que personas sean juzgadas y procesadas en Reino Unido y en tribunales internacionales y espero que muchos más casos lleguen ante los tribunales de Reino Unido en un futuro próximo.
Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido dijo que “el gobierno está comprometido a defender el derecho internacional. Hemos dejado claro que no exportaremos artículos que puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario”.
“Se está llevando a cabo un proceso de evaluación para determinar si Israel cumple con el derecho internacional humanitario, proceso que el Ministro de Asuntos Exteriores inició al asumir el cargo”.
Tim Bierley, miembro de Justicia Mundial Ahora, dice: “Las alarmas deberían sonar en todo Whitehall tras este consejo legal. El gobierno británico está exponiendo a sus propios ministros y funcionarios a acciones legales al continuar negándose a apoyar las acciones de Israel. Ya es hora de que Reino Unido ponga en práctica sus palabras suspendiendo inmediatamente la venta de armas, las negociaciones comerciales y toda otra ayuda y asistencia a Israel”.
Stephen Humphreys, profesor de derecho internacional en la Escuela de Economía de Londres, también manifestó: “La evidencia es muy sólida y continúa acumulándose, lo que demuestra que es probable que Israel esté violando muchas obligaciones del derecho internacional”, citando posibles violaciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Añadió que Reino Unido debería tomar medidas para “garantizar que no haya dudas de que podría ser cómplice de crímenes de guerra o genocidio, por ejemplo proporcionando piezas utilizadas en aviones y helicópteros militares israelíes. El gobierno británico no debería esperar una sentencia judicial antes de tomar medidas para garantizar que no es cómplice de los crímenes de guerra israelíes”.
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