Reino Unido se dispone a calificar a Wagner como “organización terrorista”, según un reportaje del Times, y hay planes similares en Estados Unidos y la Unión Europea, que situarían al grupo ruso en la misma categoría que Al Qaeda o el Califato Islámico.
Una fuente del gobierno británico afirmó que la decisión era inminente y que probablemente entraría en vigor en las semanas siguientes a la presentación de una demanda judicial.
A veces los medios de comunicación occidentales afirman que el grupo está directamente vinculado al ejército ruso. En tal caso, sería como poner a Rusia entre los países patrocinadores del terrorismo.
Pero otras veces lo califican como una empresa privada de seguridad, de las que hay muchas en los países occidentales. Estados Unidos y Reino Unido son los países que tienen un mayor número de empresas privadas de seguridad y forman parte del complejo militar-industrial tal y como lo conocemos hoy.
Muchos contratistas británicos y estadounidenses operan y han operado en zonas devastadas por guerras en los cinco continentes. Se trata de empresas en expansión con estructuras complejas.
Desde la llamada “guerra contra el terror” iniciada en 2001, las empresas de seguridad privada han ganado miles de millones de dólares en todo el mundo, con Gran Bretaña encabezando esta privatización de la guerra moderna.
“Lo que sí sabemos es que muchas de estas empresas mercenarias, sobre todo las que tienen su sede en Reino Unido y Estados Unidos, han participado intensamente en las campañas militares de Irak y Afganistán. Sabemos que su personal armado puede ganar hasta 10.000 libras al mes, libres de impuestos. Y sabemos que algunas empresas militares privadas han estado directamente implicadas en la muerte de civiles”, señala un informe publicado por Open Democracy en 2018.
Entre las principales empresas británicas de seguridad figuran G4S, Aegis Defense Services, Control Risks, Armorgroup y Olive Group, junto a las empresas estadounidenses Academi, antes conocida como Blackwater, y DynCor y Triple Canopy, que en conjunto obtienen cientos de millones de dólares de beneficios cada año con la venta de armas.
Las empresas armamentísticas estadounidenses poseen una cuota mayoritaria de 224.000 millones de dólares del sector mundial de las empresas privadas de seguridad y se prevé que el valor de sus ventas anuales aumente a más de 80.000 millones de dólares en un futuro próximo (1).
Las empresas privadas de seguridad occidentales, que ofrecen una amplia gama de servicios -que van desde la protección de personas y recintos, misiones de rescate, reconocimiento y evaluación de riesgos hasta la formación y las operaciones de combate- fueron reclutadas principalmente en las zonas de guerra de Irak y Afganistán después de que la coalición dirigida por Estados Unidos invadiera esos países.
Durante la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, el número de militares desplegados por la coalición liderada por Estados Unidos fue siendo sustituido cada vez más, y finalmente superado, por empleados de las empresas privadas de seguridad.
En Afganistán, las empresas de seguridad ayudaron al Gobierno estadounidense a mantener el límite previsto de 9.800 soldados estadounidenses, fijado en 2016, pero recortado posteriormente a 5.500 en 2017, y compensado posteriormente por 26.000 mercenarios.
El Gobierno estadounidense mató dos pájaros de un tiro. No sólo llevó a cabo sus operaciones deseadas, sino que también pasó la culpa de los crímenes de guerra cometidos por estas tropas privadas.
Los mercenarios permitieron a los gobiernos estadounidense y británico ocultar los colosales costes humanos de su participación en Afganistán y otros países similares y eludir responsabilidades.
Tras la invasión de Irak, la guerra civil, la agitación política y el auge de la insurgencia proporcionaron una excusa perfecta a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para mantener su presencia militar en el país, incluidos los mercenarios.
Al inicio de la invasión de Irak había desplegados unos 46.000 soldados británicos. El coste total de la guerra ascendía a 9.240 millones de libras en 2010, cuando el ejército británico se disponía a abandonar el país devastado por la guerra (2).
Aparte de las tropas regulares, las fuerzas secretas británicas y las empresas de seguridad emplearon a más de 20.000 militares privados para llevar a cabo funciones militares que trabajaban en tándem con el ejército británico.
También proporcionaban servicios de seguridad a las figuras estadounidenses que visitaban el país. En aquella época, por ejemplo, Aegis se encargaba de proteger a los altos cargos del ejército estadounidense.
En el momento álgido de la ocupación, alrededor de 60 empresas militares privadas británicas operaban en Irak (3). Aunque Reino Unido puso fin a sus ocho años de presencia militar en Irak en mayo de 2011, nunca abandonó el país devastado por la guerra. Las empresas militares privadas británicas se quedaron para ayudar a la coalición encabezada por Estados Unidos con el pretexto de luchar contra el Califato Islámico o para preparar el terreno para que sus militares regresaran allí.
Según el entonces secretario de Defensa británico, Liam Fox, aunque el acuerdo oficial de entrenamiento y apoyo marítimo entre Reino Unido e Irak concluyó el 22 de mayo de 2011, los grupos no oficiales y secretos reclutados por Reino Unido mantuvieron su presencia ilegal en Irak.
El uso de este tipo de empresas por parte de las naciones occidentales está provocando un aumento de los riesgos mundiales de fraude, corrupción y violencia, según un informe de Transparencia Internacional Defensa y Seguridad (4).
Las empresas de seguridad nunca han estado exentas de escándalos. Han cometido numerosos crímenes de guerra en diferentes etapas y se les atribuyen atrocidades generalizadas en todas las zonas de guerra. Por ejemplo, los mercenarios de Blackwater perpetraron en 2007 una masacre en la plaza Nisour de Bagdad, en la que murieron 14 civiles, entre ellos dos niños, y al menos otros 17 resultaron heridos.
Sus atrocidades no se limitan a Irak y Afganistán. El Departamento de Estado estadounidense aprobó un contrato para el entrenamiento de combate de operativos saudíes por parte de una empresa de seguridad estadounidense llamada Tier One Group. Estos mercenarios participaron posteriormente en el salvaje asesinato del periodista Jamal Jashoggi, según reveló un informe de Transparency International Defense and Security (5).
Afganistán e Irak no son los únicos casos de zona de crímenes y violaciones de derechos humanos por parte de las empresas de mercenarios. En América Latina, las empresas de seguridad privada están implicadas en el tráfico de personas y la extorsión.
En Brasil, una investigación de la policía federal reveló que casi un tercio de todas las armas de fuego en poder de las empresas de seguridad locales de Río de Janeiro se vendían a los delincuentes.
En Libia, Yemen y Siria ocurre lo mismo. La presencia de empresas de seguridad respaldadas por Occidente ha avivado la crisis y la inestabilidad en todas partes.
(1) https://www.transparency.org.uk/us-private-military-and-security-companies-fuel-corruption-and-conflict-risk
(2) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11107739
(3) https://www.bbc.com/news/business-11521579
(4) https://ti-defence.org/publications/hidden-costs-us-private-military-and-security-companies-and-the-risks-of-corruption-and-conflict/
(5) https://www.transparency.org.uk/us-private-military-and-security-companies-fuel-corruption-and-conflict-risk