La libertad de prensa es una especie en vías de extinción, y no sólo por el caso Assange, o el de Pablo Hassel, o el cierre de los medios de comunicación rusos en Europa. A medida que no hay una respuesta popular contra tamañas agresiones, la insolencia de los Estados europeos se hace cada vez mayor. Unas veces el pretexto es la pandemia, otras es Rusia, y a veces las noticias falsas.
En Reino Unido los principales partidos parlamentarios piden la aprobación inmediata de nuevas medidas represivas para hacer frente a las “amenazas contra el Estado”, que anulan la libertad de prensa y amenazan las libertades civiles. El 11 de mayo se presentó un primer proyecto de ley.
Los partidos parlamentarios afirman que son necesarias para evitar la influencia de Rusia y China, cuyos tentáculos aparecen en sus peores pesadillas. En enero de este año el MI5 envió una alerta a todos los miembros del Parlamento acusando a Christine Lee, una abogada que trabaja en Birmingham, de hacer donaciones a los parlamentarios en nombre del gobierno chino, es decir, de hacer lo mismo que hacen todos los grupos de presión todos los días.
Ese mismo día el nombre de Lee se difundió en todos los canales de televisión y los periódicos, que no cuestionaron nada, a pesar de la absoluta falta de pruebas. Cuando los agentes no son chinos o rusos, no hacen falta pruebas de nada; basta con que lo digan oscuros aparatos políticos, como el MI5.
Sin embargo, gran parte del proyecto de ley no tiene nada que ver con la injerencia extranjera. En 2015 el gobierno pidió una revisión de la Ley de Secretos Oficiales de 1911, que se aplica a la divulgación no autorizada de información clasificada. El Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) expresó su preocupación, señalando el historial de persecución de periodistas por parte del gobierno.
No se puede matar al mensajero; el manejo de información clasificada no se puede criminalizar. “El NUJ cree firmemente que los denunciantes y los periodistas que actúan en interés público no deben ser sometidos a penas de prisión más duras por delitos de divulgación no autorizada”, dijo el sindicato. “Nos preocupa especialmente que el Ministerio del Interior parezca recomendar reformas que facilitan la persecución de los periodistas”.
En 2020 una comisión parlamentaria publicó un delirante “informe sobre Rusia” que analizaba las acusaciones de injerencia extranjera en Reino Unido. Recomendó al gobierno la creación de un “registro de influencias extranjeras” del que formarían parte los individuos que realizan determinadas acciones en favor de una potencia extranjera. La policía puede encarcelar a una persona que actúa como “agente” y no ha pasado por la ventanilla del gobierno.
No es necesario aclarar que cuando hablan de “extranjeros”, se refieren a Rusia y China y a ningún otro país, como Tanzania, Honduras o Andorra. Sin embargo, la posibilidad de detener a los “agentes rusos” se propuso a pesar de que el informe sobre Rusia no encontró ninguna interferencia significativa. De hecho, se limitó a decir que el MI5 no había investigado el asunto.
El proyecto de ley crea una especie de catálogo oficial de “agentes extranjeros” de tal manera que cualquiera que no se registre pueda ser detenido, si su “actividad” en las redes sociales, por ejemplo, no gusta al MI5. El castigo puede llegar a la cadena perpetua para los periodistas y las fuentes que les suministran información clasificada, si se descubre que trabajan para una potencia extranjera.
El proyecto de ley establece que la policía no necesita demostrar que una persona trabaja para una determinada potencia extranjera. Alguien que habla bien de Rusia está al servicio de Rusia. Las medidas también pueden aplicarse extraterritorialmente a personas fuera de Reino Unido.
El caso de Julian Assange creó el patrón de este tipo de montajes judiciales. Le detuvieron y le acusaron falsamente de colaborar con el gobierno ruso y en Estados Unidos le aplican la Ley de Espionaje.
En 2018 hubo una campaña de intoxicación parecida en Australia. Los medios de comunicación y los políticos advirtieron contra los diputados que reciben donaciones de personas afiliadas al Partido Comunista Chino. Una legislación similar fue aprobada en su parlamento. Se vendió como una medida contra la injerencia extranjera, pero contenía las mismas amenazas contra los periodistas.
En una nota informativa preparada para los diputados se reconoce que la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1911, que ilegaliza la publicación de documentos gubernamentales por parte de cualquier persona, fue aprobada por la Cámara de los Comunes en un solo día, cuando la mayoría de los diputados se habían marchado de vacaciones.
Hace un siglo los pretextos eran los mismos, pero hay que cambiar Alemania por Rusia. Hoy los historiadores reconocen que el MI5 exageró la injerencia alemana, lo mismo que hacen hoy con la rusa.