Esta historia empieza con una huida. Militantes de la CNT han quemado hasta los cimientos el edificio del Instituto Católico de Artes y Oficios de Madrid y su director, el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, ha decidido marcharse a Bélgica. El ataque contra el edificio no ha sido casual, Pérez del Pulgar es un militante activo de la derecha más reaccionaria y utiliza su puesto para difundir propaganda, está convencido de la necesidad de frenar la expansión de las ideas marxistas entre los jóvenes. Solo unos meses después de su salida del país estalla la guerra y Pérez del Pulgar decide volver. Quiere ponerse al servicio del alzamiento, formar parte de la cruzada que va a salvar España.
Los siguientes meses los pasa en el norte de la península. Sabe que su lugar no está en el frente, pero en la retaguardia hay mucho trabajo para hombres como él. Pérez del Pulgar no pierde el tiempo. Contacta con Máximo Cuervo Radigales, un general muy cercano a la cúpula eclesiástica por su labor en la dirección del CEU. Cuervo Radigales está a punto de convertirse en uno de los hombres más peligrosos y oscuros del régimen franquista, pero para ello necesita la ayuda del jesuita. Entre los dos comienzan a construir el aparato ideológico que sostendrá el sistema penitenciario de la dictadura.
La recompensa llega enseguida. En 1938 Cuervo Radigales es nombrado Director General de Prisiones, y comienza a reorganizar las cárceles que están bajo el control de los golpistas. Con ayuda de Pérez del Pulgar, crea un sistema de trabajos forzados para los presos que se mantendrá durante toda la dictadura y que queda bajo el control de un nuevo organismo, el Patronato de Redención de Penas por Trabajo. Al frente del Patronato sitúa al jesuita, que responde directamente ante él. Acaba de nacer una de las maquinarias represivas más crueles del régimen. Este Patronato, sin embargo, no sería el único organismo que utilizaría trabajo esclavo, ya que al sistema penitenciario habría que sumar el sistema de campos de concentración que se creó por toda la península y donde también existían batallones de trabajo. Estos presos ni siquiera tenían pena que cumplir porque no habían sido juzgados, y dependían directamente de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), y luego de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios.
El sistema de trabajo esclavo del franquismo
Aunque el trabajo forzado de los presos era algo corriente desde el golpe de Estado, la construcción del Valle de los Caídos será una de las primeras grandes obras en utilizar mano de obra esclava de forma masiva. Franco quería un gran mausoleo, un monumento a la altura de la cruzada que acababa de acometer, y apenas esperó para ponerlo en marcha. El 1 de abril de 1940, en el primer aniversario de la victoria, se ordena el comienzo de las obras mediante decreto. El documento no deja lugar a dudas sobre el propósito, Franco quiere homenajear a los que han caído combatiendo a su lado: “Lugar perenne de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la Cruzada”.
Aquí aparece de nuevo Pérez del Pulgar en nuestra historia. En un panfleto publicado a finales del 39 y que había titulado “La solución de España al problema de los presos políticos”, el jesuita sienta las bases de lo que será su labor al frente del Patronato de Redención de Penas por Trabajo: “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”. Del Pulgar va a hacerles pagar.
El funcionamiento del Patronato era sencillo: las empresas y los entes públicos solicitaban presos para trabajar y los responsables decidían la cantidad que les adjudicaba y la cárcel de donde eran seleccionados. El Archivo General de la Administración conserva los libros de actas que elaboró el Patronato entre 1940 y 1960, donde se detallan los presos adjudicados, el lugar de destino y la labor que van a realizar. Sin embargo, estos datos todavía no se han vaciado de forma sistemática, por lo que los investigadores que trabajan sobre el tema han recurrido a las Memorias de la Dirección General de Prisiones. Las investigaciones muestran que había empresas de todo tipo, incluido pequeño comercio y particulares que solicitan una criada para el servicio doméstico.
Mientras trabajaban, eran encerrados en colonias penitenciarias, en destacamentos penales, o en las propias cárceles. Para tener una imagen general del sistema de encierro, a estas colonias penitenciarias habría que sumarlas a la existencia de campos de concentración destinados al internamiento y la clasificación de los prisioneros de guerra.
Las cifras y la extensión de esta práctica a todos los sectores de la economía muestran que el sistema de trabajo esclavo no fue algo puntual, sino uno de los pilares claves de la economía franquista. Según los historiadores que han trabajado en esta cuestión, la mayor cantidad de presos fueron destinados a infraestructuras y obras públicas, como la construcción de vías férreas, carreteras, canales, cárceles y minas. Un ejemplo es la construcción de la cárcel de Carabanchel en Madrid, donde se sabe que en 1946 había 956 presos trabajando, aunque no se dispone de más datos sobre otros años.
En El Valle de los Caídos: Una memoria de España, una de las investigaciones más detalladas sobre la construcción del monumento, el historiador Fernando Olmeda no se atreve a dar cifras sobre la cantidad de presos que trabajaron en el Valle de los Caídos debido a la dificultad para conocer estos datos. Según las Memorias de la Dirección General de Prisiones, se trataría de unos 500 presos al año entre 1943 y 1950, aunque hay años en los que ni siquiera aparecen cifras.
Las obras fueron adjudicadas a tres constructoras, Banús, Molán y San Román, y los propios directivos se paseaban por las cárceles para seleccionar a los internos. Teodoro García Cañas, preso en la cárcel de Ocaña, recordaba en el libro “Esclavos por la patria” cómo Juan Banús examinaba personalmente los dientes y los músculos de los presos para escoger a los que pudiesen aguantar mejor. Muchos no lo hicieron. A las muertes por las malas condiciones de trabajo y el agotamiento se sumaron las que produjo la silicosis por las obras en las criptas.
Pérez del Pulgar observaba los avances del Valle de los Caídos y sonreía. Los presos se redimían no solo ante la patria, sino también ante Dios. A cambio de su trabajo, el Patronato había establecido un sistema de reducción de condenas y una paga económica cuyo objetivo era mostrar que era posible volver al buen camino y obtener el perdón. Sin embargo, lo cierto es que apenas se cumplieron. El sistema penitenciario de Cuervo Radigales estaba basado en la arbitrariedad y la tortura sistemática de los internos, a los que se aplicaban medidas como una política de dispersión constante que Radigales bautizó como “turismo penitenciario”. En cuanto al sueldo, se estableció un pago de 2 pesetas diarias de la que el Estado descontaba 1,5 para gastos de manutención.
La mayor fosa común de la península
Para la inauguración del Valle de los Caídos, Franco escogió otro aniversario de la victoria militar, el de 1959. Aunque en un primer momento se había decidido que solo fuesen enterrados allí los héroes del bando sublevado, en 1958 el régimen cambia de idea: una carta del ministro de Gobernación de ese año especifica que las inhumaciones se harán “sin distinción del campo en el que combatieron”. El lugar nunca dejó de ser un monumento a la victoria franquista, pero se decidió trasladar allí cadáveres procedentes de fosas comunes de prácticamente toda la península, sin tener en cuenta de dónde procedían ni avisar a sus familiares.
La enorme cantidad de traslados, que se prolongaron hasta 1983, convirtieron al Valle de los Caídos en la mayor fosa común de España, con 33.833 cuerpos. De ellos, 12.410 permanecen todavía hoy sin identificar. Aunque las fosas fueron declaradas de titularidad estatal en 2007, el acceso a ellas depende de la Iglesia gracias a los acuerdos de 1979 con el Vaticano, y esta ha utilizado esa potestad para negarse a que se efectuasen las identificaciones incluso cuando había sentencias judiciales favorables a los familiares, como sucedió en 2017 con el caso de Manuel y Ramiro Lapeña.
Estos acuerdos, que tienen el carácter de tratado internacional y por tanto están por encima de las leyes nacionales, son el principal obstáculo que afronta el gobierno para trasladar los restos de Franco. Sin embargo, el destino del monumento abre también otros interrogantes. Uno de ellos es el de su posible conversión a un memorial de las víctimas de ambos bandos, como recomendó el Comité de Expertos nombrado por Zapatero en 2011. La conversión parece complicada para un monumento que desde el principio tuvo clara su finalidad y que ha continuado siendo un lugar de homenaje el franquismo hasta ahora. Pero además, exige responder a preguntas como la financiación de su restauración, cuyo coste se estima en unos 13 millones de euros por el enorme deterioro que sufre el monumento.
En 2011, Joan Tardá propuso en el Congreso que estos costes corriesen a cargo de las empresas que se habían enriquecido con la mano de obra esclava. Para ilustrar su argumentación, utilizó una fotografía de las obras en la que se podía ver un cartel de la constructora Huarte, que después formaría la actual OHL. En el reverso de la foto, una anotación indicaba la necesidad de borrar el cartel para que no se asociase con la empresa. En realidad, la participación de Huarte en las obras se produjo de forma más tardía, en 1950, cuando según los datos de la Dirección General de Prisiones ya no había trabajo esclavo. No obstante, como señalaron los colectivos de memoria histórica de Navarra cuando le concedieron la Medalla de Oro de Navarra a Félix Huarte, la complicidad de este con la dictadura había sido enorme y se cree que utilizó trabajo esclavo en otras obras, como la construcción del aeródromo de Ablitas.
Huarte no fue la única. Las grandes fortunas del IBEX 35, construidas a base de trabajo esclavo, no querían dejar rastros de su pasado. OHL no era la única, como descubrieron las investigaciones del Financial Times en 2003 y La Marea en 2014, muchas otras grandes empresas también habían construido su fortuna gracias a los trabajos forzados, desde mineras como Norte o Duro a constructoras como Acciona y ACS o energéticas como Iberdrola o Gas Natural Fenosa.
Todas coincidieron en negarse a dar explicaciones y proporcionar información sobre ese asunto. El sistema creado por Pérez del Pulgar y Cuervo Rodigales seguía generando beneficios muchos años más tarde.
https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/los-esclavos-de-franco
