Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría.

En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.

Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente.

Desde hace mucho tiempo, Maduro afirma que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra.

“Esto caerá como una bomba” en la región, comentó Mari Carmen Aponte, quien fungió como la principal diplomática en asuntos de América Latina durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama.

Además del complot golpista, el gobierno de Maduro ya ha eludido varios ataques, entre ellos una descarga de artillería desde un helicóptero el año pasado y un dron que explotó mientras pronunciaba un discurso en agosto.

Los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero fueron rechazados, señalaron los funcionarios.

Después, en agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una afirmación que atrajo el repudio de los aliados de Estados Unidos en la región, pero que animó a los militares rebeldes venezolanos a comunicarse con Washington una vez más.

“Ahora era el presidente quien lo decía”, señaló el excomandante venezolano que se encuentra en la lista de sancionados durante una entrevista, quien habló con la condición de conservar su anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Venezuela. “No iba a dudar de la información si provenía de ese mensajero”.

Durante una serie de reuniones secretas en el extranjero —que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año— los militares le dijeron al gobierno estadounidense que representaban a varios cientos de miembros de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con Maduro. Le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifradas, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición dirigido por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones.

Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores.

El recuento de las reuniones clandestinas y los debates políticos que las precedieron se elaboró a partir de entrevistas con once funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, además del excomandante venezolano. Este dijo que por lo menos tres grupos distintos dentro de las fuerzas armadas venezolanas habían conspirado contra el gobierno de Maduro.

Uno estableció contacto con el gobierno estadounidense a través de la embajada de Estados Unidos en una capital europea. Cuando se informó a Washington sobre este acercamiento, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron intrigados pero recelosos. Les preocupaba que la solicitud de reunirse pudiera ser una trampa para grabar clandestinamente a algún agente estadounidense mientras al parecer conspiraba contra el gobierno venezolano, señalaron los funcionarios.

No obstante, el año pasado, los estadounidenses decidieron que valía la pena correr el riesgo con el fin de tener un panorama más claro de los planes y los oficiales que buscaban destituir a Maduro. “Después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”, comentó un funcionario gubernamental de alto nivel que no tiene autorización para hablar sobre las reuniones secretas.

Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera.

Le pidieron al enviado estadounidense que asistiera a las reuniones “solo para escucharlos”, y no le dieron autorización para negociar ningún asunto importante durante estos encuentros, de acuerdo con un funcionario de alto nivel del gobierno.

Después de la primera reunión, que tuvo lugar a finales de 2017, el diplomático informó que los venezolanos no parecían tener un plan detallado y se habían presentado con la esperanza de que los estadounidenses llegaran con ideas o directrices de apoyo.

El excomandante venezolano señaló que los rebeldes jamás pidieron una intervención militar por parte de Estados Unidos. “Jamás acordé ni se propuso un operativo conjunto”, precisó el excomandante.

Agregó que él y sus colegas consideraron llevar a cabo su plan el verano pasado, cuando el gobierno suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, e instaló la Asamblea Nacional Constituyente que es leal a Maduro. No obstante, dijo que abortaron el plan por temor a que sucediera una masacre.

Después planearon hacerse con el poder en marzo, relató el exmilitar, pero el plan se filtró. Finalmente, los disidentes decidieron que ejecutarían la operación durante las elecciones del 20 de mayo, fecha en que Maduro fue reelecto. Pero una vez más, se corrió el rumor de que los conspiradores se estaban preparando y tuvieron que detener sus planes, aunque no hay pruebas de que el Presidente supiera que los golpistas habían contactado a los estadounidenses.

Para que cualquiera de los complots funcionara, explicó el excomandante, él y sus colegas creían que era necesario detener a Maduro y a otros personajes principales del gobierno al mismo tiempo. Para lograrlo, los funcionarios golpistas necesitaban un medio para comunicarse en forma segura. Hicieron su petición durante la segunda reunión con el diplomático estadounidense, que sucedió el año pasado.

A su vez, el enviado comunicó la petición a Washington, donde fue rechazada por los altos funcionarios. “Quedamos frustrados”, comentó el excomandante venezolano. “No hubo seguimiento. Me dejaron esperando”.

Después el diplomático estadounidense se reunió con los conspiradores por tercera ocasión, a principios de este año, pero no lograron obtener una promesa de ayuda material ni una señal clara de que Washington apoyaba los planes de los rebeldes, según el excomandante venezolano y varios agentes estadounidenses.

Aun así, los venezolanos consideraron las reuniones como una aprobación tácita de sus planes, argumentó Peter Kornbluh, historiador del Archivo Nacional de Seguridad en la Universidad George Washington.

“Estados Unidos siempre ha mostrado interés en conocer información de inteligencia sobre posibles cambios de liderazgo en los gobiernos”, dijo Kornbluh. “Pero tan solo el hecho de que un diplomático estadounidense se presentara a una reunión como esa probablemente se percibiría como un espaldarazo”.

Agentes estadounidenses han citado abiertamente la posibilidad de que las fuerzas armadas de Venezuela puedan tomar medidas.

El 1 de febrero, Rex Tillerson, que en ese entonces era secretario de Estado, dijo que Estados Unidos no había “promovido un cambio de régimen ni la destitución del presidente Maduro”. Sin embargo, en respuesta a una pregunta, Tillerson indicó la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado militar.

“Cuando las cosas estén tan mal que el mando militar se dé cuenta de que ya no puede servir a los ciudadanos, encontrará la forma de realizar una transición pacífica”, comentó.

Días después, Marco Rubio, el senador de Florida que ha buscado influir en el enfoque del gobierno de Trump sobre Latinoamérica, publicó una serie de tuits que animaron a los disidentes de las fuerzas armadas venezolanas a derrocar a su presidente.

Durante su época como director de políticas de la Casa Blanca para América Latina, Cruz les envió un mensaje a los venezolanos durante un discurso en abril. Se refirió a Maduro como “demente”, Cruz dijo que todos los venezolanos debían “instar a las fuerzas armadas a respetar el juramento que hicieron de desempeñar sus funciones”, dijo. “Cumplan con su promesa”.
En años recientes los funcionarios estadounidenses debatieron los pros y los contras de establecer diálogos con facciones golpistas de las fuerzas armadas.

“Eran diferencias de opinión”, dijo Aponte, la exdiplomática principal en materia de Latinoamérica del gobierno de Obama. “Había gente que le tenía mucha fe a la idea de que podían aportar estabilidad, ayudar a distribuir alimentos y trabajar en cuestiones prácticas”.

No obstante, otros —entre ellos Aponte— vieron los riesgos de establecer vínculos con líderes de las fuerzas armadas que, según el análisis de Washington, se habían convertido en un pilar del tráfico de cocaína y los abusos a los derechos humanos.

Roberta Jacobson, una exembajadora en México que antecedió a Aponte en el puesto de funcionaria principal del Departamento de Estado para políticas de Latinoamérica, dijo que, aunque desde hace mucho Washington considera que las fuerzas armadas venezolanas sufren de “corrupción generalizada, están muy involucradas en el narcotráfico y son despreciables”, ella pensaba que valía la pena establecer un canal diplomático extraoficial con algunos de sus miembros”.

“Dada la descomposición extendida de las instituciones venezolanas, se tenía la idea de que, aunque no necesariamente eran la respuesta, cualquier tipo de resolución democrática habría tenido que incluir a las fuerzas armadas”, dijo Jacobson, quien renunció al Departamento de Estado a principios de este año. “La idea de escuchar a los líderes de esos lugares, sin importar qué tan indeseables resulten, es esencial para la diplomacia”.

Sostener discusiones con los golpistas podría hacer sonar alarmas en una región con una lista de intervenciones infames: la invasión fallida de la CIA en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961; el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, que llevó a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, o el apoyo encubierto del gobierno de Reagan a los rebeldes de derecha conocidos como los Contras en Nicaragua durante la década de 1980.

En Venezuela, un golpe de Estado en 2002 destituyó brevemente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. El gobierno de Bush abrió un canal de comunicación con el jefe golpista pero Chávez fue restituido como presidente.

En el complot más reciente, el año pasado había de 300 a 400 miembros de las fuerzas armadas vinculados con el plan, pero esa cantidad se redujo a casi la mitad después de las enérgicas medidas emprendidas por el gobierno de Maduro este año.

El excomandante venezolano lamentó que Estados Unidos no proveyera los radios a los rebeldes, pues cree que eso pudo haber cambiado la historia del país. “Estoy decepcionado”, dijo el exgeneral. “Pero soy el menos afectado. Yo no soy prisionero”.

(*) https://www.nytimes.com/es/2018/09/08/trump-golpe-de-estado-maduro/