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1 de marzo de 2019

Seudociencias: el oxycontin es un fármaco legal que ha causado 670.000 muertos

Las grandes multinacionales farmacéuticas ya controlaban la “investigación” médica, la universidad, los colegios profesionales, la OMS, la FDA y ahora en España han logrado el beneplácito de los ministerios para desatar una caza de brujas contra las seudoterapias que, además de no curar, e incluso matar, estafan a los enfermos.

Desde su origen, la ciencia siempre ha padecido toda suerte de persecuciones de este tipo, por lo que esta nueva oleada inquisitorial no puede extrañar. Seguimos como siempre. Hay quien se atribuye la condición de sumo pontífice de la ciencia para quemar a los herejes de la misma porque no la representan sino que son su antítesis: seudociencia.

Sin embargo, la ciencia nunca ha ganado nada en una pelea que no tenga que ver consigo misma. La ciencia es autocrítica, esto es, dialéctica y ningún científico merece tal nombre si no pone en cuestión los fundamentos de su propio conocimiento.

La medicina convencional, tal y como hoy la conocemos, es una dependencia de la farmacia y de quienes la gobiernan, que son las grandes multinacionales del ramo, cuyos intereses no son la salud de nadie sino los beneficios de sus accionistas. De aquí derivan buena parte de las tremendas lacras de los sistemas llamados “de salud” que han convertido a los médicos en los únicos que -al margen de los ejércitos- tienen licencia para matar impunemente.

Afortunadamente los monopolios no pueden tapar la boca a todos, pero sí pueden arrinconar a los herejes para que determinadas noticias que comprometen a la medicina convencional, como la siguiente, no tengan alcance: un analgésico como el oxycontin, plenamente legal, ha causado 670.000 muertos. La información hay que agradecérsela a la obstinación de un medio como Propublica pero, como todo lo que dicen los herejes, no tendrá ningún recorrido. Ya lo verán.

La empresa farmacéutica Purdue fabrica el oxycontin, un opiáceo sintético, desde hace 24 años. Es dos veces más eficaz que la morfina natural y es euforizante, tiene un efecto más fuerte y duradero que la heroína y, por lo tanto, también induce dependencia en el consumidor.

Después de ocho años de litigios judiciales, Propublica logró una copia de un largo informe de 337 páginas de la declaración de Richard Sackler, presidente de Purdue. El Estado de Kentucky le había denunciado, pero ambas partes llegaron a un acuerdo que, tratándose de Estados Unidos, no era más un pacto de silencio. El precio fue de 24 millones de dólares por la destrucción de 17 millones de páginas de documentos relacionados con el litigio.

La declaración de Sackler en 2015 fue precintada junto con otras pruebas que sobrevivieron en un almacén que el Tribunal tenía en medio del campo. En 2016 Stat News, un medio especializado en salud que había fundado el año anterior el jefe del diario Boston Globe, exigió al tribunal de Kentucky que hiciera públicos los documentos no destruidos.

Las sospechas sobre el oxycontin crecieron cuando en junio del año pasado, la fiscal general de Massachusetts, Maura Haley, se querelló contra Purdue por el “homicidio intencional” de 670 personas dependientes del analgésico que murieron de sobredosis (1). La querella se extiende contra ocho miembros de la familia Sackler por tejer una red de fraude y engaño que propagó la muerte por puro afán de lucro. Además, otros 16 directivos y sicarios de Purdue aparecen involucrados.

Lo mismo está ocurriendo en otros ocho Estados del este. Se trata de regiones rurales de bajos ingresos donde este tipo de fármacos legales son una auténtica epidemia. Veintiocho Estados del este tienen elevadas tasas de mortalidad por opiáceos que, además, se duplican cada dos años, mientras que en otros doce la tasa se duplica cada año.

Las tasas de mortalidad por sobredosis de fármacos legales (e ilegales) se correlacionan con la crisis del capitalismo, por lo que han evolucionado en sus tres fases. La primera coincide con la crisis de 2007, la segunda comienza con la política expansiva de la Reserva Federal, asociada a un aumento significativo de las muertes por sobredosis de heroína, y la tercera, que aparece entre 2015 y 2016, tiene una pendiente aún más pronunciada y se corresponde al consumo generalizado de fentanyl, otro opiáceo sintético.

La epidemia ha causado que en 2016 la esperanza de vida de los estadounidenses descienda en 0,36 años.

Nada de esto es nuevo. En 2007 Purdue ya fue condenada a pagar una multa de 600 millones de euros por inducir a la adicción de opiáceos. Además, tres diririgentes de la farmacéutica tuvieron que pagar cuantiosas multas por el etiquetado incorrecto del fármaco, al no advertir a los consumidores de los efectos secundarios del mismo.

En un gran negocio, como la farmacia convencional, las multas son un incentivo para seguir vendiendo drogas de maneras diferentes y con argumentos diferentes con una enorme agresividad comercial. La licencia para matar se extiende incluso a los niños: en agosto de 2015 el jefe del Departamento de Anestesia y Analgesia de la FDA, basándose en estudios realizados por Purdue en niños, amplió la autorización de comercialización del oxycodin a menores comprendidos entre los 11 y los 16 años (2).

Los médicos, los hospitales y las universidades no son ajenas al crimen porque forman parte de la red publicitaria de este tipo de prácticas. En 2002 Purdue donó tres millones de dólares al Massachusetts General Hospital para elaborar y distribuir “material educativo” sobre el dolor y realizar actividades de formación de posgrado (3). Han convertido el tratamiento del dolor en un negocio manejado con la apariencia de una disciplina “científica”, como si el dolor fuera una enfermedad.

En 1999 Purdue financió otro programa “de investigación” del dolor en la Universidad Tufts de Boston y en 2011 un sicario de la empresa fue nombrado como profesor de esa misma universidad.

Los recortes universitarios, los recortes en sanidad y los recortes en investigación científica no son ninguna casualidad. Están sustituyendo la financiación pública por la privada y convirtiendo a la ciencia en tributaria de los grandes monopolios. Hoy es tan complicado diferenciar a una universidad de un vendedor ambulante que a duras penas podemos reconocer a las disciplinas que se imparten en ellas, y mucho menos otorgarles la etiqueta de “ciencia”.

Cuando la Universidad Tufts nombra a un sicario de Purdue como “profesor” hacía ya cuatro años que la empresa había sido condenada por “conducta criminal”. ¿Qué opinión puede merecer una universidad como esa?

¿A qué llaman hoy día “ciencia”?, ¿con qué tipo de porquerías ensucian los “profesores” las cabezas de sus alumnos?, ¿cómo tienen la cara tan dura de hablar de “seudociencias”?

(1) https://www.wbur.org/commonhealth/2018/06/12/massachusetts-lawsuit-purdue-pharma
(2) https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-approves-oxycontin-children-young-11-n409621
(3) https://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-02/mgh-mg020702.php

1 de marzo de 2019

Sanciones económicas, embargo, bloqueo: guerra imperialista

Cuando el periodismo se llena de eufemismos es para bajar el telón, apagar las luces y que la oscuridad llene el escenario del mundo. Ahora hablan de “sanciones económicas” y antes de “embargo” para referirse a un bloqueo, es decir, a un acto de guerra, lo que antiguamente se calificaba como “asedio”.

La nueva terminología oculta que el mundo está en guerra y, a partir de ahí, oculta todos los demás elementos fundamentales de la misma. Oculta, por ejemplo, que quien impone el bloqueo es el imperialismo, las potencias que tienen la capacidad para ejecutarlo. Pero también oculta que las víctimas del bloqueo no son los soldados del enemigo sino la población civil.

El bloqueo, pues, no es en nada diferente a ninguna guerra imperialista, aunque resulta particularmente odioso. No hay más que recordar el “embargo” impuesto a Irak en la década de los noventa, que costó la vida a cientos de miles de personas inocentes, esas con las que las noticias se llenan la boca, como si su suerte les importara.

Como en la Venezuela actual, el “embargo” a Irak tuvo su contrapartida “humanitaria”, que en aquella ocasión se llamó “petróleo por alimentos”. El imperialismo te quita con una mano lo que te da con la otra para demostrar su buen corazón. La ONU lo avala con la doctrina R2P: las grandes potencias tienen el deber de “socorrer” a las pequeñas.

La “ayuda humanitaria” opera así retroactivamente como una fuente inagotable de noticias que ponen el acento en las víctimas, a quienes se presenta como “Estados fallidos”. Los papeles se intercambian y la responsabilidad del caos no es del agresor, sino todo lo contrario. Los imperialistas son benefactores de la humanidad.

Desde 1962 el bloqueo de Cuba, impuesto por Estados Unidos, le ha costado al país 134.499 millones de dólares. Desde 1992 la ONU ha aprobado 26 acuerdos para poner fin al bloqueo, pero todo ha sido inútil, salvo para que algún reportero o turista despistado se sorprenda de la carestía que padece la Isla que, naturalmente, se aliviaría levantando el bloqueo.

Repasar el listado de países bloqueados, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, resultaría ilustrativo del alcance de los tentáculos del imperialismo. Lo mismo cabe decir de quienes se convierten en bloqueadores de segunda mano para complacer a sus amos de Washington.

El bloqueo expresa el peso económico de Estados Unidos en el capitalismo actual. A diferencia de otro tipo de armas, que atemorizan sólo por el hecho de poseerlas, el bloqueo es creíble por la retorsión que supone para quien tiene la tentación de sortearlo, como se ha puesto de manifiesto en el caso de Irán. Los grandes monopolios europeos están sometidos a un chantaje ante el que la Unión Europea y cada uno de los países que la forman se han mostrado impotentes: quien negocie en Irán no negocia en Estados Unidos.

No hay nada más lejos del “neoliberalismo” que ese tipo de imposiciones, a las que hay que añadir la extraterritorialidad de las leyes y los tribunales estadounidenses, cuyas decisiones se aplican en el mundo entero.

Las instituciones que dirigen el capitalismo en el mundo son muy conocidas, y también es conocido que no tienen la condición internacional con la que se presentan porque, a su vez, están dirigidas desde Estados Unidos. No obstante, hay algunas, como la OFAC (Office of Foreign Assets Control), a las que no se les suele prestar tanta atención. La OFAC gestiona las sanciones económicas que los imperialistas mantienen contra distintos países.

Es un organismo del Departamento del Tesoro (Ministerio de Hacienda) que depende de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, una denominación que lo dice todo. Además de países, también hay empresas, organizaciones e incluso personas asimiladas al cajón de sastre del “terrorismo” y, en consecuencia, con ellas no se puede hacer el más mínimo negocio. En caso contrario lo de menos es la multa o el embargo de sus bienes porque el negociante puede acabar en la cárcel.

La OFAC lleva un control absoluto de cada una de las transacciones que se realizan en el mundo, o al menos lo intenta. Para ello mantiene un listado de SDN (Specially Designated Nationals o personas especialmente controladas) que se actualiza continuamente y que se puede consultar en internet (1).

Es una espada de Damocles impuesta al mundo entero por los mismos que alardean de ser los defensores del libre mercado. Recientemente WikiLeaks publicó el manual de operaciones de “guerra no convencional” aprobado por el Pentágono que no incurre en los eufemismos de la prensa. La terminología cambia mucho y es posible leer expresiones tales como “armas financieras”, “guerra económica” o alusiones al Banco Mundial, el FMI y la OCDE como intituciones a las que Estados Unidos puede recurrir para imponer su hegemonía en el mundo (2).

El martes el diario francés Le Figaro decía lo siguiente: “La segunda guerra de Siria ha comenzado. Una guerra que no se desarrolla en el terreno militar sino en el económico”(3). Hay países que están en guerra desde siempre, o que salen de una guerra para meterse en otra. Corea del norte está en guerra, Cuba está en guerra, Rusia está en guerra, Irán está en guerra, Venezuela está en guerra… El capitalismo actual no es más que una parte de la guerra permanente que Estados Unidos mantiene para defender su hegemonía mundial.

(1) http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
(2) https://file.wikileaks.org/file/us-fm3-05-130.pdf
(3) http://www.lefigaro.fr/international/2019/02/26/01003-20190226ARTFIG00257-l-amerique-et-l-europe-frappent-la-syrie-au-portefeuille.php

28 de febrero de 2019

4.556 violaciones de niños inmigrantes han cometido los funcionarios de Estados Unidos en la frontera

Cientos de funcionarios del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) han cometido violaciones de niños inmigrantes, según un informe del propio organismo oficial.

En total, han recibido 4.556 denuncias de violaciones de niños inmigrantes no acompañados en las instalaciones en la frontera con México entre 2014 y 2018.

“Es un entorno de agresión sexual sistémica cometida por parte de los funcionarios contra los menores no acompañados”, declaró el martes el representante demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, Ted Deutch.

La portavoz del HHS, Caitlin Oakley, aseguró que la investigación acerca de lo sucedido empezará rápidamente y prometió que se tomarán en serio las denuncias mencionadas.

Oakley señaló que se debe garantizar la seguridad de cada niño. “Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles”, añadió.

“Cuando se hacen acusaciones de violaciones abusos sexuales o negligencias, se toman en serio y ORR [Oficina de Reasentamiento de Refugiados] actúa rápidamente para investigar y responder”, subrayó Oakley.

En agosto del año pasado el diario mexicano El Universal registró 36.000 denuncias de violaciones y agresiones físicas contra inmigrantes indocumentados entre enero de 2010 y junio 2016, también basadas en datos oficiales (*).

El hostigamiento físico y sexual se realiza en los centros de internamiento instalados en la frontera estadounidense con México.

El senador estadounidense Richard Durbin pidió a la organización humanitaria Heartland Alliance de Chicago que investigue los “abusos físicos y emocionales” cometidos en algunos de los refugios destinados a niños separados de sus progenitores.

(*) http://www.eluniversal.com.mx/mundo/denuncian-en-eu-abusos-sexuales-contra-migrantes

28 de febrero de 2019

Las mujeres comunistas que llegaron de Bélgica para combatir el fascismo en España

Feigla “Vera” Luftig era mujer, judía, belga y comunista. Su marido, un brigadista internacional que murió en la batalla de Madrid. Pronto advirtió la amenaza del nazismo, sobre todo cuando comenzaron a llegar a Amberes los primeros huidos de Alemania, a quienes atendió junto a otras colegas en un local marxista donde solían reunirse. Aunque al principio había reprochado a su pareja que se alistase como voluntario para defender la Segunda República, luego tomó conciencia, se infló de valor y convenció a sus hermanas Rachel y Golda para irse a España a luchar contra el fascismo. Al poco entendió que aquella guerra fratricida era un ensayo de Hitler para foguearse ante un combate mayor que todavía se estaba gestando. Cuando pusieron rumbo a Barcelona, eran veintiuna.

“Pese a que muchas no tenían formación, se enrolaron como brigadistas y ejercieron de enfermeras. Veían España como la tierra prometida. Muchas habían salido de los países del Este por el antijudaísmo reinante. Aquí abrazaban no sólo la posibilidad de defender una joven República, sino también de poder vivir en una sociedad socialista. O sea, además de frenar el fascismo, soñaban con tener un hogar y un futuro, porque ya sabían lo que estaba sucediendo en Alemania e intuían que se avecinaba algo grave. La guerra civil española era para ellas algo mucho más que una contienda, porque suponía la oportunidad de defender Europa frente a los totalitarismos de ultraderecha”, explica Sven Tuytens, autor del libro “Las mamás belgas”, como se las conoció popularmente.

El periodista belga ya había abordado su historia en un documental homónimo, pero aquí se centra menos en el aspecto hospitalario para ahondar en las trágicas biografías de las mujeres a partir de su correspondencia y sus diarios, profundiza en su investigación y vuelve a contar con el único testimonio vivo: Rosariet, apodada cariñosamente “La Peque”, porque cuando prestaba ayuda en el Hospital Militar Republicando de Ontinyent (València) tenía sólo quince años. A sus noventa y siete, sorprende su clarividencia y el revelado mental del retrato de Vera. “Fue el primer testigo directo con quien me encontré. Algo increíble, porque no pensaba que sobreviviese nadie de la época”, recuerda el corresponsal en España de la radio televisión pública belga VRT.

“Casi centenaria, es todo un personaje. Una mujer muy fuerte, lúcida, con una memoria impresionante y un gran sentido del drama. Empezó como ayudante de enfermería cuando apenas era una adolescente, ayudando en el quirófano sin saber nada de medicina, y se jubiló como enfermera. En realidad, ninguna conocía el oficio, pues lo aprendieron trabajando, aunque luego ella se formaría en el ramo y siguió ejerciendo hasta su jubilación”, señala Tuytens, quien ha enriquecido la edición española del libro, publicado originalmente en su país, con nuevas aportaciones. Allí, la crítica lo ha calificado como “un merecido homenaje a mujeres luchadoras, que defendieron la igualdad de derechos y la justicia social en momentos en los que reivindicarlos no era tan evidente”, en palabras de Lode Vanoost, del periódico De Wereld Vandaag.

No obstante, la verdadera protagonista es Vera. Y, por extensión, sus hermanas, y sus colegas residentes en Bélgica, y las brigadistas llegadas de otras latitudes, y todas las valencianas que arrimaron el hombro. “Era el motor del grupo y, además de decidida, la que tenía más carácter. Poseía un sólido bagaje político y su pareja, Emiel Akkerman, había sido un destacado sindicalista que falleció en la guerra civil. Aunque, en realidad, seis de ellas también habían perdido a sus novios y maridos, muertos en combate tanto en la Ciudad Universitaria, como en Guadalajara o en el Jarama”.

¿Pero cómo llegó Sven Tuytens a Vera Luftig? La vida, disculpen el tópico, es una caja de sorpresas. Y, precisamente, en una de cartón yacía la fotografía de once mujeres posando el primero de mayo de 1937 en la barcelonesa plaza de Catalunya. La conservaba en su despacho el director de un archivo belga, quien había investigado sobre los brigadistas internacionales de origen judío. “Los historiadores siempre tienen cosas guardadas”, ironiza el periodista, quien se preguntó quiénes serían aquellas enfermeras que esbozaban una contenida sonrisa, desconocedoras de lo que se les venía encima. “La historia de las mujeres ha sido secundaria. Nunca se ha contado y me interesaban mucho más sus vivencias en la retaguardia que las de los hombres en el frente”.

La historia de “Las mamás belgas” no es sólo la de su paso por aquel hospital militar republicano, antaño monasterio de los franciscanos y actual colegio de la Concepción. Cuando la República cayó, se trasladaron a Argelia, desde donde viajaron a Bélgica. Allí se sumaron a la lucha armada, mientras que los brigadistas permanecían detenidos en la capital de la colonia francesa, pues eran considerados peligrosos, según Tuytens. Ese gesto machista permitió que ellas siguiesen combatiendo el nazismo desde casa. “Vera se convirtió en un personaje clave de la red de espionaje soviética Orquesta Roja durante la Segunda Guerra Mundial, aunque luego fue desarticulada por los nazis y sus miembros, torturados y asesinados. Nuestra protagonista, en cambio, logró escapar al sur de Francia y esconderse, hasta que regresó a su país al final de la Segunda Guerra Mundial”.

Peor suerte corrieron sus hermanas. Rachel fue un enlace de la resistencia hasta que la capturaron y dio con sus huesos en un campo de concentración: afortunadamente, sobrevivió. Golda tuvo un hijo a quien llamó Madrid, pero ambos terminaron recluidos en el campo de exterminio de Auschwitz, de donde nunca volverían a salir. De las veintiuna enfermeras, otras cuatro sufrieron el mismo final. “Lo tenían todo en contra: eran mujeres, judías y comunistas”, explica Tuytens, quien durante el esbozo de sus vidas y sus muertes deja entrever tres olvidos. O, si se prefiere, menosprecios, tanto en España como en Bélgica. Antes de la nada y después de todo.

No habían venido aquí sólo para combatir, desde un hospital de la retaguardia, a las tropas de Franco, sino también para alcanzar la emancipación femenina. No querían estar subordinadas a un hombre, fuese un médico o un militar, pero el aura de aquella miliciana armada que aparecía en la foto había comenzado a difuminarse. “Eran brigadistas, mas los varones que ejercían de sanitarios las veían como enfermeras”. Pese a su causa, que iba más allá de la bélica, seguía habiendo una gran diferencia de estatus, por lo que chocaron contra el machismo de los doctores.

“Eran mujeres formadas, instruidas y modernas en un entorno masculino tradicional. Quizás en Barcelona y Madrid hubiese sido diferente, si bien les tocó un pueblo de València, lógicamente más atrasado que esas grandes ciudades. Un ejemplo: las vecinas no hablaban con extranjeros. Por ello, cuando algunas empezaron a trabajar en el hospital, se les abrió la mente, porque algunas eran muy jóvenes y hasta analfabetas. De algún modo, para las autóctonas, fue una forma de conocer nuevas ideas y burlar el control social, familiar y eclesiástico”, cree el corresponsal de la radio televisión flamenca.

Sin embargo, lo más duro no fue curar las extremidades congeladas de los republicanos que regresaban del frente de Teruel, ni atender a los heridos por los bombardeos de los sparvieri de la Aviazione Legionaria sobre la estación ferroviaria de Xàtiva, una masacre que se llevó por delante a mujeres y niños que esperaban la llegada de un convoy republicano. El éxodo posterior tampoco tuvo un destino feliz, pues Hitler desencadenaba un nuevo conflicto que terminaría trayendo más muerte. Unas guerrearon y sufrieron el encierro. Otras murieron asesinadas. Todas fueron relegadas y, en el mejor de los casos, se traspapelaron en los libros de historia.

Las que permanecieron en Bélgica desconocieron la gloria, pues la historia no sólo la escriben los vencedores, sino también los perdedores que saben escribir bien. “Es llamativo que cayesen en el olvido, pese a que deberían ser consideradas unos ídolos”. ¿Qué ocurrió para que fuese así?, se pregunta años después Tuytens. “Pues lo mismo que le sucedió a los republicanos españoles que combatieron en Francia: la resistencia francesa se vendió muy bien y fueron postergados. Igualmente, en Bélgica, figuraron en un primer plano quienes habían luchado desde dentro, aunque las enfermeras también integrasen posteriormente la resistencia armada junto a los partisanos belgas”.

https://www.publico.es/politica/mujeres-brigadistas-enfermeras-guerra-civil-franquismo.html

28 de febrero de 2019

Bolsonaro sí cumple sus promesas electorales: la policía de Río de Janeiro duplica el número de asesinatos

Los asesinatos cometidos por la policía de Río de Janeiro casi se duplicaron en enero de este año en comparación con el mes anterior, lo que sugiere que las promesas de “acciones letales” de Bolsonaro y el gobernador Wilson Witzel, antiguo infante de marina, se mantienen.

El 22 de febrero el Instituto de Seguridad Pública de Brasil dijo que la policía asesinó a 160 personas en enero, un aumento del 82 por ciento con respecto a diciembre. El alarmante número de víctimas de la policía coincide con el primer mes de los mandatos de Bolsonaro y Witzel. Ambos asumieron el cargo el 1 de enero y prometieron implementar tácticas policiales de tirar a matar.

Fue el segundo mayor número de asesinatos en el mes de enero desde 1998.

A pesar del fuerte aumento en el número de asesinatos policiales, el crimen callejero, como los atracos y los robos en el transporte público, han alcanzado su nivel más alto desde 1991, con 11.230 casos registrados.

Esta violencia ha continuado hasta febrero. En una operación realizada por la policía militar en las comunidades de Morro do Fallet y Fogueteiro el 8 de febrero, 15 personas murieron en
circunstancias sospechosas.

Los familiares de las víctimas alegan que varios de los jóvenes fueron detenidos dentro de una casa y ejecutados inmediatamente.

Otros han presentado quejas ante organismos públicos diciendo que algunas de las víctimas recibieron disparos en las piernas para evitar que se escaparan y luego las apuñalaron hasta la
muerte.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la operación en Morro do Fallet, Witzel desestimó la controversia y elogió las acciones de la policía militar.

La Oficina del Fiscal General de Brasil abrió una investigación sobre el caso.

La represión no se dirige contra el crimen sino que va acompañada de ataques a políticos que se oponen a las tácticas de “carta blanca”. El asesinato de la militante Marielle Franco sigue sin resolverse, pero su asesinato se ha relacionado con sus críticas abiertas a la policía de Río de Janeiro.

El mentor político de Franco y un congresista de Río, Jean Wyllys, huyeron de Brasil a fines de enero tras recibir amenazas de muerte.

Dada la victoria de Witzel en las elecciones del año pasado y la alineación entre las políticas represivas estatales y federales, los crímenes de la policía continuarán.

https://www.insightcrime.org/news/brief/brazil-police-license-to-kill-rio/

28 de febrero de 2019

El gobierno de Colombia promociona a oficiales del ejército involucrados en masacres de civiles

El gobierno de Colombia ha nombrado a nueve oficiales al menos del ejército para cargos de responsabilidad, a pesar de estar involucrados en asesinatos masivos de guerrilleros y civiles, según un informe de Human Rights Watch.

El informe alude a la promoción del general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como jefe del ejército y otros ocho oficiales vinculados a graves crímenes. Están implicados en lo que se conoce como el escándalo “falso positivo”, en el que las tropas mataron a varios miles de civiles durante la ofensiva militar contra la guerrilla y los contaron como rebeldes para inflar las muertes en combate y obtener recompensas.

No es la primera vez que el gobierno de Colombia hace la vista gorda ante los crímenes y la represión al promover a los oficiales del ejército. En 2017 la ONG dijo que cuatro coroneles y un general vinculados a los asesinatos extrajudiciales se encontraban en una lista de candidatos para promociones.

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados, en su mayoría de baja graduación, por su papel en los asesinatos “falsos positivos”, pero la mayoría de los oficiales superiores del ejército han escapado impunes.

El tribunal especial “de paz” del país también está revisando los casos. Se estableció tras la firma del “acuerdo de paz” de 2016 con las FARC para poner fin a la guerrilla de más larga duración en América Latina.

Martínez Espinel fue el segundo al mando de la Décima Brigada durante los años en que los fiscales iniciaron las investigaciones de 23 asesinatos.

Martínez Espinel certificó el pago de alrededor de 400 dólares a un confidente que proporcionó información que condujo a “excelentes resultados” en los que dos supuestos guerrilleros fueron asesinados.

Los tribunales concluyeron que los dos muertos eran Hermes Carillo, un civil indígena y Nohemi Pacheco, un adolescente de 13 años. Dos soldados y un ex paramilitar fueron condenados en 2011 por secuestrarlos en su casa, asesinarlos y poner armas en sus cuerpos para que parecieran guerrilleros muertos en combate.

https://www.foxnews.com/world/report-slams-colombia-for-promoting-officer-tied-to-slayings

27 de febrero de 2019

La represión política en China según el informe de Amnistía Internacional

Bruno Guigue

Tan pronto como queremos abordar la cuestión de los derechos humanos en China, el problema inmediato es el de las fuentes de información. Si son del gobierno, los críticos habituales de la China comunista señalan inmediatamente su parcialidad. Si están vinculados a los círculos de la oposición, serán criticados de la misma manera. Para evitar estos inconvenientes, se adoptará el método de leer el último informe de Amnistía Internacional sobre China (2017-2018) y actuar como si la información fáctica que contiene fuera exacta.

Como esta ONG estadounidense no parece ser una ferviente propagandista del gobierno chino, será difícil ser acusada de ser complaciente con Pekín. Pero, ¿qué hay en este informe? En primer lugar, dedica una larga explicación a Liu Xiaobo, cuyo drama personal ha proporcionado a Occidente un fuerte de argumentos contra el gobierno chino durante una década. “El ganador del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia de cáncer de hígado el 13 de julio. Liu Xiaobo y su familia habían pedido a las autoridades que le permitieran viajar al extranjero para recibir tratamiento médico, pero se negaron a acceder a esta petición. A finales de año, su esposa, Liu Xia, aún estaba bajo vigilancia y bajo arresto domiciliario ilegal. Ella había estado sujeta a estas medidas desde que su marido recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010. Al menos 10 activistas fueron detenidos por organizar ceremonias en memoria de Liu Xiaobo”.

Este disidente fue detenido y condenado a nueve años de prisión por “subversión” en 2009. Murió de cáncer en julio de 2017, poco después de su liberación -no detenido- y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010 con el apoyo entusiasta de los países occidentales. Filósofo iconoclasta, resumió su pensamiento en una entrevista de prensa en 1988: “Elegir vivir significa elegir el estilo de vida occidental. La diferencia entre los modos de gobierno occidental y chino es la misma que entre humano y no humano, no hay compromiso. La occidentalización no es una opción para la nación, sino para la raza humana”.

Para comprender -sin justificarlo- la reacción de las autoridades chinas, es necesario llevar a cabo un ejercicio de transposición. Sustituyamos las palabras “occidental” por “ario” y “chino” por “judío»: es evidente que este tipo de declaraciones, en Francia, darían lugar a procesos judiciales contra su autor.

Pero no fue la única osadía de Liu Xiaobo. Admirador de la política exterior de Estados Unidos, nunca perdió la oportunidad de felicitar retrospectivamente al país por la Guerra de Corea -que se cobró 600.000 vidas chinas-, la Guerra de Vietnam y la invasión de Irak. Finalmente, afirmó que para experimentar los beneficios de la civilización occidental, “China debería volver a ser una colonia durante 300 años y dividirse en 18 estados”.

Podemos estar indignados por el trato de un intelectual que dice lo que piensa. Pero cuando exige la colonización de su país por potencias extranjeras, debe esperar problemas. La detención de Liu Xiaobo demuestra que las autoridades chinas no juegan con el patriotismo y que existen límites a la libertad de expresión tan pronto como está en juego el interés nacional. ¿Pero es diferente en otros lugares? ¿Qué le pasaría a un ciudadano francés que declara que los franceses no son seres humanos y exige abiertamente la invasión de Francia por parte de Rusia?

Represión política

Después de esta esperada oda a Liu Xiaobo, el informe de la ONG estadounidense hace referencia a los avances legislativos considerados perjudiciales para los derechos humanos. “Este año, una vez más, se redactaron y aprobaron leyes y reglamentos represivos de seguridad nacional, lo que otorgó a las autoridades más poder para silenciar a la oposición, censurar la información y acosar y enjuiciar a los defensores de los derechos humanos”. A modo de ejemplo, el informe es una narración que tiene el mérito de referirse a acontecimientos específicos. El acontecimiento más importante -el único que ha sido objeto de un relato detallado en el informe- tuvo lugar en julio de 2015.

“De las casi 250 personas que fueron interrogadas o detenidas por agentes de la seguridad del Estado tras la ola de represión sin precedentes lanzada por el gobierno contra abogados y activistas de derechos humanos en julio de 2015, nueve fueron declaradas culpables de subvertir el poder del Estado, incitar a la subversión del poder del Estado o intentar provocar conflictos y perturbar el orden público”.

El informe continúa diciendo que de estas nueve personas, cinco siguen en prisión, tres han sido condenadas a penas suspendidas y la última ha sido eximida de una condena penal. A estos nueve casos, el informe añade otros cuatro casos de detenciones que resultaron en tres sentencias de prisión y una fianza.

Los otros acontecimientos similares mencionados en el informe de la ONG se refieren a “once activistas detenidos por conmemorar la represión de Tiananmen de 1989, por provocar conflictos y perturbar el orden público”. Dos de ellos fueron detenidos y uno fue condenado a tres años de prisión. El informe añade tres detenciones de “activistas sindicales” que han dado lugar a fianzas y condenas penales. En cuanto a la “represión de las actividades de internet”, se dice que 12 personas siguen en prisión, la mayoría de ellas en espera de juicio.

Esta parte del informe de Amnistía Internacional tiene la ventaja de ser relativamente precisa: proporciona cifras, menciona los nombres de las personas afectadas e indica el trato que han recibido. Si resumimos todos estos datos, obtenemos un total de 280 detenciones, 22 encarcelamientos y 10 condenas penales, con penas de prisión que van de uno a ocho años. También se dice que hay algunos casos de arresto domiciliario y un enigmático caso de “desaparición” sin resolver, sobre los que la ONG es cautelosa.

Discriminación de las minorías

La segunda parte del informe trata de las religiones y las minorías que, al parecer, son objeto de graves discriminaciones por parte de las autoridades chinas. “Este año, una vez más, los practicantes de Falun Gong han sido objeto de persecución, detención arbitraria, juicios injustos, tortura y otros malos tratos. Pero para ilustrar esta represión generalizada de las actividades religiosas, Amnistía Internacional cita sólo un caso: “Acusado de utilizar el culto perjudicial para socavar la aplicación de la ley, Chen Huixia ha estado detenido desde 2016. En mayo, su juicio se pospuso después de que su abogado pidiera al tribunal que no utilizara como prueba las pruebas obtenidas bajo tortura.

Pero, como podemos imaginar, lo que preocupa a la ONG occidental es sobre todo la situación de los uigures y tibetanos. “En el informe sobre su misión a China en 2016, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema afirmó que, si bien los progresos en la lucha contra la pobreza eran en general impresionantes, la situación de los tibetanos y uigures seguía siendo muy problemática, y que la mayoría de las minorías étnicas en China estaban expuestas a graves violaciones de los derechos humanos, incluidas tasas de pobreza particularmente elevadas, discriminación étnica y desplazamiento forzado.

En apoyo de una imagen tan alarmante, nos habría gustado conocer hechos concretos. A modo de ejemplo, la ONG menciona dos detenciones y seis muertes relacionadas con incendios en el Tíbet. Las circunstancias de estos suicidios apenas se aclaran en el informe, a diferencia de las dos detenciones mencionadas. En total, la desproporción entre los hechos reportados y la descripción apocalíptica que forma el telón de fondo es obvia. Cabe señalar que el informe no abarca gran parte de la situación en el Tíbet. El Dalai Lama hace tiempo que dejó de exigir la independencia de su provincia natal, pasando gradualmente bajo las pantallas de radar de la compasión occidental.

En el mismo sentido, la afirmación de los autores del informe de que “la mayoría de las minorías étnicas en China estuvieron expuestas a graves violaciones de los derechos humanos” es completamente surrealista. China reconoce oficialmente 54 nacionalidades minoritarias. Los únicos que históricamente han encontrado dificultades con el poder son los tibetanos y los uigures. La minoría más grande (18 millones de personas), los Zhuang, están perfectamente integrados, al igual que los musulmanes Hui. Exentos de la política de un solo hijo -ha sido un enorme privilegio- se han beneficiado de medidas para promover su cultura y de inversiones en las regiones (a menudo desfavorecidas) en las que han vivido durante siglos. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos siempre puede ser polémico, no hay nada concreto que apoye sus afirmaciones.

Dado que la causa uigur ha sustituido a la causa tibetana en los corazones de los occidentales, la parte del informe dedicada a esta cuestión es obviamente mucho más larga. Insiste con razón en la represión despiadada de las “actividades extremistas” por parte de las autoridades chinas. Sin embargo, el informe no da ninguna fuente precisa ni cifras. Incluso leemos este tipo de cosas, que atestiguan la seriedad de los redactores cuando abandonan el campo de la relación de hecho por el de la afabulación de rumores:

“Según los informes de los medios de comunicación, se ha ordenado a las familias de toda la región que entreguen a las autoridades sus copias del Corán y cualquier otro objeto religioso que posean, bajo pena de sanciones”.

De hecho, el gobierno chino ha retirado de la circulación libros de literatura religiosa extremista. ¿Debemos culparlo por esto, en un país donde los ataques yihadistas han matado a cientos de personas desde 2009? Finalmente, esperábamos encontrar un desarrollo consistente en la abominable represión de los uigures. El informe menciona los “centros de rehabilitación” creados por el gobierno, pero no hay una línea sobre los “campos de concentración” en los que, según la prensa occidental unánime, están hacinados “un millón de uigures”.

Probablemente temerosa del ridículo, Amnistía Internacional ha observado una saludable cautela sobre el tema. Es cierto que para encarcelar a un millón de uigures habría que capturar a la mitad de la población masculina adulta de una minoría de diez millones de personas. Ninguna fuente seria ha fundamentado nunca estas acusaciones grotescas, y la enormidad de la mentira probablemente terminará matando a la mentira.

La represión en China y en Francia

Al añadir los datos proporcionados por el informe de Amnistía Internacional, se puede concluir que el gobierno chino violó los derechos humanos en 2017 al realizar un número desconocido de detenciones y arrestos, de los cuales varios cientos están identificados y documentados. En total, Amnistía Internacional también informa de unos 30 encarcelamientos y 20 condenas penales -con penas de prisión que van de uno a ocho años- impuestas a personas acusadas (con razón o sin ella) de perturbar el orden público o realizar actividades subversivas. Si son exactos, estos elementos deben ser tomados en consideración.

Está claro que el gobierno chino está ejerciendo una vigilancia generalizada, rastreando las actividades subversivas y no escatimando en los medios para ponerles fin. Siempre se puede, sobre todo a distancia, juzgar esta política dictatorial y condenar un régimen que sus detractores califican de “totalitario”. Pero no es seguro que los chinos vean las cosas de la misma manera. Si bien desean que se suavice con el tiempo, consideran que esta severidad es esencial para la estabilidad del país y la lucha contra la interferencia extranjera. La represión de las organizaciones extremistas en Xinjiang, por ejemplo, es ampliamente aceptada, y los acontecimientos en Siria -o Libia- han reforzado la aversión china a esta ideología mortal y han suscitado preocupación entre las autoridades por esta amenaza estratégica.

Si acreditamos la relación de los hechos por parte de la ONG estadounidense -esta es mi premisa inicial-, es igualmente evidente que la represión en la República Popular China afecta a un número extremadamente limitado de personas. Los treinta encarcelamientos y veinte condenas en China en 2017 se pueden comparar, por ejemplo, con la represión que ha golpeado a los “chalecos amarillos” desde noviembre de 2018. Con 8.500 detenciones, 1.800 condenas penales, 200 encarcelamientos y 110 heridos graves, entre ellos 19 mutilados, los resultados de la represión policial y judicial que ha afectado a este movimiento popular son impresionantes.

Con una población china veinte veces mayor que la de Francia, basta con aplicar esta proporción para hacerse una idea de cómo sería si se reprimiera un movimiento similar en China: decenas de miles de detenciones, 36.000 condenas penales y 2.000 heridos graves. Con las cifras proporcionadas por Amnistía Internacional, estamos muy lejos de ello. Francia se jacta de ser una “democracia” y da una lección a los chinos, pero miles de manifestantes son detenidos, decenas de mutilados y cientos enviados a prisión por los tribunales.

Veinte condenas transforman un país de 1.410 millones de habitantes en una dictadura totalitaria, 1.800 condenas en un país de 67 millones de habitantes le valen el título de democracia ejemplar. ¡Que lo entienda quien pueda!

https://www.facebook.com/notes/bruno-guigue/la-chine-amnesty-et-les-gilets-jaunes/1635604703251645/

27 de febrero de 2019

40 años de revolución en Irán: el papel del imperialismo británico

Mark Curtis

Hace cuarenta años, la revolución iraní envió una onda expansiva por todo Oriente Medio, derrocando al títere instalado por Occidente, el shah Mohammad Reza Pahlavi, y llevando al poder al régimen islámico del ayatolah Jomeini.

Mientras que Irán representa ahora el mayor desafío para el poder occidental en Oriente Medio, las relaciones británicas con el Irán islámico no siempre han sido tan antagónicas. Gran Bretaña abandonó su apoyo al sha antes de la revolución de 1979, tratando de establecer buenas relaciones con las fuerzas de oposición iraníes dirigidas por Jomeini. Una vez que su régimen estuvo en el poder, Whitehall llegó a armarlo, considerándolo como un contrapeso a la Unión Soviética.

El sha fue puesto en el poder en 1953, durante una operación secreta angloamericana -conocida como “Boot”- lanzada por Londres, después de derrocar al dirigente iraní Mohammad Mosaddegh, que había nacionalizado las empresas petroleras británicas. “Nuestra política”, recordó más tarde un funcionario británico, “era deshacernos de Mosaddegh lo antes posible”. De hecho, los archivos desclasificados muestran que el embajador británico en Teherán prefería un “dictador” que “resolviera la cuestión petrolera en términos razonables”.

Un aspecto poco conocido del golpe de Estado de 1953 es el complot entre Gran Bretaña y el ayatolah Sayyed Kashani, el predecesor de Jomeini. Kashani había ayudado a financiar disturbios contra Mosaddegh, en colaboración con el MI6, y sobornado al ejército, la policía, los políticos y los medios de comunicación. “Estas fuerzas”, explicó Christopher Woodhouse, un oficial del MI6 que dirigía la parte británica de la operación, “debían tomar el control de Teherán, preferiblemente con el apoyo del sha, pero si fuera necesario sin él, y detener a [Mosaddegh] y a sus ministros”.

El sha gobernó durante otro cuarto de siglo, reprimiendo brutalmente a la oposición a través de su famoso servicio de seguridad interna, SAVAK, que el Reino Unido ayudó a formar. Un año antes de la revolución, en abril de 1978, Margaret Thatcher, entonces dirigente de la oposición conservadora, fue a Teherán y describió al sha como “uno de los estadistas más visionarios del mundo”, que había dado a Irán una “dirección dinámica” y “dirigido a Irán en su renacimiento durante el siglo XX”.

Unos meses más tarde, el gobierno laborista de James Callaghan aceptó secretamente la petición del sha de proporcionar a Irán 175.000 latas de gas CS y 360 vehículos blindados de transporte de tropas para ayudarlo a reprimir las crecientes manifestaciones contra él.

En octubre de 1978, cuando los disturbios amenazaron al régimen de Teherán, Callaghan escribió: “Creo que las posibilidades del sha son escasas” y recomendó que su Ministro de Asuntos Exteriores, David Owen, “empezara a pensar en otras formas”, es decir, a desarrollar contactos con figuras de la oposición.

En diciembre los funcionarios concluyeron que la supervivencia del sha era improbable y que Irán parecía estar al borde de la revolución. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores consideraron entonces apoyar a la oposición iraní, aunque los expedientes desclasificados no especifican a quién.

El sha huyó de Teherán el 16 de enero de 1979 y el 1 de febrero Jomeini regresó del exilio. Gran Bretaña intentó llevarse bien con el nuevo régimen islámico evitando cualquier asociación con el shah. Londres y Washington se negaron a conceder asilo político a sus antiguos títeres. “No hubo honor en mi decisión”, escribió Owen más tarde, “sólo el frío cálculo del interés nacional”. Añadió que consideraba que se trataba de un “acto despreciable”.

En febrero, con el poder real concentrado en manos del Consejo Revolucionario Islámico, dominado por fundamentalistas leales a Jomeini, Callaghan reconoció al nuevo gobierno de Mehdi Bazargan, un erudito encarcelado por el shah. El Secretario del Gabinete, Sir John Hunt, escribió a Callaghan y le dijo que “no debemos perder ninguna oportunidad de tener una buena relación con el nuevo gobierno”.

Margaret Thatcher también aseguró al nuevo gobierno que las armas ordenadas por el shah, incluyendo una compra masiva de tanques, seguirían siendo suministradas, así como “petróleo, comercio y otros intereses”. Unas semanas más tarde, se proclamó la República Islámica, con una nueva constitución para esta teocracia.

Con el nuevo gobierno de Thatcher, Gran Bretaña continuó armando y formando el nuevo régimen iraní. En abril de 1980, varios meses después del inicio de la crisis de los rehenes estadounidenses, Gran Bretaña seguía entrenando a unos 30 oficiales militares iraníes en Gran Bretaña. Con las fuerzas invasoras soviéticas en Afganistán, Thatcher vio la teocracia iraní como un contrapeso a la URSS.

Esta situación alcanzó proporciones brutales en 1982, cuando Gran Bretaña ayudó en secreto al régimen iraní a destruir casi por completo al Partido Comunista Tudeh, la principal organización de izquierda de Irán. El MI6, en colaboración con la CIA, proporcionó a los iraníes una lista de presuntos agentes de Tudeh obtenida de un desertor soviético, con el fin de ser percibidos positivamente por el régimen y reducir la influencia soviética. Docenas de agentes de Tudeh fueron ejecutados, más de 1.000 miembros fueron detenidos y el Partido fue prohibido.

Pero Gran Bretaña fue aún más lejos, aunque ahora consideraba al régimen revolucionario iraní como una amenaza estratégica para Occidente. Mientras Irán luchaba contra Irak en la brutal guerra del Golfo en la década de 1980, el gobierno de Thatcher armó a ambos bandos. Desde el primer día de la guerra, Gran Bretaña envió millones de libras de municiones y motores de tanques a Irán, ayudando a mantener en buenas condiciones los tanques entregados por Gran Bretaña al sha en la década de 1970.

Whitehall también utilizó una empresa llamada Allivane International para enviar armas en secreto a Irán a mediados y finales de la década de 1980, mientras que otro proyecto permitió a la empresa británica BMARC exportar armas navales, piezas de repuesto y municiones a Irán a través de Singapur en 1986. Más o menos al mismo tiempo, una empresa gubernamental exportó cinco cargamentos de tetril, un compuesto utilizado en la fabricación de explosivos, en violación del embargo de la ONU y de las propias directrices de exportación del Reino Unido.

Las exportaciones británicas de tanques acordadas con el sha continúan dañando las relaciones entre los dos países. Los registros desclasificados muestran que el nuevo régimen escribió a Gran Bretaña en febrero de 1979 para cancelar seis contratos militares firmados por el shah por más de 1.500 tanques británicos por un valor de 1.250 millones de libras esterlinas. Los dos países aún están negociando la tasa de interés que debe pagar Gran Bretaña para saldar la deuda de los tanques que fueron comprados por Irán pero que nunca fueron entregados. Irán ha estado tratando de recuperar su dinero desde 1979.

A los británicos les gustaría destruir el régimen iraní, y los extremistas de Estados Unidos e Israel están presionando para que haya guerra. Pero ya no es 1953, y Whitehall ciertamente se da cuenta de que Irán es mucho más fuerte que el Irak de Saddam Hussein o la Libia de Muammar Gaddafi.

Por el momento, Londres sigue promoviendo sus intereses comerciales con Irán, mientras que a veces hace el juego a Estados Unidos para enfrentarlo. La política británica hacia Irán se ha basado a menudo en el puro oportunismo. Todavía habrá que esperar a ver si el Reino Unido acabará desempeñando o no un papel de apoyo al cambio de régimen en Irán.

https://consortiumnews.com/2019/02/08/britain-and-the-iranian-revolution-arms-secret-deals/

27 de febrero de 2019

‘Chalecos amarillos’: cambia el discurso de la represión

Zineb Zerari

Hasta ayer en Francia los medios de intoxicación eran unánimes al separar las manifestaciones y exigencias legítimas de los “chalecos amarillos” frente a algo completamente distinto, como los incendios, las barricadas y los enfrentamientos con la policía.

A diferencia de los “chalecos amarillos”, la prensa presentaba a “los violentos” con una serie de características que los diferenciaba netamente de los anteriores: eran una minoría y no representaban al resto.

Son una serie de frases tan sencillas que no requieren demostración ni argumentación, por más que los “chalecos amarillos” dijeran lo contrario y culparan a la policía del vandalismo.

Ayer Macron dijo algo distinto que es como el “todo es ETA” de por aquí: los que acuden a las manifestaciones de los “chalecos amarillos” son cómplices de “lo peor”. Ya no hay diferencia entre unos y otros.

Naturalmente un cómplice es un término criminal que se utiliza contra alguien que participa en un delito. Por lo tanto, los “chalecos amarillos” son responsables de los incendios, los cortes de carretera y daños que se produzcan, de donde se deduce que todos ellos deben ser llevados a juicio como delincuentes.

En una manifestación “lo peor”, según Macron, no es la protesta, ni su carácter masivo o prolongado en el tiempo, ni tampoco la reivindicación, sino los actos de vandalismo. Un Estado como el francés tiene asimilado lo primero, pero no lo segundo.

No contento con su incriminación, el Presidente francés fue aún más allá al asegurar que es un “milagro” que los disturbios no hayan causado muertes, otra de las falsedades típicas porque se han producido varias muertes y los responsables de las mismas han sido los policías.

Las muertes no han tenido necesariamente relación con los disturbios. Por ejemplo, el sábado 1 de diciembre murió Zineb Zerari, una anciana de 80 años que en Marsella se asomó a la ventana del cuarto piso cuando un policía le lanzó una granada de gases lacrimógenos que le golpeó en la cara (1).

La policía no lanzó la granada para disolver ninguna manifestación, ni mucho menos un altercado, porque su único objetivo es sembrar el terror entre la población. Los que participaron en aquella movilización aseguran que la policía disparaba “en todas las direcciones”(2).

Es la actitud típica de un Estado criminal.

(1) https://www.maghrebemergent.info/gilets-jaunes-algerienne-tuee-marseille-directement-visee-policiers/
(2) https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5271602/marseille-deces-dune-femme-blessee-par-un-tir-de-lacrymogene.html

26 de febrero de 2019

Los obreros del metal se unen a la ola de huelgas que sacude al norte de México

Alrededor de 400 trabajadores de Siderúrgica del Golfo (Sigosa) y Sistemas Estructurales en Matamoros iniciaron el lunes paro de labores para exigir que les otorguen un incremento del 20 por ciento en su salario y el bono de 32.000 pesos.

El Secretario general del Sindicato de Mineros en Tamaulipas, Javier Zúñiga García, dijo que el trabajo que llevan a cabo los obreros es de alto riesgo, además que el desgaste físico es mayor.

De acuerdo con el dirigente sindical, el sueldo que reciben es mayor que el de otras empresas en esta ciudad, pero tras las huelgas en las maquiladoras los sueldos están casi en los mismos niveles.

Los trabajadores del ramo minero ya perciben un bono de 16.000 pesos por lo que al sumarse uno de 32.000 pesos estarían recibiendo 48.000 pesos, además de un aumento del 20 por ciento a los tabuladores de los trabajadores.

“Las pláticas con la empresa no serán rápidas, hemos hecho movimientos de este tipo desde el 2004, así que vamos a esperar, la gente está consciente que no va a ser fácil pero con la voluntad y resistencia de ellos, lo vamos a lograr”, dijo Zúñiga García.

El 12 de enero en esta ciudad, 48 maquiladoras iniciaron un paro de labores y el 25 de ese mismo mes, se declararon en huelga para solicitar el aumento al salario y un bono único, que fue otorgado en su totalidad por las empresas.

A partir del 5 de febrero, trabajadores de más empresas iniciaron paros parciales y totales en lo que llamaron “Movimiento 20/32”, para que también se les otorguen esos beneficios.

Los conflictos laborales siguen en Mecalux, Cast Light, AMPAD, TPI, Avances Científicos, Cardinal Brands y Arca Continental, distribuidora de Coca Cola, donde se declaró la huelga por parte de los trabajadores, luego que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para resolver.

Este domingo en la plaza principal de Matamoros, la abogada Susana Prieto Terrazas convocó a miles de trabajadores para conformar un sindicato independiente, que dejaría fuera a los sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Matamoros.

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mineras-en-matamoros-se-van-a-huelga-piden-incremento-salarial

mpr21

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