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La decisión del Tribunal Supremo de considerar las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), como «no abusivas» supone un reingreso a sus arcas de 33.000 millones de euros que tenían reservados ante el riesgo de que el Supremo aplicara el criterio del Tribunal de Justicia Europeo, cerrando así la puerta a demandas de miles de consumidores. Leer más
Estados Unidos y Polonia han cerrado un acuerdo de energía nuclear por valor de 18.000 millones de dólares, con el pretexto polaco de reducir la dependencia del carbón y el gas natural ruso. Leer más
Desde el inicio de la pandemia, la izquierdita raquítica ha agotado su repertorio argumental con el dogma de que “la salud está antes que la economía”, por lo cual ambos extremos de la ecuación se separan fraudulentamente.
No hace falta ser una marxista muy leído para comprender que no hay mayor condicionante de la salud que “la economía”, o sea, el capitalismo y las condiciones de vida y trabajo que impone a millones de personas.
Después de siete meses de pandemia tuvo que llegar una revista especializada como The Lancet para recordarnos que esa dicotomía no existe. En particular, las pandemias tienen su raíz en el capitalismo, la explotación, el hambre, la guerra y lacras parecidas, de cuyo origen no caben dudas.
Como es obvio, dichas lacras no se solventan con antivirales, ni con vacunas, ni con confinamientos, ni con hidrogel, ni con toques de queda, ni con estados de alarma, ni con… nada de eso. Prueba de ello es que todas y cada un de las medidas políticas impuestas para “aplanar la curva” han fracasado. “La escalada en el número de contagios por coronavirus registrada en los últimos días indica que las medidas adoptadas hasta ahora para el control de la pandemia no están surtiendo el efecto deseado”, lamentaba ayer El País (1). Sólo los “expertos” que se creen sus propias mentiras podían imaginar otra cosa.
En cualquier especialidad los fracasos se ocultan con un cambio de vocabulario, como el de “pandemia” por “sindemia”. Es el abracadabra que los “expertos” vienen pronunciando desde hace meses y que necesita renovarse periódicamente para estirar la ficción.
Felicia Marie Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, ha presentado una ponencia en el Roche Press Day (2), o sea, en un acto seudomédico organizado por una multinacional farmacéutica cuyo tema estrella ha sido ese: no padecemos una pandemia sino una sindemia.
“No se trata solo de cambiar la terminología”, dijo Knaul. Se trata de poner en el primer plano ciertas “complejidades socioeconómicas”, como la pobreza, el hambre, la inequidad, la discriminación… “Llevamos décadas acumulando este riesgo”, dijo Knaul.
Sin embargo, en España los intoxicadores dicen todo lo contrario: que el colapso hospitalario es consecuencia de la pandemia. Basta leer la prensa de comienzos de este año para enterarse de que en enero los hospitales ya estaban saturados como consecuencia de la gripe estacional, con fotografías elecuentes de los enfermos tirados por los pasillos. Los hospitales españoles se colapsan “una vez tras otra, un año sí y otro también”, decían los medios hace sólo diez meses (3), antes de la ola de histerismo.
La sindemia destaca la política económica, o sea, los recortes presupuestarios, las privatizaciones y el desmantelamiento de la atención primaria. La respuesta política a la pandemia no sólo no ha paliado ese déficit sino que lo ha acrecentado, por la atención exclusiva a una única enfermedad, con descuido de todas las demás. “Hay un exceso de muertes por la interrupción de los tratamientos médicos”, admitió Knaul.
En un sistema de salud pública, la sanidad es consecuencia de la política sanitaria que, a su vez, forma parte de la política económica. Lo que ha creado y sigue creando un problema de salud pública son medidas políticas como el confinamiento, como reconoce Knaul, porque la falta de ejercicio físico, por ejemplo, causa enfermedades crónicas, como las cardiovasculares.
Tanto The Lancet como Knaul dan un paso atrás muy significativo. Empiezan a admitir dos errores típicos en las pandemias. El primero es que se trata de una enfermedad uniforme, igual en todo el mundo. El segundo es que esa enfermedad circula sucesivamente de una persona a otra porque, en definitiva, las personas son clones unas de otras, independientemente de las circunstancias subjetivas y, por supuesto, de los factores ambientales, locales, sociales y políticos de cada país.
En esta pandemia, como en otras, no todos han muerto por los mismos motivos en todo el mundo. Muchos han muerto, precisamente, por la política sanitaria implementada para subsanarla, una situación que se reproducirá en el futuro por algo que en su ponencia Knaul preconiza como remedio: la “telemedicina”. Un sanitario que recurre al teléfono o la videconferencia para atender a un enfermo sólo merece el calificativo de matasanos.
La medicina es presencial. Por eso se inventaron las ambulancias.
El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas críticas sobre la información existente respecto a la pandemia y la aceptación del relato oficial tiene escasos precedentes en la izquierda española. Leer más
Los oprimidos no miran desde el mismo ángulo que sus opresores. Los argelinos equiparan el toque de queda impuesto el sábado por Macron con otro toque de queda, el del 5 de octubre de 1961, en medio de la Guerra de Argelia.
El primero se impuso por motivos sanitarios y el otro por motivos militares. Pero no hay más diferencias y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando uno y otro porque, además, se cumple un aniversario.
Hasta las fechas coinciden: el 17 de octubre de 1961 los argelinos convocaron una manifestación contra el toque de queda que provocó una terrible masacre en el corazón de la capital francesa.
En aquellos tiempos el prefecto de policía de París era un nazi, Maurice Papon, o como dicen en Francia, un “colaboracionista” que ya participó como jefe de policía bajo el régimen de Vichy.
No son coincidencias. En la historia las cosas no suceden por casualidad. “Se aconseja urgentemente a los trabajadores argelinos musulmanes que se abstengan de circular de noche por las calles de París y los suburbios parisinos, especialmente de las 20.30 a las 5.30 horas”, ordenó Papon y algo parecido ha ordenado ahora Macron.
¿Por qué por la noche? Porque los argelinos eran trabajadores y las reuniones políticas se hacían “después de cenar”, como explicaba recientemente un viejo dirigente del FLN argelino.
La diferencia es que antes había personas conscientes que protestaban, a diferencia de ahora, donde el toque de queda les parece poco y piden a gritos que lleguen los campos de concentración.
En 1961 los antifascistas, los antimperialistas, los revolucionarios y, naturalmente, los argelinos salieron a la calle para protestar contra el toque de queda impuesto durante doce días, primero a los trabajadores argelinos y luego a todos los magrebíes.
Hoy los más sumisos convocan procesiones con bozal, a diferencia de entonces, cuando había un lucha de verdad. En tales casos, si te imponen un toque de queda nocturno, hay que convocar una manifestación por la noche (precisamente).
Aquella lluviosa noche de 1961 miles de revolucionarios salieron a las calles de París para manifestarse y la represión de Papon resultó atroz. Docenas fueron asesinados, algunos de ellos arrojados al Sena, exactamente igual que en Santiago de Chile hace unos días. Hubo más de 12.000 detenidos y más de mil heridos quedaron tirados por las calles, desangrándose y doliéndose.
Para quienes sobrevivieron a la masacre, el toque de queda ordenado por Macron les parece una amenaza. Nadie se puede atrever a desafiar un toque de queda nocturno de ningún gobierno, ni por motivos militares ni sanitarios… salvo que quiera repetir la trágica experiencia de hace 59 años en París.
Pero ya quedan pocos que protesten. Cuando alguien alza la voz es para pedir que le pongan los grilletes en las muñecas.
En agosto dos enviados de Estados Unidos visitaron Damasco, la capital siria, para negociar la liberación de los presos estadounidenses.
Varios medios de comunicación de Estados Unidos han informado del viaje a Damasco y la reunión con dirigentes sirios, así como el periódico sirio Al-Watan.
Roger Carstens, enviado especial de Trump para los secuestrados, y Kesh Patel, otro asistente de Trump en materia antiterrorista, visitaron Damasco en agosto y se reunieron en Damasco con el general Ali Mamlouk, que es el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional.
Los enviados de Estados Unidos discutieron una amplia gama de temas e hicieron varias ofertas y solicitudes.
Según Al-Watan, “no es la primera visita de altos funcionarios de Estados Unidos, ya que ha estado precedida por tres visitas similares a Damasco en los últimos meses y años”.
Los dos enviados estadounidenses trataron de ganar la cooperación de Damasco con Washington en el caso del “periodista” estadounidense Austin Tice (en la imagen de portada), que desapareció cerca de la capital siria en 2012.
En realidad, Tice no era periodista, sino un marine retirado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos contrataron como mercenario para desatar la guerra en Siria. Entró clandestinamente en territorio sirio en 2012. Visitó las zonas que entonces estaban fuera del control del ejército sirio y llegó a la región de Guta oriental con la tarea de preparar a los yihadistas para luchar contra el ejército sirio.
Además de Tice, Estados Unidos se interesa por la suerte de Majd Kamalmaz, que desapareció en 2017 y, según el Wall Street Journal, hay al menos otros cuatro estadounidenses más bajo custodia del gobierno sirio.
Trump quiere llegar a las elecciones con el golpe de efecto que supondría poner delante de las cámaras de televisión a los desaparecidos. En marzo le escribió una carta privada a Bashar Al-Asad proponiendo un diálogo directo sobre Tice. Enviados de Washington han tratado de abrir canales para negociar un acuerdo.
La semana pasada, el jefe de la Seguridad General libanesa, el general Abás Ibrahim, que ejerce de mediador entre Washington y Damasco, se reunió en la Casa Blanca con Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Trump, para hablar sobre los presos estadounidenses en las cárceles de Siria.
El gobierno de Damasco no confía en este tipo de visitas por la influencia de los grupos de presión estadounidenses en el Presidente de Estados Unidos.
La posición siria se basa en el principio de que no habrá ninguna discusión con Washington antes de la retirada de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos del este de Siria y la aparición de signos reales de esta retirada sobre el terreno, y que Damasco se ha negado a discutir las sanciones de Estados Unidos, asegura Al-Watan.
Tras siete meses de fracasos continuos, las comunidades autónomas lanzan nuevas medidas con el pretexto de la pandemia, a cada cual más contraproducente.
La Comunidad de Madrid se plantea solicitar un toque de queda al gobierno central aplicable a toda España y aboga por los confinamientos selectivos desde el sábado cuando finalice el estado de alarma.
Esta mañana el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confesado que han estado hablando de esa posibilidad tras el planteamiento que les han hecho los colegios profesionales del ámbito sanitario.
Escudero ha confesado también que el estado de alarma en la Comunidad de Madrid no ha servido para nada.
Algunos países europeos como Francia y Bélgica ya han impuesto el toque de queda. “Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad hay que estudiarlo”, ha añadido Escudero.
El gobierno regional estudia pedir ese toque de queda en el próximo Consejo interterritorial de Sanidad que se celebrará el jueves.
Si el estado de alarma no se prorroga, a partir del sábado el ejecutivo regional impondrá otro “confinamiento selectivo” contra los barrios populares de la capital y municipios de la Comunidad.
La militarización de la sociedad y de la sanidad sigue su marcha. Ayer los legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII empezaron a realizar las funciones de rastreo dentro de la denominada Misión Baluarte, en la Base Álvarez de Sotomayor que tiene el Tercio en Almería
El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la Misión Baluarte con el pretexto de la “lucha” contra el coronavirus, que sucede a la Operación Balmis que puso en marcha durante la “primera ola”.
El Cuartel General de Fuerza Terrestre, en Sevilla, ha sido designado por el Ejercito de Tierra como autoridad de coordinación para encabezar la Misión Baluarte, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Andalucía por estar en esta demarcación, y es responsable de la integración de las denominadas Unidades de Vigilancia Epidemiológicas (UVE, que actúan por zonas geográficas de actuación) en los sistemas Sanitarios de las Comunidades.
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica a su vez se divide en Secciones de Vigilancia Epidemiológica que actúan a escala provincial. En el caso de Almería le ha correspondido a la Brigada de La Legión, e inicialmente contará con un oficial, tres suboficiales y 28 legionarios. Estarán activos de 08:00h a 20:00h en turnos de 6 horas.
Más información:
– El gobierno del PSOE y Podemos envía tropas del ejército para imponer el confinamiento a los temporeros de Huesca
– El ejército amenaza con volver a salir a la calle con el pretexto de un rebrote de coronavirus
– El ejército ha ejecutado 20.000 actuaciones con el pretexto del estado de alarma
En tiempos del gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) el IRD, una unidad secreta del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, lanzó una ofensiva propagandística en Chile para evitar que Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.
Los documentos desclasificados por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores muestran la complicidad de los laboristas en la desestabilización de Chile.
El IRD reunió información destinada a perjudicar a Allende y a dar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó documentos a figuras influyentes de la sociedad chilena.
Dicho organismo también compartió información con el gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de la izquierda en el país latinoamericano. La embajada británica en Santiago ayudó a una organización mediática financiada por la CIA que formaba parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para derrocar a Allende, que culminó con el golpe de estado de 1973.
Un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1964 señala que América Latina era “una zona vital de la Guerra Fría y que la lucha contra una toma de posesión comunista aquí es un interés nacional británico, al menos tan importante como la negociación del comercio y el aumento de las exportaciones”.
El informe añadía que a Estados Unidos “le preocupaba que el Reino Unido actuara en la mayor medida posible en el ámbito de la propaganda” en América Latina.
Varios meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 1964, una unidad de la Oficina del Gabinete Británico denominada Grupo de Trabajo sobre América Latina del Comité Antisubversivo aconsejó al IRD que era “importante impedir que la extrema izquierda obtuviera logros significativos” en Chile, “ahora y en el futuro”.
En aquel momento, Salvador Allende se presentaba a la presidencia como dirigente del Frente de Acción Popular contra el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien finalmente ganó con el 56 por ciento de los votos contra el 39 por ciento de Allende.
El IRD lanzó su ofensiva propagandística en Chile apoyando secretamente a Frei en los meses previos a las elecciones. Como escribió Elizabeth Allott, funcionaria del IRD durante mucho tiempo, poco después de la victoria de Frei, la unidad se centró en “distribuir nuestra producción más seria a contactos fiables y asegurar la publicación de ciertos artículos de prensa” críticos con Allende y favorables a Frei.
Allott también propuso “una acción política especial con el apoyo de Estados Unidos” para dividir el voto de la izquierda.
Para los británicos las elecciones de 1964 fueron un éxito histórico. “En Chile, ciertamente tuvimos una rara oportunidad”, escribió Allot. “Si pensamos que nuestro trabajo en América Latina es importante, entonces ciertamente hay pocos lugares que requieran tantos recursos y donde haya tanta libertad de acción para nosotros en nuestros roles negativos y constructivos”.
Leslie Glass, Subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Exteriores y ex Director General de los Servicios de Información Británicos, escribió unos días después de las elecciones que era “una victoria sobre los comunistas para presionar al país”, añadiendo que ahora había “un gobierno de apoyo cuya política, si se lleva a cabo de manera eficaz, ofrece lo que probablemente sea la mejor oportunidad que hemos tenido en el continente de privar a los comunistas de su razón de ser”.
Frei gobernó Chile durante los siguientes seis años hasta que el país volvió a las urnas en 1970. En ese momento, Allende encabezó una coalición llamada Unidad Popular, comprometida con la realización de ciertas reformas en Chile.
Las políticas de nacionalización de Allende planteaban una amenaza considerable para los intereses británicos y estadounidenses, en particular en la principal industria de Chile, el cobre, cuyas minas eran en gran parte propiedad de empresas estadounidenses.
Como Allende parecía cada vez más probable que ganara las eleccioines, la propaganda británica se intensificó. “Chile está en la primera línea del comunismo en Sudamérica”, señaló un planificador del IRD en 1969.
A finales de los años 60 el IRD desplegó un oficial de campo especializado en Santiago, cuyas operaciones estaban dirigidas directamente a frustrar la victoria electoral de Allende.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió un agregado laboral a Chile para supervisar la actividad sindical, aunque el agregado fue retirado antes de las elecciones de 1970.
El 13 de julio de 1970, unas semanas antes de las elecciones, Allott informó al embajador británico David Hildyard que “la operación del IRD… se había centrado en impedir la llegada al poder de una alianza de extrema izquierda en las elecciones presidenciales de 1970, y en ayudar a las organizaciones adecuadas que probablemente seguirían existiendo independientemente de lo que ocurriera en las elecciones”.
“El oficial de campo del IRD… tiene contactos muy estrechos con funcionarios especializados del Ministerio [chileno] de Asuntos Exteriores [censurado] y algunas organizaciones estudiantiles. Como en cualquier otra parte de América Latina, podemos cubrir áreas que están fuera del alcance de los estadonidenses”.
Allott también propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenara al ejército chileno en “contrasubversión”. Se refirió en particular a la formación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura brasileña, que incluía técnicas de tortura.
Los esfuerzos británicos para detener a Allende fracasaron y las elecciones presidenciales chilenas de septiembre de 1970 llevaron al poder al primer socialista declarado del país.
La acción encubierta británica en Chile se llevó a cabo en colaboración con Estados Unidos, cuyo papel en la desestabilización del país se hizo evidente en los decenios siguientes. Entre 1962 y 1970, la CIA “emprendió diversas actividades de propaganda”, entre ellas “emisiones” de información “en la radio y los medios de comunicación” a favor de Frei y en contra de Allende.
También organizó operaciones de sabotaje contra Allende y realizó una campaña de tres años entre 1970 y 1973 para asesinarlo, canalizando millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición, según un informe del Senado de Estados Unidos.
Los archivos del IRD muestran que a finales de los años 60 los británicos compartieron asesoramiento estratégico e inteligencia con los estadounidenses. Aunque los planificadores del IRD advirtieron a Estados Unidos de que no adoptaran una “línea demasiado extrema” en su propaganda anticomunista, proporcionaron a los estadounidenses una lista de periodistas chilenos que podían difundir contenidos.
Reino Unido y Estados Unidos también intercambiaron información sobre las actividades de la izquierda en Chile, acuerdo que continuó al menos hasta marzo de 1973, como lo demuestran los archivos británicos desclasificados.
El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe militar dirigido por Pinochet, lo que suscitó una amplia condena internacional. Su régimen se convirtió rápidamente en uno de los más represivos de América Latina en la historia moderna, con miles de opositores políticos encerrados en el estadio nacional de fútbol o en centros de detención secretos.
Junto con la acción encubierta de Estados Unidos, los funcionarios británicos desempeñaron su papel en la preparación del terreno para la toma de posesión de Pinochet en alianza con Estados Unidos.
En octubre de 1970 la embajada británica en Santiago de Chile ayudó en secreto a una agencia de noticias financiada por la CIA, Forum World Features (FWF), a organizar “una cobertura especial de la situación chilena”. Un mes después de la elección de Allende, el Secretario británico de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, pidió a la embajada en Santiago que “respondiera a cualquier acercamiento” del FWF después de que su jefe, Brian Crozier, pidiera ayuda con una serie de historias “entre bastidores” sobre el programa de Allende.
La agencia FWF jugó un papel importante en el ataque propagandístico contra Allende. En diciembre de 1973, tres meses después del golpe de Pinochet, el periodista de la FWF Robert Moss publicó “El Experimento Marxista de Chile”, un libro encargado por la CIA que negaba el papel de Washington en el golpe y culpaba a Allende.
El gobierno de Pinochet compró 10.000 ejemplares del libro para distribuirlos dentro de una campaña de propaganda y Crozier recordó más tarde que la obra de Moss “jugó su papel en la necesaria desestabilización del régimen de Allende”.
Hugh Carless, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mostró de acuerdo, escribiendo en diciembre de 1973 que el libro “nos ayudó a encontrar un equilibrio” sobre Chile.
Rory Cormac, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham, asegura que los documentos desclasificados revelan que, a medida que la capacidad material de Gran Bretaña ha ido disminuyendo, ha recurrido a la acción clandestina para ayudar a mantener su papel en el mundo.
En la década de los 70 del siglo XX era muy habitual que la CIA interviniera en las políticas internas de muchos países. En un escenario de Guerra Fría, donde los bloques estaban muy definidos, lo que ocurriera tras la muerte de Franco era clave para los intereses de Estados Unidos en dos frentes: por un lado, la necesidad de que España se adhiriera a la OTAN, para reforzar su presencia respecto a los países de la órbita soviética del norte de África; en otro orden, frenar el ascenso del Partido Comunista de cara a una posible democratización. En ambos frentes, la clave estuvo en dos hombres: Juan Carlos de Borbón y Felipe González.
Sin embargo, las injerencias de la CIA en España en esos años tan cruciales para la historia moderna empezaron con la instalación de las bases militares, el asesinato de Carrero Blanco, la Transición, el 23F o la entrada de España en la OTAN, por citar algunos hechos.
Respecto a la Transición, gran parte de los movimientos que se realizaron para convertir a España en una democracia tras 40 años de dictadura, estuvieron controlados por los agentes y los jefes de estación de la CIA. Para ello, los espías norteamericanos lograron captar como activos a importantes miembros del Ejército –en actividades paralelas a la colaboración con la inteligencia militar española–, destacados líderes políticos, grandes empresarios, banqueros, personajes de la cultura y periodistas.
La Transición era un hecho tan importante para los Estados Unidos que la CIA no dudó en enviar a su estación de la calle Serrano de Madrid a expertos oficiales de Agencia, hombres curtidos en operaciones encubiertas en Latinoamérica, como R. E. Gahagen, Néstor Sánchez, R. Kinsman, L. Therry o Ronald Estes, quien, por cierto, tuvo participación en la Primavera de Praga o en Beirut, donde financió a la Falange Libanesa. Su llegada a España coincidió, casualmente, con el intento de golpe de Estado del 23F.
Los hombres elegidos por la CIA y Estados Unidos para llevar los destinos de España tras la muerte del dictador fueron dos: Juan Carlos de Borbón y Felipe González. Respecto al primero, la elección por parte de Franco para ser su sucesor tuvo una influencia por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
La Agencia mantuvo hilo directo con Laureano López Rodó y dieron su apoyo total a la Operación Lolita que tenía como objetivo principal la potenciación de la candidatura de Juan Carlos de Borbón para ser el sucesor de Franco. Los documentos de la CIA demuestran el apoyo que siempre tuvo Juan Carlos I de Estados Unidos, respaldo que logró a cambio de, por ejemplo, entregar el Sáhara a Marruecos o la presión ejercida desde la Zarzuela para que España entrara en la OTAN.
Respecto a Felipe González, los documentos de la Agencia muestran cómo era el elegido para frenar al Partido Comunista y que, desde un principio, quien fuera el adalid de la izquierda española, en realidad era un político más conservador que los partidos socialdemócratas europeos, puesto que, según la documentación de la CIA a la que ha tenido acceso Diario16, González tenía preparado un programa oculto de reformas basado en la moderación, el conservadurismo y en la protección de las élites que ejecutó varios años después y, a la vez, con un programa electoral puramente de izquierdas mantuvo contentos a los críticos que se mantenían fieles a los preceptos ideológicos más progresistas. Lo mismo se podría decir de su papel en la permanencia de España en la OTAN.
El miedo a un crecimiento de la oposición comunista contra el franquismo hizo que los servicios de inteligencia estadounidenses se fijaran ya en la década de los 60 del siglo XX en los jóvenes socialistas. Hombres que fueron claves en la Transición, tuvieron un contacto regular con los espías de la CIA a quienes facilitaban información sobre los movimientos de los comunistas. En algunos casos, esos contactos se realizaron tanto con Langley como con el Mossad israelí.
Por otro lado, los documentos de la CIA indican cómo la Agencia tuvo mucho que ver, incluso con financiación al Partido Socialista a través de una fundación del SPD alemán, con la toma del poder por parte de Felipe González en el ya famoso Congreso de Suresnes.
En otro orden de cosas, la mañana del 23 de febrero de 1981 se produjo un hecho que muestra a las claras cómo la CIA controlaba determinados aspectos de la política española: los pilotos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se encontraban movilizados y en alerta máxima en las bases situadas en territorio español. Por otro lado, esa misma mañana el sistema de control aéreo norteamericano anuló el Control de Emisiones Radioeléctricas de España. Todo ello se produjo cuando, dos días antes del intento de golpe de Estado, uno de los principales instigadores de la asonada de Tejero, Armada y Milans del Bosch, el comandante Cortina, del CESID, realizó una visita al embajador estadounidense en Madrid.
Por otro lado, y en referencia al 23F, los sistemas de comunicaciones del ejército interceptaron un mensaje dirigido a Milans del Bosch en el que se le decía: «Jaime, ahora vas en contra de la Corona». Una indicación clara de que las tornas habían cambiado y, sobre todo, de la implicación de Juan Carlos I en el mismo.
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