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El presidente de Haití fue torturado antes de ser asesinado en su domicilio

El presidente de Haití Jovenel Moise, que fue asesinado el miércoles a manos de un comando de mercenarios, fue torturado en su dormitorio, mientras su hija logró huir y uno de sus hijos fue amordazado junto a una empleada.

“Moise fue asesinado, antes de eso, lo torturaron y las pruebas son que le partieron un brazo y un pie, luego recibió el impacto de 12 balas”, explicó ayer Mathias Pierre, ministro encargado de Asuntos Electorales de Haití en una entrevista con la W Radio de Colombia.

De acuerdo con el ministro, el comando que ingresó a la residencia de Moise la madrugada del pasado miércoles “buscaba algo y era una carta de dimisión”, que Moise se opuso a firmar.

Ante la negativa de Moise de abandonar del cargo, a pesar de la tortura, lo asesinaron, propinándole 12 disparos que acabaron con su vida.

La planificación del magnicidio se prolongó durante en 32 días. El comando ejecutor estaba compuesto por 28 mercenarios, 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Al menos 17 de los colombianos que participaron en el magnicidio habían formado parte del ejército de su país.

“Decían que eran traductores. La misión era detener al presidente Jovenel Moise, en el marco de la ejecución de un mandato de juez de instrucción y no matarlo”, dijo el juez del caso, citando las declaraciones de James Solages y de Joseph Vincent, dos de los participantes en el asalto.

La policía haitiana encontró el cuerpo del mandatario acostado boca arriba, con pantalón azul y una camisa blanca manchada de sangre. Tenía la boca abierta, el ojo izquierdo perforado, al igual que su frente, pezones, cadena y abdomen, según relató el juez Carl Henry Destin.

La policía haitiana busca a otros ocho mercenarios que habrían participado en el magnicidio. Otros tres fueron ejecutados.

“Tenemos todas las identidades de los colombianos y sabemos que entraron en grupos pequeños, con la complicidad de alguien, les dieron residencias en uno de los barrios más lujosos, el mismo barrio donde vivía el Presidente”, comentó el ministro Pierre en la entrevista.

La multinacional Chevron saquea el petróleo de Gaza con el apoyo de Estados Unidos

Cada vez más, el control de los recursos naturales palestinos se está convirtiendo en un rasgo definitorio de la relación de Israel con los territorios ocupados. La peor ola de violencia militar en Gaza desde 2014 no es una excepción.

Las últimas hostilidades estallaron tras una escalada del conflicto entre Israel y Hamás por el control de las reservas de gas en alta mar de Gaza, que llegó a un punto de ruptura sólo un mes antes de las últimas hostilidades. Un informe de la ONU, así como un estudio militar estadounidense publicado por el gobierno de Obama, sugieren además que la decisión del gobierno de Biden de seguir adelante con una venta de armas a Israel por valor de 735 millones de dólares está vinculada a los intereses estratégicos de Estados Unidos de apoyar el dominio de Israel sobre los recursos energéticos del Mediterráneo oriental, incluido el gas que podría pertenecer a los palestinos.

Las negociaciones sobre el gas palestino han sido intermitentes durante más de dos décadas, desde que la petrolera británica BG Group descubrió en el año 2000 unos 45.000 millones de metros cúbicos de gas recuperable en el mar de Gaza. Pero se aceleraron de nuevo a finales del año pasado después de que el gigante petrolero estadounidense Chevron comprara Noble Energy, una empresa petrolera con sede en Houston, contratada por el gobierno israelí para explotar sus recursos de petróleo y gas en alta mar.

En 2017 Noble fue acusado de participar en “un acto de saqueo, en violación del derecho internacional humanitario y penal” por Somo, una organización holandesa de derechos humanos financiada por la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Somo señaló el informe anual de la empresa, que confirma que cinco años antes, Noble había comenzado unilateralmente a producir gas del yacimiento israelí en el campo de South Noa, que colinda con el campo fronterizo palestino bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina.

Los mapas de BG Group confirman que cualquier extracción de gas del yacimiento de Noa suponía claramente el riesgo de extraer simultáneamente gas de las reservas palestinas.

En asociación con la empresa energética israelí Delek Group, Noble Energy también produjo gas a partir de otros recursos palestinos, como el yacimiento Mari-B, que podría abarcar 6.600 kilómetros cuadrados de superficie marítima potencialmente perteneciente a Palestina. El Mari-B contenía 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para abastecer a los palestinos durante al menos 15 años.

El gas producido por Noble y Delek en Noa, Mari-B y el campo fronterizo palestino se vendió a la Compañía Eléctrica de Israel, de propiedad pública, que a su vez vende electricidad a los palestinos y abastece a los asentamientos israelíes en Cisjordania. La compra de Noble Energy por parte de Chevron en octubre de 2020 convierte así al gigante petrolero estadounidense en cómplice del posible robo continuado de gas palestino, que se produce sin ninguna objeción por parte de la Autoridad Palestina.

Expolian a los palestinos de sus propios recursos

En 2019 un importante estudio de la ONU concluyó que “la ocupación sigue impidiendo a los palestinos desarrollar sus yacimientos energéticos (petróleo y gas) para explotar y beneficiarse de estos activos”. Así, al pueblo palestino se le han negado los beneficios de utilizar este recurso natural para financiar el desarrollo socioeconómico y satisfacer sus necesidades energéticas. Las pérdidas acumuladas se estiman en miles de millones de dólares.

Un informe de la UNCTAD advierte la prisa por explotar los recursos de gas del Mediterráneo oriental, mientras los derechos de propiedad no se han distribuido equitativamente, lo que priva a los palestinos de una parte legítima de los recursos de la cuenca del Levante, en violación del derecho internacional.

La ocupación ha empobrecido al pueblo palestino, ha socavado su capacidad de acceso y uso de sus recursos, y le ha negado el derecho a circular libremente por su territorio. Con unos 1.700 millones de barriles de petróleo recuperable y 3.454 millones de m3 (122 Tcf) de gas recuperable, la cuenca incluye “recursos comunes compartidos, cuya explotación por una parte disminuye la parte de los vecinos”, según el informe de la ONU.

El valor neto de estos recursos asciende a 524.000 millones de dólares, que deberían repartirse adecuadamente entre las distintas partes, incluidas Israel y Palestina: “Estos yacimientos podrían unificarse, y su desarrollo podría llevarse a cabo en nombre de todas las partes, cuyos derechos de propiedad tendrían que establecerse antes de la explotación… Los palestinos tienen un gran interés no sólo en los yacimientos situados bajo su territorio, sino en todas las reservas comunes”. Según el informe, los palestinos ya han perdido aproximadamente 2.570 millones de dólares debido a que “Israel les impide el ejercicio de su derecho a beneficiarse de la explotación de sus recursos naturales, garantizado por el derecho internacional. Cuanto más tiempo impida Israel a los palestinos explotar sus reservas de petróleo y gas natural, mayores serán los costes de oportunidad de estas reservas y los costes de la ocupación que soportan los palestinos”.

El informe de la ONU concluye que los esfuerzos israelíes por negar a los palestinos el acceso a su propia tierra, recursos naturales y agua han sido fundamentales en la evolución del conflicto. El control de la energía forma parte de un proceso más amplio por el que, desde 1967 “el pueblo palestino ha perdido el acceso a más del 60 por ciento de la tierra de Cisjordania y a dos tercios de sus tierras de pastoreo. En Gaza, la mitad de la superficie cultivable y el 85 por ciento de los recursos pesqueros son inaccesibles para los productores”.

Israel también ha extraído agua por encima del nivel acordado en el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza de 1995 y ha confiscado el 82 por ciento de las aguas subterráneas palestinas para utilizarlas dentro de las fronteras de Israel o en sus asentamientos, obligando a los palestinos a importar más del 50 por ciento de su agua de Israel.

La disputa por el gas

A principios de 2021 se inició una nueva ronda de conversaciones entre Israel, la Autoridad Palestina, Qatar y la Union Europea para aprovechar la participación de Chevron en las antiguas ambiciones israelíes de exportar gas desde el Mediterráneo oriental a Europa. Estos ampliaron una reactivación de las conversaciones bajo la administración Trump. En 2019 Chipre, Grecia, Israel, Italia, Jordania y la Autoridad Palestina lanzaron el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (FGME) para desarrollar una plataforma regional que pudiera exportar gas a Europa. La iniciativa contó con el apoyo del Departamento de Estado de Trump, y Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, se aseguró de asistir a las primeras reuniones.

El plan, aparentemente apoyado por el gobierno de Biden, y en el que participa el gigante petrolero estadounidense Chevron, sellaría de hecho la dependencia energética palestina de Israel. Sin embargo, el gobierno de Biden ha seguido impulsando la reactivación de las conversaciones.

En febrero de 2021 funcionarios de la Oficina del Cuarteto, una iniciativa diplomática sobre las relaciones israelo-palestinas que opera en nombre de Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, confirmaron un nuevo plan del FGME para exportar gas desde el yacimiento Leviatán de aguas profundas de Israel, operado por Chevron, a través de un gasoducto ya existente hasta Israel, y desde allí hasta Gaza a través de una nueva extensión propuesta de ese gasoducto. Qatar financiaría la parte israelí del oleoducto propuesto, mientras que la Unión Europea financiaría la sección que va a Gaza. El proyecto culminó con un acuerdo el 21 de febrero entre Israel y Egipto para conectar el yacimiento israelí operado por Chevron con las instalaciones del norte de Egipto que exportan gas a Europa. Estas discusiones incluyeron la perspectiva de desarrollar el gas palestino en el campo de Gaza Marine. Ese mismo día, la Autoridad Palestina y la empresa pública egipcia de gas natural (EGAS) firmaron en Ramala un memorando de entendimiento para desarrollar el yacimiento.

El Fondo de Inversión Palestino de la Autoridad Palestina dijo que el acuerdo proporcionaría “una solución radical a la crisis energética de la Franja de Gaza”. Una fuente oficial palestina reveló que la Autoridad Palestina “ha recibido señales positivas de la parte israelí en relación con la posibilidad de desarrollar el campo de gas de Gaza Marine, frente a la costa de la Franja de Gaza, en el Mediterráneo.

Sin embargo, un documento oficial del Cuarteto sugiere que el desarrollo de Gaza Marine estaba previsto para exportar gas a los mercados árabes en nombre de Israel. La red eléctrica, según el documento, debe mejorarse para establecer “redes regionales de interconexión” que impliquen que Cisjordania importe “electricidad de Israel y Jordania”, mientras que el gas para el “sector eléctrico palestino” en Gaza puede proceder de un “acuerdo Leviatán con la central eléctrica de Yenín”. Mientras tanto, el gas de Gaza Marine debería exportarse en forma de “venta de gas” y no para el consumo interno. El gas palestino se vendería idealmente a los mercados árabes, como puente entre Israel y el mundo árabe, y Gaza Marine no sería visto “como un competidor de los yacimientos israelíes, sino como una potencial fuente adicional de gas”.

Este plan, aparentemente apoyado por el gobierno de Biden y en el que participa el gigante petrolero estadounidense Chevron, sellaría de hecho la dependencia energética palestina de Israel. El enfoque estadounidense es coherente con un marco estratégico esbozado en un informe de diciembre de 2014 publicado durante el gobierno de Obama por el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

El estudio del ejército estadounidense, uno de cuyos autores es actualmente asesor de defensa de Emiratos Árabes Unidos y anteriormente fue asesor del Ministerio de Defensa de Reino Unido, señala que:

“Una de las consecuencias más directas de la tensa relación entre Israel y Palestina ha sido el fracaso en la explotación de los recursos de gas en alta mar descubiertos frente a Gaza a finales de la década de 1990, a pesar de los evidentes beneficios económicos que dicha explotación habría ofrecido a la naciente economía palestina.

Israel ha bloqueado cualquier desarrollo de los recursos desde el año 2000 debido a la preocupación por los ingresos del gas palestino que se canalizan hacia la supuesta financiación del terrorismo, supuestamente para financiar ataques armados contra el Estado de Israel”.

El estudio también destaca el papel de Estados Unidos en el apoyo a sus aliados regionales, especialmente a Israel, en caso de conflicto armado por el control de las reservas energéticas regionales. Señalando que en Israel y Palestina, “la presencia de recursos naturales de valor incalculable en los territorios en disputa podría alimentar aún más el conflicto”, el informe afirmaba que “el apoyo diplomático y militar de Estados Unidos tiene un papel central en el complejo panorama geopolítico del Mediterráneo Oriental, y su importancia no hará más que crecer a medida que aumente el valor de los recursos naturales en juego”.

Y añadía: “El apoyo militar y de seguridad de Estados Unidos a sus principales aliados en caso de que estalle un conflicto relacionado con los recursos naturales en el Mediterráneo oriental puede ser fundamental para gestionar posibles conflictos futuros… El apoyo de Estados Unidos -diplomático y, en su caso, militar- puede ser un elemento potencialmente poderoso para salvaguardar estos beneficios económicos a largo plazo a un bajo coste en términos relativos”. Advirtiendo de que ciertos puntos conflictivos que implican a Israel, Palestina, Siria, Líbano, Chipre y Egipto podrían conducir a una escalada regional, el informe afirma que “Estados Unidos también mantiene una posición militar significativa que podría tener un impacto en la seguridad del Mediterráneo oriental”, incluyendo “el apoyo en materia de formación y equipamiento militar” para defender a Chipre e Israel contra los ataques a “sus infraestructuras energéticas y desarrollos de gas”.

La aprobación por el gobierno de Biden para vender 735 millones de dólares de armas a Israel parece, pues, inextricablemente ligada a las preocupaciones de seguridad energética de la región.

El problema de Hamás

Como era de esperar, Hamás -que controla Gaza- rechazó la legitimidad de las negociaciones sobre el gas entre Israel y la Autoridad Palestina. “Gaza debe estar presente en cualquier acuerdo relativo a los yacimientos de gas en sus costas”, declaró Mussa Abu Marzook, vicepresidente del buró político de Hamás, en respuesta al memorando de entendimiento. “Si Gaza se ve obligada a importar gas natural del ocupante [Israel] para la única central eléctrica de la franja, no debemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros recursos naturales se exportan a tierras lejanas. Necesitamos conocer los detalles del acuerdo que se firmó con el Fondo de Inversión”.

En marzo, como muestra del apoyo del gobierno de Biden a los nuevos planes de desarrollo del gas, Estados Unidos fue aprobado formalmente como observador oficial del GMEF.

Pero ese mismo mes, Hamás reiteró su rechazo al acuerdo sobre Gaza Marine. “La Autoridad Palestina en Ramala no puede, bajo ninguna circunstancia, firmar acuerdos internacionales en nombre del pueblo palestino y de sus instituciones legítimas”, dijo el dirigente de Hamás, Ahmed Bahar, vicepresidente del Consejo Legislativo Palestino.

En 2012 el otro dirigente de Hamás que había criticado la nueva fiebre del gas, Marzook, declaró a la revista judía Forward que Hamás no respetaría necesariamente ningún acuerdo entre Israel y la Autoridad Palestina, aunque fuera ratificado por un referéndum de todos los palestinos. “No reconoceremos a Israel como Estado”, dijo. “Será como la relación entre Líbano e Israel o Siria e Israel”, es decir, una “tregua armada”.

La respuesta de Hamás a la subida del gas ofrece, por tanto, una muestra de cómo el apoyo tácito de Estados Unidos a lo que la ONU describe como “transferencia de recursos” de la economía palestina a Israel es totalmente contraproducente. Ha envalentonado y fortalecido a los islamistas de línea dura de Gaza, mientras que el Ministerio de Defensa israelí ha considerado durante mucho tiempo el poder de Hamás en Gaza como un obstáculo fundamental para que los palestinos exploten sus propios recursos de gas en la Franja.

En 2014, durante la Operación Borde Protector, Moshe Yaalon, entonces jefe de Defensa de Israel, había establecido, un año antes de la Operación Plomo Fundido, una relación directa entre la acción militar israelí en Gaza para derrocar a Hamás y el acceso al gas palestino. En un documento político, descartó la idea de que “el gas de Gaza puede ser un motor clave de un Estado palestino más viable económicamente” como “errónea“:

“Un acuerdo sobre el gas con la Autoridad Palestina implicará, por definición, a Hamás. O bien Hamás se beneficiará de los derechos, o bien saboteará el proyecto y lanzará ataques contra Al Fatah, las instalaciones de gas, Israel… o las tres cosas… Está claro que, sin una operación militar general para desarraigar el control de Hamás sobre Gaza, no podrá realizarse ninguna perforación sin el consentimiento del movimiento islámico radical”. Yaalon no se refería sólo a Hamás, sino a cualquier control palestino sobre sus propios recursos: “La amenaza no se limita a Hamás… Es imposible impedir que al menos una parte de los ingresos del gas llegue a los grupos terroristas palestinos. “Este punto de vista extremo ha jugado en sí mismo a favor de Hamás, contribuyendo a la percepción de que Israel nunca tolerará ningún acceso palestino a sus propias reservas energéticas.

Las reflexiones de Yaalon permitieron comprender la razón de ser de la imposición por parte de Israel de un nuevo acuerdo territorial en Gaza en respuesta a la llegada de Hamás al poder en 2006. Este acuerdo se consolidó tras la Operación Plomo Fundido, que, como señala el estudio de la UNCTAD, supuso “la militarización de todo el litoral de Gaza y la confiscación de los yacimientos de gas natural palestinos, bajo la soberanía israelí sobre las zonas marítimas de Gaza”. Este amplio bloqueo “ha impedido a los palestinos desarrollar sus recursos energéticos”, haciendo “aún más difícil cualquier acceso a los campos de gas, y a los miles de millones de dólares que representan”. Desde entonces, según el informe de la UNCTAD:

“Los yacimientos de gas natural de Gaza han sido integrados de facto en las instalaciones marítimas de Israel, que son contiguas a las de la Franja de Gaza… Estas diversas instalaciones marítimas también están vinculadas al corredor de transporte de energía de Israel, que se extiende desde el puerto de Eilat en el Mar Rojo, que es una terminal petrolera, hasta la terminal petrolera del puerto marítimo de Ashkelon y hacia el norte hasta Haifa”. Sin embargo, con la participación de Chevron en la supervisión de los mayores yacimientos israelíes, Israel ha parecido reconsiderar la posibilidad de poner en producción los recursos de gas de Gaza Marine en connivencia con la Autoridad Palestina, dominada por Al Fatah, que ya había demostrado un silencio complaciente ante la recuperación encubierta de gas palestino por parte de Israel.

Miedo a la disidencia popular palestina

Esta decisión podría estar relacionada con las próximas elecciones palestinas, previstas inicialmente para mayo de este año. Una encuesta realizada en marzo por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PCPSR) reveló que, de todos los actores políticos palestinos, la popularidad de Hamás era la que más se había deteriorado, y la mayor parte de los palestinos creía que Hamás tendría un impacto negativo en la mejora de las condiciones económicas y el levantamiento del bloqueo de Gaza. Sin embargo, a pesar del aumento del apoyo a Al Fatah, el sondeo sugiere que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, podría perder las elecciones, lo que pondría en peligro los lucrativos acuerdos de gas que acaba de firmar con Israel y Egipto. “La mayoría de los encuestados quiere que Marwan Barghuti sea presidente de la Autoridad Palestina y, en caso de una elección trilateral entre Marwan Barghuti, Mahmud Abbas e Ismail Haniyyeh, el primero obtiene el 48 por ciento de los votos, el segundo el 29 por ciento y el tercero el 19 por ciento”, señala el PCPSR.

Las elecciones, que probablemente habrían debilitado significativamente tanto a Al Fatah como a Hamás, amenazaban con trasladar el control de la Autoridad Palestina a nuevas manos, socavando la serie de acuerdos asimétricos de gas palestino negociados con Israel. “Si este escenario se produjera, toda una clase de millonarios que han convertido la lucha palestina en una industria lucrativa, generosamente financiada por los “países donantes”, podría perderlo todo en favor de un territorio político inexplorado controlado por un preso, Barghuti, desde su celda israelí”, observó el comentarista palestino Ramzy Baroud.

A finales de abril, Abbas decidió aplazar las elecciones. Ni Israel, ni Estados Unidos, ni los dirigentes árabes de Jordania y Egipto implicados en el FGME se opusieron a que Abbas cancelara las tan esperadas elecciones. En lugar de permitir que la democracia palestina elija una nueva dirección que pueda revertir décadas de pensamiento estéril -y de corruptas negociaciones regionales sobre el gas-, estos gobiernos prefirieron seguir aliados con los demonios que conocían.

Luego, el 12 de mayo, Hamás declaró que dirigía algunos de sus ataques con cohetes contra una “plataforma de gas sionista” frente a Gaza. Desde entonces, el grupo ha disparado decenas de cohetes contra la plataforma de gas Tamar, operada por Chevron. En el lado palestino, hasta esta publicación, han muerto al menos 230 personas, entre ellas 65 niños y 38 mujeres, y han resultado heridas al menos 1.235; mientras que en Israel han muerto 12 civiles, entre ellos dos niños. En ambos bandos, la violencia ha reavivado la suerte política de los extremistas, que se está desvaneciendo. Al tiempo que permite a Netanyahu seguir trabajando con la corrupta pero impopular Autoridad Palestina dominada por Al Fatah para impulsar sus intentos de monopolizar el gas y otros recursos palestinos, el conflicto ha dado simultáneamente nueva vida al cada vez más impopular Hamás.

Nafeez Ahmedle https://bylinetimes.com/2021/05/20/biden-government-and-chevron-colluding-in-israels-pillage-of-gazas-gas-resources/

Casi mitad de los británicos opta por la sumisión y la esclavitud indefinida

El 40 por ciento de los británicos quiere que las mascarillas se mantengan indefinidamente pegadas al hocico, según un sondeo de Ipsos Mori para el diario The Economist (1).

Casi la mitad piensa que se debería prohibir permanentemente que las personas no vacunadas pudieran viajar al extranjero.

El 35 por ciento es partidario de mantener la cuarentena y la prohibición de viajar.

Más de una quinta parte de los británicos confiesan que están muy nerviosos por el levantamiento de las restricciones el 19 de julio.

El 19 por ciento es favorable a que el toque de queda nocturno se convierta en permanente.

En otras palabras, el experimento ha tenido un éxito importante. Casi la mitad de la población quiere que la esclavitud sea permanente. Son las consecuencias evidentes de una intoxicacion mediática sostenida durante más de un año.

Los “expertos” que asesoran al gobierno han admitido que han utilizado métodos “totalitarios” y “poco éticos” para inducir un cambio en la conducta de la población a fin de que obedeciera las normas de restricción de derechos.

Dichos “expertos” han confesado que exageraron el riesgo de la pandemia y que sembraron el miedo a la muerte y a la enfermedad.

El cambio en la conducta ha sido masivo y, al menos de momento, parece irreversible en amplios sectores sociales, como los ancianos. Las prolongación de la pandemia, de forma cada vez más artificiosa, con sucesivas olas, trata de forzar la campaña de vacunación con la amenaza de las variantes y la realización de tests a los jóvenes y adolescentes, que “no se han tomado en serio la pandemia”.

¡Vivan las cadenas! La nueva normalidad es una sociedad de esclavos. Veremos la suerte que el futuro les depara a la otra mitad que no acepta someterse como corderos, que no acepta más restricciones, ni más mentiras.

Como dijo Fauci ayer, “no vacunarse es una declaracion política” (2). No obstante, muchos siguen creyendo que vacunarse o no es algo que sólo concierne a la salud.

(1) https://www.economist.com/britain/2021/07/10/some-britons-crave-permanent-pandemic-lockdown
(2) https://www.msn.com/en-gb/news/world/fauci-says-not-getting-a-covid-19-vaccine-is-a-political-statement/ar-AALVD7t

Pandemia: la mayor tregua política y social jamás conocida en la historia

El 17 de marzo del año pasado el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, anunció por televisión la prohibición de todas las manifestaciones callejeras con el pretexto de “luchar contra el virus”.

En aquel momento la “hirak”, las protestas populares contra el gobierno, estaban en pleno apogeo desde un año antes. Pero también en Argelia, la salud está por encima de todo. La pandemia fue un balón de oxígeno que era necesario inventar, porque para frenar las protestas no eran suficientes los antidisturbios.

En efecto, en aquel momento en Argelia la sanidad sólo podía imputar 5 muertes al virus y 67 “casos”, es decir, nada de nada.

“Todos juntos, pero cada uno en su casa”, fue la fórmula que difundió el diario italiano La Republica para que los gobiernos lograran la mayor tregua política y social jamás conocida en la historia. La pandemia ha logrado hacer realidad el viejo sueño de la “paz social”. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Las calles están para que los vehículos circulen.

El gobierno argelino impuso las mismas medidas draconianas que los demás: prohibición de reuniones, cierre de lugares de culto, escuelas, cafés, restaurantes, comercios minoristas, cierre de fronteras…

Los dirigentes de la ‘hirak’ apoyaron la respuesta del gobierno a la pandemia. Un diario independiente, como El-Watan, habló de una “tregua sanitaria”. El movimiento saltó a las redes sociales, es decir, se metió en una ratonera de denuncias retóricas: la gestión del gobierno era mala, había más muertos de lo que decían las cifras oficiales…

En Argelia la pandemia logró lo que la policía no había alcanzado: vaciar las calles, silenciar las protestas. “Un consenso tácito está en vías de formarse para suspender la ‘hirak’ durante tres o cuatro semanas”, decía uno de los representantes del movimiento en las redes sociales.

Otro pedía ingenuamente que el gobierno también decretara una tregua por los mismos motivos. La salud es un valor supremo y un motivo de “unidad nacional”, escribía en Facebook el vicepresidente de la Liga argelina de Defensa de los Derechos Humanos.

Pero el toque de queda no frenó la represión política. La policía aprovechó la situación para detener a algunos dirigentes del movimiento, incluidos los que habían devuelto a los manifestantes a sus casas porque “la salud está por encima de todo”.

La policía, los fiscales y los jueces les demostraron que la salud no está por encima de todos, sino sólo de algunos.

Los incautos creyeron en la pandemia y creyeron también que sus estragos pondrían de manifiesto el pésimo estado de la sanidad y los hospitales, lo que redoblaría las energías y las movilizaciones.

También creyeron en la tregua, es decir, en que después de quedarse en casa durante meses, millones de personas volverían a salir a la calle. No ha ocurrido nada de eso. Ahora la iniciativa la tiene el gobierno. Quien se la ha servido en bandeja no ha sido un virus, ni un toque de queda, sino los reformistas que encabezaban el movimiento y a las primeras de cambio se volvieron a casa.

No sólo ha ocurrido en Argelia. ¿Recuerdan a los chalecos amarillos en Francia? En todo el mundo ha ocurrido lo mismo. Los gobiernos más reaccionarios no serían nada sin el apoyo de esos reformistas que protestan… hasta que llega un virus invisible y terrorífico que lo estropea todo.

Productividad, violencia y maltrato hacia los improductivos

La carrera contrarreloj, en el proceso productivo, en las relaciones personales, en la difusión de cualquiera noticia, verdadera o falseada, en el deleite del consumo, en las calificaciones escolares… se considerada productiva, con independencia de su contenido. Un aumento de la productividad, dicen, nos hará más felices, más competitivos y tendremos más para elegir.

Esta carrera lleva aparejada una serie de comportamientos violentos, a veces una violencia escondida, otras a la luz del día, una carrera en la cual el premio al ganador consta de un reconocimiento social de marcado carácter darwinista: la supervivencia del más apto.

Cuando una persona no quiere correr, o no puede correr, queda estigmatizada como no productiva. En este segmento hay las personas llamadas “excluidas”: criaturas, ancianos y dependientes de servicios sociales. Todos ellos, claro, pertenecen en la clase obrera.

Una exclusión que no es solo del proceso productivo generador de plusvalía, sino del conjunto de asuntos sociales en los cuales no sirven de ejemplo para la reproducción de la carrera contrarreloj. Tan solo unos pocos elegidos, que ocupan las portadas de los medios de comunicación, son puestos como ejemplo de su salida de la lacra de la exclusión, emiten un mensaje que dice: “el sistema capitalista da oportunidades para todo el mundo, si no las aprovechas, eres un incapacitado”.

Esto lo podemos ver reflejado cuando nos muestran alguna persona autóctona de un núcleo familiar adicto a las drogas o delictivo, o inmigrada, originariamente sin papeles, que ha conseguido una titulación universitaria, un galardón cualquiera, que ha escrito un libro, que ha ganado una carrera, etc., es la excepción que confirma la regla, es un ejemplo de persona “productiva”. Nombramiento que no puede obtener la persona que se dedica a sacar la mierda de las casas, a cavar la tierra sin seguro, a recoger frutos en invernaderos o a trabajar bajo el sol o las heladas en la construcción de las obras públicas.

El poder, acompañado muchas veces por los que se dicen sus oponentes, ha sabido estructurar espacios diferentes para cada uno de estos colectivos: guarderías o aparcamientos de criaturas para los más pequeños, bancos de alimentos, albergues nocturnos y subsidios para los pobres de solemnidad, y geriátricos o aparcamientos de viejos para morir en soledad. Con solo que damos un vistazo a los llamamientos reivindicativos de la llamada izquierda veremos cómo hay una coincidencia entre estas reivindicaciones y la apuesta del capital.

¿Cómo es esto? Nada más y nada menos que la constatación de una afirmación que ya hizo Marx en su momento: que la ideología de la sociedad es la ideología de la clase dominante.

Cuando una persona, al cabo de los años, ya no dispone de la fuerza necesaria para ser productivo, es decir, cuando dicen que “es vieja”, se convierte en un peso que es antagónico al concepto moderno de productivismo. Entonces, con independencia de la tendencia política, tanto reaccionaria como progresista, se reclama la existencia de unos espacios donde poder aparcar esta gente “improductiva”. La única diferencia entre los que se consideran conservadores y los que se llaman progresistas radica en que unos plantean aparcamientos privados y los otros aparcamientos públicos. El hilo conductor común es que nadie quiere hacerse cargo personalmente de padres, madres, abuelos y abuelas, y quienes no tienen más remedio que hacerlo, lo hace a regañadientes.

“En nuestro ámbito sociocultural, los valores referidos al envejecimiento han sufrido una profunda transformación en pocos años. Tradicionalmente, en nuestra cultura mediterránea el anciano era una figura con un importante papel dentro de la dinámica familiar y social; representaba la memoria histórica y sus posibles limitaciones físicas eran suplidas por la experiencia y la sabiduría, que en una sociedad eminentemente agrícola eran elementos muy considerados para la supervivencia de los pueblos y el mantenimiento de la identidad cultural… La era de la industrialización y de la tecnología ha aportado unos vertiginosos cambios socioeconómicos que han contribuido a un cambio también de valores, entre ellos lo de la vejez. El papel actual del anciano o anciana está poco definido y con mínima relevancia. La revolución de los medios de comunicación que promueven el consumo como valor básico para el mantenimiento del sistema productivo actual, la exaltación de la juventud y la caducidad cultural desacreditan todo el que anteriormente representaban los ancianos, con una pérdida importante de significado social… La situación es de tal magnitud que el maltrato y el autoabandono están asociados directamente con el aumento de la mortalidad… Diferentes estudios sugieren que el abuso tiende a ser cometido por un miembro familiar próximo de la víctima. Quién abusa tiende a ser mujer, de mediana edad, con otra persona dependiente a su cargo, con un nivel bajo de autoestima y que se siente atrapada”… Aunque hace falta no olvidar que el mayor y quizás más impactante maltrato no es el físico sino el psicológico y el social. El desprecio por la vejez, el aislamiento, la soledad, la falta de estímulos, ya no solo afectivos sino también sensoriales, pueden ser igual o más nocivos que el maltrato físico evidente. La indiferencia puede ser el peor de los maltratos” (*).

Así como otras violencias llenan las páginas de los diarios, esta queda silenciada. Pero si algo ha hecho visible la llamada pandemia ha sido la constatación de la violencia hacia las personas ancianas, y no ha sido casual la gran mortalidad en los llamados geriátricos o entre personas mayores que vivían en soledad. Como no se ha podido esconder el exterminio de ancianos, se ha intentado esconder la existencia de esta violencia con excusas de todo tipo, entre ellas que si la carencia de personal en los geriátricos, que si estas instituciones están organizadas con ánimo de lucro, que si las gerencias han estado incompetentes, que si ha faltado asistencia sanitaria, etc.

Pero no ha sido estas las razones de fondos de la gran mortalidad, sin duda ha sido la violencia derivada de la concepción económico – productivista de la sociedad, concepción que impregna, consciente o inconscientemente, el conjunto del tejido social.

Las criaturas, desde su nacimiento, son consideradas como improductivas hasta que pueden incorporarse al sistema educativo obligatorio donde ya se considera que empiezan a ser productivas, es decir que se inician en el largo camino que tiene que conducir a la generación de plusvalía. El reclamo de plazas de aparcamiento para criaturas no es muy diferente del reclamo de geriátricos, se trata de lugares donde dejar estas pequeñas personas a despecho de sus necesidades vitales como pueden ser el vínculo materno tan necesario en los primeros años de vida. Y dejando claro que el vínculo materno no significa hacer de ama de casa y ocuparse de las tareas de mantenimiento del núcleo parental, esto puede hacerlo cualquier otra persona. Los mamíferos, y los humanos somos mamíferos, precisan de este vínculo en los primeros años de vida, a despecho de los portavoces de la teoría-trampa de la diversidad que con algunas de sus teorías legitiman la violencia hacia las criaturas.

Los grandes defensores de estos centros, tanto si los reclaman públicos como privados, no se han parado a escuchar los llantos de las criaturas cuando, a partir de los seis meses de vida las dejan en manos de personas extrañas. Y aquí empieza una violencia que durante la vida adulta se esconde detrás de un contrato de trabajo y en la vejez se agudiza.

Los millones, centenares de millones gastados para vestir estos aparcamientos de humanos no productivos, más valdría abonarlos a las personas próximas, consanguineas o no, que aseguraran un bienestar y atención tanto en los primeros años de vida como en los últimos, rodeados del necesario vínculo materno para los bebés; y un espaldarazo tanto físico como emocional rodeado de recuerdos para los abuelos y abuelas.

Esto no excluye la posible existencia de asilos u hospicios públicos para aquellas personas que no tienen ninguna vinculación parental o de amistad comprometida, pero tendría que ser la excepción. Pues nacer, crecer, vivir, envejecer y morir junto a personas próximas tendría que ser la normalidad deseada. Y para ello no hacen falta más aparcamientos para humanos “improductivos”, sino cambiar la inmoralidad derivada del concepto social y moral impuesto por el capital.

No habrá adelanto en el camino hacia otro tipo de sociedad, mientras las consignas reivindicativas sean un eco de los intereses de la clase dominante.

(*) A. Bover Bover, M.L. Moreno Sancho, S. Mota Magañay J.M. Taltavull Aparicio. El maltrato a los ancianos https://core.ac.uk/download/pdf/82175229.pdf

El expresidente hondureño Manuel Zelaya indica que la CIA está detrás del asesinato del Presidente haitiano

Ayer el expresidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) denunció el asesinato del jefe de Estado de Haití, Jovenel Moise, a manos de un grupo de hombres armados desconocidos que irrumpió en su residencia privada en el barrio de Pelerin, Puerto Príncipe.

Zelaya equiparó lo ocurrido con Moise con el golpe de Estado en su contra en 2009, vinculando ambos hechos con la CIA.

“La modalidad de asesinar se intentó en Honduras en 2009 […] El deseo de sangre del golpismo CIA hoy lo saciaron en Haití”, hizo hincapié Zelaya, a través de un mensaje en Twitter.

El asesinato del mandatario haitiano resultará en una nueva “intervención” de Estados Unidos en los asuntos internos del país caribeño. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en Haití, los militares hondureños no llevaron a cabo un magnicidio en su contra, ni usaron mercenarios.

En su lugar lo expatriaron a Costa Rica. “La falsa renuncia, ya muerto no podría desmentirla”, denunció el expresidente centroamericano.

El periódico estadounidense Miami Herald declaró que los hombres armados que asesinaron al mandatario haitiano se habían identificado como agentes de la DEA. El diario indicó que, en los videos tomados por personas cerca de la casa del presidente, se puede escuchar a alguien con acento estadounidense, gritando por un altavoz: “¡Operación de la DEA! ¡Retírense todos! ¡Operación de la DEA! ¡Retrocedan, retírense todos!”.

La policía haitiana ha informado hoy de la muerte de cuatro mercenarios y la captura de otros 17, entre ellos un estadounidense, acusados del asesinato de Jovenel Moise.

La policía bloqueó la carretera para impedir la huida de los mercenarios. Algunos de ellos se habían refugiado en Pelerin y tres policías tomados como rehenes fueron liberados.

Por su parte, el ministro de Comunicación y Cultura de Haití, Pradel Henríquez indicó que a partir de jueves es efectivo el estado de sitio y un toque de queda.

Moise fue elegido presidente de Haití en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2015; no obstante, dichos comicios fueron anulados debido a unas denuncias de fraude electoral. Más tarde, en 2016, fue declarado ganador de nuevo y asumió la Presidencia el 7 de febrero de 2017, por lo que debería gobernar hasta el próximo año.

Sin embargo, el Presidente dijo que debía gobernar hasta 2022 y denunció a la oposición por un intento de golpe de Estado, por lo que a mediados de 2018 comenzó una fuerte crisis política. El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití consideraba que el 7 de febrero finalizaba el mandato de Moise.

El asesinato se produce a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el próximo 26 de septiembre, unos comicios en los que Moise no podía ser candidato, pero el mandatario había convocado para la misma fecha un referéndum a fin de aprobar una nueva Constitución, un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de Estados Unidos.

Sobre la ley (del más fuerte)

Los individuos se encuentran sometidos a las arbitrariedades del aparato represivo del Estado, y la separación de los poderes ejecutivo y judicial sigue constituyendo todavía un problema no resuelto en la práctica de los procesos y, en particular, de los procesos políticos” (1).

¡Han indultado a unos presos políticos independentistas! Esta ha sido la noticia que ha llenado las páginas de los periódicos y los noticieros televisivos y radiofónicos durante unas semanas. Algunos han aludido al “derecho”, a la “ley”, esta toma de decisiones. Otros aludiendo a lo mismo han rechazado el indulto. Otros han aludido a una decisión política oportunista. Otros han reclamando una amnistía para los presos independentistas, que no para el resto de presos políticos. En fin para todos los gustos.

Sentencias, alegatos, apelaciones, más sentencias, recursos a distintos tribunales autóctonos o extranjeros, y un sinfín de argumentaciones que si es delito haber convocado un referéndum, que si es sedición, que si es un derecho amparado internacionalmente… cuando la cosa no fue a mayores y, pienso que a estas alturas se puede afirmar que nunca pasó por la cabeza de los convocantes ir más allá de un amago, arrastrando tras de sí una parte de la población de Catalunya que creyó a pies juntillas los discursos emanados, cuyo objetivo real no era otro que el tira y afloja para el reparto del pastel presupuestario.

Pero el peligro real consistía en la activación de una inmensa masa de población que se organizó con el deseo de ser sujeto de la política, que hubiera podido ser un ejemplo para futuros propósitos emancipatorios, los cuales podían apuntar más allá de los discursos meramente territoriales de los convocantes y sobrepasarlos. Esta “disfunción” entre la élite política y un considerable movimiento de masas activado, provocó el temor suficiente para dejar las cosas como en un ensayo pero sin llegar a la finalización de la obra.

En dicho ensayo, la élite política catalana no tuvo en cuenta que había otros políticos que también deseaban un pedazo mayor de tarta. Y tampoco tuvieron en cuenta que desde hace muchísimos años no existe la denominada división de poderes. El poder es único y engloba la economía, la política, la justicia y las fuerzas armadas, de lo contrario no existiría el poder. Y para existir, además, hay que ejercerlo, y en este ejercicio es equivalente la pena y el perdón, la cárcel y el indulto.

El Derecho es un sistema de relaciones sociales en total sintonía con los intereses de la clase dominante y puesto en práctica por el poder de dicha clase para asegurar su hegemonía, pero al mismo tiempo es también utilizado para dirimir conflictos entre fracciones de la propia clase dominante, como ha sido todo el entramado legal relativo al “conflicto catalán”.

“Quisiera, en particular, que, al igual que en todos los campos del conocimiento y de la consciencia, en el campo del Derecho, que no nos limitáramos a “cambiar el nombre de las calles” o a “poner los letreros del revés” sino que trabajáramos con afán en una demolición y en una reorganización radicales… Todavía está muy de moda limitarse a cambiar el nombre de las calles en vez de rehacer el empedrado, o pintar de rojo las viejas paredes que se derrumban en vez de rehacerlas radicalmente” (2).

(1) Juan Antonio Delval. Introducción al libro “De los delitos y las penas” de Cesare Beccaria. Alianza Editorial. 1982
(2) Pëtr Ivanovic Stucka. La función revolucionaria del derecho y del estado. 1921

La policía ugandesa ha asesinado a dos vendedores ambulantes para imponer el confinamiento

A finales de junio el gobierno ugandés declaró un confinamiento de 42 días con el pretexto de un aumento de “casos” de coronavirus en el pais, aunque fueron muchos los que violaron las restricciones para viajar a Kampala, la capital, porque tienen que comer todos los días.

La imposición de la orden de confinamiento ha sido brutal. Al menos dos vendedores ambulantes han sido asesinados por la policía. Más de 200 personas fueron detenidas mientras trabajaban en el centro de la ciudad.

“Nos movemos porque no tenemos nada que comer, pero ¿y si tuviéramos algo que comer? No podíamos ser arrestados. Nos detienen porque lo único que hacíamos era movernos, vender para conseguir algo de comer”, dijo Musa Kalyango, un vendedor ambulante de 30 años.

La policía ugandesa controla la prohibición de desplazarse entre los barrios y patrulla por el centro de la capital para hacer cumplir el nuevo toque de queda. Tiene la orden de detener e incautar los bienes pertenecientes a los vendedores ambulantes. En ocasiones han dispersado a los vendedores ambulantes que violan el confinamiento.

“Las órdenes consisten en asegurarse que los vendedores ambulantes no se instalaran en el borde de la carretera, pero desgraciadamente encontramos a muchos haciéndolo y más de 200 fueron detenidos”, dijo Luke Owoyesigire, portavoz de la policía de Kampala.

Muchas personas ya no pueden seguir trabajando. La policía y el ejército ugandeses se han desplegado para expulsar a la gente de las carreteras que conducen a Kampala. También hay controles de carretera en todas las fronteras de los barrios. Las restricciones a los viajes han afectado a los pequeños comerciantes.

En Uganda el 69 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día y se ve obligada a pasar hambre por los organismos financieros internacionales y la corrupción política.

En virtud del nuevo confinamiento, sólo se permite la apertura de farmacias, supermercados y otras tiendas de productos de primera necesidad.

El transporte público también está suspendido, y sólo los transportistas de carga y los vuelos están exentos de la prohibición.

Uganda pidió un préstamo casi 1.000 millones de dólares el año pasado con el pretexto de la “lucha contra el covid”, pero una auditoría ha revelado que se robaron millones o se gastaron indebidamente.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial conceden créditos de cientos de millones de dólares a los países con la condición de imponer estrictos confinamientos y restricciones a los movimientos de la población civil. Hace unos meses a Bielorrusia le ofrecieron un préstamo de 940 millones de dólares, que el presidente Lukashenko rechazó.

—https://www.africanews.com/2021/06/25/uganda-arrests-street-vendors-defying-virus-lockdown//

La salud no está por encima de la economía

El confinamiento y demás restricciones sanitarias han transformado a España en el país con la mayor tasa de paro juvenil de toda la OCDE, según el último informe sobre empleo de dicha Organización. Durante los primeros cuatro meses de pandemia, el paro subió entre los más jóvenes (de 16 a 24 años) en más de diez puntos, pasando del 31,5 por ciento en el que se encontraba en el comienzo de la pandemia, hasta escalar a un máximo del 42 por ciento.

Dicho incremento fue el triple que el experimentado por los mayores de 25 años. “Los jóvenes más afectados fueron aquellos que entraron en el mercado laboral en el periodo de la pandemia, que no consiguieron encontrar su primer trabajo en un contexto de pocas contrataciones”, explica el informe.

Actualmente, la tasa de paro entre los menores de 24 años está en el 38 por ciento, lo que coloca a España por delante de Grecia (34,2 por ciento, según el dato de diciembre de 2020), que fue el que ocupó el primer puesto durante gran parte de 2019.

La media de desempleo juvenil de la OCDE se sitúa en el 14 por ciento, un porcentaje que España duplica con creces.

España redujo un 14 por ciento su presupuesto dedicado a políticas activas de empleo.

Los ERTE sirvieron para mantener contentos y callados a unos 60 millones de trabajadores en el conjunto de países miembros de la OCDE, lo que supone el 20 por ciento de toda la fuerza de trabajo.

Durante el pico máximo de uso de los ERTE en España, estos se aplicaron a un 20 por ciento de los puestos de trabajo, número muy similar al de la media de los países de la OCDE. El cifras absolutas, más de tres millones de trabajadores cayeron en los ERTE en los comienzos de la pandemia.

Además, las restricciones han llevado a la quiebra a una de cada veinte pequeñas y medianas empresas. Entre los trabajadores de las pequeñas empresas, el 27 por ciento ha tenido que acogerse a los ERTE para no morirse de hambre.

De la jubilación a la tumba

El día 27 de enero de 2021, la Comisión Europea editó un panfleto que lleva por título “Libro verde sobre el envejecimiento” (*). Un amasijo de declaraciones, recomendaciones, verdades, mentiras, todo ello con un lenguaje aparentemente humanista y benévolo utilizado para encubrir el trasfondo real del mensaje, el cual hay que buscarlo en unos breves párrafos. Mensaje que de forma clara dicta el presente y futuro de las pensiones, con el objetivo de aumentar el trasvase de rentas de la clase obrera hacia la burguesía.

Ya al inicio del panfleto, en la página 2 afirma: “Los Estados miembros abordan estas repercusiones del envejecimiento mejorando los sistemas educativos y de capacitación, fomentando una vida laboral más prolongada y plena e impulsando reformas en los sistemas de protección social y de pensiones”.

Tres elementos que se mantienen en todo el texto: trabajar más años, reforma del sistema de pensiones cuya traducción a lenguaje común es igual a recortes, y extensión de los fondos de pensiones complementarios.

En la página 13 vuelve a la carga con el siguiente texto: “Para garantizar que estas (las pensiones) siguen siendo adecuadas teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, la gente, tendrá que trabajar durante más tiempo en el futuro” .

La responsabilidad no recae en las partidas presupuestarias dedicadas a multimillonarias subvenciones al capital privado, ni las políticas fiscales que permiten no pagar apenas impuestos a la clase dominante, ni el océano de corrupción con el cual viven los partidos políticos y centrales sindicales mayoritarias, ni de las fortunas gastadas en armamento y despliegue militar neocolonial por todo el mundo.

No, la responsabilidad recae en el aumento de la esperanza de vida de hombres y mujeres de la clase obrera. Suya es la responsabilidad de vivir demasiados años, suya es la responsabilidad del desequilibrio presupuestario, suya es la responsabilidad de no saber morir antes. Aunque, siendo malpensados, tal vez la extensión pandémica que se ha cebado casi exclusivamente en personas jubiladas, haya sido una estrategia no escrita ni publicada para “solucionar” en parte el problema de la esperanza de vida. Del capital podemos esperar lo más inverosímil.

A los actualmente jubilados, difícilmente les van a quitar la pensión actual, aunque no puede desecharse la idea de que ésta sufra recortes como ya sucedió en Grecia como exigencia de la Comisión Europea, la misma que hipócritamente habla de envejecer con salud en el libro verde sobre el envejecimiento.

Continúa el panfleto aludido en su página 15: “Se ha puesto de relieve en diversas ocasiones el desafío de mantener unas pensiones adecuadas, justas y sostenibles en una sociedad que envejece y la necesidad de las personas de acumular ahorros adicionales. No obstante, a falta de otras reformas, es probable que el mayor número de pensionistas y la menor cantidad de personas en edad laboral lleven a unos porcentajes de cotización más elevados y a unas tasas de sustitución de las pensiones inferiores con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

”Acumular ahorros adicionales” pagando un fondo de pensiones, “aumentar las cotizaciones obreras”, es decir rebajar el salario real, a la par que se propone disminuir las cotizaciones patronales. Y el juego de palabras de las “tasas de sustitución” que no es otra cosa que el porcentaje cobrado por jubilación respecto al último salario, que según el informe “Pensions at a Glance” editado por la OCDE en 2019, en España la pensión representa un 72,3 % del salario medio, cuando en Francia es de un 60%, Alemania un 38,7% y en Gran Bretaña un 21,7%.

Casi podemos afirmar que la pretensión de la Comisión Europea, como portavoz del capital europeo, no es otra que homogeneizar las tasas de sustitución de todos los países para llevarlas a los porcentajes de Alemania. La banca, las entidades financieras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones se están frotando las manos ante el “humanitarismo” reflejado en el citado libro verde.

Todo y que un parte importante del proletariado europeo, sobre todo el ubicado en las grandes empresas y funcionariado público paga ya una cuota complementaria a diversos fondos de pensiones, la voracidad del capital no tiene límites y la pretensión es que la casi totalidad de trabajadores europeos se desprenda de otra parte del salario para engrosar las arcas de las entidades financieras.

Aún queda por robar a una parte importante del proletariado, por ello, en la página 16 del citado libro verde señala que: “Se debe concienciar a los ciudadanos acerca de la situación de sus derechos de jubilación. Unas pensiones complementarias de calidad, seguras y rentables, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales, que complementen los regímenes de pensiones pueden ofrecer ahorros de jubilación adicionales”.

A los que actualmente están ya jubilados, tal vez les repercuta en algo sus ingresos, pero a los que todavía no han alcanzado la edad de jubilación, el descalabro puede ser brutal. Aunque parece ser que no importe mucho, puesto que las grandes protestas contra los atentados al sistema de pensiones, han ido de la mano de las personas jubiladas, con escasa o nula participación de los obreros en activo, con lo cual en ningún momento han hecho peligrar la producción ni los beneficios y como consecuencia han dejado vía libre a cualquier atentado sobre las pensiones avalado, sin ningún tipo de escrúpulo, por las centrales sindicales subvencionadas.

La perspectiva no es nada halagüeña, ya que el pretendido milagro europeo de la transición digital y la industria 4.0, con sus perspectivas de grandes incrementos de la productividad y beneficios empresariales, pretende emular los milagros orientales de Corea. Japón, China, Indonesia o India, países en los cuales el porcentaje de personas que continúan trabajando a partir de los 65 años hasta los 69, es del 35 al 50% según los datos facilitados por Statista y que se pueden visualizar en el gráfico adjunto.

Aviso para navegantes: si el joven proletariado europeo no enfrenta decididamente estas constantes agresiones, deberá exprimir a sus padres y abuelos para llegar a fin de mes, mientras éstos estén vivos y cuenten todavía con una pensión decente. ¿O, tal vez, este joven proletariado piensa vivir de los ahorros acumulados con el sudor de sus progenitores?

(*) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_es.pdf

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