El Tribunal Constitucional le ha dado el carpetazo final a cualquier clase de investigacion sobre García Lorca y los que fueron asesinados junto a él. Previamente todos los órganos judiciales ya habían rechazado que se investigara dónde están los restos del poeta, de dos banderilleros y de un maestro de la Republica. El pretexto no puede ser más ridículo: los culpables están muertos. Ahora bien, si nadie ha investigado nada, ¿por qué saben la identidad de los asesinos y, además, que están muertos?
Lo mismo ocurre con los crímenes del rey emérito, que no sólo son económicos, sino más de lo mismo. Cuando alguien inicia acciones judiciales en su contra, a los jueces y fiscales les falta tiempo: el rey ha sido y es “irresponsable”. Le declaran así incluso cuando un hijo inicia una declaración de paternidad, por lo que en este “Estado de Desecho” las personas no pueden averiguar si el rey es su padre.
Una persona es “irresponsable” cuando no puede ser condenada, una cuestión muy diferente de que pueda ser investigada. Es más, cuando el rey comete un delito, como la muerte de su hermano, los jueces y fiscales están obligados a investigar quién lo mató y sólo entonces podrán declararlo “irresponsable”, porque hasta el más inepto de ellos debe saber -supongo- que sólo a un asesino se le puede calificar de “irresponsable”.
La Constitución declara “irresponsable” al rey porque sus actos deben ir referendados por otra persona. En tal caso la responsabilidad es de esa otra persona. Ahora bien, se supone que esos actos son de tipo político o público, no los privados, porque ninguna otra persona puede refrendar un atraco, o un asesinato, o una paternidad. En tales casos, la obligación de un juez y un fiscal debe ser investigar y una vez que sepa que el autor es el rey, entonces podrá decidir posteriormente que es “irresposable”.
Pero no se trata sólo del rey. España es un Estado lleno de “irresponsables”. Por lo menos hay tantos como fosas comunes repartidas por los más oscuros recónditos de la geografía. Los jueces suelen decir que los crímenes han prescrito, o que los autores han muerto. Pero para decir eso primero hay que investigar: localizar las fosas, inhumar los cadáveres, averiguar la fecha del asesinato e identificar a los criminales.
Lo que constituye una vergüenza absoluta, que descalifica a cualquier Estado, es que tengan que ser personas y organizaciones privadas los que emprendan la tarea de investigar algo que corresponde a la policía, a la fiscalía y a los jueces, y que más de 80 años después no se haya constituido una comisión parlamentaria para hacerlo.
También en eso, España es un Estado muy diferente de otros y cada día que pasa tanto los diputados como los jueces, los fiscales y otros funcionarios públicos se están definiendo a sí mismos como lo que realmente son.
Los crímenes que se cometen en masa, lo que hoy se califica como “terrorismo de Estado”, no están sometido a las normas internas, sino a las internacionales y, en tal, caso no sólo se pueden sino que se deben investigar, por más tiempo que haya transcurrido, porque los crímenes de guerra y demás delitos atroces contra la humanidad no prescriben jamás.
Los jueces y ficales no conocen las normas jurídicas y, lo que es peor, no conocen la historia. García Lorca, los dos banderilleros y el maestro republicano no han muerto; a fecha de hoy siguen desaparecidos, y ese es un crimen que se sigue cometiendo cada día y que se debe investigar cada día.
La guerra contra el fascismo no acabó en 1939 porque sus efectos siguen presentes. El Pazo de Meirás ha recordado que los republicanos no sólo fueron asesinados sino que sus bienes fueron expoliados y saqueados, una situación que también sigue vigente, y aunque los chorizos hayan muerto, sus herederos siguen disfrutanto del saqueo y los republicanos siguen privados de sus legítimas propiedades.
Lo mismo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tampoco ha sido capaz de anular los juicios que, como el de Grimau, no respetaron ni siquiera la propia legislación fascista.
Esto está ocurriendo cada día por una razón elemental: porque no hay un “Régimen de 1978”, como se dice ahora, porque este Estado y todo su entramado jurídico e institucional es idéntico al de 1939 y no se va a suicidar a sí mismo, no se va condenar a sí mismo y no se va a investigar a sí mismo.
En ocasiones, los jueces y fiscales se acogen a la ley de amnistía de 1977 para garantizar la superviviencia del fascismo, y lo que es peor: han insistido tanto que algunos creen que, en efecto, dicha ley fue un “punto final”, por lo que volvemos a olvidar la historia, incluso la más reciente.
No vale lamentarse ahora: los que aprobaron dicha ley no fueron sólo los viejos franquistas, sino ellos y todos los oportunistas que se subieron al carro de la transición, participando en las elecciones de junio de aquel año. Partidos políticos como el PSOE, el PCE o el PNV no se pueden lamentar por ello, ni por haber mantenido la boca cerrada desde 1977 y las fosas cerradas desde 1939.
La ley de amnistía de 1977, lo mismo que otras anteriores, no sacó a todos los presos políticos a la calle por lo que no es una ley de punto final. Pero sacó a muchos a regañadientes y en esa medida fue una gigantesca conquista de la lucha en la calle, lograda a costa de numerosos muertos, detenidos y torturados.
Que los fascistas aprovecharan el momento para amnistiarse a sí mismos y que los oportunistas que he mencionado -y otros que se podrían añadir- mantuvieran la boca cerrada, es el signo diferencial del país en el que vivimos, o sea, más de lo mismo. El fascismo no hubiera podido perpeturarse hasta hoy sin ese apoyo.
