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Represión fascista: cuando los jueces reconvierten los derechos en delitos

Juan Manuel Olarieta

En un Estado fascista lo más típico es que los derechos se reconviertan en delitos. Por eso España nunca ha reconocido la existencia de presos políticos, ni detenidos políticos, ni juicios políticos. El franquismo tampoco lo reconoció. En esto el régimen del 78 es igual al régimen del 39.

Vivimos en un país tradicionalmente lleno de delincuentes comunes, de huelguistas, de terroristas, de manifestantes, de raperos, de soberanistas, de humoristas…

La reconversión de los derechos en delitos requiere de una auténtica ingeniería jurídica que, aquí y ahora, es doble y concierne a todos los tribunales de este país, marcados por el mismo sesgo político, o sea, el fascista (no me cansaré de remarcarlo).

Primero, los jueces nunca condenan el terrorismo, ni la violencia, ni la violencia política así, en general, sino sólo la que se dirige contra el Estado. Segundo, ni siquiera condenan por el ejercicio de la violencia ya que cualquier clase de protesta se considera como violencia, sobre todo cuando quiere ser pacífica expresamente.

Los ejemplos abundan y algunos se han convertido en verdaderos tópicos, como el de “todo es ETA”, pero también hay que poner encima de la mesa otro tipo de represión política, como la criminalización de los escraches o los piquetes de huelga.

Hace un par de meses se celebró en Santander un juicio contra seis acusados de un escrache ejercido en febrero de 2014 contra el entonces presidente de Cantabria y dirigente del PP, Ignacio Diego, durante un paripé en la Universidad titulado “Tengo una pregunta para usted”.

Los estudiantes portaban una pancarta en defensa de la educación pública y esperaron pacíficamente la llegada del coche oficial. Al verle salir por la puerta comenzaron a corear consignas a favor de una enseñanza de calidad, pero ocurrió lo de siempre: los escoltas se abalanzaron sobre ellos y les golpearon.

Luego los policías, fiscales y jueces fabrican un artificio, que siempre es el mismo. Le dan una vuelta de 180 grados a la realidad, es decir, la falsifican para que los manifestantes que ejercen sus derechos aparezcan como los violentos, mientras los políticos y sus escoltas son sus víctimas.

Los que se sientan en el banquilllo no son los políticos ni los escoltas sino los manifestantes por un “horroroso crimen” que sólo existe en los países fascistas: manifestarse y protestar, exactamentente igual que los raperos se sientan en el banquillo por cantar y los humoristas por contar chistes.

Cuando la realidad se falsifica, cualquier cosa es posible porque la represión fascista no se confirma con eso, con un único delito. Al llevar a la policía a los lugares donde se ejercen los derechos, se provoca una catarata en la que aparecen más delitos, como los desórdenes, la desobediencia, la resistencia a la autoridad, las injurias, los daños… El Código Penal al completo.

Todo en un tribunal fascista es ingeniería, artificio y reconversión de la realidad en su contrario. La intervención de la policía en el ejercicio de cualquier derecho fundamental, como una concentración, convierte a la protesta más pacífica imaginable, simbólica, en terrorismo callejero.

Ya lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de los tiempos franquistas: no existen protestas pacíficas; todo es “terrorismo menor”. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco siguió ese criterio cuando en una resolución acusó a los indignados del 15-M de ejercer una “violencia moral”.

No ha cambiado absolutamente nada.

El ‘as en la manga’ de Corea del norte son los satélites espaciales con armas nucleares

El 29 de noviembre Corea del norte realizó la tercera prueba exitosa de un misil intercontinental y el Secretario del Pentágono, el general Mattis, la describió en los términos retóricos acostumbrados como una “amenaza” que demostraba “un esfuerzo de investigación y desarrollo por su parte para continuar construyendo misiles balísticos que pueden amenazar en todo el mundo básicamente”.

La palabra clave no estaba en las amenazas ni en los misiles sino en el gran desarrollo técnico alcanzado por Corea del norte que, como es lógico, alcanza al terreno militar.

Los Estados modernos, sobre todo los más desarrollados, han llegado a un punto en el que fabrican una payasada tras otra y luego se las creen. Desde hace muchos años los informes de inteligencia vienen subestimando groseramente la capacidad técnica de Corea del norte, un país al que describen como famélico, casi al nivel de Haití, lo cual acaba desatando la catarata de declaraciones provocativas y políticas chulescas que los capitalistas sólo utilizan para dirigirse a los mayordomos.

El 12 de octubre de 2017 la Comisión de Defensa del Congreso fue mucho más clara. Aunque repitió la retórica habitual de que Pyongyang supone una amenaza mundial a causa de los misiles balísticos intercontinentales, el verdadero problema -reconoció- son sus satélites, dos de los cuales orbitan actualmente encima de Estados Unidos de manera permanente.

Un solo satélite equipado con armas nucleares detonado a gran altitud generaría un pulso electromagnético capaz de bloquear las redes eléctricas y las infraestructuras críticas.

Ante la Comisión de Defensa del Congreso testificó William Graham, presidente de la Comisión encargada de estudiar la capacidad norcoreana para generar armas de pulso electromagnético:

“Si bien la mayoría de los analistas están obsesionados con la posibilidad de que en el futuro Corea del norte desarrolle misiles intercontinentales altamente eficaces, sistemas de orientación y vehículos de reingreso capaces de atacar una ciudad de Estados Unidos. Aquí y ahora la amenaza de pulso electromagnético se ignora. Un ataque electromagnético no requiere un sistema de guía preciso porque el área de efecto, que tiene un radio de cientos o miles de kilómetros, es muy grande. No se necesita ningún vehículo de reentrada porque la ojiva se detona a gran altitud, por encima de la atmósfera. La fiabilidad de los misiles importa poco porque solo tiene que funcionar un misil para hacer un ataque electromagnético contra un país entero”.

El 2 de septiembre Corea del norte confirmó la evaluación de la Comisión del Congreso al probar una bomba de hidrógeno que podría causar un ataque devastador a Estados Unidos. En su declaración pública oficial el gobierno de Pyongyang afirmó que “la bomba de hidrógeno, cuyo poder explosivo es ajustable de decenas de kilotones a cientos de kilotones, es un arma termonuclear multifuncional con gran poder destructivo que puede detonarse incluso a gran altura para un ataque de pulso electromagnético superpotente de acuerdo con objetivos estratégicos”.

Este es el único lenguaje que entienden en Estados Unidos y el que -hasta la fecha- está salvando a la población de Corea del norte de una agresión similar a la que han padecido países como Libia o Siria.

http://thehill.com/opinion/national-security/363326-how-one-north-korean-nuclear-armed-satellite-could-cripple-the-us

Ansarallah puede convertirse en el nuevo Hezbollah de la Península Arábiga

El lunes el máximo sicario de los saudíes en Yemen, el antiguo presidente del país Abd Rabbo Mansur Hadi, ordenó a sus tropas la recuperación de Sanaa, la capital, que cayó en poder de los hutíes en enero de este año.

La operación, llamada “Sanaa Árabe”, pretende aprovechar las divergencias aparecidas entre los hutíes de Ansarallah y sus aliados de Al-Moetamar, el partido dirigido hasta ahora por Ali Abdallah Saleh, que fue ejecutado el mismo lunes por romper la unidad entre ambas fuerzas.

Las fuerzas que encabezan los saudíes tiene pensado crear una tenaza atacando la capital con siete batallones desde varios frentes, especialmente por el este y el noroeste, donde cuentan con el apoyo de la tribu de los Jawlane.

Mientras, las milicias hutíes se preparan para una defensa en solitario de Sanaa, con la posibilidad que sus antiguos aliados se vuelvan en contra suya. La mayor parte de los comentaristas esperan su derrota, pero algunos destacan que Ansarallah puede salir reforzada de la guerra, creando un nuevo Hizbollah en la Península Arábiga.

Analizada con una perspectiva temporal, la unidad entre ambas fuerzas, Ansarallah y Al-Moetamar, era frágil. Mientras llevó las riendas de Yemen durante 20 años, el fallecido Saleh siempre fue un enemigo declarado de Irán.

Salvando las distancias, Al-Moetamar era el Baas de la Península Arábiga y Saleh siempre apoyó a Saddam Hussein, empezando por su guerra contra Irán en los ochenta, en cuyo bando combatieron muchos yemenitas.

Saleh también apoyó a Saddam cuando en 1990 el dirigente irakí invadió Kuwait y reprimió el levantamiento huti en 2004. Todo cambió tras la Primavera Árabe de 2011, cuando Saleh e Irán comenzaron a apoyar a los hutíes y, a la vez, se convirtieron en aliados entre sí.

La propia agresión saudí en 2015 reforzó esa alianza, que parecía sólida hasta que Saleh cambió de criterio, tendiendo una mano a Riad que, finalmente, le ha costado la vida.

Las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras invadir Irak en 2003

La fiscal Fatou Bensouda
En su informe relativo a este año 2017, la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirma que hay indicios sólidos de que las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras la invasión de Irak en 2003.

La excusa para la invasión, las famosas “armas de destrucción masiva”, era mentira y las consecuencias atroces, hasta el punto de que la fiscal asume la competencia del Tribunal para juzgar a los criminales británicos.

El informe tiene 74 páginas y se publica en la 16 Sesión anual de los Estados que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundó el Tribunal. La reunión se está celebrando en Nueva York en la sede la ONU.

El informe es el paso previo a la apertura de una investigación sobre asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos contra más de mil militares y civiles irakíes detenidos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008.

El informe alcanza cotas espeluznantes cuando relata los asesinatos de 52 irakíes mientras permanecían detenidos. La descripción se basa en los informes de abogados pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, que la fiscal tiene que corroborar con los registros de las detenciones, fotografías, certificados médicos y otros medios de prueba.

La fiscal también alude a la posibilidad de que los tribunales británicos abran una investigación, lo que hasta ahora no se ha producido. El gobierno de Londres ha disuelto el órgano al que había encomendado la instrucción de un expediente sobre los crímenes de guerra de sus tropas, silenciando 675 denuncias, entre ellas 20 por asesinato que estaban destinadas a la Policía Naval, según datos del Ministerio de Defensa.

En 2006 el antiguo fiscal del Tribunal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, ya cerró una investigación preliminar por falta de pruebas suficientes.

La bala ‘lavada’ del policía que mató a Caparrós en la transición

Manuel José García Caparrós
Manuel José García Caparrós tenía 18 años, un empleo en Cervezas Victoria y un carnet de CCOO cuando una bala de 9 milímetros acabó con su vida en Málaga, durante la manifestación gigantesca que Andalucía vivió el 4 de diciembre de 1977.

El día en que lo mataron Manuel José llevaba una cazadora marrón y 9.000 pesetas en el bolsillo, quizá su último sueldo por llenar botellas en la fábrica Cervezas Victoria. Hacía poco que se había afiliado a CCOO, faltaban tres semanas para que cumpliera 19 años. Por última vez le oyeron gritar: “¡Asesinos, me han dado!”

Fueron varios días de represión y de guerrilla urbana. La respuesta a la manifestación fue el despliegue de un sinfín de policías pegando tiros: 23 contó el juez, pero hubo muchos más. Entre los disparos que realizó la policía para contener a los manifestantes, una le atravesó la axila izquierda a Manuel José García Caparrós y se le incrustó en el costado derecho, cerca de la cadera. Al poeta Laurentino Heras, que entonces era cura, le zurraron por llevar un crespón negro en su memoria. En el cuartel, la policía le arrancó la barba a piel viva.

Cuarenta años después el asesinato, cometido en medio de disparos, botes de humo y piedras volando, es un caso abierto y una herida aún sangrante para sus tres hermanas. Aunque nuevas investigaciones están arrojando luz sobre el crimen. Las averiguaciones de una secretaria judicial empeñada en esclarecer el caso y de los artífices de un documental que este lunes estrena Canal Sur son el hilo conductor de esta historia. La historia de la muerte del chico que se convirtió en mártir y mito del autonomismo andaluz; de una bala que fue lavada con acetona y nunca permitió procesar a ningún sospechoso, y del hombre, entonces cabo primero de la Policía Armada, al que varios indicios apuntaron como culpable pero que, sobreseído el caso, siguió su vida como agente a 37 kilómetros de allí.

Aquel día, después de resultar herido, Manuel José ingresó ya muerto en la residencia hospitalaria Carlos Haya. En su cuerpo tenía alojada una bala del calibre 9 milímetros corto, fabricada en Toledo. Propia de las armas que utiliza la Policía Armada. Sin embargo, cuando el cadáver llegó a la sala de autopsias, la bala ya no le acompañaba.

El documental 23 disparos -por los 23 tiros que impactaron contra algo aquel día: fachadas, farolas… y el cuerpo de Manuel José-, en el que el policía jubilado Juan Antonio O’Donnell entrevista a varios agentes y civiles que presenciaron los hechos, se revela que “en la sala de autopsia nunca estuvo el proyectil”, según el ayudante de forense que analizó el cuerpo del joven, Antonio García de Gálvez. Alguien, probablemente un médico de urgencias, se la había extraído del cuerpo y la había adherido a la sábana de su cama con un esparadrapo. Así fue como el juez ordenó levantar el cadáver.

A partir de ahí se inicia una investigación judicial de ocho años que acaba en sobreseimiento provisional por falta de pruebas y en la que el proyectil es sometido a 12 traslados de ida y vuelta entre juzgados y hasta a cinco exámenes balísticos. En uno de ellos (el cuarto) se asegura que la bala blindada que mató a García Caparrós pudo ser disparada por el arma reglamentaria de un cabo primero de la Policía Armada de iniciales M. P. R, pero nunca se fue más allá, según ha podido concluir Rosa Burgos, la secretaria judicial que ha escudriñado el sumario que ella misma localizó entre montones de papeles en los sótanos del Palacio de Justicia de Málaga.

Otro policia de gatillo fácil

Su nombre era Miguel Pastor. Nacido en Málaga, tenía 36 años en diciembre de 1977 y poco después se trasladó a la localidad de Vélez-Málaga, en la misma provincia. Dejó su ciudad, pero no su profesión. Ya reconvertido en policía nacional, fue destinado a varios puntos de España, como Lleida y Fuengirola, apunta un conocido. “Ascendió a sargento”, añade esta fuente, “y en Vélez-Málaga se jubiló como subinspector”. Un infarto cerebral lo dejó muy tocado y murió hace unos años, superados los 70.

¿Fue él quien causó la muerte a García Caparrós? No puede decirse con certeza. En opinión de Rosa Burgos, es muy posible, pero “una serie de favores envenenados” dejaron el caso en suspenso. Su tesis es que en plena Transición… hubo un “pacto de silencio”.

Los indicios que se extraen del sumario y que apuntan al cabo Pastor son varios. La secretaria judicial los recoge con detalle en su libro Las muertes de García Caparrós, publicado esta semana y editado por la revista malagueña El Observador.

El primero resulta quizá insignificante. Cuando arranca la investigación, aquel mes de diciembre, el juzgado cita a varios policías. Entre ellos, al cabo Pastor. Pero no acude a la cita. “El cabo primero de estas Fuerzas don M. P. R. se encuentra enfermo en su domicilio y bajo tratamiento por padecer cistopielitis”, alegó un teniente médico.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acaba declarando, por primera y última vez. Explica que él estuvo allí, cerca de donde dispararon a Manuel José, pero que no utilizó su arma. Sin embargo, otro testigo le contradice: el cabo Pastor, hombre “de complexión fuerte, atlética, con nariz aguileña”, no sólo efectuó un disparo, sino varios…

El entonces diputado de UCD y actual alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda aún hoy una escena que el propio cabo Pastor relata en su declaración. De la Torre se cruzó con el cabo, que “llevaba el arma en la mano”, y le conminó a que “la enfundara”, que allí había mujeres y niños.

Pasaron cuatro años hasta que el abogado de la familia de García Caparrós solicitó una prueba balística con la pistola del cabo y la de otro agente. La Policía respondió entonces al juzgado que su arma había sido dada de baja el 31 de enero de 1979, a pesar de que funcionaba correctamente.

Siete años después de la muerte de Manuel José, otro informe cuestiona que la bala tantas veces analizada sea la que mató al chico porque no tiene restos orgánicos: según consta en el sumario, había sido “limpiada” con acetona. Así que el 24 de junio de 1985 el juez acuerda el sobreseimiento del caso.

El crimen se investigó judicialmente, sí, y también hubo una comisión de investigación secreta en el Congreso de los Diputados (cuyas actas íntegras aún reclaman las hermanas de Manuel José). Pero no se concluyó nada. Caso prescrito. Así hasta hoy.


‘El más besucón’

En estos 40 años han muerto los padres del chico y son sus tres hermanas quienes lo recuerdan. Para ellas era “Manolito”, tan guapo y tan alto (1,90 de altura), “siempre un buen hijo y un buen hermano”, cuenta a Crónica Loli García Caparrós, la hermana menor. “Era el más besucón de todos: 20 veces llegaba a casa y las 20 les daba un beso en la frente a mi madre y a mi padre. Era tan cariñoso…”

La familia solicitó en su día que Manuel José fuera considerado víctima del terrorismo, cosa que no han conseguido. Sí han visto cómo colocaban una placa en su memoria (con el nombre mal puesto, “José Manuel”, y no en el lugar exacto donde le dispararon) y Raza Mora le dedicó un pasodoble:

Un cuatro de diciembre muere un malagueño
una bala traidora le quitó la vía
tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo
y alzando la bandera de su Andalucía

Para las García Caparrós la herida sigue abierta. “¿Por qué nadie nos ha dicho el nombre de ese policía en 40 años?”, se pregunta Loli. “Quien mató a mi hermano fue un cobarde: los cobardes matan y se esconden. Se llevó a una familia entera y eso no se puede olvidar. Sólo queremos saber la verdad”. El cabo Pastor ya no les podrá responder.

http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/04/5a219a1a268e3ed1638b4684.html

‘Me cago en Franco’: empezó el TOP y sigue la Audiencia Nacional

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”. A Timoteo el ataque de sinceridad le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.

En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.

El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html

Un coronel falangista de la Guardia Civil vendía armas y explosivos a los grupos fascistas

El coronel nazi de la Guardia Civil
El pasado 1 de junio la jueza de Instrucción 4 de Alcalá de Henares amplió en nueve personas más el número de militares y guardias civiles investigados por vender armas y explosivos a los grupos fascistas. En total ya hay 16 acusados.

Entre los dirigentes de la banda está el coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, más conocido por los alias de “Rudolf” y “El Nazi”, detenido en mayo de 2015 por su implicación en una red de tráfico de armas.

El coronel confesó a la prensa que es de ideología falangista y que asiduamente participaba en los homenajes a Franco y José Antonio Primo de Rivera. La banda era muy famosa en las cloacas neonazis. “Rudolf” llegó a reunirse en Madrid con un candidato a las elecciones europeas de Falange Española Independiente. Le ofreció un fusil de asalto M-16, grilletes y munición. Pero el falangista se decantó finalmente por una ametralladora valorada entre 4.500 y 5.000 euros.

La banda está relacionada con un falangista que estuvo en prisión por apuñalar a un joven en Guadalajara y el coronel “Nazi” también entregó un paquete sospechoso el 4 de abril de 2015 en la calle Canarias de Madrid a un candidato electoral del grupo fascista Alianza Nacional.

Esta mafia custodiaba las armas y municiones en diversos trasteros de alquiler en Madrid a los que denominaban “zulos”. En el radicado en los bajos de un edificio del número 199 de la calle Embajadores de Madrid, entre botellas de butano y cartones guardaban un total de 24 kilos de explosivo de los tipos TNT y PG-2, un material plástico utilizado por la Guardia Civil y el Ejército en dosis de gramos por su alto poder detonante. También había 12.500 cartuchos, decenas de petardos de trilita y armas de guerra.

El arsenal tenía capacidad para hacer saltar por los aires las viviendas donde se hallaba almacenado en secreto. El subteniente del Ejército Francisco C. M. también acumuló un polvorín casero en dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares, donde guardaba cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros.

La banda formó el arsenal con material suministrado por un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva que, como Rodolfo, pasó diez meses en prisión preventiva tras las detenciones.

Además del tráfico de armas, la jueza investiga otros delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, revelación de información privilegiada, cohecho, riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.

Todos trabajaban a las órdenes de Jesús de G.L., alias “El Grande”, un capitalista de Benavente con antecedentes por homicidio y amenazas. El jefe ejercía la violencia y el chantaje para cobrar deudas.

Entre los implicados aparece un miembro de los Grupos Rurales de Seguridad, tambien de la Guardia Civil, y además hay dos militares involucrados. Otro acusado es un funcionario civil del Ministerio de Defensa que pretendía transportar 11 millones de euros de procedencia desconocida. Otro miembro de la banda es un civil con antecedentes por narcotráfrico que sobornó al coronel Rodolfo Sanz datos reservados. También aparece un especulador segoviano que compró una pistola a la red mafiosa. Finalmente, otro es un detective privado con pasado neonazi.

El coronel falangista no sólo traficó con armas, sino que además cobró deudas con violencia e incluso asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España. Aprovechaba su condición de guardia civil para filtrar a los delincuentes información sensible a las bases de datos de la Guardia Civil a cambio de un sueldo de entre 500 y 1.000 euros al mes.

En el sumario aparece que sus colegas se jactaban de las torturas: “No hace ni diez minutos que le acabo de romper la cabeza a un dominicano. ¡Le he dado una paliza que le he descojonado por completo!”, alardeó un guardia civil.


https://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487090041_119936.html
https://www.lanuevacronica.com/9-investigados-mas-en-el-caso-del-trafico-de-armas-del-coronel-de-la-guardia-civil

El parlamento australiano acoge a un fascista británico

El fascista británico Milo Yiannopoulos
Ayer el Parlamento australiano de Camberra recibió al fascista británico Milo Yiannopoulos, invitado por el senador “demócrata” David Leyonhjelm. La visita fue precedida, como corresponde, por los enfrentamientos de la víspera entre fascistas y antifascistas en Melbourne.

En febrero Yiannopoulos renunció al cargo de editor del portal de noticias Breitbart News a raíz de la polémica por sus comentarios favorables a la pedofilia.

“No diría que soy un discípulo suyo”, dijo el senador australiano que enfatizó que no comparte los polémicos puntos de vista del fascista, según el Canal 9 de televisión.

Yiannopoulos evitó hacer comentarios sobre las protestas nocturnas en las que se enfrentaron los antifascistas de Campaign Against Racism and Fascism y los fascistas de True Blue Crew que, a pesar de su xenofobia, apoyaban la visita de un extranjero a su parlamento. “No tengo nada que declarar por el momento”, dijo escuetamente Yiannopoulos al Canal 9 al referirse a las manifestaciones.

La policía tuvo que utilizar gases para poner fin a la reyerta entre ambos bandos y cerrar una calle desde la que se arrojaron piedras contra los vehículos policiales.

Yiannopoulos se encuentra en Australia para realizar varias presentaciones, pese a los intentos del Partido Verde en el Parlamento para que se vetara su entrada en el país.

Durante la proyección de unos vídeos en febrero de este año, Yiannopoulos bromeó sobre un encuentro sexual que tuvo de adolescente con un sacerdote católico: “No daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michael”, dijo.

Además realizó otros comentarios en los que abogaba por las relaciones sexuales entre adultos y menores.

A causa del incidente, Yiannopoulos está vetado en ciertos medios cercanos al Partido Republicano. La editorial Simon & Schuster ha cancelado la publicación de su autobiografía y varios compañeros suyos de Breitbart News anunciaron su dimisión si no dimitía.
El Partido Republicano está en plena campaña acusando de pedofilia a Clinton y los demócratas. Mientras otros “demócratas”, los australianos invitan a Yiannopoulos a viajar a su país…

http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/escritor-ultraderechista-milo-yiannopoulos-visita-el-parlamento-de-australia/20171204/nota/3

Policías de Honduras se declaran en huelga porque no quieren matar al pueblo

Cientos de efectivos policiales de Honduras se han declarado en huelga y se niegan a reprimir al pueblo que protesta por un supuesto fraude electoral en el país.

Ayer se declararon en huelga de “brazos caídos” y se niegan a reprimir a los manifestantes, que denuncian un fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre a favor del presidente Juan Orlando Hernández.

“En estos momentos estamos de brazos caídos (…) para manifestar nuestra inconformidad por lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”, indicó un portavoz de las unidades de las fuerzas especiales hondureñas, conocidas como COBRAS, en declaraciones a los periodistas durante un acto de protesta para expresar su negativa a reprimir a los manifestantes y hacer cumplir el toque de queda impuesto por el Gobierno.

La Policía Nacional, por su parte, publicó un comunicado para expresar su rechazo a la situación en el país, y pidió al Gobierno hondureño que busque la mejor salida a la crisis que se atraviesa el país desde hace más de una semana.

“Nuestro pueblo es soberano y a ellos nos debemos, por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos”, afirmó la Policía Nacional en la nota. “Abogamos a que se recupere la paz y tranquilidad para nuestro pueblo lo más pronto posible”, agregó.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández obtuvo casi un 43 por ciento de los votos, mientras que el candidato opositor Salvador Nasralla consiguió algo más del 41 por ciento de los sufragios. El anuncio de que Hernández había superado a Nasralla en el conteo de votos fue recibido con incredulidad y se habla de supuesto fraude en las urnas.

Las manifestaciones tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre en Honduras dieron lugar a que el Consejo de Ministros hondureño decretara el pasado viernes el estado de excepción y un toque de queda que regirá durante diez días para controlar las movilizaciones opositoras, en las que han muerto ya siete personas, conforme a los medios locales.

http://www.hispantv.com/noticias/honduras/361586/policia-huelga-reprimir-manifestacion-crisis-electoral

La Audiencia Nacional condena a los 12 raperos de ‘La Insurgencia’ a más de dos años de cárcel por cantar

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de prisión a los doce raperos del colectivo La Insurgencia acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo,quitándoles así la posibilidad de solicitar la suspensión de la pena de cárcel. El alto tribunal les condena también al pago de una multa de 4.800 euros y a nueve años de inhabilitación absoluta.

“Ahora toca recurrir al Supremo”, ha señalado a El Salto Saúl Zaitsev, uno de los miembros de La Insurgencia condenados. La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no rebaja ni un solo día la pena de cárcel solicitada por el fiscal José Perals -el mismo que 375 años de cárcel para los jóvenes del caso Altsasu-.

Es la misma sala de la Audiencia Nacional que juzgó y condenó a doce años de cárcel a Mónica C. y Francisco S. por la detonación de la Basílica de El PIlar de la Zaragoza con la que comenzaron los procesos judiciales relacionados con el supuesto terrorismo anarquista que dieron lugar a las operaciones Pandora, Piñata -cuyos procesos judiciales ya han sido archivados- e ICE, por la que Nahuel, un joven de 25 años, estuvo un año y medio en prisión preventiva y a día de hoy sigue en espera de juicio. La condena a Mónica y Francisco fue posteriormente reducida a cuatro años y medio por el Tribunal Supremo.

El proceso penal contra la Insurgencia ha sido instruido por la juez Carmen Lamela, ante la que los jóvenes se negaron a declarar. Iba dirigido contra los trece raperos de este colectivo, cinco de ellos residentes en Vigo. Uno de ellos no ha ido a juicio aun al ser menor de edad. Los doce llevados a juicio tienen entre 18 y 27 años de edad.

Durante el juicio, la Fiscalía defendió que las canciones de La Insurgencia “propagan un método violento para combatir un sistema que [los acusados] consideran injusto”. También reiteró que estos raperos hacen enaltecimiento del PCE(r)-Grapo. Comparándoles con yihadistas, el fiscal afirmó que «los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos».

Los doce raperos de La Insurgencia son los primeros en ser condenados a más de dos años de prisión, por lo que, si el Tribunal Supremo no acepta su recurso, entrarán en la cárcel. Alfredo Remírez, detenido en una de las operaciones Araña, fue condenado a año y medio de cárcel por enaltecimiento tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, pero posteriormente la Audiencia Nacional decidió su entrada en prisión por los antecedentes derivados de una causa anterior de enaltecimiento por pedir el acercamiento de presos con muñecos de cartón en las fiestas de Amurrio.

Más información:
– Represión fascista: cuando los jueces reconvierten los derechos en delitos
 

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