El Estado de Nueva York estudia la aprobación de un proyecto de ley que permitiría detener a cualquier persona sospechosa de portar o estar expuesta a una enfermedad contagiosa, retenerla indefinidamente e incluso medicarla por la fuerza.
El proyecto, que lleva el número A416, fue presentado la semana pasada por el diputado Nick Perry, del partido demócrata (*) y hoy será examinado por el comité de salud del Congreso.
Los neoyorquinos podrían ser sacados de sus hogares y encerrados por la mera sospecha de haber estado “expuestos” al coronavirus, sin que se necesiten pruebas positivas ni síntomas. Una vez encarcelados en una de las instalaciones construidas especialmente para la ocasión, las personas pueden verse obligadas a someterse a un “tratamiento” que incluye medicamentos y vacunas, e incluso entonces, la libertad no estaría garantizada.
El proyecto de ley, que anteriormente se presentó con el pretexto del virus del Ébola, podría encerrar a las personas hasta 60 días. Aunque el preso tiene derecho a un abogado, los médicos tendrán la última palabra para decidir si son apestosos o no (suponiendo que alguna vez lo hubieran estado).
Las cárceles se inundarán con los contactos de personas sanas erróneamente consideradas como “apestados”, “positivos” y “casos”.
Esta ley podría mantener a las víctimas encerradas durante meses, incluso años. Alemania y Suiza ya han comenzado a apuntar a disidentes de alto perfil para su institucionalización, incluidos médicos y abogados, y otros países han facilitado que sean encerrados.
El mes pasado, un neurólogo de California publicó un artículo en el que afirmaba que la creencia en las “teorías de conspiración” sobre la pandemia era el resultado de un daño cerebral e insinuaba que la institucionalización podría ser la única opción para estos “pacientes incurables”.
A diferencia de un caso penal, los médicos que quieran encarcelar a una persona no necesitan proporcionar pruebas del potencial “contagioso” del individuo. Simplemente deben asegurar que la persona es un peligro para ellos mismos o para los demás, un criterio deliberadamente vago que deja mucho espacio para abusos de todo tipo.
Tras la cuarentena, en Sajonia, Alemania, el gobierno liberó casi dos docenas de habitaciones en clínicas siquiátricas para que la policía pudiera recluir a la fuerza a quienes violaran el encierro.
En abril una abogada especializada en derecho sanitario de Heidelberg, Beate Bahner, fue detenida e internada a la fuerza en un siquiátrico por llamar a manifestarse contra el confinamiento.
Pocos días después un médico suizo de 58 años, Thomas Binder, fue detenido en Wettingen, con un aparatoso despliegue de las unidades antiterroristas de la policía, que le internaron en un siquiátrico por oponerse a la cuarentena.
En setiembre la policía australiana sacó a una mujer embarazada de su casa por convocar una manifestación contra el confinamiento a través de las redes sociales.
(*) https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/A416
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