Por eso hasta el New York Times ha tenido que reconocer que el extraordinario aumento de las detenciones en la frontera mexicana es una fuente importante de beneficios para las empresas penitenciarias privadas (1).
El complejo carcelario industrial estadounidense es una expresión derivada del complejo militar industrial denunciado por el presidente Eisenhower en 1960. Reúne a empresas privadas y grupos de interés que se benefician del encarcelamiento masivo en Estados Unidos.
La reclusión de emigrantes y solicitantes de asilo en condiciones escandalosas, incluidos los niños no acompañados, ha colocado a los campos de concentración de Estados Unidos en el foco de la atención internacional. Muchos de ellos pertenecen a empresas privadas.
Aunque sólo representa el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene casi la cuarta parte de los presos del mundo. La tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es de 5 a 10 veces más alta que en otros países. Cada año gastan más de 80.000 millones de dólares en el funcionamiento de su sistema penitenciario.
Los partidarios de la privatización de las cárceles argumentan que la empresa privada es más eficiente, una de las ideas clave de la mentalidad capitalista. Esta quimera de que los centros de detención privados ahorren dinero lleva a más de 30 estados a utilizarlos.
Mucho antes de convertirse en una cárcel pública, la famosa prisión de San Quintín fue la primera con fines de lucro en Estados Unidos en 1852. Con el tiempo, la mayoría de los estados federados han transferido la responsabilidad de la detención de presos al sector privado, una de las mayores transferencias de funciones del Estado a la empresa privada.
Para que haya muchas cárceles, tienen que ser rentables. Las prisiones privadas mantienen a los presos a bajo costo y envían casos pesados y más costosos de vuelta a las prisiones públicas. En Arizona las prisiones privadas cuestan más que las públicas. El complejo carcelario industrial tiene como objetivo rentabilizar a los presos. Los pone a trabajar y así obtiene beneficios a su costa. Cinco de las ocho prisiones privadas de Arizona rechazan absolutamente a los presos con “capacidad física y resistencia limitada” o con problemas de salud crónicos. Tampoco quieren presos con problemas de salud mental. Demasiado caro de mantener. Cuando los presos enfermos requieren mayores costos médicos, las prisiones privadas invocan “exclusiones contractuales” para trasladarlos a prisiones públicas.
Varios escándalos en los últimos 20 años han hecho estallar el complejo carcelario industrial estadounidense. Una de las más extraordinarias es la de una prisión juvenil privada en Pensilvania, gestionada por la Mid Atlantic Youth Services Corporation. Esta repugnante empresa fue condenada en 2009 por entregar 2,8 millones de dólares en sobornos a dos jueces para condenar a 2.000 niños a penas de prisión por infracciones menores durante un período de casi diez años.
Por ejemplo, una niña de 15 años es condenada a un mes de prisión por ridiculizar al subdirector de su escuela en internet. Un niño de 13 años es encarcelado por entrar sin autorización en un edificio vacío. Otro por robar un DVD en una tienda de Walmart. Un niño es encarcelado por robar un frasco de nuez moscada de 4 dólares. Los medios de comunicación han calificado el caso como un escándalo de “niños por dinero” (2).
El centro de detención de menores del Mid-Atlantic Youth Services Corporation no tenía suficientes detenidos en ese momento, por lo que los beneficios estaban disminuyendo. Había que rellenarlo. No hay nada como un jueces para hacerlo, aunque los magistrados exigieron su parte en el negocio.
En Estados Unidos los jueces no sólo encarcelan en masa a los menores para aumentar los beneficios de las empresas penitenciarias, sino que también cierran las cárceles públicas para que no hagan la competencia a las privadas.
(1) https://www.nytimes.com/2019/07/08/opinion/trump-migrants-detention-centers.html
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Kids_for_cash_scandal