El 14 de noviembre del año pasado Bensouda escribió en un informe que un examen preliminar revela “una base razonable para creer” que los “crímenes de guerra de tortura y malos tratos” habían sido cometidos “por fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Afganistán y en centros de detención secretos operados por la CIA, principalmente en el período 2003-2004, aunque supuestamente continúa en algunos casos hasta 2014”.
La fiscal señaló que los crímenes cometidos por la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses “no fueron abusos de unos pocos individuos aislados”, sino que fueron “parte de las técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento de extraer ‘inteligencia procesable’ a los detenidos”.
De conformidad con el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional solo establece jurisdicción sobre las personas cuyo país de origen no quiere o no puede llevarlos ante la justicia.
Al explicar por qué esta investigación de crímenes de guerra cae bajo la jurisdicción del Tribunal, Bensouda escribió que las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre malos tratos a 101 detenidos se limitaron a si las técnicas de interrogatorio utilizadas por los torturadores de la CIA no estaban autorizadas y violaban las leyes penales.
El Fiscal General de los Estados Unidos dijo que el Departamento de Justicia no procesará a nadie que actuó de buena fe y dentro de la orientación provista por la Oficina de Asesoría Legal.
Durante la etapa de Bush al frente de la Casa Blanca, el Congreso aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense, que dice que si a un funcioniario le envían al Tribunal Penal Internacional de La Haya, el ejército de Estados Unidos puede rescatarlo por la fuerza. La ley también restringe la cooperación de Estados Unidos con el Tribunal y prohíbe la asistencia militar a los Estados partes en el Estatuto de Roma a menos que firmen acuerdos bilaterales de inmunidad con Estados Unidos
Sin embargo, de conformidad con el Estatuto de Roma, el Tribunal puede declararse competente para juzgado al nacional de un país que no forma parte del Estatuto de Roma, si comete un delito en el territorio de un Estado Parte.
Estados Unidos se opone a ello, pero eso no es nada nuevo. Según los principios bien establecidos del derecho internacional, los crímenes que se juzgan ante el Tribunal (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) son crímenes de jurisdicción universal.
La doctrina de la jurisdicción universal permite a cualquier país juzgar a ciudadanos extranjeros por los crímenes más atroces, incluso sin ninguna relación directa con el país acusador. Eso significa que otras naciones pueden llevar a los dirigentes estadounidenses ante los tribunales por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Si se lleva a cabo una investigación completa sobre los funcionarios estadounidenses, “se enviaría una señal clara al gobierno de Trump y a otros países del mundo de que la tortura está categóricamente prohibida, incluso en tiempos de guerra, y habrá consecuencias para autorizar y cometer actos de tortura”, según Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Libertades Civiles.
https://www.huffingtonpost.com/entry/us-military-and-cia-leaders-may-be-investigated-for_us_5a1044f6e4b023121e0e9313