El inspector Miguel Ángel Gómez Gordo era uno de los siete policías nacionales que se iban a sentar en el banquillo de los acusados por favorecer y/o obtener prebendas de Yongping Wu Liu, uno de los lugartenientes de Gao Ping. Sin embargo, el 10 de febrero pasado, la Audiencia Nacional se corrigió a sí misma y dictó el archivo provisional de la causa contra Gómez Gordo.
Anticorrupción reacciona con el recurso de nulidad, en el que los fiscales Juan José Rosa y José Grinda analizan cada uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para exculpar al policía en la antesala del juicio oral, cuando ya se había dictado el procesamiento y la propia Fiscalía había presentado su escrito de acusación.
El auto de los tres magistrados justificaba la exculpación del policía en un “examen detallado de las transcripciones telefónicas a las que en su momento no se tuvo acceso”. Para los fiscales, la Audiencia Nacional “falta rigurosamente a la realidad de los hechos”, ya que en su escrito de acusación del 31 de agosto, seis meses antes, se habían incluido todas las grabaciones y los jueces habían podido valorarlas.
“No se puede decir, por no ajustarse a la verdad, que no se había tenido acceso hasta este momento a las transcripciones. Si la Ilustrísima Sala ya valoró esas transcripciones telefónicas, al estimar el recurso de apelación de la Fiscalía […] no puede valorar de forma distinta ahora su contenido y menos aún decir que no se tuvo acceso a las mismas”, alega Anticorrupción.
En el auto exculpatorio la Audiencia Nacional asumía los argumentos de la defensa del policía y negaba que constara en la causa que éste hubiera solicitado dinero al presunto mafioso chino (4.000 euros). A lo que Anticorrupción replica: “En ningún momento, ni lugar del escrito de recurso, el Ministerio Fiscal ha dicho que Miguel Ángel Gómez Gordo exigiera la entrega de dinero al imputado Yong Ping Wu Liu”.
Y añaden los fiscales: “Es una grave apreciación de la Ilustrísima Sala, sólo explicable por atender de forma descuidada o imprudente a la lectura del recurso tendencioso de la representación procesal de Miguel Ángel Gómez Gordo”. El escrito de la Fiscalía calculaba en 4.000 euros el beneficio que había recibido el policía por el cambio de billete efectuado por Yong Ping Wu Liu para que el inspector jefe regresara en primera clase de China.
Los fiscales no ahorran en calificativos al referirse a la Audiencia Nacional. “La resolución de 10 de febrero de 2016 incurre en graves defectos que hace que su contenido sea de todo tipo irracional, contradictorio y atentatorio contra el derecho a la tutela judicial efectiva”, concluyen. Y se preguntan por qué, si los jueces consideran que no hay indicios de criminalidad en la conducta del policía, dictan su archivo provisional y no el libre.
Anticorrupción eleva a más de 6.000 euros los regalos que recibió en especias el inspector jefe Miguel Ángel Gómez Gordo de Yong Ping. El ciudadano chino invitó al policía al estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo, según la Fiscalía.
Los fiscales optan por presentar un recurso de nulidad al considerar que los jueces de la Audiencia Nacional han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y han lesionado los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y al uso de medios de prueba pertinentes, así como “a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
El exculpado era jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid cuando estalló la operación Emperador, en octubre de 2012. Miguel Ángel Gómez Gordo fue el único policía nacional detenido entonces y continuó, a pesar de la imputación, durante dos años al frente del mismo grupo, dedicado a combatir la delincuencia en los círculos chinos de Madrid.
El Ministerio del Interior ascendió a Gómez Gordo cuando aún estaba pendiente el recurso de la Fiscalía contra el archivo de su causa que dictó el juez Fernando Andreu. En la decisión del juez pesó el informe que presentó el máximo responsable de los policías anticorrupción en favor del policía, aun cuando para ello tuvo que contradecir a sus propios subordinados.
Su hermano es otro inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado la policía de forma temporal en dos ocasiones para trabajar con el Partido Popular. La primera, en la Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director general de Documentación y Análisis aunque su ocupación fue la de jefe de seguridad de la presidenta castellano-manchega.
A los cinco meses de regresar a la policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, esto es, remunerada. En la actualidad está destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.