Tras la represión masiva en las calles de Nueva Caledonia, donde cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía francesa, la metrópoli se dispone a descabezar el movimiento. Es el comienzo de una represión mucho más selectiva.
Varios dirigentes independentistas de la colonia, entre ellos Christian Tein, han sido detenidos y esta noche los han trasladado en avión a la metrópoli para ser encarcelados preventivamente, anunciaron ayer sus abogados.
La decisión la ha tomado un juez de libertades y detención llamado a pronunciarse sobre la suerte de 7 de los 11 detenidos el miércoles, entre ellos Tein, considerado como el dirigente de la Unidad de Coordinación de la Acción en el Campo (CCAT).
El fiscal Yves Dupas confirmó la decisión, sin proporcionar más detalles, tras las comparecencias a puerta cerrada ante el juez en Numea, capital del archipiélago francés del Pacífico Sur.
Los cargos tampoco se han aclarado. La investigación se centra en particular en las acusaciones de asociación de malhechores, robo a mano armada por parte de una banda organizada e instigación para cometer asesinatos de personas que ostentan cargos públicos.
Tein va a ser encarcelado en Mulhouse, al este de Francia, según su abogado.
Otra acusada, Brenda Wanabo, responsable de comunicación de la CCAT, será encarcelada en Dijon, según su abogado, Thomas Gruet. Madre de tres hijos, el menor de los cuales tiene 4 años, esta dirigente kanaka será separada de su familia.
En cuanto a Frederique Muliava, jefa de gabinete del presidente del Congreso de Nueva Caledonia, Roch Wamytan, será encarcelada en Riom, según su abogada.
Son algunos de los cabezas de turco que van a pagar los platos rotos de las movilizaciones del pasado mes de mayo. “Si se tratara de convertirlos en mártires de la causa independentista, no lo haríamos de otra manera”, comentó el abogado de otro acusado, Gilles Joredie.
Las órdenes de prisión se producen seis semanas después del inicio del levantamiento que sacudió al archipiélago, el más grave desde la de los años ochenta del siglo pasado.
Impulsados por la votación de un proyecto de ley constitucional destinado a alterar el censo electoral caledonio para las elecciones provinciales previstas para finales de este año, los disturbios dejaron nueve muertos, centenares de heridos y daños considerables, con un coste estimado en 1.500 millones de euros, según al último informe.
El levantamiento fue un éxito total. El proyecto de ley que encendió la pólvora fue “suspendido” el 12 de junio por Macron, aprovechado la disolución de la Asamblea Nacional.