Las sanciones atacan al sector de la energía y comprometen el trazado el gasoducto Nord Stream 2 que llega a Alemania procedente de Rusia a través del Mar Báltico con 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas.
Entre los monopolios europeos afectados están ENGIE, OMV, Shell, Uniper y Wintershall que a finales de abril firmaron acuerdos con Gazprom para financiar la mitad de la infraestructura cuyo valor asciende a 9.500 millones de euros.
Pero las sanciones afectan incluso a las que prestan servicios auxiliares, como los informáticos. El objetivo es que Estados Unidos quiere sustituir el gas ruso por el gas de esquisto de su propia producción, que es mucho más caro.
Alemania ha reaccionado de una manera más agresiva que la propia Rusia a las sanciones. En una entrevista al diario Der Spiegel el ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, ha criticado la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses.
Washington no encuentra solidaridad frente a Rusia; más bien parecen quedar aislados. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha afirmado que “‘EEUU primero’ no puede significar que los intereses de Europa sean lo último”, en clara alusión al “America first” de Trump.
Desde 2014 las sanciones económicas, que se iniciaron como consecuencia del golpe de Estado en Ucrania, han dado un giro de 180 grados: antes la Unión Europea secundaba las sanciones; ahora las sanciones van dirigidas contra los monopolistas europeos.
En respuesta a la expulsión de 35 diplomáticos a finales del año pasado, Rusia también ha expulsado a la mayor parte del personal diplomático estadounidense acreditado en Moscú, hasta reducirlo a 455, que es el mismo número de personal que tienen acreditado en Washington.