El problema de la informática no es que los sistemas operativos sean privativos, porque los hay públicos y gratuitos, como los derivados de Linux, y sólo los utilizan una ínfima minoría. ¿Por qué todos pagan cuando pueden obtener algo gratuitamente? Es una de las preguntas que habría que responder.
El problema de las vacunas tampoco son las patentes, como pretenden hacer creer los reformistas, que recitan el cuento de la lechera: eliminando las patentes, bajarían los precios, lo que las haría más accesibles para “todo el mundo”, dando por sentado que durante una pandemia, cuantas más personas se vacunen, mejor.
Es absurdo. Una vacuna tiene que reunir tres exigencias: debe ser necesaria, segura y eficaz. La pregunta es si las vacunas contra el coronavirus que se están inyectando reúnen esos requisitos. Sería muy sorprendente que en unos pocos meses se hubiera podido fabricar una vacuna en tan pocos meses.
Si así fuera, desde mayo del año pasado existe una vacuna fabricada en Finlandia que carece de patente, pero el gobierno se puso del lado de las grandes farmacéuticas y guardó la vacuna en el cajón del olvido, en contra de la opinión de los investigadores que la fabricaron.
No es ninguna sorpresa. En 2003 un ministro de Salud socialdemócrata finlandés suspendió el programa nacional de desarrollo de vacunas después de 100 años de funcionamiento, abriendo el camino a las multinacionales farmacéuticas, es decir, privatizó lo que hasta entonces era de dominio público.
Nada de lo que venimos viendo en esta pandemia se escapa a las leyes del capitalismo monopolista de Estado, y mucho menos las vacunas. Lo que se hace o deja de hacer no lo deciden los médicos, ni los virólogos, sino los grandes capitalistas y las grandes potencias mundiales. Sólo es bueno para la salud del mundo lo que engorda los bolsillos de las multinacionales farmacéuticas.
Las vacunas son una mercancía como cualquier otra, que se compra y se vende en el mercado mundial, y ni las patentes ni la eliminación de las mismas puede cambiar esa situación.
No obstante, las patentes añaden un factor adicional que corrompe la investigación médica y científica. Se puede decir que son anticientíficas porque impiden la difusión del conocimiento, a costa de la salud pública.
Las ruedas giratorias, la fusión del capital privado con el Estado burgués, cierran el círculo. El 97 por ciento de la inversión necesaria para desarrollar la vacuna de AstraZeneca procedió de fondos públicos. La empresa sólo puso el 3 por ciento restante. ¿Por qué la vacuna está patentada y por qué el titular de la patente es la farmacéutica y no el Estado que ha entregado el dinero? El Estado está pagando dos veces por la vacuna: primero cuando la financia y luego cuando compra el producto final.
Pero podría haber incluso el pago de un tercer precio, ya que los gobiernos han acordado asumir la responsabilidad de los posibles efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus. Los beneficios son privados y los riesgos se socializan.
comentario
Los comentarios están desactivados.