Gracias a su estatuto diplomático, los violadores quedan impunes. Las denuncias se apilan y se olvidan en algún archivo inmundo. En los últimos años Blue Code ha comenzado a llevar estadísticas de las violaciones, pero la mayor parte de las veces la ONU ni siquiera sabe los nombres de los oficiales que participan en sus fuerzas expedicionarias. La organización registró 145 denuncias solo en 2016.
La ONU se excusa diciendo que no tiene jurisdicción sobre los cascos azules y se cruza de brazos. Las feministras también. Se han abierto algunas investigaciones, pero la sanción penal contra los culpables corresponde a los países que aportan la tropa.
Vale. No puede hacer nada contra los violadores, pero tampoco hace nada con los violados. En realidad la ONU sí podría hacer algo: abandonar los países en los que desempeña algun a misión “humanitaria” y no volver nunca. Es peor el remedio que la enfermedad.
Las secuelas de las violaciones se mantienen tiempo después de que los violadores se hayan marchado. Embarazos no deseados, infecciones de enfermedades de transmisión sexual y epidemias de cólera son algunas de las secuelas con las que deben luego lidiar unas poblaciones que están entre las más pobres del mundo.
En Haití existió una red de violadores de niños integrada por los cascos azules. El informe de Associated Press recoge los testimonios de decenas de mujeres, niñas y niños que denunciaron haber sido víctimas de violaciones de parte de miembros de la ONU.
Las denuncias no han logrado que los mercenarios de la ONU abandonen Haití. Tras una investigación de la ONU, unos delincuentes fueron sustituidos por otros, pero ninguno cumplió condena por sus crímenes.
Al menos 134 miembros del contingente de Sri Lanka participaron entre 2004 y 2007 de violaciones, explotación y abuso. “Los actos sexuales descritos por nueve víctimas son simplemente demasiados para ser presentados exhaustivamente en este informe, en especial en virtud de que cada una afirma haber tenido múltiples acompañantes sexuales en diversos lugares donde los contingentes de Sri Lanka estuvieron instalados durante años en diversas partes de Haití”, expone el informe.
No son los únicos casos. En Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay también hay denuncias contra la ONU.
La Associated Press solicitó información a 23 países para su investigación. Muchos negaron la existencia de denuncias, a pesar de los testimonios de las víctimas, y otros pocos admitieron que no han hecho lo suficiente para identificar y castigar a los violadores.
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