El Parlamento Europeo ha aprobado un Reglamento de Retorno, que favorece la política de deportación de migrantes en situación irregular en la Unión Europea. El Reglamento crea centros de deportación en terceros países fuera de la Unión Europea mediante acuerdos bilaterales.
Permite internamientos administrativos más largos (hasta 2 años en algunos casos) para personas cuya expulsión no se pueda ejecutar inmediatamente.
Obliga a los Estados miembros a intensificar la caza de inmigrantes, lo que incluye posibles redadas en domicilios privados, espacios públicos y servicios (como transporte, sanidad o escuelas), sin necesidad de orden judicial.
También facilita las deportaciones a países con los que el migrante no tenga vínculo directo, siempre que se respete formalmente el principio de no devolución (non-refoulement).
Impone cooperación obligatoria de los afectados en su propia expulsión, con sanciones (pérdida de prestaciones, prohibiciones de entrada, etc.) si no colaboran.
Frontex, la policía europea de fronteras y costas, ya entró en funcionamiento hace diez años, y coordina las deportaciones, pero el Reglamento amplía las facultades de las policías nacionales y de Frontex para operaciones internas y externas, incluyendo apoyo a loss centros de internamiento en terceros países.