La pandemia aceleró los mecanismos de vigilancia y control sobre grandes masas de población con el pretexto era proteger la salud. Pero la voracidad de los Estados avanza de manera implacable, especialmente en Europa.
El 6 de agosto salió a la luz un proyecto apoyado por varios países miembros de la Unión Europea, denominado “Chat Control” para registrar todos los mensajes privados, incluidos aquellos protegidos por un cifrado de extremo a extremo.
La política represiva europea quiere verificar la edad de los usuarios de las redes sociales, un proceso con el que abrirán las puertas para la identificación digital obligatoria y el rastreo detallado de los movimientos de los usuarios por los diferentes servicios de internet.
Entre los países que promueven la vigilancia digital se encuentran España, Francia, Alemania y Polonia. Como siempre, este tipo de medidas represivas se rodean de pretextos futiles. Esta vez se trata de combatir los contenidos de abuso sexual infantil.
Sin embargo, el mecanismo técnico a quien vigila es al usuario (“client side scanning”). El proyecto exige que los mensajes se registren antes del cifrado, directamente en los móviles, tabletas u ordenadores de los usuarios. Esta técnica elude las protecciones cifradas actuando sobre la fuente, directamente sobre la terminal.
Los servicios de mensajería cifrada, como WhatsApp, Signal o Telegram, estarían obligados a integrar herramientas de detección capaces de denunciar automáticamente ciertos contenidos a la policía, tanto de texto como de imagen.
Algunas redes sociales, como X/Twitter, ya han comenzado a exigir al usuario que se identifique para poder acceder a ciertos contenidos.
Es una vigilancia masiva sin precedentes en la Unión Europea. Los propios magistrados del Consejo de la Unión Europea señalan la falta de proporcionalidad de la medida. Aducen un alto riesgo de “falsos positivos”, es decir, alertas erróneas dirigidas a personas inocentes, y una grave violación del derecho a la intimidad.
Las redes de tráfico sexual infantil rara vez utilizan los servicios de mensajería tradicionales y la vigilancia masiva socava la seguridad digital de los usuarios de las redes sociales.
Con el pretexto de proteger a los menores, el proyecto de ley da otro paso adelante en la transformación de las redes sociales en mecanismos de vigilancia y control de los usuarios. Allana el camino para el registro sistemático de las comunicaciones privadas, sin necesidad de la previa autorización judicial.
Si el proyecto de ley se aprueba, sentaría un precedente legal importante: el Estado obtendría el derecho a acceder a los mensajes privados de las personas, incluidos los que circulen cifrados. Los sistemas seguros de comunicación habrán desaparecido de internet porque finalmente siempre se cumple el axioma: poner los contenidos privados a disposición del Estado es ponerlos al alcance de cualquiera.
Alemania legaliza el espionaje digital
Por su parte, Alemania prepara otro proyecto de ley de vigilancia que autoriza, entre otras cosas, la intrusión sin orden judicial en dispositivos digitales personales, el rastreo generalizado de pasajeros aéreos y la eliminación de mecanismos independientes de supervisión de datos personales.
La protección de la intimidad ha pasado a la historia y el pepel de los jueces también. Alemania prepara un proyecto de ley para la “modernización de la ley de la policía federal” de 170 páginas.
El objetivo es dotar a las fuerzas represivas de tecnologías de vanguardia, como la posibilidad de penetrar en los dispositivos personales con carácter preventivo y sin necesidad de recabar la autorización de un juez.
La policía puede introducir en los móviles y ordenadores todo tipo de “troyanos” para vigilar a las personas. También autoriza a recopilar de forma sistemática los datos de pasajeros en todos los vuelos que entran y salen del espacio Schengen.
Hasta ahora la formación de bases de datos sobre las personas debía ser validada por autoridades independientes. Eso ya no es necesario, lo que amplía las facultades de a policía para reunir y centralizar información sobre cada una de las personas.
El proyecto de ley institucionaliza el espionaje preventivo, incluso sin la más mínima sospecha legítima. Ya no se trata de perseguir conductas delictivas, sino de anticipar la posibilidad de comportamientos sospechosos, incluso si ello implica violar la intimidad de los ciudadanos.
La lista de tecnologías previstas en el proyecto de ley es preocupante: drones, sensores de teléfonos móviles (captores IMSI), sistemas antidrones, reconocimiento de matrículas, recolección ampliada de ADN, cámaras de videovigilancia, operaciones encubiertas… Todo un arsenal que convertirá a la policía en un actor central del control digital generalizado.
El proyecto se ha presentado en pleno verano, dejando abierta la posibilidad de debatirlo durante apenas dos semanas, porque el gobierno no quiere atraer la atención de los alemanes hacia el diseño de la policía del futuro.
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