Las multinacionales de la Farmafia realizan sus ensayos clínicos en países del Tercer Mundo entre la población más pobre, sobornando a los políticos y a las instituciones de matasanos para asegurarse la impunidad.
Antonio Ugalde y Nuria Homedes son dos investigadores que realizan su labor en universidades estadounidenses e impulsan la organización Salud y Fármacos. Han escrito una obra titulada “El impacto de los investigadores fieles a la industria farmacéutica en la ética y la calidad de los ensayos clínicos realizados en Latinoamérica”.
Ugalde y Homedes demuestran que a los ministros de sanidad los nombran los monopolios de la farmafia para aprobar leyes permisivas. También exponen el papel lacayuno de los médicos que engañan a las personas para que participen en los ensayos. Los muertos a causa de la experimentación se guardan escondidos bajo las alfombras.
En Argentina, un conocido pediatra y fiel colaborador de la industria, a través de su propia CRO (Contract Research Organization), reclutó 14.000 bebés para incluirlos en el ensayo Clinical Otitis Media & Pneumonia Study (COMPAS) llevado a cabo en cuatro provincias, entre las que se incluía la más pobre del país, Santiago del Estero. El objetivo, testar la vacuna anti-neumocócica, Prevenar, de GSK (que pagaba 350 dólares por bebé).
Las tácticas de este médico eran bien conocidas. “Entre 1996 y 2003, en el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba se llevaron a cabo 19 ensayos, la mayoría fase III, 16 de los cuales dirigidos por el mismo administrador: el jefe del departamento de pediatría. Los médicos de la municipalidad reclutaban pacientes en los centros públicos de los barrios más marginados. En diez años (1996-2006) las empresas pagaron unos 24 millones de dólares por los ensayos”.
Tras vacunar a más de 14.000 niños, la muerte de 12 bebés obligó a parar el ensayo. La investigación subsecuente demostró graves violaciones de los protocolos. El investigador principal fue suspendido pero rehabilitado rápidamente: “Demostró su poder político cuando el gobernador de la provincia le abrió las puertas a todos los hospitales provinciales después de que la municipalidad –por violaciones normativas– le prohibiera seguir administrando ensayos en sus instituciones”.
En la provincia de Córdoba, controlada por este individuo, se realizan un tercio de todos los ensayos de Argentina. El Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Infantil, según una auditoría realizada a petición de la Municipalidad de Córdoba, permitió que el investigador (el jefe de pediatría) y el co-investigador principales estuvieran presentes en la reunión en que se discutió su protocolo.
En esta misma provincia, en 2005, un periodista analizó las actas de la Comisión Provincial de Investigación en Seres Humanos, una de cuyas funciones era el control de los CEIC. Descubrió que en 34 de las 75 reuniones que ese año mantuvo la Comisión había conflictos de interés. La Comisión sólo tenía cuatro miembros y ocasionalmente las decisiones las tomaban una o dos personas.
Los investigadores y el promotor del ensayo COMPAS, tras una investigación del organismo regulador (ANMAT), tuvieron una multa administrativa por incumplimiento de los criterios de inclusión y violaciones durante la obtención del consentimiento informado. Poco después, el director de la ANMAT, que había sido criticado por la industria farmacéutica por ser demasiado exigente, fue cesado sin explicación alguna y la norma sobre consentimiento informado cambiada para facilitarlo (“consentimiento exprés”).