Esta tarde el Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, no puede ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos porque previamente el gobierno debe ofrecer garantías sobre su tratamiento, incluidos sus derechos de la Primera Enmienda y su protección contra la pena de muerte.
La decisión era muy esperada porque el tribunal debía decidir si Assange había agotado sus recursos ante los tribunales británicos. En cambio, en un fallo matizado, dos jueces determinaron que la claridad sobre su suerte vuelve a quedar en suspenso.
Los dos jueces del Tribunal Superior dijeron que el tribunal “concederá permiso para apelar” por motivos limitados, “a menos que el gobierno de Estados Unidos de América proporcione garantías satisfactorias”.
El tribunal ha dado a Estados Unidos tres semanas “para dar garantías satisfactorias” de que a Assange “se le permite confiar en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, que no sufre prejuicios en el juicio (incluida la sentencia, en razón de su nacionalidad, que se le conceden las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y que no se le impone la pena de muerte”.
Si esas garantías no se ofrecen antes del 16 de abril, le conceden a Assange una audiencia de apelación completa. Si Estados Unidos proporciona las garantías solicitadas, habrá una nueva audiencia el 20 de mayo para decidir si “son satisfactorias y tomar una decisión final sobre la autorización para apelar”.
Si bien Estados Unidos ya ha brindado algunas garantías sobre el trato que se daría a Assange en caso de ser extraditado, los jueces del Tribunal Superior pidieron garantías adicionales.