En una sociedad capitalista sólo se vende y sólo tiene salida en los mercados aquello que se promociona. Las vacunas, como cualquier otra mercancía, las han vendido las grandes empresas mundiales de publicidad, subcontratadas por los gobiernos para fabricar una “imagen de marca” con ayuda de “expertos” y periodistas.
Las empresas publicitarias, como las farmacéuticas, son empresas privadas, que llenan sus bolsillos con adjudicaciones, licitaciones y dinero público, en definitiva. California, por ejemplo, subcontrató la distribución de vacunas a la empresa Blue Shield, una compañía de seguros de salud, por 15 millones de dólares, más otros 13 millones de dólares para la multinacional McKinsey, uno de los grandes gigantes mundiales de la publicidad.
Lo mismo hicieron otros 25 estados. “La campaña de vacunación estadounidense llegó a depender de gigantes mundiales como McKinsey y Boston Consulting Group”, concluye el Washington Post (*), lo cual es muy extraño: la logística de las vacunas se encomendó a empresas publicitarias que nada tienen que ver con ello, porque lo importante no era el transporte ni la inoculación sino el lavado de cerebro publicitario o, como dice el periódico, “generar confianza” en las vacunas.
Otra empresa publicitaria Deloitte, trabajó en 10 estados. Boston Consulting Group recibió millones de dólares del gobierno federal para coordinar la planificación de las vacunas, además de otros 11 estados que también contrataron a la misma empresa, en algunos casos pagándole para que resolviera las deficiencias de la planificación federal.
No tiene nada que ver con “salvar vidas”. Se venden vacunas como se venden candidatos a las elecciones. Algunos contratistas publicitarios contribuyeron a las campañas electorales y a los proyectos de los políticos electos que luego se convirtieron en clientes, lo que ha provocado acusaciones de favoritismo, y… un favor se paga con otro. Por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, subcontrató a Blue Shield porque es su cajero, el holding que financia sus campañas políticas.
Además de la publicidad, los gobiernos también subcontrataron el rastreo de contactos, por lo que dependan cada vez más de las empresas privadas para salvaguardar la salud pública. Las empresas, no sólo las farmacéutcas, están deseando que haya nuevas pandemias y enfermedades para volver a firmar más contratos.
Por 4,9 millones de dólares, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) también encargaron a Boston Consulting Group la planificación de la distribución y administración de vacunas, según un contrato firmado con la empresa en septiembre del año pasado y ampliado este marzo por otros 4,7 millones de dólares.
Desde que comenzó la pandemia, Boston Consulting Group ha obtenido contratos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia matriz de los CDC, por valor de más de 165 millones de dólares.
Las empresas consultoras carecen de experiencia en logística y vacunación y ahora los medios se lamentan de que no cumplieron sus compromisos. Nadie sabe cuáles fueron esos compromisos, por la opacidad de las cláusulas. Las empresas realizaban servicios rudimentarios, como tomar notas durante las llamadas entre los estados y los CDC, y luego organizar esa información en diapositivas para las presentaciones promocionales.
No fueron los médicos, sino Boston Consulting Group, quien convocó a la burocracia sanitaria de siete estados del noreste para discutir políticas que iban desde la inmunización de personas de fuera del estado, hasta la aceleración de las inoculaciones en los asilos de ancianos.
Ha sido una privatización encubierta. Los recortes en los presupuestos en sanidad acabaron en contratos millonarios de publicidad con empresas privadas. Debido a la falta de fondos públicos para la sanidad, Pensilvania contrató a Boston Consulting Group por casi 13 millones de dólares porque su sistema de salud era incapaz de vacunar a la población masivamente.
Ohio recurrió a McKinsey, firmando un contrato de 6 millones de dólares que posteriormente se amplió por otros 2,6 millones para vender la moto de las vacunas a los medios de comunicación.
Los estados que no subcontrataron la vacunación a empresas privadas fueron los que más dinero gastan en salud. Vermont, el primer estado en suministrar una dosis al 80 por ciento de los residentes, no contrató consultores. Tampoco lo hizo Colorado, el estado con mejores resultados en las Montañas Rocosas, ni Nuevo México, en el suroeste. Estos estados gastan más per cápita en salud pública que Pensilvania u Ohio.
(*) https://www.washingtonpost.com/health/2021/08/22/private-consultants-vaccination-drive-outsourced/
De hecho es lo único que es.