El grupo universitario trabajó con las informaciones que rodean a un mensaje, tales como duración de la llamada, número del destinatario u hora de uso del teléfono, con excepción del propio contenido del mensaje. En la jerga informática se llaman metadatos.
En 2013 tanto Obama como la propia agencia de espionaje estadounidense NSA se excusaron del rastreo masivo de las comunicaciones que suponían una injerencia en la vida privada de las personas, algunos de ellos Jefes de Estado, ya que no captaban el contenido de los mensajes, los datos, sino “sólo” los metadatos. Los incautos se sintieron aliviados.
Los investigadores de Stanford trabajaron durante varios meses con los móviles de 823 personas que se prestaron voluntariamente al estudio. Finalmente, analizaron los metadatos correspondientes a 251.788 llamadas de voz y 1.234.231 mensajes escritos.
Después los universitarios analizaron de manera automática los metadatos, lo que les permitió llegar a importantes conclusiones acerca de los usuarios de las nuevas tecnologías, tales como averiguar el barrio en el que viven u otras circunstancias de su vida privada.
Analizando a uno de ellos, por ejemplo, dedujeron que padecía un problema cardiaco, ya que muchas de sus llamadas estaban dirigidas a centros médicos, laboratorios y a una farmacia.
En el caso de otras personas, dedujeron que tenía un problema de sobrepeso o que había comprado un arma de fuego. No obstante, a pesar de los geolocalizadores incorporados a los móviles, los investigadores tuvieron problemas para identificar el lugar de residencia en casi la mitad de los casos. Pero en un 90 por ciento de ellos acertaron con un error de 80 kilómetros de diferencia respecto a la vivienda habitual.
En una entrevista al periódico “The Guardian”, uno de los investigadores aseguró que el estudio muestra a pequeña escala lo que la policía es capaz de hacer a una escala mucho mayor, en función de los colosales medios de los que disponen, gracias a la utilización indiscriminada de datos de tipo personal.
Pero las grandes potencias no sólo vigilan y controlan el mundo entero por su cuenta sino que están coordinados entre sí en una alianza de espionaje colectivo creada en los años cuarenta del siglo pasado y llamada “Los 5 Ojos” (la red Echelon) de la que forman parte la CSE canadiense, la NSA de Estados Unidos, el GCHQ británico, la ASD australiana y el GCSB neozelandés.
Las centrales de espionaje no sólo recopilan todo tipo de datos acerca de personas, empresas e instituciones del mundo entero sino que comercian con ellas, según se desprende de un informe canadiense del pasado año publicado por el diario “Globe & Mail”. El informe indica que el intercambio de datos sobre comunicaciones telefónicas comenzó en 2005 y la colaboración mutua entre los centros de espionaje se remonta a 2009. En realidad comenzó mucho antes.
Las compraventas de gigantescas bases de datos están a la orden del día, por lo que las informaciones privadas circulan entre quienes pueden pagar por ellas y les concede un enorme poder de manipulación y chantaje. En torno a ellas se ha creado toda una industria de seguridad, especialmente utilizada por las grandes multinacionales y el capital financiero como instrumento de competencia. Las mismas empresas que compran datos padecen fugas de sus propios datos, tratan de conocer al adversario y de impedir que el adversario sepa acerca de ellos.
El reciente caso de los papeles de Panamá ha demostrado, además, el interés en la instrumentalización política y económica de las grandes bases de datos, al que se califica cínicamente como “periodismo de investigación” y que en realidad no es otra cosa que el llamado “periodismo de filtración”, es decir, la instrumentalización y manipulación de la prensa por parte de las multinacionales y los Estados.
Los invocados derechos fundamentales y las leyes que protegen el derecho a la intimidad de las personas son papel mojado desde hace muchos años. Las bases de datos no pueden interferir en la vida privada de las personas, y mucho menos se puede traficar con ella y venderla a países extranjeros. Todas las legislaciones occidentales impiden este tipo de negocios, considerándolos como delictivos.
Por ejemplo, en 2011 Canadá autorizó por ley que los espías cometieran delitos contra la vida privada de sus ciudadanos sacando a pasear el espantajo Al-Qaeda, ese comodín que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.
En manos de los espías de las grandes potencias imperialistas las bases datos ya no pueden ser mayores de lo que ya son. Se ha producido un problema que algunos califican de “infobesidad”. Ya lo guardan todo y la recopilación de información es tan grande que su problema es administrarla y digerirla.
Sólo una ínfima parte de la información, en torno a un tres por ciento, puede ser tratada y analizada por los espías. Las centrales de inteligencia, como el CNI español, se dedican a reclutar cada vez más informáticos, estadísticos e ingenieros de telecomunicaciones capaces de metabolizar la información. Los espías ya no son lo que eran; ni siquiera salen ya de sus oficinas ni levantan los ojos de la pantalla del ordenador. La información se la damos nosotros y ellos sólo tienen que almacenarla, clasificarla e interpretarla. Algunos lo llaman “bulimia digital”.
En sus aburridos y rutinarios trabajos cuentan con el apoyo de determinadas universidades y departamentos, como la de Alcalá de Henares en España que, a cambio de dinero, elaboran programas específicos para el CNI, la policía y la Guardia Civil. Las universidades cada vez se parecen más a las fábricas de armamento.
En el Reino Unido la “infobesidad” ha conducido a otra cadena de tópicos que siempre salen a relucir en este tipo de asuntos escabrosos: la falta de personal, la falta de medios y los recortes presupuestarios. La glotonería del espionaje no conoce ninguna clase de límites. Si no tienen medios es porque tienen tanta información que no saben qué hacer con ella.
La falta de límites es preocupante y se pone de manifiesto en los debates legislativos, cuando exigen sistemáticamente nuevos poderes para la policía, es decir, borrar de un plumazo todas y cada una de las normas vigentes que aún protegen, aunque sea de manera formal, los derechos y las libertades de las personas en beneficio de los mismos de siempre, de la policía y de los espías, y con las mismas viejas excusas de siempre, el terrorismo y el yihadismo.
La desfachatez no conoce límites. Recientemente la ministra del Interior de Reino Unido, Theresa May, defendía la necesidad de una ley de vigilancia electrónica para obligar a las empresas de telecomunicaciones a tener a disposición de la policía durante un año un registro sobre el empleo que sus abonados hacen de internet.
Como el espionaje y la policía no dan abasto, descargan sobre terceros una parte de la carga de trabajo, en este caso de las empresas de telecomunicaciones. Los usuarios pagan por un servicio que consiste en que les espíen sus comunicaciones.
Ya están en marcha otro tipo de normas para hacer lo mismo en materia de atención médica, así como de periodismo, actividades que siempre han estado consideradas como protegidas por el derecho al secreto profesional.
Este artículo le vendrá bien a toda esa gente que aboga por el uso de internet y las redes sociales para hacer la revolución proletaria. Lo que hubo en Siria, Libia y Ucrania con las redes sociales e internet está a años luz de ser una revolución. Saludos y felicidades por el blog.