Si alguna vez ha tenido un juicio laboral y ha sentido el aliento de los secretarios judiciales (ahora llamados Letrados de la Administración de Justicia) o de los jueces para que llegue a un acuerdo con la empresa que no le beneficie en nada, no sienta nada extraño. Todo es por dinero.
De igual manera en procesos civiles o penales. Aquellos procesos judiciales que puedan ser finalizados en primera instancia, ya sea por desistimiento o por conciliación forzada -algo bastante habitual en, por ejemplo, los procesos de familia-, conllevarán un complemento retributivo de productividad para quienes hayan intervenido en ello.
Todo depende de lo que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia establezcan como prioritario, y que en los últimos años viene determinado por la sobrecarga de asuntos que tienen pendientes numerosos juzgados de toda España.
Para esta cuestión, el llamado «órgano de gobierno» de los jueces por un lado, y el Ministerio de Justicia por otro (en relación a los secretarios judiciales) llevan años priorizando la finalización de asuntos sea como sea, lo que se traduce en la extraordinaria presión que se ejerce en aquellas personas que tienen que acceder a este servicio público.
Por ejemplo, materias que de acuerdo a esto serían susceptibles de transacción (indemnizaciones por despido, litigios en materia de divorcio y…juicios en materia de violencia de género), los órganos judiciales y el cuerpo de fiscales despliegan una inusitada presión para que los justiciables acepten sentencias o acuerdos que normalmente nada tienen que ver con un acto reparatorio.
Esta evaluación de objetivos se hace semestralmente, y los jueces y fiscales que en el semestre inmediatamente anterior hubiesen superado en un 20 por ciento el objetivo correspondiente a su destino tendrán derecho a percibir un incremento de entre el 5 y el 10 por ciento de sus retribuciones fijas, y que puede oscilar entre los 200 y los 600 euros mensuales de diferencia.
Pero es más, la ley reguladora del régimen retributivo de ambos cuerpos establece que aquellos jueces y fiscales que en el semestre inmediatamente anterior no alcancen el 80 por ciento del objetivo correspondiente a su destino, recibirán un cinco por ciento menos del sueldo, e incluso podrán ser expedientados.
La prioridad es dictar cuantas más sentencias mejor, y en aquellas materias «conciliables», cerrarlas mediante acuerdos que, normalmente, perjudican a la parte más débil del proceso.