Iberdrola quiere monitorizar con toda la información que surge sobre su actividad en la docena de países en los que está presente. Para ello, la empresa eléctrica está ultimando la creación de lo que se ha bautizado como unidad de inteligencia, cuyo fin esencial es rastrear toda la información que sale del grupo en cualquier plataforma, especialmente las redes sociales, donde la eléctrica está expuesta a sufrir ataques no identificados que pueden poner en riesgo su seguridad.
Este proyecto está siendo liderado precisamente por el área de Seguridad de Iberdrola, que desde hace un año está descabezada tras la destitución de Antonio Asenjo como responsable por los pagos al comisario José Manuel Villarejo. Su rol lo está ocupando de forma provisional Patxi Blázquez, número dos de Asenjo y la persona que está liderando este proyecto, similar al de empresas del Ibex como Telefónica y Repsol.
La Unidad de Inteligencia tiene como objetivo monitorizar todos los riesgos que pudieran afectar a Iberdrola y que, dado el desarrollo de las redes sociales, suelen manifestarse de forma telemática en plataformas como Twitter o Facebook. Webs donde las empresas descubren potenciales amenazas de grupos de presión identificados o de anónimos que usan “bots” para difundir cierta información dañina para la sociedad o promover ataques físicos o digitales a instalaciones de la empresa.
El grupo energético dirigido por Ignacio Sánchez Galán no cuenta hasta la fecha con una división dedicada en exclusiva a cubrir este flanco, que se ha convertido en clave en los últimos años por la proliferación de ciberataques. Iberdrola quiere extender esta nueva red a todos los países donde está presente, por lo que ha creado un comité de inteligencia para monitorizar toda la información sensible que pudiera afectar a las operaciones, a las instalaciones o a la reputación de la sociedad.
La empresa quiere conocer al detalle y con antelación si, como le está ocurriendo en Estados Unidos con uno de sus proyectos verdes más relevantes, tiene grupos de oposición, ya sean de organizaciones medioambientales, como Greenpeace, o de partidos políticos, como Unidas Podemos, que planifican o anuncian movilizaciones contra sus plantas eléctricas. Al mismo tiempo, quiere saber quién o quiénes encabezan la protesta y a qué intereses pudieran responder, y si está en peligro la integridad de sus empleados o directivos. Tanto Greenpeace como Podemos se han personado en la causa de Iberdrola y Villarejo que se investiga en la Audiencia Nacional.
El comité de inteligencia está coordinado por Blázquez y en él participan, entre otros, Enrique Victorero, responsable de Seguridad Internacional, hombre enfrentado a Asenjo y a Juan Ramón Canovas Ras, jefe de Seguridad de México, uno de los países más conflictivos para Iberdrola, donde son públicas las profundas diferencias entre Galán y el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado a la eléctrica española de fichar a funcionarios públicos, —incluido el anterior presidente de México, Felipe Calderón, como consejero— después de haber obtenido suculentos contratos.
“A mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva a la señora Kessel, que era secretaria de Energía, y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón. Entonces, se quedaron mal acostumbrados”, dijo el presidente de México. Tras estas palabras, pronunciadas el pasado mes de septiembre, Iberdrola destituyó como consejera a Georgina Kessel el pasado 20 de octubre, puesto que pasó a ser ocupado por el exministro Ángel Acebes.
Cánovas Ras se incorporó a Iberdrola procedente de FCC, para la que trabajó en Oriente Medio. Fuentes del sector señalan que se trata de un militar, con rango de teniente coronel, que estuvo durante 18 años al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Cánovas Ras es ahora uno de los hombres fuertes de Seguridad de Iberdrola tras sustituir a Antonio García Villacañas, que ha abandonado recientemente la empresa y que es hijo de un alto mando también de los servicios secretos del Gobierno de España.
Iberdrola fichó el pasado verano al general Félix Sanz Roldán, director del CNI durante los últimos 10 años, como miembro del consejo asesor del presidente de la empresa. Galán ha asegurado un sueldo de 240.000 euros al año al militar, que comparte asiento en este “advisory board” con Ernesto Zedillo, expresidente de México; Joschka Fisher, exministro de Exteriores alemán; Jonathan Hill, antiguo comisario europeo de Mercados de Capitales; Laurence Tubiana, ex directora general de la European Climate Foundation, representante especial del Gobierno francés para la COP21 de París; Ken Salazar, antiguo secretario del Interior de Estados Unidos, y Ramón de Miguel, exembajador de España en París y ante la UE, hombre vinculado a José María Aznar y a Mariano Rajoy.
Muchos contratos y a lo que parece todos en «familia».