Acaba de terminar la presidencia húngara de la Unión Europea y empiezan los castigos. Desde diciembre de 2022, la Unión Europea ha congelado la transferencia de unos 30.000 millones de euros destinada a la recuperación de Hungría. 21.700 millones de euros proceden del fondo de cohesión mientras que 10.400 millones están vinculados al plan de recuperación tras los confinamientos de la pandemia.
Un año después, el Primer Ministro Viktor Orban logró liberar un tercio de esta cantidad, es decir, un poco más de 10.000 millones de euros del Fondo de Cohesión, a cambio de un chanchullo: levantar el veto a la ayuda de la Unión Europea para Ucrania.
La decisión de Bruselas de liberar esta cantidad provocó también la reacción del Parlamento Europeo, que criticó a la Comisión por haber cedido al “chantaje” del Primer Ministro. Interpuso un recurso ante los tribunales europeos para anular la liberación de estos fondos. Pero la Unión Europea mantiene la presión sobre Hungría con los 21.000 millones restantes, incluidos 11.700 millones de los fondos de cohesión y 10.400 millones para la recuperación tras los confinamientos.
La Comisión Europea emitió un comunicado de prensa denunciando un supuesto “incumplimiento del Estado de derecho”, que se refieren a la contratación pública, los procedimientos judiciales, los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción y los fideicomisos públicos.
En cualquier momento Hungría puede adoptar nuevas medidas para demostrar a la Comisión que las medidas adoptadas por el Consejo deben ser adaptadas o levantadas, concluye el comunicado. Pero cada año pasado sin satisfacer a la Unión Europea y su interferencia podría costarle caro a Budapest.
A partir del nuevo año, se retirará definitivamente un tramo de 1.040 millones de euros, tal como lo permite el mecanismo de condicionalidad, un sistema que autoriza a la Comisión Europea a suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación europea por parte de un Estado miembro. El Financial Times explica que se trata de los 6.300 millones de euros de fondos congelados a finales de 2022, que representan alrededor de la mitad de los 11.000 millones restantes del Fondo de Cohesión y de los cuales este tramo debía asignarse antes de finales de 2024.
Presiones políticas
A mediados de diciembre el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, dijo que era “muy difícil” no interpretar la retirada de fondos como una “presión política”. Budapest tomará medidas para “remediar esta situación discriminatoria”, prometió.
La situación muestra las tensas relaciones entre Hungría y las instituciones europeas, que la presidencia húngara de la Unión Europea no ha aliviado. El mandato de Budapest, que comenzó con las reuniones de Viktor Orban con Putin, Trump y Xi Jinping para discutir la paz en Ucrania, finaliza a finales de diciembre para ceder el cargo a Polonia, ferviente defensora del apoyo a Ucrania.
Los socios europeos de Hungría reconocen avances, como la integración de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen apartir de ayer, la Declaración de Budapest, un decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia o incluso un acuerdo en el marco del en el marco del G7 sobre un nuevo préstamo a favor de Ucrania, garantizado por los ingresos futuros de los activos rusos inmovilizados.
Polonia, que cada vez se hace oír más en la escena europea, acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Esto podría modificar, no de forma positiva para Hungría, la dinámica de las negociaciones.