El 11 de diciembre el periódico “Le Monde” informaba de que tres días antes el gobierno había levantado el confinamiento de una persona que jamás había tenido ninguna clase de vínculos con ningún grupo yihadista.
El diario francés decía que el individuo había sido denunciado “por celos, animadversión o paranoia” por un antiguo jefe para el que había trabajado y con el que mantenía una serie de litigios laborales.
En agosto el denunciado viajó por invitación de un colega a una estación de depuración de aguas en la que había trabajado entre 2006 y 2009 y su jefe dijo que pretendía lanzar un ataque bacteriológico.
Según la denuncia, el represaliado viajó a dicho lugar con un pretexto falaz y se interesó “demasiado” por el almacenamiento de productos químicos “sensibles”, así como por su utilización.
Para demostrar la voluntad de atentar masivamente contra la población, la policía añadió el historial de búsquedas de Google como “prueba” de sus malas intenciones. Dichas búsquedas se referían a términos peligrosos relacionados con la “química del tratamiento de aguas”.
En realidad, el represaliado había realizado las búsquedas que su jefe le ordenó ya que trataba de relacionar determinados productos químicos utilizados en la planta de tratamiento de aguas con una determinada enfermedad que había contraído y que le había causado una incapacidad permanente parcial del 25 por ciento.
En una entrevista a la revista informática Numerama, el abogado ha explicado los pormenores de la actuación policial, sobre la que existe una certidumbre “casi total”, según el abogado.
La policía habría obtenido el historial de búsquedas que el usuario hizo en Google por medios no aclarados. Tampoco precisa el contexto en el que el represaliado hizo cada una de las búsquedas sospechosas.
Ni la policía ni nadie ha dado ninguna clase de explicaciones ni del
confinamiento, ni de su levantamiento, a pesar de que es un ataque
directo y persistente a un derecho fundamental como es el derecho a la
intimidad. Tan arbitraria es una como la otra.
Según el abogado, el control de la policía no tiene relación con los atentados de París del 13 de noviembre sino que viene de antes, aproximadamente de enero de este año, en el que se produjeron las acciones contra la revista Charlie Hebdo.
Las sospechas contra la policía proceden de que la orden de
confinamiento utiliza los mismos términos que el usuario buscó en
Google.
El abogado se pregunta si la policía vigilaba tanto la conexión a internet del confinado, así como las búsquedas que realizaba en Google.
Desde 2012 el buscador utilizado un cifrado “https”, por lo que es difícil que la policía haya registrado todas las búsquedas de todos los usuarios del buscador para encontrar las que realizó el represaliado en enero de este año.
El abogado sospecha, además, que la policía tampoco tenía intervenida la conexión a internet de su cliente. La única posibilidad es, pues, que haya sido Google quien haya proporcionado a la policía el historial de búsquedas del usuario de sus servicios.
Según el último informe de transparencia de la propia Google, el buscador ha tenido que informar a la policía sobre 1.227 peticiones del gobierno francés cursadas en el último semestre del año pasado.
Dichas peticiones las llevó a cabo una autoridad gubernamental o administrativa al margen de cualquier clase de autorización judicial, lo cual es ilegal, por lo que se comprueba una vez más que la tarea de la policía no es la de luchar contra el delito sino la de cometerlo.