Así se lo comunicó este miércoles el fiscal al presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (Apena) de Cartagena, Ricardo Torregrosa, quien hace un año interpuso una denuncia contra la petrolera por negarse a entregar el listado de exempleados que estuvieron en contacto con el citado material cancerígeno. La relación de personas fue solicitada por la Inspección de Trabajo e incluso por la Asamblea Regional, que aprobó una resolución por unanimidad en noviembre de 2017.
“En situaciones similares en otras empresas,como Michelin, GM y Volkswagen, con un solo fallecido por amianto, las autoridades obligaron a estas compañías a entregar el listado de todos sus trabajadores. Mientras, en la Región de Murcia, con docenas de enfermos y cinco condenas firmes por fallecimientos, nadie ha obligado a Repsol a entregar el censo”, denunció Torregrosa. Y rechazó la explicación de Repsol de que retiró el amianto en 1990 y que, en todo caso, tenía sistemas de protección de la plantilla.
Repsol volvió a defender este miércoles que “siempre” ha actuado con “responsabilidad”. “En nuestra actividad productiva no se trabaja directamente con amianto, ni se manipula. Tal y como hemos acreditado, todas las operaciones y actividades relacionadas con el montaje y desmontaje de amianto son contratadas a empresas especializadas. En todo caso la salud de nuestros trabajadores y su seguridad son prioritarias para nosotros”, informó la compañía en un comunicado.
Según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía también trata de aclarar si la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas incurrieron en “omisión” de su responsabilidad de proteger la salud de los trabajadores. Así lo expuso Apena en su escrito.
Este miércoles el presidente del colectivo mostró su “satisfacción” por la decisión de Díaz Manzanera y expresó su confianza en que la Dirección General de Salud Pública facilite al fin el listado de personas afectadas por estas patologías. También lamentó que Murcia fue la última comunidad en aprobar un censo y añadió que “muchas personas creen que han enfermado o muerto por culpa del tabaco”. Asimismo, calificó de “arbitrarias y sin fundamento científico” varias sentencias de la jurisdicción de lo social de Cartagena, pese al criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) favorable a reconocer la enfermedad profesional.
Según Apena, solo entre los años 2000 y 2015 hubo 169 fallecimientos por mesiotelioma. De estas personas muertas presuntamente por haber respirado fibras de asbesto, hay 44 mujeres. La asociación sostiene que son esposas de “obreros manuales o de mono”, ingenieros y otros técnicos que estaban en espacios donde había tuberías con aislante de fibrocemento. Ellas “les lavaban las ropa”.
El problema se extiende “potencialmente” a las miles de personas que trabajaron en los sectores químico y naval hasta la prohibición del uso del amianto, hace 17 años. Eso incluye desde el astillero público de Navantia -antes denominado Bazán e Izar y donde eran reparados barcos que utilizaban el amianto como aislante-, Explosivos Río Tinto, Potasas y Derivados, Enfersa, Española del Zinc (Zinsa) y otras sociedades.
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fiscal-indicios-delito-20190206213741-nt.html