La Ley de Reducción de la Inflación aprobada en agosto por Estados Unidos es, ante todo, un acto de guerra económica dirigido contra la Unión Europea y uno de los mayores programas de subvenciones públicas a las industria jamás llevado a cabo, ya que autoriza un gasto de 391.000 millones de dólares.
Es una política proteccionista implementada por pretextos ambientales: activar las energías sostenibles y la fabricación de vehículos eléctricos. El partido demócrata apoya la ley porque lucha contra el cambio climático y el republicano porque lucha contra la competencia exterior.
Para Europa es una prueba de fuego y el gobierno estadounidense no lo oculta. Quiere mejorar el atractivo de Estados Unidos para la industria, incluso a costa de los europeos, que hasta ahora eran aliados estrechos. El gobierno estadounidense está organizando campañas de información sobre la nueva ley y las ventajas de que las empresas europeas se trasladen a Estados Unidos.
Es una amenaza existencial para gran parte de la industria europea, que ya se enfrenta a unos precios de la energía mucho más elevados que Estados Unidos. Lo que está en juego es el lugar de los Estados miembros de la Unión Europea en el mercado mundial.
El Comisario europeo Thierry Breton ha protestado contra la ley pero los intentos de cambiar la postura estadounidense han fracasado. Desde las elecciones de noviembre del año pasado, aunque Biden tuviera intención de enmendar el texto de la ley, tendría grandes dificultades políticas para lograrlo.
Los diputados del Congreso estadounidense siguen haciendo oídos sordos a las protestas europeas. Para ellos, en Europa deberíamos estar contentos porque se trata de una de las iniciativas más ambiciosas en materia de cambio climático aprobadas por un gobierno estadounidense.
La Unión Europea sólo ha obtenido de Washington la constitución de un grupo de trabajo bilateral para examinar sus dificultades con el texto y los medios para remediarlas. Está previsto que presente sus conclusiones en las próximas semanas, pero es poco probable que logre dar un paso adelante.
Incapaz de cambiar la ley estadounidense, la Unión Europea exige que las subvenciones se distribuyan con transparencia, para saber a qué atenerse e intentar restablecer el equilibrio para su industria.
La Casa Blanca ha dejado claro que la Unión Europea está en su derecho de establecer subvenciones similares para su propia industria. Pero Bruselas sólo puede contar consigo misma. Ese es el sentido de las propuestas presentadas por la Comisión Europea. Von der Leyen propuso una flexibilización de las normas sobre subvenciones públicas para dar a los Estados miembros más libertad para apoyar a sus industrias en los sectores del desarrollo sostenible y las energías renovables durante un periodo de tiempo limitado.
También incluye medidas para simplificar los procedimientos administrativos y una estrategia para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro de las materias primas que necesita la Unión Europea, especialmente para el despliegue de las energías renovables.
Pero las medidas no están asociadas a nuevos gastos presupuestarios, por lo que los Estados deben financiar esas ayudas por su cuenta. Hay tres excepciones. La primera es echar mano de los fondos no utilizados del plan de recuperación posterior a la pandemia. La segunda son los destinados a apoyar a las empresas europeas que se enfrentan a las consecuencias de las sanciones contra Rusia. La tercera es la posible creación de un “fondo de soberanía” financiado con deuda común y dedicado a financiar determinados sectores de alta tecnología.
Es muy poco, por no decir que es nada. El Primer Ministro holandés rechazó recientemente cualquier posibilidad de una nueva emisión común de deuda europea para financiar la respuesta europea al desafío estadounidense. Por lo tanto, el “fondo de soberanía” está en el aire.
Francia y Alemania son los dos principales Estados que disponen de medios para financiar por sí solos las subvenciones públicas a su industria, en particular a la automovilística. Pero las divisiones internas de la coalición liderada por Olaf Scholz corren el riesgo de comprometer las ambiciones a escala europea.
La Unión Europea no es capaz de actuar como una potencia en un tema fundamental para el futuro de su industria en el ámbito del desarrollo sostenible, en el que ya ha invertido un gran capital político y económico.