El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, ha informado hoy en rueda de prensa que los periodistas que investigan el escándalo de las empresas “offshore” en Panamá han sido financiados “de varias fuentes, incluido el gobierno de Estados Unidos”.También ha admitido que el sobresueldo lo entregan a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Según Toner, el gobierno de Estados Unidos no financió a los periodistas “para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones periodísticas independientes”.
Es difícil de entender a qué llama el portavoz una investigación “independiente”. También es incomprensible que los periodistas se rasguen las vestiduras por la inmoralidad ajena, olvidándose de la suya. ¿No tienen bastante con el sueldo que les paga el periódico?
No es la única inmoralidad: en la mayor parte de los países del mundo, el pirateo de datos informáticos es un delito. ¿Creen los periodistas que tienen patente de corso para trabajar con datos de origen delictivo?
Los periodistas que manipulan los documentos de Panamá olvidan una de las normas deontológicas de su profesión, que no admite fuentes anónimas.
Pero lo más importante es que el periodista tiene la obligación de publicar la información en su integridad, sin recortes, mientras que el director del “Consorcio” ha dicho: “No tenemos intención de publicar todas las informaciones que podrían molestar la sensibilidad de individuos inocentes. No somos Wikileaks, nosotros hacemos periodismo responsable”.
En efecto, no son Wikileaks y tienen un morro que se lo pisan. A cribar la información lo llaman “periodismo responsable” y, sin necesidad de ningún juicio, ya han impuesto una barrera entre los “culpables” y los “inocentes”.
Permitan que seamos los lectores quienes, después de ver todas las pruebas, opinemos quién es culpable y quién inocente.