El debate político sobre las tasas de criminalidad es recurrente, porque es la forma de avalar las políticas de «seguridad» de cada gobierno. La estadística oficial y la extraoficial mantienen una aparente discusión sobre cuan seguro es en España llevar una cartera en una zona visible, dejarse la puerta del coche abierta o caminar por una calle con poca iluminación.
El falso debate de si hay más o menos delincuencia
A la conclusión a la que se llega siempre, gobierne quien gobierne, es que «hay que dotar» a la policía y a la judicatura de «más herramientas» y que éstas sean «más eficaces». «Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra» son titulares habituales de la prensa amarilla, que además van acompañadas de toda la retahíla de anuncios de seguridad privada.
El debate de si en España hay más o menos delincuencia es un debate falseado desde el inicio. La estadística oficial se presenta de tal manera que nunca permitirá analizar la dimensión ni el impacto de los delitos que se cometen. Para ser más claros, en la estadística que periódicamente publican tanto el Ministerio del Interior como el Consejo General del Poder Judicial tiene el mismo impacto el hurto de una billetera en el Metro de Madrid, cuya cuantía podría alcanzar los 100 ó 200 euros, que los grandes delitos económicos, cuya dimensión alcanza los miles de millones.
El Código Penal, para los robagallinas
Por ejemplo, en el año 2022 el gobierno del PSOE y Podemos promulgó una reforma del Código Penal, incorporando un agravamiento de las penas cuando hay multirreincidencia en delitos leves de hurto y se superan los 400 euros.
Se trataba de una vieja demanda de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados -Lidl, Mercadona, Carrefour…), la patronal de los supermercados, que buscaba castigos más duros contra la gente que se buscaba la vida revendiendo en la calle productos que hurtaba de cadenas como Mercadona o Carrefour. Es decir, era un delito que cometían fundamentalmente los pobres como medio de supervivencia.
La reforma daba así respuesta a cómo se presentaba la estadística judicial, y es que los pobres roban muchísimo. De hecho, las cárceles están llenas de pobres por delitos similares. Y lo cierto es que son reformas penales fáciles de aplicar por parte de los jueces, pues los pobres, cuando son puestos en busca y captura, no tienen forma de huir a países sin tratado de extradición o esconderse bajo identidades falsas. Normalmente se los encuentra en su casa, en su barrio, en un bar o yendo al trabajo. De hecho la Fiscalía General del Estado rápidamente emitió instrucciones a las fiscalías territoriales para que tengan en cuenta esta reforma.
La evasión fiscal
Sin embargo, existen otras figuras penales, supuestamente orientadas hacia los grandes delincuentes, como el delito fiscal (art. 305 del Código Penal), que rara vez se aplica. Es el delito más comúnmente asociado a la fuga de capitales. Se comete cuando una persona o empresa defrauda a Hacienda más de 120.000 euros en un año mediante ocultación de capital en el extranjero, permitiendo así no declarar cuentas bancarias, inversiones, propiedades o otros activos financieros en paraísos fiscales u otros países.
La Red de Justicia Fiscal denunció en noviembre de 2024 que España habría perdido en ese año alrededor de 10.000 millones de euros por evasión fiscal por parte de empresas y fondos de inversión, sin que conste que ningún juzgado de instrucción haya abierto diligencias por este motivo, o se hayan efectuado registros en las sedes de fondos buitre como Blackrock o Vanguard. De hecho, no solo no ha habido registros, sino que ésta última ha abierto en agosto de este año su sede en Madrid, porque sus cifras de delincuencia (las de Vanguard) son sin duda exitosas.
Si bien esta cifra de evasión es corta, porque parte únicamente de fuentes abiertas, es ilustrativa. Por poner un ejemplo, los 10.000 millones de euros representan aproximadamente el 5.5% del gasto total en sanidad pública en España (que ronda los 180.000 millones de euros anuales). Con esa cifra se podría financiar la contratación de unos 150.000 profesionales sanitarios adicionales al año.
La delincuencia grave que no se publica
Otro caso de delito fiscal que pasa sin pena ni gloria es el de las grandes adquisiciones de deuda morosa o deuda hipotecaria por fondos como los mencionados (u otros que no son tan conocidos y cuyo domicilio fiscal es un apartado de correos en la Isla de Man). En este tipo de operaciones, la banca española cede a fondos buitre ubicados en el extranjero grandes cantidades de préstamos morosos a tanto alzado, normalmente entre un 3 y un 10% de su valor nominal.
Son operaciones por las que la banca y los propios fondos evaden impuestos en la misma cara de la Agencia Tributaria, ya que la la Ley del Impuesto de Sociedades obliga a conocer el precio individualizado de cada activo para calcular plusvalías y minusvalías patrimoniales, que obviamente no se recaudan.
Si tomáramos la cifra que indica la Red de Justicia Fiscal, con ese dinero se podrían construir o rehabilitar decenas de miles de viviendas sociales para familias en situación de vulnerabilidad o eliminar las listas de espera actuales en el sistema de dependencia.
Son los delitos más graves que se comenten en España, los que más impacto real tienen, los que más crecen año tras año, y que sin embargo no aparecerán nunca en la estadística oficial. No se investigan (aunque se practiquen a la vista de todo el mundo) y, una vez cometidos, no son perseguidos.
Porque en un Estado capitalista la estadística también es capitalista. Las tasas de criminalidad son las tasas de delitos para pobres, y los izquierdistas que no sean capaces de verlo o que repitan la seguidilla de que «hay que pagar tasas e impuestos para financiar hospitales» pretendiendo imponer a la clase obrera las obligaciones fiscales que el Estado luego condona a la burguesía y al capital, tendrían que hacérselo mirar.
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