Se reconoce -no les queda otro remedio a quienes se aferran a la Constitución como último parapeto contrarrevolucionario- que el derecho de manifestación es constitucional, o sea, que nos perdonan la vida en nombre de esa camisa de fuerza que es la Constitución española que viene de donde viene, o, como diría el sinuoso Torcuato Fernández Miranda -que ya ni dios sabe quién era-, principal patrocinador y sponsor del recién finado expresidente Addolfo Suárez, «DE LA LEY A LA LEY», esto es, dicho en roman paladino, de Las Leyes Fundamentales del Movimiento franquista a la Ley de Leyes que llaman Constitución (puro papel mojado, como se sabe), de la «legalidad» fascista a la legalidad «democrática» sin solución de continuidad, sin ruptura, sin nada, como se demuestra en los abominables artículos segundo y octavo que, por cierto, por razones de edad, ya ni la mayoría tuvo ocasión de votar o no votarla y/o rechazarla (como en Euskadi y Canarias).
Pero, a continuación, viene el globo-sonda que dice que lo «razonable» -como dice Luis Mª Ansón- sería que las manifestaciones se produzcan (sic) en lugares que no colapsen la entera circulación de Madrid. En cualquier país medianamente normal, con su democracia burguesa formal y tal, se tacharía de dementes a quienes, como la alcaldesa (no elegida) de Madrid, refrendada por el opusdeísta ministro del Interior y enfrentada, lo que hay que ver, a la filofascista gobernadora de Madrid, Cifuentes, siquiera se les ocurriera, digo, sugerir tamaña barbaridad ni por asomo, ni el que asó la manteca, vamos. Si no fuera por lo ridículo y pueril de insinuar tal medida sería para tomárselo a choteo. Y tentados estamos, pero con esta gente no caben las bromas, entre otras cosas porque carecen del sentido del humor.
Si algo caracteriza a una manifestación que se anuncia multitudinaria es que se celebre en las grandes capitales y transiten por las grandes avenidas y principales arterias. Esto es de cajón. Como hacen, por cierto, y no se privan, las manifestaciones de los fachas de AVT, etc. Lo contrario sería inimaginable. Pues bien, en este Estado de Derecho, que dicen, sí es, si no factible (la Abogacía del Estado ha rechazado prohibir manifestaciones en el centro de Madrid para satisfacción de la «izquierda» oficial que ya no sabía para dónde mirar ante tanta fascistada descarada), sí es pensable, otrosí: «discutible», materia de debate, como se dice ahora.
Por descontado que, por unas horas, se colapsa el tráfico, ¿y qué? Eso es una contradicción irresoluble. Pasa igual con las huelgas (si son serias): también colapsan y «molestan» a eso que llaman, y no sabemos en qué consiste, aunque lo intuímos, «clases medias», ¿y qué? No es chulería ni matonismo, sino, repetimos, un conflicto inevitable, previsible. No se pretende adrede fastidiar a nadie, pero alguien, indefectiblemente, se sentirá perjudicado. La Constitución habla del derecho al trabajo y también del derecho de huelga: una contradicción in puribus, pero este no es un problema del trabajador sino del legislador. No es ese el problema de los manifestantes, de las mayorías. El nivel de infantilismo llega al extremo de decir -a sabiendas de la estupidez del presunto argumento pero les da igual porque ni tienen vergüenza ni sentido del ridículo- que son más los que no se han manifestado que los que sí, como dijeron en la última Diada catalana.
Seguro que si no existieran coches, dirían que se colapsa el tráfico de los que van en… bicicletas o triciclos o patinetes o en diligencia. Siempre pensando por el bien del pueblo. Unos desagradecidos es lo que somos.