La coartada es que la Educación Básica Regular está calificada como un “servicio público esencial”, lo cual contrasta con los recortes presupuestarios en educación, que son cada vez mayores.
Antes de empezar la huelga, el gobierno no escatimó en lanzar a amenazas contra los maestros. Los maestros que permanezcan en huelga más de tres días serán “sustituidos” por otros y habrá descuentos en los salarios según los días de huelga.
Las amenazas y las medidas represivas adoptadas contrastan con un supuesto fracaso de la huelga, con una incidencia que tanto los portavoces del gobierno como la prensa insisten en cuantificar por debajo del 5 por ciento de docentes a escala nacional durante el primer día.
El lunes el ministro de Educación, Daniel Alfaro, informó que los maestros habían acudido masivamente a las aulas y que las clases se desarrollaron con normalidad tanto en la capital como en el interior del país.
El sindicato convocante sostiene, por el contrario, que el 75 por ciento de los profesores han sostenido la huelga, un porcentaje que crecerá en el transcurso de los próximos días.
Un informe policial sobre la huelga en cada región indica que fue efectiva en 90 por ciento en la norteña región de Tumbes, de 70, 60 y 20 por ciento en las centroandinas regiones de Ayacucho, Huancavelica y Junín, respectivamente, y de 40 por ciento en las ciudades amazónicas de Loreto y Madre de Dios.
En las otras 19 regiones, añade el informe, salvo en la surandina de Puno (20 por ciento) se registró una paralización de cinco por ciento o menos.
El exministro de Educación, Idel Vexler, dijo que el paro comenzó débil pero para tener una idea cabal de su desarrollo hay que esperar el transcurso de la semana.
La raíz de esta huelga está en otra de cerca de cuatro meses realizada por los sindicatos regionales, que comenzó en algunos territorios y paulatinamente se extendió a todo el país.