El ministro británico de vacunas ha propuesto una forma de convencer a los ciudadanos de que se vacunen contra el coronavirus: que los ayuntamientos envíen a personas para que llamen a las puertas de las viviendas.
La semana pasada, Nadhim Zahawi, ministro para el programa de vacunas, declaró que quería que los ayuntamientos enviaran personas puerta en puerta, primero para asegurarse de que todas las personas mayores saben que pueden vacunarse, y luego para convencer a los que se niegan a tomarla de que cambien de opinión.
La llamada a la puerta es una coacción gubernamental y se opone al derecho a la intimidad. Zahawi ha confesado que el programa de inmunización registra los nombres de todas las personas vacunadas, aunque no quiso confirmar que se registren los nombres de las personas que se han negado a la inoculación, pero tampoco lo descartó. Cuando se le preguntó si el gobierno debería registrar esa información, dijo: “Estudiaremos absolutamente cómo estamos abordando la cuestión de las tasas de rechazo”.
Aproximadamente, aceptan la vacuna el 85 por ciento de las personas a las que se les ofrece. Sin embargo, el gobierno se lamenta del 15 por ciento que las rechaza. Un gran número pertenece a minorías, como los negros o los asiáticos. Además, el 20 por ciento del personal de asistencia social, como los cuidadores financiados por el Estado que visitan a los ancianos en su domicilio, también se muestran reacios. El año pasado calcularon que el 22 por ciento de los trabajadores sociales para niños y el 25 por ciento de los cuidadores de adultos pertenecían a los grupos minoritarios.
En Gran Bretaña no es legal obligar a nadie a tomar ninguna de estas vacunas, pero se teme que los empresarios empiecen a obligar a los trabajadores a tomarlas. La Alianza por la Libertad Médica del Reino Unido, el Sindicato de Trabajadores de Inglaterra y Abogados por la Libertad han firmado una carta abierta en la que condenan esta coacción por parte de los empresarios por considerarla ilegal.
“Es un principio establecido en la legislación inglesa que una persona con capacidad de consentimiento no puede ni debe ser obligada a recibir ningún tratamiento médico en contra de sus deseos”, han escrito.
La Ley de Salud Pública de 1984 establece que los reglamentos “no pueden incluir disposiciones que obliguen a una persona a someterse a un tratamiento médico… El tratamiento médico incluye las vacunas y otros tratamientos profilácticos”.
En algunas zonas de Inglaterra ya están enviando a los funcionarios públicos puerta a puerta para realizar pruebas a los vecinos para detectar la cepa sudafricana. Los trabajadores del ayuntamiento, con ropa protectora, han ido a los hogares para entregar a los residentes kits de autodiagnóstico, uno por cada miembro de la familia de 16 años o más. Se espera que los residentes se froten a sí mismos, introduzcan el bastoncillo en un frasco de líquido conservante, empaqueten el frasco y lo entreguen a los funcioniarios del ayuntamiento a su regreso.