El juzgado de instrucción número 12 de Palma ha iniciado la tramitación de una de las querellas que se presentaron contra la directora general de Salud Pública del Govern, Maria Antònia Font, por la “detención ilegal” de unos 300 estudiantes que estaban en Mallorca de viaje de fin de curso.
La responsable de la Sanidad balear ha sido citada a declarar como investigada el próximo día 7 de septiembre (*).
Poco a poco los responsables políticos y sanitarios irán desfilando por los juzgados y algunos acabarán en la cárcel porque ninguna de las medidas que han ido aprobando a lo largo del año y medio de pandemia es legal. Desde luego que deberán indemnizar a todos los establecimientos comerciales que han permanecido cerrados y con restricciones de aforo o de horario.
Además de ordenar un secuestro colectivo, cuando Font firmó la orden de encierro, los jóvenes ya llevaban dos días sin poder salir del hotel, por lo que hay un delito de falsificación de documento público.
Los juzgados de Palma se han repartido las tres denuncias presentadas por las madres de tres de los estudiantes, que denunciaron su secuestro en el “hotel covid”.
Además de estas denuncias por detención ilegal, más de 200 estudiantes presentaron escritos de habeas corpus en el juzgado de guardia, pidiendo que se les permitiera salir del hotel. Los dos jueces de Palma que tramitaron estas peticiones coincidieron en la misma interpretación: no apreciaron el delito de detención ilegal y se quitaron el asunto de encima diciendo que se trataba un “conflicto administrativo”.
Fue la policía la que se tuvo que quejar porque estaba actuando sin el respaldo de una resolución administrativa por escrito, ya que solo se contaba con una orden verbal. Aún así, llevaron a cabo el secuestro a instancias de la autoridad sanitaria.
Días más tarde una jueza de lo contencioso anuló la resolución de Font. La magistrada acusó a la conselleria de Salud de encerrar a los jóvenes sin demostrar siquiera que hubieran tenido contacto estrecho con los turistas contagiados.
El Govern no envió a la magistrada la documentación sobre el caso porque no había ningñun papel: el secuestro se había llevado a cabo por la cara.
Al gobierno balear le ha faltado tiempo para criticar a los jueces con el argumento consabido: “hicimos lo que teníamos que hacer”, “el fin justifica los medios”, “salvamos vidas”… Los responsables del Govern respaldaron la decisión de la directora general y dijeron que era la única medida que en ese momento se podía tomar.
Ahora han vuelto a decir lo mismo: “El Govern considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta Administración: la defensa y protección de la población”. Las leyes no son suficientes y tienen que recurrir a las ilegalidades “por el bien común”.
Es delirante leer este tipo de idioteces a la cloaca seudoprogre. Hasta ahora han dicho y hecho lo que es da la gana, pero a partir de ahora les van a llover los palos.
(*) https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/07/20/juez-detencion-ilegal-macrobrote-baleares-coronavirus-en-mallorca-55256367.html