En opinión de Granado, es el “peor” déficit de la Unión Europea al no haber ningún país que se acerque en términos absolutos a la mitad y en términos relativos supere el 1,5 por ciento. “La situación es brutal”, afirma.
Granado lamenta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya culpado a las comunidades autónomas de la desviación del objetivo de déficit para 2015 cuando ninguna tiene más que el año pasado y critica que el Estado haya dejado la financiación de todas las políticas activas de empleo y las bonificaciones fiscales en la Seguridad Social. “En los presupuestos del 2016 la propia administración de la Seguridad Social valora en 3.700 millones de euros el coste de las bonificaciones. De ese dinero, el Estado solo paga una tercera parte. Si lo pagara todo, la Seguridad Social tendría 2.400 millones menos de déficit pero no quiere hacerlo”, apuntó.
También lamenta la mala gestión que se ha hecho durante estos años de la Seguridad Social que ha provocado “la congelación de las pensiones, reducido las reservas a la mitad y encaminado al sistema a déficit creciente”.
El exsecretario de Estado no dudó en criticar que las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones coticen porque es una medida que no ha servido de nada. “Dijeron que con este sistema iban a sacar 5.000 millones y no han sacado ni un euro. Hasta la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido que lo quiten porque no funciona”, añadió.
“Además el Estado ya le ha dado al presupuesto de la Seguridad Social más de 12.000 millones de euros por pago de pensiones no contributivas y de cotizaciones de los desempleados y el déficit sigue creciendo. El primer problema que debe solucionar la economía española, si queremos ser serios, no es que las comunidades autónomas gasten más o menos sino que el fondo de reserva sobreviva porque al ritmo que va en dos años se acaba y no vamos a poder pagar las pensiones. Esto es muy serio”.
En este sentido, Octavio Granado apuntó la necesidad de hacer más aportaciones al fondo de reserva hasta que la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con 35.000 millones de euros, recupere “una dinámica capaz de generar ingresos”.
Otra de las medidas que plantea es que no se destine parte de las cotizaciones a financiar la formación profesional. “Seguimos dedicando 8 de cada 1.000 euros a la formación profesional cuando la tendría que financiar el Estado y dárselo a las comunidades autónomas y que ese porcentaje pasara a las pensiones”, añadió.