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Estados Unidos tose y sus acólitos europeos se resfrían. El domingo el gobierno neerlandés declaró que había tomado una decisión “completamente excepcional” al intervenir una filial de la empresa china Wingtech, Nexperia, con el mismo pretexto sagrado de siempre: la seguridad nacional.

El 30 de septiembre el Ministerio de Economía neerlandés restringió las decisiones comerciales de Nexperia y sus filiales, privando así a los accionistas chinos del control sobre su empresa.

Posteriormente, Wingtech emitió un comunicado protestando contra este trato discriminatorio hacia las empresas chinas. Es un caso grave de acoso por parte del gobierno neerlandés a una empresa de chips controlada por China.

El objetivo es confiscar el capital y los activos tecnológicos que las empresas chinas han acumulado a lo largo de los años. El expolio forma parte de la guerra económica y reviste la forma de un auténtica “piratería informática”. La BBC señaló que el comunicado del gobierno neerlandés no explicaba por qué las operaciones de la empresa suponían algun tipo de riesgo.

El Financial Times asegura que las restricciones impuestas a China por el Departamento de Comercio de Esrados Unidos en septiembre ha exacerbó las tensiones entre los países occidentales y China en el sector de las altas tecnologías. La agencia Bloomberg reconoce que la caza emprendida contra las empresas chinas intensificarán aún más las tensiones entre China y la Unión Europea.

Las acciones del gobierno neerlandés contra Nexperia son extremadamente atroces, van mucho más allá de las regulaciones comerciales normales e implican una flagrante coerción política y connotaciones discriminatorias con la patente de corso de la “seguridad nacional”, no vacilando en acabar con la sacrosanta propiedad privada y los derechos de los accionistas, la economía de mercado y, en definitiva, todas y cada una de las normas que la Unión Europea ha proclamado de forma solemne.

No es un choque entre el gobierno neerlandés y una empresa china, sino una flagrante violación de las normas internacionales por parte de Países Bajos. La descarada persecución de las empresas chinas por parte de Estados Unidos está generando una preocupación a escala mundial entre los especuladores.

El lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino montó en cólera y las represalias no tardarán en aparecer. El proteccionismo vuelve a estar de moda.

En Alemania están con la mosca detrás de la oreja. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se niega a entregar a un sospechoso del sabotaje al Nord Stream. El individuo fue detenido en febrero del año pasado cerca de Varsovia en virtud de una orden de detención europea, pero Tusk se limitó a declarar: “Fue detenido de acuerdo con el procedimiento, pero la postura del gobierno polaco no ha cambiado. Ciertamente, no redunda en interés de Polonia, ni en interés de la decencia y la justicia, acusar o entregar a este ciudadano a otro Estado”.

Hasta la fecha, Alemania no han revelado públicamente el nombre completo del acusado, aunque se sabe que tiene 26 años y es de nacionalidad ucraniana.

Las primeras investigaciones trataron e echar tierra encima. Se trataba de culpar a un equipo de buceo ucraniano y, en menor medida a Polonia, desde donde supuestamente se zarpó el barco con los explosivos.

Pero hay mucho dinero en juego porque el gasoducto también era propiedad de Alemania y el servicio secreto sabe que en el atentado terrorista participó Estados Unidos. Sus sospechas se vieron reforzadas por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, cuando aún no pertenecía al gobierno.

Sikorski publicó un mensaje en una cuenta en X/Twitter culpando a Estados Unidos, que luego borró. El gobierno polaco tenía sus propios motivos para oponerse al gasoductos. Para ellos era un nuevo Pacto Molotov-Ribbentrop y la reacción polaca está dispuesta a cometer hoy los mismos errores que en 1939. “El problema del NordStream no es que explotara. El problema es que se construyera”, escribió recientemente Tusk en X/Twitter.

En Varsovia las camarillas no ocultan su apoyo al atentado y si entregan a uno de los participantes, su intervención quedará al descubierto. También pondría en peligro las ya sombrías perspectivas de la coalición gobernante de conservar la mayoría tras las próximas elecciones parlamentarias de otoño de 2027.

Jaroslaw Kaczynski, el director de orquesta de la oposición, ha atado las manos a Tusk, acusándole de ser un “agente alemán”. Si el primer ministro entrega al sospechoso a Alemania, se podría celebrar un juicio que acabaría implicando a Polonia con el sabotaje y con la CIA, justo en el momento en que aparentar que es “la gran potencia” de Europa oriental, un baluarte frente al “expansionismo ruso”, es decir, una reproducción del escenario de 1939.

El gobierno de Tusk no quiere ahorrar esfuerzos, hasta el punto de que Sikorski quiere concederle asilo político al acusado. En Alemania empiezan a hablar de la complicidad polaca en el sabotaje.

En un principio la asistencia de la Unión Europea a la Guerra de Ucrania era en especie, como tanques, misiles y obuses, pero al vaciarse los arsenales, los países europeos ya sólo son capaces de aportar dinero que, por lo demás, no es suyo. Luego Ucrania compra las armas en los mercados internacionales y, últimamente, está intentando fabricar una parte en su propio suelo, aunque a medida que construye las instalaciones, los rusos se las destruyen.

En el marco de un programa lanzado por Dinamarca, los países europeos han prometido más de 1.600 millones de dólares a Ucrania para la compra de armas de su propio sector industrial.

Trump ha recortado drásticamente las fuentes de financiación y la Unión Europea hace cálculos del dinero que tendrá que gastar en los próximos dos años para seguir sosteniendo la guerra, según Handelsblatt (1).

La suma asciende a cientos de miles de millones de euros, que Bruselas pretende proporcionar utilizando activos rusos robados, a pesar de los posibles riesgos, que el banco depositario de los fondos, Euroclear, ha vuelto a destacar hace pocos días.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima la necesidad de apoyo presupuestario para el mantenimiento del Estado ucraniano en 2026 y 2027 en 60.000 millones de dólares. La cifra se complementará con al menos 80.000 millones de euros para armas y municiones, teniendo en cuenta que la guerra podría no durar dos años completos en su forma actual.

El canciller Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planean conceder a Ucrania un préstamo de 140.000 millones de euros y justifican la utilización de los fondos rusos porque no tienen ni una cosa (armas) ni otra (dinero).

El ganador se lo lleva todo

En el colmo de la estulticia, los dirigentes europeos dicen que Rusia solo podrá recuperar su dinero si paga las reparaciones, una vez finalizada la guerra. Quieren dar la impresión de que van a imponer sus condiciones en una guerra que han perdido, lo cual sería un caso sin precedentes en la historia de todas las guerras, donde el ganador siempre se lo lleva todo.

En cualquier caso, tanto el banco Euroclear como Bélgica pronostican importantes riesgos judiciales.

El plan se volverá a debatir en la cumbre de la Unión Europea de la penúltima semana de octubre. La Comisión Europea espera que para entonces se hayan logrado avances, lo que permitirá el desembolso de los primeros fondos a Ucrania en el segundo trimestre del próximo año.

Un alto dirigente de la Unión Europea advirtió que suspender el apoyo a Ucrania probablemente provocará el colapso del país y que ya no se puede contar con el apoyo económico de Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, la asistencia de la Unión Europea a Ucrania se calcula en 178.000 millones de euros. Incluso en caso de un alto el fuego, sotener al ejército ucraniano requeriría aproximadamente 25.000 millones de dólares al año.

¿En qué bolsillos cae la ayuda a Ucrania?

La corrupción en Ucrania sigue siendo endémica. “Ha desarrollado una industria de defensa capaz de producir miles de proyectiles de artillería, vehículos blindados y drones, en una impresionante gama de modelos y prestaciones. Este éxito se considera ampliamente un activo importante en la lucha contra la invasión rusa, pero mientras miles de millones de dólares fluyen del ejército ucraniano a los fabricantes de armas nacionales, con la ayuda financiera de donantes europeos, gran parte de este gasto está rodeado de secreto militar”, señala el New York Times (2).

Reiteradamente, de manera injustificada, el gobierno de Kiev adjudica contratos a parte a empresas que presentaron ofertas más altas que sus competidores. Las auditorías internas documentan docenas de contratos similares firmados en poco más de un año, así como casos de entregas tardías o incompletas y pagos anticipados por armas que nunca llegaron.

Ucrania paga demasiado sin razón aparente y sin justificación. Los auditores que han revisado las compras realizadas por la Agencia Ucraniana de Adquisiciones de Defensa entre principios de 2024 y marzo pasado, no formularon acusaciones de robo o malversación de fondos, aunque remitieron algunos contratos a sus superiores para su evaluación.

El informe de 465 páginas revela que docenas de contratos para proyectiles de artillería, drones y otras armas fueron no se adjudicaron al mejor postor. La diferencia entre las ofertas más bajas y los contratos efectivamente adjudicados por la central de compras ascendió a de 129 millones de dólares, como mínimo.

La Agencia ucraniana de Adquisiciones de Defensa

En un comunicado, el director de la Agencia de Adquisiciones de Defensa, Arsen Zhumadilov, afirmó que las ofertas más bajas en ocasiones se rechazan porque no podían cumplir con los niveles de calidad, plazos de entrega, condiciones de pago u otros criterios esenciales.

El gobierno ucraniano creó la Agencia de Adquisiciones de Defensa como una rama independiente del Ministerio de Defensa en 2023, después de que los medios ucranianos informaran sobre una ola de “gastos cuestionables”, incluyendo enormes sobrepagos por huevos para las raciones de los soldados y abrigos de invierno.

Sin embargo, la Agencia es otro pozo negro. Dos directores han sido despedidos por “gestión ineficaz”. Este año la mayor parte de su presupuesto, unos 10.000 millones de dólares, se financia con los ingresos fiscales ucranianos, aunque ha comenzado a recibir subvenciones europeas.

Al menos hasta el año pasado, las compras se realizaban en el mercado negro y la mayoría de ellas recibían un sobrecoste del 3 por cien. La Agencia utilizó a los traficantes de armas en el 83 por cien de sus contratos en lugar de comprar directamente a los proveedores, según la auditoría.

Durante años los traficantes habían estado vendiendo armas ucranianas a países devastados por la guerra en África y Oriente Medio. En 2022 se centraron en las importaciones procedentes de esos países y posteriormente empezaron a negociar contratos para la Agencia con fabricantes ucranianos.

Las auditorías identificaron numerosos contratos que resultaron en entregas tardías o incompletas, así como casos en los que se realizaron pagos anticipados sin que las empresas entregaran las armas. Se identificaron contratos firmados con empresas sin verificar previamente la presencia de los adjudicatarios en los centros de producción, como talleres subterráneos adecuados.

La Agencia está experimentando con nuevos modelos de contratación. Ha creado un mercado en línea que permite a los comandantes del ejército comprar armas para drones directamente a los proveedores mediante un ordenador o un móvil, saltando por encima de la burocracia militar.

(1) https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-eu-schaetzt-ukraine-hilfsbedarf-auf-riesige-milliardensumme/100160339.html
(2) https://www.nytimes.com/2025/10/06/world/europe/ukraine-war-weapons-defense-contracts-payments.html

El Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue el ritual característico de las declaraciones solemnes: las personas tienen derecho a la vida, a la propiedad, a un juicio justo, al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, a la prohibición de la discriminación y los tratos inhumanos o degradantes…

Quien examina la vigencia de esos derechos tan solemnes es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo, al que se dirigieron algunos residentes del Donbas, reclamando por los bombardeos de Ucrania contra la población civil.

Es el caso llamado Ryashentseva y otros, cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas como consecuencia de los bombardeos ucranianos entre 2015 y 2020. En uno de los casos, un demandante denunció que su hija había resultado herida durante dichos bombardeos.

El Tribunal se burla de los vecinos del Donbas y no entra a examinar el fondo del asunto por no haberse agotado los recursos internos. Los demandantes debieron reclamar previamente a los mismos ucranianos que les estaban bombardeando.

Dice el Tribunal que Ucrania creó procedimientos específicos para los casos relacionados con la guerra del Donbas, que reubicó los tribunales, que admitió los procedimientos en rebeldía y el envío de citaciones y asistencia jurídica gratuita.

Para demostrar que los recursos eran accesibles desde el Donbas, el Tribunal se basa en la ONU y el Tribunal Penal Internacional, según los cuales Ucrania había iniciado investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos en la zona de guerra, incluso contra su propio personal militar.

Naturalmente, era un paripé. Jamás prosperó ninguna reclamación por los crímenes cometidos por el ejército ucraniano en el Donbas. Pero el Tribunal dice que la ausencia de condenas no invalida por sí sola los procedimientos establecidos, porque la obligación de Ucrania era “poner los medios, no garantizar el resultado”.

Es el colmo de la imbecilidad. Durante la guerra desatada en 2014, la población del Donbas fue acusada de “terrorismo” y a ningún “terrorista” se le ocurre ir a los juzgados para buscar un abogado, interponer una demanda y empezar a litigar… en plena guerra. No era tan complicado. Los demandantes sólo tenían que cruzar la línea del frente para acudir al juzgado y luego volver a la casa que les habían destruido.

Ya nadie se acuerda de aquel bulo que circuló por los medios de comunicación del mundo entero a finales de diciembre del año pasado: el petrolero Eagle S fue incautado por la guardia costera finlandesa por romper el cable Estlink 2, ubicado entre Finlandia y Estonia.

Fue un caso claro de piratería, un anticipo de la ópera bufa que ahora ha orquestado la Unión Europea con los drones para cerrar el paso por el Mar Báltico a Rusia. El barco ostentaba pabellón de las Islas Cook y era propiedad de la empresa emiratí Caravella LLCFZ. El capitán y el primer oficial eran georgianos y el segundo oficial era indio.

Pero esos pequeños detalles no importaron nada porque los reportajes estaban escritos de antemano. Los medios aseguraron que el barco formaba parte de la “flota fantasma” rusa que se dedica a eludir las sanciones impuestas por varios países países occidentales para seguir exportando hidrocarburos.

Tras zarpar de Ust-Luga (Rusia) con destino a Puerto Said (Egipto), el Eagle S fue acusado de arrastrar el ancla deliberadamente durante 90 kilómetros para arrancar los cables en cuestión. No era un caso único, dijeron. Otras infraestructuras críticas de la región habían sufrido daños similares causados ​​por otros buques, como los cargueros chinos Yi Peng 3 y Newnew Polar Bear.

Por si no fuera suficiente, la revista británica Lloyd’s List acusó al buque de espionaje. El equipo de transmisión y recepción utilizado para registrar “todas las frecuencias de radio” fue transferido a Rusia para su análisis.

Tras aquella fantasmada, la OTAN lanzó la Operación Baltic Sentry para frustrar cualquier posible acción que Rusia pudiera intentar llevar a cabo en la región como parte de sus operaciones de “guerra híbrida”. Traducido al román paladino eso significa: estamos llevando a cabo un montaje para justificar el bloqueo del Mar Báltico a Rusia, algo que contradice de plano el derecho internacional.

El gobierno finlandés dijo que había reunido pruebas suficientes para llevar al comandante del Eagle S y a sus dos segundos al mando ante los tribunales por “daños criminales agravados y obstrucción agravada de las comunicaciones”.

“Los propietarios del cable sufrieron un total de al menos 60 millones de euros en daños directos solo en costes de reparación, y la interrupción de los cables de transmisión eléctrica y telecomunicaciones […] también es sospechosa de haber causado un grave riesgo para el suministro energético y las comunicaciones en Finlandia, a pesar de que los servicios podrían haberse prestado a través de conexiones alternativas”, dijo la fiscalía finlandesa el pasado mes de agosto.

Pues bien, el montaje se ha desplomado como un castillo de naipes. El viernes de la semana pasada, el Tribunal de Distrito de Helsinki los absolvió e incluso ordenó al gobierno finlandés el reembolso de sus costas legales, que asaciende a casi 200.000 euros.

El caso es que la ruptura de los cables submarinos es algo bastante frecuente en la navegación marítima, o sea, que no había nada extraño en el suceso. El armados del buque paga los daños y no hay nada más que discutir.

En el juicio quedó claro que el ancla del Eagle S arrastró durante decenas de kilómetros el cable sin darse cuenta, como sostuvieron los tres acusados y la pérdida de velocidad del buque se debió a un problema en el motor. El tribunal sanciona que el incidente se debió a un fallo mecánico en el molinete y se declara incompetente, explicando que el derecho penal finlandés no podía aplicarse en este caso, al considerarlo un “incidente de navegación” amparado por la Convención de la ONU sobre el Derecho Marítimo.

“Los tribunales del Estado del pabellón del buque o del estado de residencia de los acusados ​​tienen jurisdicción penal en este asunto”, argumenta el tribunal, dando la razón a los acusados. Los cables se habían roto fuera de las aguas territoriales finlandesas.

Además, el tribunal también determina que el incidente no causó daños lo suficientemente significativos como para calificarlo como “daños contra la propiedad o daños contra la propiedad agravados”.

En cuanto a la participación de Rusia y la “flota fantasma”, durante el juicio no se escuchó nada de eso. En enero el Washington Post ya anticipó que no existían pruebas de que las roturas de cables observadas en el Mar Báltico fueran resultado de la famosa “guerra híbrida” de Rusia y que probablemente se debieran a “tripulaciones inexpertas que prestaban servicio a bordo de buques en mal estado”.

En fin, como siempre: mucho ruido y pocas nueces. La Unión Europea ha vuelto a hacer el ridículo. Como sabían que el montaje de la “flota fantasma” no iba a salir bien, han recurrido a otra fantasmada: los drones rusos que sobre vuelan los países escandinavos, Francia, Alemania, Reino Unido…

El 34 por cien de los alemanes del oeste y el 46 por cien de los del este están insatisfechos con el estado de la reunificación, con un tercio (34 por cien) de todos los alemanes “menos satisfechos” o “nada satisfechos”, según una encuesta del instituto Infratest dimap realizada para ARD.

Realizada en la víspera del 35 aniversario de la reunificación de Alemania en 1990, la encuesta, que entrevistó a 1.306 personas elegibles, también reveló que el 74 por cien de los alemanes del oeste y el 84 por cien de los del este están descontentos con el gobierno actual del país.

La satisfacción con la reunificación es más baja entre los partidarios de los partidos de izquierda y de AfD (53 y 52 por cien, respectivamente), frente al 75 y 70 por cien entre los partidarios de la CDU/CSU y del SPD.

El resentimiento de los alemanes del este sobre la reunificación se debe a que están siendo tratado como ciudadanos de segunda clase.

La privatización masiva y la destrucción sistemática de la industria de Alemania del este, devastó gran parte de la economía de la antigua República Democrática Alemana, incluidos sectores competitivos como la construcción de maquinaria pesada, la informática y la energía, sumiendo a amplios sectores de la población en la pobreza

El desmantelamiento de las instituciones de Alemania oriental, incluido el ejército, llevó a una situación en la que los antiguos militares cobran pensiones inferiores a las de los antiguos soldados del ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial.

Los imperialistas no descansan para instalarse en las fronteras de Rusia. El Cáucaso no es una excepción. Tras la aplastante derrota de su candidato a las elecciones a la alcaldía de Tiflis, la capital de Georgia, la Unión Europea está promoviendo graves disturbios. Como en la República Checa, los euroescépticos de Sueño Georgiano han ganado las elecciones y denuncian un Golpe de Estado, al estilo de Ucrania en 2014.

Kaja Kaladze, candidato del partido gobernante Sueño Georgiano, obtuvo una victoria contundente en las elecciones a la alcaldía de Tiflis con el 77,4 por ciento de los votos, según las encuestas a pie de urna difundidas por la cadena Imedi.

El candidato opositor Irakli Kupradze apenas alcanzó el 8,8 por ciento, lo que representa una derrota aplastante para los partidos que lo postularon como candidato único.

La jornada electoral quedó eclipsada por violentos disturbios en la capital, donde manifestantes irrumpieron en los jardines de la residencia presidencial tras forzar las vallas de seguridad. El presidente Mijail Kavelashvili se vio obligado a reforzar la protección del palacio con brigadas adicionales de fuerzas especiales que desplegaron cañones de agua y gas pimienta para contener a los manifestantes.

Los enfrentamientos dejaron al menos 14 agentes de policía heridos, según informó Alexandr Darajvelidze, viceministro del Interior. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes de la Plaza de la Libertad y la calle Gueorgui Leonidze, aunque posteriormente los grupos se reagruparon en la avenida Rustaveli, frente al edificio del parlamento, donde continúan los enfrentamientos.

Kaladze, quien ostenta además el cargo de secretario general de Sueño Georgiano y permanece como alcalde desde 2017, no dudó en calificar los acontecimientos como un “intento directo de golpe de Estado”. Durante una rueda de prensa, advirtió que los responsables “serán castigados”.

Las autoridades georgianas instalaron barreras metálicas reforzadas alrededor de la residencia presidencial al conocerse que los manifestantes planeaban marchar desde la Plaza de la Libertad hasta el edificio presidencial. A pesar de las medidas, decenas de personas lograron superar el cordón inicial antes de ser repelidas por los antidisturbios.

La jornada electoral transcurrió de manera simultánea en 64 municipios y distritos del país, donde más de 3,5 millones de georgianos estaban convocados para elegir alcaldes en cinco ciudades autónomas —Tiflis, Kutaisi, Batumi, Rustavi y Poti— además de 59 municipios y los diputados de los consejos locales.

El primer ministro georgiano fue más allá al responsabilizar directamente al embajador de la Unión Europea de alentar los disturbios en Tiflis y de participar en un intento de derrocar al gobierno. Esta acusación evidencia las tensas relaciones entre Tiflis y Bruselas, deterioradas significativamente en los últimos meses.

“Algunas personas del extranjero incluso apoyaron directamente el intento de derrocar el orden constitucional, incluido el representante de la UE. En este contexto, el embajador de la UE en Georgia tiene una responsabilidad especial”, declaró Kobajidze en una rueda de prensa.

La victoria de Kaladze consolida el control de Sueño Georgiano sobre la capital y refuerza la posición del partido gobernante. Los nueve candidatos que compitieron por la alcaldía representaban un espectro político amplio, y la diferencia de más de 68 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar refleja la debilidad actual de la oposición georgiana.

—https://www.telesurtv.net/sueno-georgiano-golpe-de-estado-victoria/

Los resultados de las elecciones parlamentarias en la República Checa han confirmado una contundente victoria para las fuerzas euroescépticas, encabezadas por Andrej Babis, lo que supone otra derrota para la Unión Europea.

Con más del 65 por cien de los votos escrutados, el movimiento ANO de Babis se alza con un 37,3 por cien de los apoyos. Esta formación, junto con sus potenciales aliados para formar gobierno —el SPD, con un 8,2 por cien, y el partido AUTO, con alrededor de un 10 por cien—, pueden asegurar una mayoría sólida en el parlamento.

Frente a este bloque, los partidos abiertamente proeuropeos, la coalición Juntos (21 por cien) y STAN (10,6 por cien), se ven abocados a la oposición. Este giro político tendrá consecuencias inmediatas y profundas, especialmente en la política exterior.

La principal implicación internacional recae sobre Ucrania. Andrej Babis se ha declarado abiertamente en contra del envío de ayuda militar al ejército de Kiev. Chequia, que hasta ahora era un proveedor crucial de armamento para la guerra, podría congelar los suministros en breve.

Esta decisión es un duro golpe para las fuerzas ucranianas en un momento crítico de la guerra, al tiempo que refleja y alimenta la fatiga y las divisiones existentes dentro de la Unión Europea respecto al apoyo incondicional a Kiev.

La victoria de Babis no es solo un terremoto político interno, sino un evento internacional que debilita la posición europea y fortalece a los sectores críticos con las políticas actuales de Bruselas.

Los bancos centrales se crearon hace cien años como un instrumento de los estados capitalistas en su fase más avanzada, imperialista. Pero finalmente, con el invento de su “independencia” ha ocurrido lo contrario: los estados capitalistas se han puesto al servicio de los bancos centrales.

Ahora eso ya no basta; llega otra etapa del capital financiero contemporáneo, las monedas digitales, que “no pueden esperar a un debate parlamentario interminable”, como ha expuesto Christine Lagarde recientemente. Hay que acabar con las polémicas políticas, estériles por naturaleza.

La jefa del Banco Central Europeo tiene prisa porque el caos es inminente. El tiempo se acaba. La rapidez es “esencial” para la implementación de su euro digital. “Este proyecto es urgente para el futuro de Europa, y confío en que las instituciones democráticas compartirán esta visión y actuarán con la celeridad necesaria, sin por ello saltarse los procedimientos”.

Por eso quieren eludir un debate sobre el asunto, en particular los relativos a las dos causas de la implementación del euro digital.

Es lo mismo que ya hemos explicado hace unos pocos días para la Ley Genius en Estados Unidos: necesitan ocultar que el objetivo del euro virtual es evitar que la deuda y la destrucción del dinero fiduciario, como en cualquier otro corralito, provoquen un estallido social.

El euro digital es un mecanismo imprescindible para gestionar el caos que se avecina a pasos agigantados. Es un mecanismo para mantener el control, en la medida de lo posible. Hay que prevenir el desplome de las bolsas, las insolvencias bancarias, congelar el dinero en efectivo y mantener el dominio sobre las reservas de valor. Ya no pueden hacer lo mismo que en 2008: dar otro salto adelante.

Está surgiendo los mecanismos de un sistema de vigilancia y control financiero total. Se acabó aquello de comprar lo que a uno le da la gana, donde le da la gana y cuando le da la gana. Ya es posible bloquear cualquier gasto de cualquier persona pulsando un botón.

El segundo motivo de la prisa tiene como objeto preservar la soberanía monetaria del Banco Central Europeo en unos mercados cada vez más internacionalizados y digitalizados. Perder la carrera del euro supone perder la posibilidad de tener una política monetaria propia frente a dos adversarios: China (con su yuan digital) y las criptomonedas privadas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, busca recuperar el poder de decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según informa Bloomberg. Cada vez más crítico con Bruselas, Merz quiere que Berlín tenga mayor influencia en asuntos que afectan directamente a los miembros de la Unión Europea.

Ya se ha opuesto a las propuestas de von der Leyen de nuevos impuestos para la Unión Europea y a su plan de enviar fuerzas de paz a Ucrania, además de discrepar con ella sobre un acuerdo arancelario con Estados Unidos y las regulaciones climáticas.

“Ahora tenemos que poner freno a este mecanismo en Bruselas”, les dijo Merz a los empresarios el viernes”, señala Bloomberg.

El miércoles, antes de una cumbre informal de dirigentes europeos en Copenhague, volvió a pedir una “reforma fundamental” de lo que calificó como una reglamentación excesiva de Bruselas, como han venido lamentando todos los “euroescépticos” desde hace décadas.

La Comisión Europea ha introducido varias medidas para reducir la burocracia este año, incluyendo el “Defense Readiness Omnibus”, cuyo objetivo es simplificar los procedimientos en el mercado de adquisiciones de armamento de la Unión Europea. Esta iniciativa forma parte del plan de rearme de Von der Leyen, que quiere gastar hasta 800.000 millones de euros en inversiones para la adquisición de armas y municiones para 2030.

Nada más llegar a la Cancillería, Merz se ha hundido en las encuestas. El índice de aprobación ha alcanzado un mínimo histórico y continúa bajando, según una nueva encuesta publicada el sábado. Casi dos de cada tres alemanes están decepcionados ahora con su canciller, un aumento de 20 puntos respecto al 45 por cien de principios de junio.

La crisis interna de la Unión Europea no sólo explica los delirantes planes de rearme de Bruselas y la paranoia antirrusa, sino también eso que llaman “auge de la extrema derecha”. Alternativa para Alemania (AfD) sigue por delante de la coalición gobernante entre la CDU, el CSU y la socialdemocracia. El bloque se mantiene estancado en el 25 por cien, mientras que la reacción pura y dura se mantiene en el 26 por cien, lo que lo convierte en la mayor fuerza política del país.

La encuesta también muestra que los socios de coalición del canciller Merz están pasando apuros: los socialdemócratas, los verdes y la izquierda se hunden y corren el riesgo de convertirse en plataformas extraparlamentarias.

Merz, quien asumió el cargo en mayo, se ha comprometido a reactivar la economía alemana, fortalecer el ejército y garantizar el apoyo continuo a Ucrania, a la vez que impulsa recortes drásticos en los derechos de los trabajadores y jubilados.

Sus promesas de campaña están cada vez más desfasadas de las preocupaciones públicas. Los alemanes citan el aumento del coste de la vida, los elevados impuestos y los recortes a las prestaciones sociales como sus principales preocupaciones.

Como en otros países europeos, las campañas belicistas que airean los medios de comunicación, cuyo fundamento es virtual, sirven para ocultar los problemas reales de amplios sectores sociales.