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En esta última semana, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han abierto la veda: el llamado «certificado COVID» ya tiene fecha de caducidad (12 meses), e incluso la Comisión Europea ha pedido reducirlo a 9 meses. Para tenerlo «en vigor» hay que tener puestas todas las dosis que se le antojen a las empresas fabricantes. Leer más
Nigeria ha decidido destruir alrededor de un millón de vacunas caducadas, según declaró el lunes Faisal Shuaib, director de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de Salud (NPHCDA), quien añadió que el organismo estaba trabajando con el regulador de medicamentos NAFDAC para fijar una fecha para su destrucción.
Faisal Shuaib dijo que el país había aceptado vacunas de corta duración de los países donantes internacionales para utilizarlas rápidamente debido a la escasez de vacunas en el pasado.
Por su parte, la semana pasada el ministro de Sanidad de Nigeria, Osagie Ehanire, declaró que algunas vacunas donadas por las grandes potencias occidentales tenían una vida útil de sólo unas semanas.
Shuaib también aseguró que Nigeria ya no aceptaría vacunas de corta duración, citando una decisión del comité presidencial.
El gobierno nigeriano no ha indicado la farmacéutica que fabricó las vacunas caducadas, aunque la de Pfizer debe conservarse a 70 grados bajo cero, de modo que si no caduca, se estropea con facilidad. De cualquier manera ya nadie se acuerda de los requisitos de conservación de dicha vacuna, por lo que es muy probbale que se estén inyectando vacunas en muy mal estado de conservación.
La directora de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, Kate O’Brien, dijo el jueves en una rueda de prensa que la proporción de dosis desperdiciadas era menor en los países que recibían dosis a través de Covax que en muchos países de ingresos altos.
Vuelve a quedar en evidencia que, afortunadamente, en la mayor parte de los países pobres del mundo es imposible vacunar a la población en su totalidad, por más que se eliminen las patentes o regalen las vacunas.
Menos del 4 por cien de los adultos del país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes, están totalmente vacunados.
—https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/nigeria-destroy-around-1-million-expired-covid-19-vaccines-senior-official-2021-12-13/
A principios de noviembre la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó un fármaco de la multinacional Merck, el molnupiravir, que “podría acabar con el coronavirus en cuestión de horas”, dice ABC (1), recurriendo a una terminología estúpida.
Como en el caso de las vacunas, fue una aprobación “de emergencia”, es decir, a ciegas, antes de acabar los ensayos clínicos. No obstante, la EMA dejaba el asunto en manos de los estados miembros, que serán quienes asuman las responsabilidades.
Hace dos semanas la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) hizo lo propio para Estados Unidos.
Llevamos, pues, dos años con el mismo mantra: los medios de intoxicación no son otra cosa que propagandistas de las empresas fabricantes y que la EMA y la FDA respalden el medicamento pone a los organismos públicos en la misma ecuación que, por ciento, tampoco tiene nada de científica.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte estudió los efectos de molnupiravir en células aisladas de ratones durante 32 días y descubrió que el fármaco induce mutaciones en el ADN. Esas mutaciones contribuyen al desarrollo del cáncer, y pueden causar defectos de nacimiento, ya sea en un feto en desarrollo o a través de la incorporación a las células precursoras del esperma (2).
El fármaco afecta a las células en proceso de división. Los hombres fabrican constantemente espermatozoides en división que podrían ser portadores de esas mutaciones. En consecuencia, los hombres que quieran ser padres no deberían ingerir el medicamento.
Naturalmente la multinacional Merck dice que sus estudios no encuentran pruebas de que el medicamento cause mutaciones en el ADN.
Originalmente la pócima se desarrolló en la Universidad Emory para el tratamiento de la gripe. A su vez, la Universidad es una empresa comercial con el mismo nombre que vendió la patente a Ridgeback Biotherapeutics, una empresa con sede en Miami que se asoció a Merck para llevarlo al mercado mundial.
Que el monulpiravir es mutagénico y provoca defectos en los recién nacidos se sabe desde que comenzó la pendemia (3), cuando las investigaciones farmacológicas de la gripe se trasladaron al coronavirus.
Una de las empresas que investigó el ingrediente activo del medicamento, Phirmasset, abandonó la carrera.
El 3 de diciembre del año pasado, la revista Nature publicó un artículo sobre el tratamiento con molnupiravir de hurones infectados con “covid” (4) y, como es natural, las conclusiones fueron favorables a la multinacional. Las pastillas son “eficaces” contra el “covid”, tanto o más que las vacunas. Pero si no es suficiente con tomar una pastilla a la semana, se puede tomar todos los días, o a cada hora… y así que hasta demoestrar su “eficacia”.
(1) https://www.abc.es/sociedad/abci-molnupiravir-pildora-anti-covid-nsv-202103111252_noticia.html
(2) https://www.nytimes.com/2021/12/13/health/merck-covid-pill-pregnancy-risk.html
(3) https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-19/98/web/2020/05
(4) https://www.nature.com/articles/s41564-020-00835-2
Este mes la Unión Europea tiene que decidir si renueva o no la autorización de uso del glifosato, un herbicida que está bajo sospecha desde hace décadas.
Es un tóxico que tiene muchas similitudes con las vacunas porque también está comercializado por multinacionales, como Bayer, capaces de imponer lo que es ciencia y lo que no. Desde luego los que se oponen a las multinacionales son tachados de “conspiranoicos”. Si no tuviéramos multinacionales, no podríamos disfrutar de tóxicos en los campos ni vacunas en las venas.
Lo mismo que las vacunas, los estudios científicos que aporta Bayer para justificar la autorización del glifosato son secretos y, desde luego, son interesados, es decir, que los redactan “expertos” sobornados por la industria para defender una tesis aceptada de antemano. En numerosas ocasiones Bayer ha sobornado a periodistas y científicos para escribir artículos alegando que no es una sustancia peligrosa para la salud (1).
A los lectores les sonará todo esto: las multinacionales y sus científicos a sueldo afirman que la relación causa a efecto entre el herbicida y el cáncer no está demostrada, es decir, que en este caso los “negacionistas” son Bayer y las empresas agroquímicas. Sin embargo, en los juzgados sí se ha demostrado. Hasta julio del año pasado Bayer perdió más 8.000 millones en los juicios que ha habido en Estados Unidos a causa de los daños causados por el glifosato (2).
Los partidarios de la prohibición del glifosato exigen que la Unión Europea adopte su decisión en función de estudios científicos independientes, o sea, que no estén redactados por los sicarios de la industria. Pero es una ingenuidad creer que la Unión Europea toma sus decisiones apoyándose en la ciencia y no en el capital. ¿Lo que convence en Bruselas son los argumentos o el dinero?
Los incautos piden a la Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, que tenga en cuenta, por ejemplo, el estudio sobre el glifosato del Collegium Ramazzini de Bolonia, que es el más complejo jamás realizado sobre un pesticida.
La respuesta de Kyriakides ha sido que es “prematuro” entrar en esas minucias. Es mejor que los trabajadores del campo se sigan intoxicando con glifosato y que contaminen los alimentos.
En 2015 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, incluyó el glifosato en el listado de sustancias asociadas al cáncer (3). Sin embargo, eso es como todo lo demás: cada cual se aferra a lo que dice la OMS según le conviene en cada caso. Si se trata de vacunas, la Unión Europea invoca a la OMS, pero si se trata de agrotóxicos la cosa cambia. Si la OMS grita “pandemia” el mundo entero se moviliza, pero si dice que el glifosato produce cáncer, miran hacia otro lado.
Ya saben que la ciencia tiene dos caras, igual que las monedas y los billetes bancarios. Para contrarrestar el informe de la IARC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó el suyo propio: el glifosato no es cancerígeno.
En realidad el contrainforme había sido redactado por el BfR alemán y Bayern es un monopolio alemán, así que no es necesario ser muy espabilado para saber cómo y por qué se redactan tanto los informes científicos como los seudocientíficos.
Los más conspiranoicos sospechamos incluso que el verdadero autor del contrainforme fue la multinacional Bayer y que los tinglados institucionales de Bruselas no hicieron más que estampar su firma.
Es más, no queremos ni hurgar en este asunto porque seguro que acertamos.
(1) http://loquesomos.org/de-vida-o-muerte-el-cancerigeno-glifosato-y-el-maiz-transgenico/
(2) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/04/companias/1596527087_415661.html
(3) https://www.diariocolatino.com/el-glifosato-un-herbicida-polemico-en-todo-el-mundo/
En una entrada anterior anunciamos que el gobierno japones había ordenado etiquetar las vacunas contra el coronavirus para advertir de los efectos adversos. Además, también exige que en los 28 días siguientes a las inyecciones se notifiquen oficialmente los efectos adversos para estudiarlos y poner remedio a los mismos.
La política nipona contrasta con otros países, como España, donde se minimizan los efectos adversos y se niega su vinculo con las vacunas, a fin de promocionar una vacunación masiva e indiscriminada.
Además, Japón hace hincapié en el consentimiento informado y la autonomía sanitaria del candidato, que desde 1945 eran pilares de la medicina en la mayor parte de los países del mundo. Las empresas farmacéuticas deben instar a los candidatos a que consulten a su médico antes de inyectarse.
El gobierno japonés está especialmente preocupado por el riesgo de miocarditis en hombres jóvenes a los que se les han inyectado las vacunas de Pfizer o Moderna.
En la actualidad hay tres vacunas disponibles en Japón. En las de Pfizer y Moderna las etiquetas indican que “este producto contiene un aditivo que nunca antes se había utilizado en una vacuna”.
Además, en Japón inyectan AstraZeneca, aunque el gobierno sólo la recomienda para personas de 40 años o más. La etiqueta también hace referencia al nuevo tipo de aditivo que contienen las inyecciones.
El sitio web del Ministerio de Sanidad japonés anima a los ciudadanos a vacunarse. Sin embargo, subraya que no es obligatoria: “Aunque animamos a todos los ciudadanos a que reciban la vacuna covid-19, no es obligatoria. La vacunación sólo se llevará a cabo con el consentimiento de la persona que vaya a ser vacunada después de que se le haya proporcionado información”, dice la web (*).
Además, el gobierno recomienda que quienes consideren la posibilidad de vacunarse piensen detenidamente tanto en su eficacia como en sus efectos secundarios: “Le rogamos que se vacune por iniciativa propia, comprendiendo tanto la eficacia de la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se llevará a cabo ninguna vacunación sin el consentimiento”.
Las empresas no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse. Los trabajadores tampoco pueden discriminar a los que rechazan las inyecciones: “Por favor, no obligues a nadie en tu lugar de trabajo o en tu círculo a vacunarse, y no discrimines a los que no se han vacunado”, dicen los anuncios oficiales.
El gobierno ha emitido instrucciones para tramitar las quejas si se discrimina a alguna persona en el lugar de trabajo en relación con las vacunas.
(*) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/
Durante la pandemia, el intento de infantilización de la audiencia ha sido evidente, no sólo por parte de la telebasura, sino también de ciertos medios “alternativos” que han recurrido, como fuente de autoridad a países, como Cuba, que parecen estar al margen del mercado mundial y de las grandes farmacéuticas. Los oportunistas carecen de argumentos propios y recurren a las políticas implementadas por algunos gobiernos (Cuba, Venezuela, quizá incluso China) que toman como referencia. Lo que los gobiernos de esos países digan es correcto porque no procede de las multinacionales farmacéuticas sino de una autoridad pública que, además, goza de cierto prestigio internacional y carece de intereses económicos lucrativos.
Los argumentos de los oportunistas no se caracterizan por su sofisticación precisamente. La política sanitaria implementada por gobiernos, como el español, es correcta porque en países como Cuba, han procedido de la misma manera (o parecida). Luego la pandemia no es un asunto político; está por encima del tipo de régimen o de las clases sociales.
Lo mismo cabe decir de las vacunas, que en los países capitalistas pueden sembrar desconfianza, mientras que en Cuba no hay antivacunas. En un caso, son una mercancía cuya venta genera importantes beneficios privados, mientras que en Cuba se administran para proteger a la población de un virus y no se lucra ningua empresa privada.
Seguimos, pues, en la dicotomía entre lo público (Estado) y la sociedad civil, el universo de los intereses privados egoístas, es decir, en una dicotomía de hace 200 años que ya no existe.
Un esquema tan cutre corre paralelo con la aplicación de la ciencia a la industria, olvidando la aplicación de la industria a la ciencia, seguida de la privatización de ámbitos que hasta ahora eran característicos del saber, como las universidades.
Sin embargo, hoy la ciencia y el conocimiento no están sólo ni principalmente en las universidades sino en las empresas, en general, y en las emergentes, en particular. Bajo el nombre de “institutos” y “laboratorios” lo que hay son acciones, capitales, mercados, patentes y libros de contabilidad. Ocurre en la mayor parte de los países del mundo y también en Cuba.
Hoy los científicos innovan en empresas capitalistas, punteras en I+D, financiadas por capital riesgo y fondos de inversión, que a su vez han dado lugar a bolsas de valores características, como el Nasdaq. Del mismo modo, las instituciones de la biotecnología cubana no son sólo centros científicos, sino empresas y organizaciones económicas como BioCubaFarma, creada por un decreto del gobierno en 2012, que cubre la mitad de las actividades de investigación cubanas.
La ciencia también crea cierto tipo de mercancías, no en el sentido exacto en el que las definió Marx, sino en el de que la ciencia es rentable porque vende productos en el mercado, como las patentes, que tienen un precio, pagan sueldos y generan beneficios.
Hoy la farmacia y las empresas de biotecnología producen para un mercado mundial, lo cual también ocurre en el caso cubano, donde tienen que competir con los grandes monopolios, en unas condiciones muy desfavorables, como consecuencia del bloqueo económico imperialista y el hundimiento en 1990 de sus socios socialistas. A pesar de ello, Cuba no sólo es uno de los pocos países del mundo que no sólo ha sido capaz de fabricar una vacuna, sino cinco.
Es evidente, pues, que Cuba es uno de los países cabeceros en biotecnología, farmacia y medicina, lo cual es consecuencia de una poderosa industria que tiene características propias, como IncuBio, donde lo público está estrechamente ligado a la economía, a lo privado.
Las empresas cubanas no sólo producen medicamentos para su propia población sino para el mercado mundial. Exporta veinte veces más vacunas de las que destina a satisfacer su demanda doméstica. Es una característica común de las empresas emergentes. En el mercado mundial, que es capitalista, hay una superproducción de mercancías tradicionales, como el textil. Hay países, como China, que son capaces por sí solos de abastecer la demanda mundial. Para lo único que no hay superproducción es para los productos innovadores y de alta tecnología, como los fármacos, los medicamentos y las vacunas.
La naturaleza no le ha dado casi nada a Cuba; lo que tiene se lo debe a la revolución de 1959; se lo ha ganado con su esfuerzo, lo ha levantado con sus manos y ha superado el Periodo Especial gracias a una nueva política económica que ha puesto el acento en la tecnología y, sobre todo, en la biotecnología, con grandes empresas capitalistas, como BioCubaFarma, que es “es el principal grupo empresarial del sector biofarmacéutico” (*).
El holding está compuesto por más de 30 instituciones en las que trabajan 10.000 especialistas, en centros repartidos por Cuba y otros países que fabrican 141 medicamentos que luego se exportan a más de 50 países. Las exportaciones cubanas de alta tecnología han estado creciendo a más de un 30 por ciento anual desde el cambio de siglo, un ritmo vertiginoso a pesar de la competencia con las grandes farmacéuticas.
Cuba no puede exportar materias primas porque no las tiene. La única manera de saldar el déficit de la balanza de pagos corriente es vendiendo mercancías de alta tecnología y para lograrlo tiene que fabricar a gran escala, mucho más allá de su mercado doméstico.
El gobierno cubano es, pues, uno de los más interesados en sostener todas y cada una de las pamplinas de la pandemia, porque en el futuro le aguarda un bocado gigantesco del mercado mundial con el que pagará muchas facturas.
(*) https://www.fiiapp.org/en/biocubafarma-constituye-principal-grupo-empresarial-del-sector-biofarmaceutico-cubano/
Más información:
— Cuba crea una empresa biotecnológica de capital riesgo en una zona franca
— En Cuba no hay pandemia pero el gobierno hace como si la hubiera
El covid se ha convertido en un negocio lucrativo para toda una casta. El hecho de que en una sociedad capitalista siempre haya personas que se beneficien de una desgracia es banal, pero se vuelve problemático cuando la duración oficial de la crisis depende de sus decisiones.
La agencia de noticias rusa Regnum, que no se financia desde el extranjero, es la única que está planteando la cuestión, junto con el Partido Comunista de la Federación Rusa. Ambos han llevado al debate público la cuestión, discretamente ignorada, del interés, no sólo en términos de poder sino también en términos económicos, de quienes han decidido estirar la pandemia, las vacunas y las restricciones en Rusia.
Por eso hay que matar el mensajero (o por lo menos silenciarle) y la fiscalía ha abierto una investigación criminal contra el diputado comunista Rashkin, opuesto a los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria, por un caso banal que nada tiene que ver con la pandemia.
La vacuna rusa Sputnik fue diseñada y fabricada por el Instituto Gamaleya, a su vez está financiado por un fondo soberano ruso, el RDIF (Russian Direct Investment Fund o Fondo de Inversión Directa de Rusia), creado en 2011 para realizar inversiones de capital riesgo, como la vacuna, junto con inversores financieros internacionales.
Este fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. En la actualidad ejecuta conjuntamente más de 80 proyectos con inversores extranjeros que suman un total de 2,1 billones de rublos. Ha establecido asociaciones estratégicas conjuntas con los principales inversores internacionales de más de 18 países que suman más de 40.000 millones de dólares. Las empresas en cartera del fondo emplean a más de un millón de trabajadores y generan ingresos que equivalen a más del 6 por ciento del PIB de Rusia.
El Instituto Gamaleya está dirigido por Alexander Guintsburg, condecorado por el Kremlin y por la Asociación de Judíos de Rusia por “su gran aportación a la ciencia y a la humanidad con la vacuna Sputnik”. Al Instituto Gamaleya le llueve el dinero, público y privado. Literalmente. A su director y a su subdirector, Denys Logunov, también. Ambos se han enriquecido personalmente con la vacuna, asegura la agencia de noticias Regnum:
“En el primer año de la pandemia, sus ingresos [de Guintsburg] aumentaron de 7,7 a 18,3 millones de rublos. También se observó un aumento de los ingresos declarados de otro autor de esta vacuna, el subdirector del Instituto Gamaleya, Denys Logunov (hasta 37 millones de rublos). Guintsburg dijo que los códigos QR deberían introducirse rápidamente y a través de ellos segregar rigurosamente a los vacunados de los no vacunados”.
Pero no son los únicos que se están forrado. Nicolas Kolomeytsev, diputado de la Duma, miembro del Partido Comunista de la Federación Rusa, ha exigido que se comprueben los conflictos de intereses de los miembros del Centro Operativo Covid, entre ellos Tatiana Golikova (Viceprimera ministra) y Anna Popova (Rospotrebnzadzor), porque también están directa y materialmente interesados en la producción de la vacuna Sputnik.
Kolomeytsev ha pedido que se investigue el conflicto de intereses: “Hemos sabido que Anna Popova (la directora de Rospotrebnadzor) es coautora de la patente de una de las vacunas, para la que también da permiso de uso, por lo que puede influir en los pedidos públicos y los autores de la patente reciben el 30 pro ciento de estos pedidos públicos […] También nos hemos enterado de que uno de los familiares del director del Centro Operativo (Tatiana Golikova, viceprimera ministra) es uno de los directores de la fábrica que elabora una de las vacunas más extendidas.
El Presidente de la Duma, V. Volodin, pidió que se debatiera la cuestión, y el gobierno y el primer vicepresidente del partido Rusia Unida en la Asamblea, A. Zhukov, reaccionó inmediatamente, en un claro ataque de pánico: niegan cualquier conflicto de intereses, pero no desmienten la titularidad de las patentes, ni el interés de los familiares cercanos de quienes dirigen la pandemia y la vacunación.
Al final, la Duma no se ha arriesgado a pedir al gobierno los documentos sobre el conflicto de intereses de Golikova y Popova, por lo que la desconfianza de la población hacia la pandemia y las vacunas, que ya era muy importante en Rusia, crece por momentos.
Anna Popova, que aparece en la foto de portada, es directora del Rospotrebnzadzor, el Servicio Federal de Protección de los Derechos de los Consumidores y el Bienestar Humano
Esta semana los sudafricanos descubrirán si el presidente Cyril Ramaphosa confina al 60 por cien de ellos a un arresto domiciliario por delegación, restringiendo los espacios públicos a los vacunados de covid-19. Se trata de una decisión tensa, que enfrenta a los aterradores poderes de la Gran Farmacia y a la nueva clase de científicos guerreros con la realidad africana. También corre el riesgo de desencadenar una de las guerras de vacunas más amargas.
Sólo el 40 por cien de la población sudafricana se ha vacunado contra el covid, una lenta aceptación que se describe eufemísticamente como “indecisión sobre las vacunas”. Es todo lo contrario: es un rechazo furibundo.
Hay una serie de razones por las que es tan difícil conseguir que los sudafricanos acepten el “umjovu”, la inyección: la pésima gestión técnica del brote, el escepticismo que prevalece hacia la ciencia, la desconfianza hacia el gobierno y la aprensión generalizada de los pobres y marginados de que, en el mejor de los casos, se trata de otra forma de represión y, en el peor, de brujería. Es una mezcla peligrosa en un país que ya se encuentra en un estado de gran inestabilidad política, social y económica.
Al igual que en el resto del mundo, las estimaciones epidemiológicas sudafricanas sobre el número de víctimas mortales al principio del brote de coronavirus rozaban la fantasía. Las predicciones iniciales eran de entre 87.000 y 350.000 víctimas mortales en la primera fase. Hubo 103. Dos años más tarde, con el virus en retirada, las muertes atribuidas a covid (pero en ningún caso garantizadas) sólo empiezan a rozar las estimaciones iniciales más bajas.
Sin embargo, el gobierno sudafricano impuso uno de los confinamientos más largos y severos, con el apoyo de unos medios de comunicación nacionales y sociales enfervorizados. La decisión ha resultado inapropiada por su naturaleza, prematura por su calendario y catastrófica por su impacto. En un país en el que muchos dependen de salarios de subsistencia diarios o semanales, el repentino cese de la actividad económica causó estragos entre los pobres y los autónomos. Un Estado fallido fue incapaz de cumplir su promesa de subsidios, vigilancia responsable o contención efectiva.
Los primeros subsidios a particulares o pequeñas empresas tardaron más de un año en llegar. E incluso entonces fueron erráticos, propensos a la corrupción, inadecuados y, según muchos informes atestiguados, distribuidos con un sesgo racial. Casi una cuarta parte de las pequeñas empresas se han ido al garete y el desempleo se ha disparado.
Todo un sector de la población fue criminalizado de hecho: en los primeros cuatro meses del brote, 230.000 ciudadanos, el 0,4 por cien de la población, fueron acusados de infringir el reglamento de desastres por romper las restricciones, 311 de ellos policías. Todos los cargos fueron retirados posteriormente: el sistema de justicia penal simplemente no pudo hacer frente a la situación.
Por cada infección declarada hasta finales de junio del año pasado, se detuvo a siete ciudadanos por infringir la normativa; por cada 100 infecciones, se detuvo a un policía; y por cada 1.200 infecciones hubo una solicitud urgente del Tribunal Superior. Siete personas murieron a causa de la aplicación de la normativa con mano dura.
Cuando dos médicos que trabajaban en un hospital público fueron internados a la fuerza en uno de los campamentos rurales de aislamiento improvisados del Estado, el Tribunal Superior ordenó que se les permitiera autoaislarse en casa: aceptó la declaración de los médicos de que tenían más posibilidades de morir por las condiciones de encarcelamiento que por el virus.
No es de extrañar, pues, que la población en general, y en particular los pobres, se fueran al monte. El consumo del crucial retroviral contra el VIH-sida cayó del 95 por cien al 30 por cien; la medicación contra la malaria siguió el mismo camino. La asistencia a las pruebas de detección de la tuberculosis se redujo en dos tercios, mientras que las consultas con los médicos de cabecera disminuyeron en un 60 por cien y decenas de miles de procedimientos quirúrgicos urgentes se pospusieron por los pacientes con coronavirus que nunca llegaron.
La adquisición de emergencia de equipos personales, mientras tanto, abrió la puerta a la corrupción que acecha en todos los intersticios del Estado. El heredero del presidente Ramaphosa ha dimitido: una agencia estatal de investigación le acusa de dirigir una cuenta de equipos de protección personal de 350 millones de rands (16,6 millones de libras) a sus amigos. El Departamento de Sanidad de Gauteng, corazón industrial de la nación, está envuelto en una investigación por fraude de 560 millones de rands (26,5 millones de libras). La denunciante fue asesinada a los pocos días de iniciarse la investigación.
La pregunta de si el presidente Ramaphosa, un hombre decente, está presidiendo un partido en el poder en medio de un Robert Kennedy contra la Mafia ha sido al menos definitivamente respondida.
Al mismo tiempo, una administración pública ya peligrosamente comprometida por el clientelismo, la corrupción, la incompetencia y el despido de personal clave de raza blanca por razones de discriminación positiva, entró en un largo receso. Dos años más tarde todavía no ha regresado como es debido.
La aplicación de las normas de concesión de licencias de tráfico también ha estado en suspenso durante 18 meses, mientras 500.000 permisos de conducir esperan su autorización. No se pueden cerrar fincas, ni completar las investigaciones forenses, ni perseguir los delitos (incluidos los culpables del llamado proyecto de Captura del Estado del ex presidente Jacob Zuma), ni transferir propiedades. Más de medio millón de escolares no han vuelto a la escuela.
En cuanto a la carga de este fracaso en la prestación de servicios, la han soportado de forma desproporcionada los pobres, principalmente negros, pero cada vez más también los ciudadanos blancos, a juzgar por los mendigos de las esquinas. No cabe duda de que las estrategias de contención propugnadas por los científicos belicistas sudafricanos facilitaron los disturbios de julio de este año, que se cobraron 357 vidas en un azote de saqueos, incendios provocados y violencia, y que han sido la causa directa del drástico descenso del apoyo al partido gobernante en las elecciones municipales del mes pasado.
Los sudafricanos han soportado, si bien nunca han condonado, los absurdos y atrocidades de este pánico mal entendido, explotado e innecesario hasta la fecha. Los flujos y reflujos del debate mundial sobre el curso de la pandemia han sido observados intensamente aquí por la parte alfabetizada y en línea de la comunidad.
Han seguido, como muchos otros en el mundo, la forma en que las arrogantes certezas científicas que encerraban al mundo se están disolviendo ante la ciencia medida y los hechos empíricos. Entienden que no se puede seguir una “ciencia” cuando los científicos están irremediablemente enfrentados. Son conscientes del abuso tanto del lenguaje como de las estadísticas, en particular del nuevo fenómeno de las “snatch-stats”, por el que se arrebata la mortalidad por otras causas para el covid-19, o se utiliza la trayectoria natural de un virus que expira para justificar la eficacia de un antídoto o se anexa el exceso de muertes para justificar una causa perdida.
Observan la ironía por la que su gobierno, correctamente, dice al mundo que no se alarme por la variante ómicron, mientras que simultáneamente contempla un grave asalto contra los derechos de sus ciudadanos para contenerlo, azuzado por los sospechosos habituales de aullar que exigen confinamientos totales. Los ciudadanos han seguido minuciosamente los recientes informes sobre cómo Pfizer ha convencido a su desesperado gobierno para que firme indemnizaciones legales por su producto: ¿quién ha oído alguna vez que se obligue a los ciudadanos a vacunarse cuando se exime al proveedor de toda responsabilidad por las consecuencias?
La mayoría de los sudafricanos no son conspiranoicos, pero su historia les enseña una cosa cierta: el poder incontenido siempre acaba jodiendo. Y muchos se sienten jodidos ahora por una confluencia de fuerzas (no una conspiración) que -desde las grandes farmacéuticas, pasando por las grandes tecnológicas, hasta los gobiernos autoritarios- buscan sacar rédito de esta tragedia incomparable.
Pero existe otro grupo, mucho más importante, de indecisos y rechazantes. Aquellos que se toman el tiempo de hablar con los negros pobres y marginados se asombran de hasta qué punto, marcados por sus experiencias de encierro, consideran el miedo actual como un medio más para oprimirlos. Los toques de queda, las prohibiciones de alcohol y tabaco y la prohibición de las reuniones políticas con el pretexto de luchar contra covid-19 apoyan su caso. Y, para muchos, el “umjovo” es nada menos que “ubuthakathi” o brujería.
El presidente Ramaphosa se adentra aquí en un territorio peligroso. La aceptación de las vacunas es mayor entre las minorías por diversas razones, y es un sector de la minoría blanca el que más vocifera a favor de la vacunación a toda costa. Prohibir el acceso a los espacios públicos se traducirá instantáneamente, como siempre ocurre, en un escándalo político y racial. Los trozos de papel que permiten o restringen los movimientos de ciertas personas son un terrible precedente en la historia de este país: una amarga resonancia para cada persona negra.
Fuerzas probadas e inquietas en Sudáfrica buscan hoy la oportunidad de reavivar la insurrección de julio. Son personas que no protestan mediante marchas ordenadas, carteles y empujones de cochecitos. Sólo buscan oportunidades; las consecuencias que traen los intentos humanos de contener la pandemia es una revolución.
Pero las revoluciones siempre acaban consumiendo a sus hijos. El tiempo consumirá sin duda las reputaciones de los arquitectos de esta tragedia de época: los científicos, las empresas farmacéuticas, los políticos y los medios de comunicación. Y si Ramaphosa no tiene cuidado, también podría consumir a la frágil nación de Sudáfrica.
Brian Pottinger https://unherd.com/2021/12/south-africas-looming-vaccine-revolt/
No teníamos claro a qué se referían con ese raro aforismo cuando empezó todo, pero yo creo que la criatura ya va tomando forma. Desde la decisión de Alemania de vacunar a la fuerza a todo el país y de confinar a los no vacunados, yo diría que a la nueva normalidad ya se le ven los dientes. Y ya no son de leche. Se les adivina afilados y con inquietante determinación.
Últimamente, parece que los acontecimientos, en vez de suceder, golpean y se pierden de camino a la corteza prefrontal, la que rige la aceptación de normas sociales. Estábamos asimilando la vacunación cuasi forzosa en Francia y en Italia, cuando aparece Austria con el primer decreto de segregación y, sin respiro, se extiende la ansiedad restrictiva por toda Europa. En Alemania ni siquiera será válido un test negativo para muchas actividades, encuentros de más de dos personas, y movimientos, para ejercer esa cosa insolidaria que se llamaba libre albedrío (los vacunados también contagian, lo digo bajito para no asustar). Pero, si se sigue esa línea, seamos coherentes. Esas medidas no serán suficientes. Esos tipos van a seguir cogiendo transportes públicos para ir a trabajar, al médico o al supermercado o vete tú a saber dónde si les dejan. Aunque duela habría que empezar a ubicarles en un barrio concreto, que teletrabajen allí y cuando salgan que lleven algún tipo de identificación visible, no basta el QR en la cartera. Un distintivo cosido en la solapa, por ejemplo. El resto de personas sensatas no tenemos porqué soportar ese riesgo.
¿Esta es la coherencia que se pretende? ¿Primero fueron a por lo no vacunados y yo no dije nada porque no era uno de ellos?
Mientras, se cierra el círculo sobre los niños, próximo colectivo en el que la aguja ha puesto sus ojos. A mediados de diciembre llegan los viales infantiles. Ya hay citas concertadas. Parece que este es el ritmo que le va a la nueva normalidad. A toda velocidad, sin complejos con la ley, sin alternativas a su modelo y sin un solo debate médico (perdón, uno) para contrastar puntos de vista alternativos, (por si acaso hay miles de científicos por el mundo, varios premios Nóbel (Levitt, Montagnier) o incluso el inventor de la tecnología del Arn-M, que estén diciendo cosas distintas). No hay fisuras. Todo lo que no dice la OMS es negacionismo.
Pensar es difícil por eso la mayoría prefiere juzgar, decía Jung. Ahora ya, epidemiólogos, actores, periodistas y cualquiera con un teclado, directamente, señalan, se burlan, insultan y acosan sin tapujos a esa minoría que no se quiere vacunar. No me había dado cuenta pero parece que ya se ha terminado el debate sobre quiénes son los responsables de esta sexta ola. Da igual que la OMS la atribuya, no a esa minoría, sino a los vacunados (que se creen que no contagian). Si lo que preocupa es el contagio de esa minoría, también se le puede hacer test periódicos (gratuitos y de saliva) e incluso test de células B y T -otro tipo de respuesta de nuestro sistema inmunitario-, que se calcula que ya ha inmunizado de manera silenciosa al 40% de nosotros y que permitiría cribar aún más la capacidad de transmisión de esa minoría. Parece que no hace falta. Ya se les ha juzgado y condenado y ahora acaba de empezar su busca y captura.
Si te paseas por las redes sociales ya puedes olerlo, se respira ambiente de caza.
El pasado 28 de noviembre se rozó lo grotesco contra esa minoría en el programa de Nuria Roca cuando Jose Sacristán, después de insultarles, volvía a acusarles de matar gente por su actitud y pedía que se pagaran su hospital en caso de enfermar de covid. La presentadora sonreía y acogía con complicidad algo que está bastante cerca de un delito de incitación al odio. Dicho entre risas, con total normalidad, hiela un poco la sangre.
Otra grave invitación al acoso contra esa minoría apareció en estas mismas páginas, titulada nada menos que Ha llegado la hora de actuar contra los antivacunas que van por ahí matando gente.
¿En qué momento nos hemos vuelto así?
¿La nueva normalidad era esto?
No se sabe qué es peor si la norma injusta en sí, o la jauría humana que espolea la norma injusta.
No sé en qué momento se ha instalado este estado de arbitrariedad, que ni siquiera el gran Sacristán puede deducir que si obliga a pagar su tratamiento a los no vacunados, por qué no hacerlo con los alcohólicos, los fumadores, con los obesos que se atiborran a donuts, etc. ¿Quién paga los gastos de los vacunados que son mayoría en los hospitales, entonces? ¿Las farmacéuticas? Ah, no espera, que están eximidas de cualquier responsabilidad. Qué mundo, de repente.
Mientras se calientan las calles de medio continente por el rechazo a la supresión de derechos fundamentales, no me termino de creer que esté escribiendo sobre las distintas formas de imposición de un medicamento en fase aún experimental, autorizado solo como emergencia, con el 90% ya vacunado; y en la persecución y segregación iniciada contra los que prefieren -ustedes disculpen- no ponérselo. ¿Estamos ya hablando de un próximo apartheid social? Espero equivocarme. Ya digo que los acontecimientos van demasiado rápido.
Si no he entendido mal, la vacunación está dando entre moderados y buenos resultados en cuanto a ingresos y decesos, al menos en España. Los registros hospitalarios eso dicen. No consigue inmunizar, pero sí atenuar los casos más graves. A falta de conocer los efectos a medio y largo plazo, se puede decir que es un éxito notable. No vamos a alcanzar la inmunidad de grupo (lo de rebaño nos lo ahorramos) porque, aunque nos vacunáramos todos, seguiríamos infectando e infectándonos. No está claro si la inyección reduce el contagio. Hay estudios que afirman una cosa y otros la contraria. En Inglaterra, por ejemplo, reportan que no existen casi diferencias en la transmisión del virus entre los vacunados y los no vacunados. Pongamos incluso que los vacunados infectan menos, pero si tenemos en cuenta que representan el 90% del país, no queda nada claro qué grupo está infectando más. Por tanto, cargar las culpas y todo el acoso subsiguiente a los no vacunados raya en lo surrealista. Jalear para que los encierren en sus casas y paguen los gastos hospitalarios si enferman, en el delirio.
Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, ha confirmado que las vacunas están protegiendo en una tasa de en torno al 80% frente a formas graves de la enfermedad, incluso con la variante delta. Eso suena fantástico. De modo que podemos esperar un 80% menos de enfermos covid graves y, de ahí, se puede deducir que no estamos ni estaremos en riesgo de colapso hospitalario y, por ende, no ha lugar, no hay base lógica para recortar derechos fundamentales.
Si por el contrario, la Sra. Swaminathan no está en lo cierto y no se espera que las vacunas puedan prevenir el atasco de las UCIs, ni puedan reducir la expectativa de casos graves, cuál es la necesidad de forzar la vacunación a todo el mundo! sobre todo, si ya tenemos vacunado a un 90% de la población mayor de 12 años (y solo el 2% de la población mayor de edad asegura que no se va a vacunar). Si se sabe que los vacunados infectan también, ¿por qué vamos a restringir derechos solo a ese 10% (o 2%) que, por otro lado, jamás seria causa de colapso hospitalario? En Alemania, por ejemplo, hay ahora allí casi diez veces más contagios y las mismas muertes que en la primera ola, a pesar de tener al 73% de la población vacunada.
La ciudadanía tiene derecho a dudar de que ese medicamento tenga más perjuicios que beneficios, como mínimo, en la franja de las personas menores de 30 años (suspendido para los jóvenes de Finlandia, Suecia y Dinamarca), en las embarazadas (desaconsejado hasta hace dos meses), o en los que han pasado la enfermedad (cuya inmunidad es tan robusta o más que la vacuna). Desde el momento en que se fuerza su inyección, nos arrebatan ese derecho.
Esto está pasando hoy.
Cuando no me dejan dudar, tiendo a pensar que quizás es porque el relato es falso y dudo más.
En una democracia nadie puede obligarte de esta manera descarada, a saltarte, entre otros derechos, el Principio de Autonomía de la bioética, disciplina universalmente reconocida, que obliga a respetar la libertad de decisión de cualquier ser humano, sobre cualquier intervención médica sobre su cuerpo, a través del llamado consentimiento informado. A día de hoy se está vulnerando algo elemental en cualquier relación humana: te doy el derecho o no de actuar sobre mi cuerpo. ¿Qué parte de ese contrato prehistórico no se ha entendido? El derecho al consentimiento libre e informado, significa, además, que no se puede coaccionar con pérdida de derechos básicos esa íntima decisión.
Si no fuera porque la velocidad de acontecimientos es inasumible y el estado oficial de las cosas es de tal desproporción, que todo vale porque nos estamos enfrentando a, poco menos, que un armagedón, el grado de coacción sería insoportable para cualquiera, vacunado o no. Sobre todo porque hay muchas otras soluciones antes -mucho antes- de someternos, a todos, a tal retroceso político.
El problema no es solo el atropello democrático para imponer este medicamento, es el precedente que vamos firmando en la hoja del calendario del día de mañana.
Este manifiesto ciudadano, salida razonable covid, explica con mucha claridad varias de esas demandas y soluciones alternativas, empezando por el discriminatorio “pasaporte covid” que, incluso los técnicos de la administración, consideran ineficaz.
De la pausa que tenga la ciudadanía para rebajar los niveles de cortisol y bilis con que se está reaccionando, va a depender que se pueda instalar un campamento base para un pensamiento sensato y a raíz de ahí, no continuar, por favor, esta caza de brujas. Parece que, en vez de pliegues cerebrales, tenemos ristras de intestinos. El trauma vivido por la falta de camas y la muerte de 30.000 ancianos en residencias, epicentro del shock colectivo, no se va a solucionar con velocidad, discriminación, deuda, restricciones y miedo, sino con respeto a ley, pausa, debate abierto y, sobre todo, inversión en sanidad (pública).
—Federico Ruiz de Lobera https://diario16.com/la-nueva-normalidad-era-esto/
Durante meses Cédric Lemogne, jefe del departamento de psiquiatría del Hôtel-Dieu de París, analizó a unas 27.000 personas diagnosticadas de “covid persistente”. De ellas sólo 1.091 dieron positivo en las pruebas de coronavirus. El estudio se publicó el 8 de noviembre en la revista Journal of the American Medical Association (1).
Para entendernos: el 96 por cien de las 27.000 personas nunca tuvieron el coronavirus. El “covid persistente” es una enfermedad siquiátrica, puro histerismo.
Una propaganda obsesiva ha terminado por crear enfermos imaginarios. Si hay “enfermos asintomáticos” y “casos positivos”, es decir, enfermos que no están enfermos, también los hay que han enfermado de la cabeza sin necesidad de ningún virus.
El dato es muy significativo porque a la hora de configurar este tinglado al que llaman “covid”, revistas como EClininal Medicine ha reunido más de 200 síntomas diferentes (2) con el fin de inflar las cifras de enfermos. En la misma línea la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia elaboró un listado parecido con el mismo número de síntomas de “covid persistente” (3). Cuantos más síntomas, mayor número de enfermos. Sin embargo, una enfermedad con 200 síntomas no es una enfermedad sino un gazpacho con demasiados ingrediantes.
La OMS ha incluido al “covid persistente” entre las enfermedades de nueva creación. La jefa de gestión clínica de la OMS, Janet Díaz, afirma que aparece entre los “infectados”, a pesar de que el estudio de Lemogne demuestra que eso es falso.
Uno de los síntomas atribuidos por la televisión al “covid” es la pérdida del olfato y el gusto, una enfermedad muy antigua, anterior a la esta pandemia y que tiene muy diversos orígenes, incluso los sicopatológicos.
Lo mismo ocurre con los demás síntomas del “covid persistente”, de origen mental: fatiga, síntomas respiratorios, neuralgia, problemas de piel, problemas oculares, problemas digestivos, etc.
Al listado se le podrían añadir las demás consecuencias de la histeria, especialmente el aumento de las enfermedades sicológicas, depresiones y suicidios, cuyo origen no están en ningún virus sino en un consumo excesivo de televisión durante el confinamiento.
(1) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785832
(2) https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext
(3) https://www.lasexta.com/noticias/nacional/esta-lista-201-sintomas-covid-persistente-registrados-ahora_2021051960a5624402a59100014660fd.html
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