Categoría: Represión (página 8 de 67)

En los Estados imperialistas, siempre que hay una guerra hay un estado de guerra. A la lucha contra el enemigo exterior le acompaña la lucha contra el enemigo interior, que es la población propia. Se acaba la zanahoria y llega el palo y tentetieso, el fin de las libertades fundamentales y las porras de la policía.

Ese es exactamente el panorama que se está viendo en las calles de Europa, con la manifestaciones de solidaridad con Palestina.

En previsión de que en el futuro las protestas populares vayan a más, Alemania prepara la ley marcial, fortalece la legislación antiterrorista y liquida los últimos restos de los derechos constitucionales, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El artículo 13 de la Constitución alemana protege el domicilio y el derecho a la intimidad, excepto en casos de “peligro inminente”. Además, los registros solo están permitidos si la policía informa explícitamente al interesado de las sospechas concretas en su contra y del objetivo del registro. El periódico Der Spiegel revela que eso está a punto de finalizar (*).

El proyecto de ley que prepara el gobierno pasa por encima de estos derechos, expande las facultades de la policía y legaliza la “patada en la puerta”. La policía podrá entrar secretamente en los hogares, así como espiar las comunicaciones y piratear los ordenadores y móviles.

Es la legalización del fascismo, que la fiscalía y los medios justifican con la entelequia del “terrorismo islamista”, es decir, los atentados de bandera falsa que los propios servicios secretos occidentales han impulsado.

(*) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-entwurf-geheime-durchsuchungen-von-wohnungen-sollen-erlaubt-werden-a-97798e70-d025-4815-82a3-55ebb6d3ecb4

Hemos venido insistiendo aquí en que una de las carencias más importantes de los ejércitos occidentales, y especialmente de los europeos, es la falta de reclutas. Hay mucho patrioterismo de boquilla, pero nadie quiere ir a filas, y mucho menos a una guerra.

Los Estados occidentales tienen claro que el remedio está en reclutar emigrantes, sobre todo si no tienen papeles porque siempre son más baratos. Les quieren ofrecer un pasaporte a cambio de servir como carne de cañón.

Un ejército de emigrantes tiene una gran ventaja: se puede utilizar contra la población propia si necesitan imponer la ley marcial, que es otra medida que está en los planes. Ejercerán de verdugos, como siempre ha ocurrido. A lo largo de la historia los gobiernos siempre han preferido utilizar mercenarios extranjeros para reprimir a sus propios ciudadanos.

Un número creciente de emigrantes legales se están alistando en el ejército de Estados Unidos, que busca activamente reclutas de este perfil, ofreciendo una vía rápida para obtener la ciudadanía. Unos emigrantes ayudan a otros a rellenar los formularios de alistamiento a quienes no dominan el inglés (*).

En la actualidad hay 30.000 migrantes sirviendo activamente en el ejército de Estados Unidos. Durante la primera mitad del año pasado se incorporaron cerca de 2.900 emigrantes, frente a unos 2.200 durante el mismo periodo del año anterior.

Además, el ejército puede contratar a extranjeros en actividades en el exterior, es decir, fuera de Estados Unidos, como las bases militares, por ejemplo.

Desde hace diez años también hay planes para reclutar a emigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo niños o que nacieron dentro del territorio, pero no tienen documentos porque sus padres siguen ilegales.

(*) https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2023-06-13/fuerzas-armadas-de-eeuu-reclutan-a-migrantes-y-les-ofrecen-via-para-naturalizarse

Tras una semana de disturbios y caos en Belfast, la capital de Irlanda del norte, el sábado tuvo lugar una manifestación antirracista que reunió a casi 15.000 personas.

Ese mismo día, a 110 kilómetros de Belfast, se produjeron altercados en Derry. Los republicanos irlandeses que se resisten a la anexión británica se enfrentaron con la policía.

Los enfrentamientos persistieron durante varias horas tras una marcha de unionistas protestantes que afirmaban su adhesión a la corona británica en la misma ciudad donde son mayoría los católicos partidarios de la reunificación con la República de Irlanda.

Una cincuentena de jóvenes comenzaron a atacar colectivamente a la policía con fuegos artificiales, cócteles molotov y otros proyectiles.

A pesar del acuerdo de paz de 1998 que puso fin a treinta años de choques en Irlanda del norte, las tensiones surgen con frecuencia, especialmente durante las marchas protestantes de verano, que se convierten en verdaderas provocaciones.

En los últimos días, se han formulado acusaciones contra grupos paramilitares unionistas de alimentar los disturbios fascistas que estallaron en Reino Unido tras el asesinato de tres niñas pequeñas.

Aunque Inglaterra ha recuperado cierta tranquilidad, Belfast ha sido esta semana escenario de incidentes racistas.

Tres detenidos en el campo de concentración de Guantánamo, acusados ​​de planear los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que fueron torturados en las mazmorras clandestinos de la CIA, han aceptado declararse culpables de conspiración y asesinato.

Los tres detenidos, incluido Jalid Sheij Mohammed, al que acusan de los ataques de 2001 que mataron a casi 3.000 personas, aceptaron declararse culpables a cambio de garantías de los fiscales de que no enfrentarían la pena de muerte.

El chanchullo le da el capetazo a unos procedimientos legales que han estado guardando polvo durante años en discusiones previas al juicio sobre si las pruebas obtenidas de los acusados ​​mediante tortura eran admisibles ante el tribunal.

En la carta los fiscales dicen que los tres hombres, detenidos en Guantánamo desde 2006, podrían declararse culpables la próxima semana, según Clive Stafford Smith, un abogado que ha representado a los detenidos de Guantánamo. El acuerdo permitiría a Estados Unidos “dar un paso más para poner fin a un momento muy trágico en la historia de Estados Unidos y a una respuesta terrible y bárbara”.

“Una de las principales motivaciones de este acuerdo es que se considera un quid pro quo por el hecho de que personas como Jalid Sheij Mohammed hayan sido torturadas de maneras indescriptibles”, dijo el abogado.

Los torturadores le hicieron la bañera 183 veces.

Mohammed, un ciudadano paquistaní de 59 años, fue capturado en Rawalpindi en 2003 y luego recluido en mazmorras secretas de la CIA en Afganistán y Polonia, donde fue sometido a 183 ahogamientos simulados y sometido a otras formas de tortura y abusos, antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.

Sus coacusados, que también aceptaron declararse culpables, son Walid Bin Attash, ciudadano yemení de 46 años, y Mustafa Al Hawsawi, ciudadano saudí de 55 años.

A Attash le acusan de entrenar a algunos de los secuestradores involucrados en los ataques del 11 de septiembre de 2001, en los que aviones de pasajeros se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, y otro avión que se estrelló en Pensilvania.

A Hawsawi le acusan de financiar el complot. Tanto Attash como Hawsawi fueron capturados en Pakistán en 2003 y posteriormente retenidos en mazmorras clandestinas de la CIA y en Guantánamo.

A principios de este año un tribunal lituano ordenó al gobierno del país pagar una compensación a Hawsawi, dictaminando que el gobierno debería haber sabido que sería sometido a torturas en el centro de detención que la CIA tenía en el país.

Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 2014 sobre las torturas de la CIA encontró que Hawsawi estaba entre los detenidos sometidos a “técnicas de interrogatorio mejoradas, a pesar de dudas y preguntas sobre su conocimiento de las amenazas terroristas y la ubicación de altos dirigentes de Al Qaeda”.

El informe dice que Hawsawi fue sometido a exámenes rectales realizados “con una fuerza tan excesiva” que sufrió lesiones graves y problemas de salud continuos.

Como parte del acuerdo, los fiscales dijeron que los tres hombres también acordaron responder las preguntas planteadas por las familias de las víctimas del 11 de septiembre “sobre sus roles y razones para cometer los ataques del 11 de septiembre”.

El acuerdo, sin embargo, fue criticado por varios grupos que representan a los supervivientes y a las familias de las víctimas del ataque, que acusaron a Arabia saudí de estar implicada en los ataques del 11 de septiembre.

“Instamos al gobierno a garantizar que estos acuerdos no impidan información crítica que podría arrojar luz sobre el papel de Arabia saudí en los ataques del 11 de septiembre. Nuestra búsqueda de justicia no flaqueará hasta que se revele toda la verdad y se haga justicia para las víctimas y sus familias”, dijo Brett Eagleson, presidente de Justicia del 11 de septiembre, en un comunicado.

15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes. El miércoles los abogados de Arabia saudí pidieron a un tribunal de Manhattan que desestimara un caso en el que las familias de las víctimas acusan a los diplomáticos saudíes en Estados Unidos de apoyar a algunos de los secuestradores del 11 de septiembre.

Otros dos detenidos de Guantánamo también fueron acusados ​​de participar los ataques. El año pasado un juez militar dictaminó que Ramzi Bin Al Shibh, un ciudadano yemení de 52 años detenido en Guantánamo, no era mentalmente apto para ser juzgado después de que sus abogados argumentaran que se había vuelto “loco” por las torturas e interrogatorios de la CIA.

Los abogados del quinto acusado, Ammar Al Baluchi, ciudadano kuwaití de 46 años, argumentaron que las torturas infligidas por la CIA le habían causado daños cerebrales tras ser utilizado como “material didáctico” por los verdugos.

30 detenidos siguen encarcelados en el campo de concentración de Guantánamo, sin acusación, sin juicio y sin defensa.

Aún no está claro dónde cumplirán Khalid Sheikh Mohammed, Attash y Hawsawi lo que se espera que sean condenas a cadena perpetua.

El abogado Stafford Smith afirmó que la oferta de los fiscales de llegar a acuerdos refleja los continuos fracasos y la “desmesurada inutilidad” del sistema de Guantánamo. “La idea de que un grupo de fiscales pudiera crear un sistema que redujera radicalmente los derechos de la defensa era estúpida e inmoral”, dijo, “con el resultado de que aquí estamos, 23 años después, y no ha habido ni habrá un solo juicio decente de nadie implicado en el 11-S”.

—https://www.theinteldrop.org/2024/08/02/guantanamo-detainees-agree-to-plead-guilty-to-israels-attack-on-9-11-after-over-2-decades-of-torture-and-rape-by-us-marines/

El Parlamento polaco acaba de aprobar una ley que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego sin riesgo de ser procesados ​​penalmente. La ley, que aún está pendiente de promulgación presidencial, marca un punto de inflexión en el enfoque de la represión en Europa.

El rearme y la guerra van de la mano del reforzamiento de los privilegios de la policía, que se extienden a los guardias fronterizos, así como a los militares. Tienen patente de corso. Nadie les puede exigir responsabilidades penales en caso de uso de armas o de la fuerza directa, incluso en violación de las normas establecidas.

La ley la han justificado por la necesidad de proteger la seguridad y las crecientes tensiones en la frontera polaco-bielorrusa, donde incidentes violentos, incluido el asesinato de un soldado polaco, han desatado la histeria política y mediática.

Polonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y acusa a Moscú de facilitar el paso ilegal de miles de inmigrantes africanos a Europa, utilizando la frontera polaco-bielorrusa como punto de entrada.

No es nada nuevo, porque esos movimientos migratorios ya existían en los años ochenta del siglo pasado, cuando Polonia pertenecía al Pacto de Varsovia y los emigrantes llegaban en tránsito hacia la República Democrática Alemana (que a su vez querían trasladarse a otro lado del Telón de Acero).

Lo mismo que España, Polonia cree que la solución es cerrar las fronteras, levantar vallas más altas y poner al ejército a patrullar las lindes. Como eso nunca ha servido de nada en ninguna frontera del mundo, el gobierno de Varsovia carga contra Bielorrusia, que tiene el mismo problema, acusando a Minsk de “provocaciones constantes”.

La “licencia para matar” que ha aprobado el Parlamento polaco forma parte de esa ola de histerismo por reafirmar la soberanía territorial y la identidad nacional de que hacen gala en Europa los partidos más reaccionarios y xenófobos.

No obstante, la ley va a deparar muchas sorpresas en el futuro porque si la guardia de fronteras mata a discreción a los emigrantes que cruzan sin papeles, nadie va a reclamar, pero si ocurre lo mismo en las calles de cualquier ciudad, va a ser difícil tapar boca a las víctimas del “gatillo fácil”.

La nueva ley es tan disparatada que hasta el Consejo de Europa, a través de su Comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, ha lanzado un aviso sobre las posibles consecuencias de la “licencia para matar”. En Bruselas temen que cree un marco jurídico y político propicio a la impunidad.

A partir de hoy, cuando se celebre la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, en París la vigilancia policial será máxima. Con la ayuda de la inteligencia artificial, se implementarán las nuevas tecnologías con el pretexto de la seguridad.

La vigilancia masiva se mantendrá hasta marzo del año que viene para poder completar el experimento y extraer conclusiones. El gobierno y las empresas dedicadas al control necesitan ampliar el radio de acción de los nuevos sistemas.

El año pasado se instalaron 60.000 videocámaras en las calles de Francia. En total ya hay más de 90.000, sin contar las instaladas en los comercios, bancos y aparcamientos.

Desde la semana pasada los desplazamientos por lsa calles París están restringidos. Los peatones, ciclistas, automovilistas y motoristas deben presentar un código QR para cruzar determinados puentes y acceder a zonas específicas.

Es el comienzo de la era de la vigilancia masiva. Las nuevas técnicas conectan los modelos inteligentes de aprendizaje automático a un sistema de cámaras de vigilancia, a través de aplicaciones informáticas integradas.

En los lugares públicos y más frecuentados, las nuevas técnicas permitirán un análisis automático de las imágenes que, a su vez, mejora las aplicaciones de videovigilancia en las cámaras ya instaladas.

Francia ha sido el primer miembro de la Unión Europea en legalizar la videovigilancia algorítmica y aprobar una ley que la regula con el pretexto de los Juegos Olímpicos. Algunos diputados presentaron la videovigilancia algorítmica como la solución misma al problema de la seguridad.

Desde entonces, la policía ha emitido las dos primeras órdenes para experimentar las nuevas técnicas: el 5 de marzo durante el concierto del grupo musical Depeche Mode y dos semanas después un partido de baloncesto.

Wintics, una de las cuatro empresas a las que el Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato de 4 millones de euros para desarrollar las técnícas de vigilancia masiva, ha comparado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas con las “sombras chinas”. Intentaba tranquilizar a los defensores de los derechos fundamentales: las cámaras sólo detectan la silueta y la forma de personas u objetos.

Sin embargo, estas técnicas no son neutrales. Los datos y las elecciones de situaciones introducidas en los algoritmos “son obra de profesionales imbuidos de prejuicios de clase, que crean situaciones discriminatorias. Así, determinadas categorías de personas se verían más afectadas por su situación, como los mendigos, los manifestantes, los discapacitados, los músicos callejeros…

Los algoritmos expresan las normas dominantes y las discriminan del resto. Detectan diferentes personas que caminan de una forma diferente, o se mueven o gesticulan de forma diferente.

La eficacia real de estas técnicas es más que dudosa. En abril el Senado francés publicó un informe en el marco de una misión de seguimiento, explicando que la vigilancia masiva no será óptima para los Juegos Olímpicos y que los objetivos fijados en materia de seguridad no se podrán alcanzar. Por lo tanto, se desplegarán medios adicionales para compensar el fracaso de los anteriores.

El lunes de la semana pasada, después de una misión, las tropas llegaron al campamento militar instalado en el Bosque de Vincennes, muy cerca de París. El campamento, formado por barracas prefabricadas y camastros para dormir, se está construyendo en el este de París para albergar a 4.500 soldados asignados a la seguridad de los Juegos Olímpicos.

Para transformar los Juegos Olímpicos en una Conferencia Mundial de Seguridad, Macron aceptó el envío de miles de tropas, sin olvidar los miles de policías y gendarmes, flanqueados por sus colegas de todo el mundo: españoles, qataríes, británicos…

Las olimpiadas están sirviendo para ensayar otro estado de sitio, con 44.000 puestos de la policía que impiden los movimientos por la ciudad. la capital francesa es inhabitable. Los vecinos y los turistas huyen de los controles policiales en las calles, y las tiendas, los cafés y los restaurantes están vacíos.

“Agentes del Shin Bet, los servicios de seguridad interior israelíes, garantizarán la seguridad de los 88 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de París”, anunció el periódico británico The Telegraph, citando a un antiguo miembro del Shin Bet. Operarán en coordinación con la policía francesa.

Si conocemos su propensión a organizar ataques de bandera falsa, es más problemática la presencia de policías israelíes, con el pretexto de proteger a los 88 atletas israelíes que peligran en París.

Los que realmente necesitan protección son los palestinos, que no pueden ni mostrar su bandera en las olimpiadas.

Si querían comprar una entrada para asistir a las celebraciones del viernes, busquen bien en su billetera a ver si logran reunir 3.850 euros por cada asistente. En cualquier otro caso, enciendan la televisión.

Muchos de los soldados franceses enviados a Ucrania ya han muerto. Sus restos han sido repatriados discretamente. Han comprado el silencio de los familiares con importantes indemnizaciones: tres años de sueldo.

Esta semana las movilizaciones de Bangladesh han dejado al menos 115 muertos. La policía ha reaccionado brutalmente, empezando esta mañana a disparar con munición real en la capital, Dacca.

Las protestas fueron en gran medida pacíficas hasta el lunes, cuando los estudiantes, especialmente los de la Universidad de Dacca fueron brutalmente atacados por una milicia de matones del partido gobernante armados con barras de hierro, ladrillos y palos. El jueves y viernes han sido los días más mortíferos.

Ayer miles de manifestantes irrumpieron en una prisión en Narsingdi, en el centro de Bangladesh, liberaron a cientos de reclusos y le prendieron fuego a la cárcel. Por la noche sitiaron una comisaría de policía en Rangpur y tres de ellos murieron. Los hospitales y la policía informaron esta mañana de 10 muertes adicionales tras los enfrentamientos del día anterior y de otras 105 muertes desde el martes.

Cientos de miles de personas se enfrentaron ayer con la policía en Dacca. “Al menos 150 policías han sido ingresados ​​en el hospital. Otros 150 recibieron primeros auxilios”, dijo el portavoz de la policía, añadiendo que a dos de ellos los mataron a golpes. “Los manifestantes han prendido fuego a numerosas comisarías de policía” y “muchas oficinas gubernamentales fueron incendiadas y destrozadas”.

“Abajo el dictador”, corearon los manifestantes esta semana durante varios desfiles en Dakar, una extensa ciudad de 20 millones de habitantes donde el jueves la multitud enfurecidaa prendió fuego a varios edificios gubernamentales. Al menos una persona resultó herida entre los miles de manifestantes reunidos esta mañana en el distrito de Rampura para protestar contra el toque de queda impuesto la víspera. Este último entró en vigor esta noche y permanecerá vigente al menos hasta la mañana del domingo.

La oficina de la primera ministra pidió al ejército que desplegara tropas después de que la policía nuevamente no lograra controlar los disturbios. «El ejército ha sido desplegado en todo el país para controlar los disturbios del orden público”, afirmó el portavoz de las fuerzas armadas, Shahdat Hossain.

El levantamiento no tiene precedentes en la historia reciente de Bangladesh. Durante una década, todos los movimientos de protesta se han paralizado rápidamente con el primer despliegue de los antidisturbios. Esta vez, después de los primeros ataques a las universidades el lunes, los estudiantes regresaron a las calles en cantidades aún mayores. Quieren un sistema abierto de acceso a los empleos gubernamentales, codiciados en un país donde el desempleo juvenil es muy alto. A partir de ahora ya no se trata sólo de cuotas. Los manifestantes se oponen al uso brutal de la fuerza por parte de la policía. Los estudiantes han anunciado que no van a permitir que sus compañeros mueran por nada.

Un portavoz de Estudiantes contra la Discriminación, el principal grupo que organiza las protestas, dijo que dos de sus dirigentes habían sido detenidos ayer. Un dirigente del Partido Nacionalista de Bangladesh, el principal partido de la oposición, también ha sido detenido esta mañana.

Los tiroteos policiales son la causa de más de la mitad de las muertes registradas desde principios de esta semana, según fuentes hospitalarias. El gobierno ha cortado la conexión a internet, una medida que sigue vigente, lo que dificulta gravemente las comunicaciones dentro y fuera de Bangladesh. Los sitios web públicos siguen siendo inaccesibles y los principales periódicos, incluidos el Dhaka Tribune y el Daily Star, no han podido actualizar sus perfiles en las redes sociales desde el jueves. Bangladesh Television, la emisora púbica, también permanece desconectada después de que los manifestantes quemaran su sede en Dacca el mismo día.

Desde principios de julio, las manifestaciones han sido casi diarias. Su objetivo es conseguir el fin de las cuotas de contratación en la función pública. Las cuotas reservan más de la mitad de los puestos para grupos privilegiados. La discriminación beneficia a los niños de los grupos progubernamentales que apoyan a la primera ministra, Sheikh Hasina, que ganó sus cuartas elecciones consecutivas en enero, tras una votación sin oposición real.

Desde las primeras muertes del martes, los manifestantes han comenzado a exigir la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina, que permanece en el poder desde hace 15 años. Su gobierno está acusado de asesinar sumariamente a los militantes de la oposición.

Ha cancelado sus viajes al extranjero. Hasina debía abandonar el país mañana para realizar una gira diplomática, pero se echó atrás después de la última semana de movilizaciones. Canceló sus visitas a España y Brasil debido a la situación insurreccional.