Categoría: Represión (página 7 de 67)

El poder es control político, que se ejerce sobre las personas y también sobre las cosas, como forma de controlar a las personas. Dicho control es cada vez más estricto y se impone con una batería de pretextos cada vez más amplia, que van desde la identidad hasta la sanidad.

Ciertos países, como Kuwait, sirven de conejillos de Indias para ensayar las nuevas formas de control social. El país del Golfo acaba de implementar un registro biométrico para todos sus ciudadanos y residentes que viven en su territorio. Quien llegue tarde corre el riesgo de que le congelen su cuenta bancaria y le suspendan su documento de identidad. En otras palabras, puede quedar socialmente incapacitado.

El gobierno kuwaití tiene una forma muy cruda de alentar a las personas eque viven en su país a cumplir con sus mandatos. Todos los kuwaitíes han debido someterse al registro biométrico antes del 1 de octubre y todos los residentes deberán hacerlo antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se exponen a sanciones bancarias y administrativas.

El sistema de registro biométrico comenzó a implementarse en Kuwait en mayo del año pasado. Inicialmente solo afectaba a los viajeros que llegaban al país: ciudadanos y residentes que regresaban o visitantes extranjeros. A partir del 1 de marzo se amplió a toda la población adulta, fijándose como fecha límite el 1 de junio, aunque luego se retrasó.

“El Estado se ha comprometido a recopilar datos biométricos para abordar cuestiones relacionadas con la doble nacionalidad y fortalecer las medidas de seguridad. Además, detectará automáticamente a personas que utilicen pasaportes fraudulentos para ingresar en el país”, explica Biometric Update (1).

Según Gulf News, el gobierno kuwaití tiene intención de colaborar con terceros, incluida la Interpol y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (del que Kuwait forma parte junto con Arabia saudí, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein), para establecer un red de seguridad (2).

El castigo es la primera consecuencia de la desobediencia. “El incumplimiento de esta medida de seguridad dará lugar a restricciones de determinados servicios ministeriales, incluida la renovación de los permisos de residencia y de los permisos de viaje”, afirma Biometric Update.

Pero las personas son desobedientes a este tipo de controles. A principios de septiembre 175.000 ciudadanos y 800.000 residentes aún no habían registrado sus datos biométricos. A medida que se acercaba la fecha límite para los ciudadanos, el gobierno decidió utilizar amenazas adicionales para obligar a los recién llegados y recalcitrantes a pasar por el aro.

“Quienes no cumplan con los plazos de registro biométrico serán suspendidos de los servicios públicos. El Banco Central del país también planea implementar restricciones graduales en las cuentas bancarias de las personas que no cumplan con los requisitos de registro de datos biométricos”, advierte Biometric Update.

El Banco Central de Kuwait ordenó a los bancos que cumplan la decisión ministerial, según el periódico Times Kuwait, que especifica las cuatro etapas del sistema de control. En primer lugar, el envío de un mensaje de alerta a todos los clientes recalcitrantes antes del 30 de septiembre, seguido del cierre de todos los canales electrónicos (acceso a cuentas en línea y transferencias en línea) a partir del 1 de octubre, luego la desactivación de las tarjetas bancarias y, finalmente, la congelación total de las cuentas corrientes (3).

Times Kuwait también señala que “las restricciones bancarias no se limitarían únicamente a los saldos. La prohibición se extenderá a todas las cuentas mantenidas por los clientes en los mercados financieros, incluidas acciones, fondos, carteras y otros activos administrados por terceros, ya sea en el sector público o en el privado. Eso significa que todos los fondos provenientes de la venta de acciones, bienes raíces u otras transacciones comerciales se transferirán a cuentas congeladas por el banco”.

En cambio, “los pagos adeudados por los clientes seguirán deduciéndose durante el período restringido para pagar a los acreedores, incluidos los prestamistas y la hacienda pública”.

El 30 de septiembre, fecha límite de registro para los ciudadanos, Arab Times Kuwait informó que casi 60.000 kuwaitíes aún no habían completado su registro biométrico. A partir del 1 de octubre fueron bloqueados sus canales electrónicos y sistemas de pago en línea. Desde el 15 de octubre, las tarjetas bancarias de quienes aún no se han sometido están desactivadas, obligándolos a acudir a una sucursal para retirar dinero. A partir del 1 de noviembre sus cuentas serán completamente inaccesibles (4).

Además de las sanciones bancarias y administrativas, incluida la retirada de su documento de identidad tradicional, los reacios también corren el riesgo de ser objeto de una investigación destinada a determinar las razones por las que se niegan a obedecer.

A principios de octubre el Departamento General de Seguridad informó que un ciudadano kuwaití abandonó voluntariamente el Aeropuerto Internacional de Kuwait, después de negarse a completar su registro biométrico, que es obligatorio para ingresar en el país.

(1) https://www.biometricupdate.com/202403/kuwait-to-share-biometrics-with-interpol-gulf-countries-for-regional-security-network
(2) https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/unified-gcc-biometric-fingerprint-linkage-under-way-1.101830662
(3) https://timeskuwait.com/banks-ready-for-biometric-fingerprint-deadline-account-restrictions-loom/
(4) https://www.arabtimesonline.com/news/urgent-biometric-fingerprint-centers-open-until-midnight-today-to-meet-final-deadline/

Mañana sabremos si al preso político más viejo de Europa, el comunista libanés George Ibrahim Abdallah, le conceden la libertad condicional después de penar 40 años en las cárceles francesas.

Nunca se había conocido un caso así. Debería haber salido de prisión en 1999, pero los jueces posmodernos, incluso los franceses, tienen una contabilidad muy creativa. Se sabe cuándo entras, pero nunca cuándo sales.

La situación es tan vergonzosa que hasta Le Monde, el periódico prestigioso por antonomasia, se ha visto obligado -¡por fín!- a escribir un reportaje al respecto y, como siempre, más que la realidad misma, lo que nos gusta es ver cómo la cuentan los plumíferos.

Le Monde construye su historia a partir de Louis Caprioli, un antiguo policía de la DST, el contraespionaje francés de los ochenta. Era el cabecilla de la “lucha antiterrorista” y el tiempo no le impide seguir con sus montajes y ficciones, aunque ya no tenga que acudir a los tribunales, sino a los micrófonos de los medios.

El policía Louis Caprioli

El caso es singular desde el primer momento, cuando el 24 de octubre de 1984 Abdallah se presentó en la comisaría de policía de Lyon para pedir protección: creía que le perseguían los asesinos del Mosad para matarle. “Éramos nosotros”, dice Caprioli, que considera culpable a Abdallah porque en una de sus viviendas “encontramos el arma que había sido utilizada para matar a un oficial estadounidense [Charles Ray, oficial de la CIA] y a otro israelí [Yacov Barsimentov, del Mosad]”, dice el madero.

Inicialmente a Abdallah sólo le acusaron de tenencia de armas y documentación falsa, pero Estados Unidos e Israel presionaron a los jueces y no descansaron hasta que lograron una cadena perpetua por vías más que rocambolescas.

Veamos: poco después de la detención de Abdallah, la organización a la que pertenecía, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano), secuestraron al director del centro cultural francés en Trípoli (Líbano) y exigieron su liberación.

Como la pena de Abdallah no era muy elevada, cuatro años de cárcel, el entonces jefe de la DST, Yves Bonnet, intentó negociar su liberación con los servicios secretos argelinos. Fue en aquel mismo momento cuando el arma apareció milagrosamente en la vivienda de Abdallah.

Los esbirros de Caprioli registraron dos veces la vivienda de Abdallah. Al principio no vieron nada, pero cuando volveron por segunda vez “descubrimos una maleta y el arma homicida en su interior”. Pero también un pequeño frasco de ‘tipp-ex’, un líquido blanco que servía de borrador en la época de las máquinas de escribir. En el frasco encontraron una huella dactilar de Abdallah.

Otro olvido de este manipulador: en la maleta milagrosa había un diario fechado en una época en la que Abdallah ya estaba en prisión.

Así de chapuceras son las “pruebas” en los juicios políticos amañados por policías de la catadura de Caprioli, que los periódicos serios y rigurosos, como Le Monde, dan por buenas, lo mismo que los fiscales y los jueces. Si los franceses aún se escandalizan por el caso Dreyfus, lo que espera con el de Abdallah es aún más esclarecedor del rumbo que toman los montajes represivos en la vieja Europa.

A la organización a la que pertenecía Abdallah, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano) le imputaron la muerte de dos técnicos en desactivación de explosivos que murieron en agosto de 1982 cuando intentaban desactivar una bomba colocada en el centro de París. A Abdallah también le acusaron del doble crimen, en el que ni él ni las FARL habían tenido ninguna participación.

En 1985 y 1986, el ejército israelí había invadido Líbano y, los atentados menudearon por Europa, en solidaridad con la resistencia libanesa. Entonces Abdallah estaba encerrado en la cárcel y Caprioli sus secuaces señalaron con el dedo a los amigos de Abdallah. Decía que con los atentados pretendían liberar a su jefe.

Acompañado de algunos policías y del juez Marsaud, Caprioli fue a la prisión para hacerle confesar que, en efecto, él ordenaba los atentados desde la cárcel. Es paradógico porque, si hubiera confesado su intervención, ya estaría en la calle.

Después de una campaña brutal de intoxicación en su contra, hoy todos los medios franceses, incluido el juez Marsaud, reconocen que Abdallah no tenía nada que ver con los atentados por los que fue condenado, ni por la ola de explosiones que hubo en Francia en aquella época (*).

Las pistas conducen hasta Irán, que quería castigar a Francia por su apoyo, mediante la venta de armas, a Irak, que entonces estaba en guerra contra Teherán. Además, Irán pretendía recuperar su acceso a la planta de enriquecimiento de uranio Eurodif. Tras la caída del Sha en 1979, Francia había suspendido la participación de Irán en Eurodif.

‘Lo matamos y así no tendremos que hablar más de ello’

George Ibrahim Abdallah

Pero quien manda en el caso Abdallah no es Francia sino Estados Unidos, que es tanto como decir Israel.

En 1986 el ministro del Interior francés envió a un emisario de la DGSE, la inteligencia exterior francesa, a Washington para reunirse con el gran padrino de la CIA, William Casey, para que autorizara la liberación de Abdallah. Le explicaron que el problema es que la CIA no perdona. Una de las víctimas del doble atentado de 1982, Charles Ray, también era de la CIA.

Luego fue Casey el que viajó personalmente a París. Cenó con el ministro francés de Seguridad, Robert Pandraud y le llegó a enseñar el tenedor como amenaza.“Si Francia no condena a Abdallah a cadena perpetua, las cosas irán mal entre nuestros dos países, habrá una ruptura diplomática. Será un gran escándalo”.

Pandraud le propone otra solución: “Lo haremos más sencillo: liberaremos a Abdallah y lo enviaremos a Oriente Medio. Luego lo liquidaremos y así no hablaremos más de ello”.

Las presiones americanas sobre Francia aparecen en un documento desclasificado de la CIA fechado en noviembre de 1986 que menciona “las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que Abdallah no sea liberado”. Mientras tanto “las FARL podrían empezar a atacar los intereses americanos debido a la frustración provocada por el papel desempeñado por parte de Estados Unidos al mantener a Abdallah en prisión”.

(*) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-juin-2024-7526241

Los suizos rechazaron el proyecto de identidad digital en un referéndum convocado en 2021, en plena pandemia, y ahora los medios anuncian a bombo y platillo su implementación.

En 2021 el proyecto fue rechazado por el 64 por cien de los votos a causa de la gestión privada y la centralización de datos. Para justificar la manipulación, los medios reinterpretan el significado de los votos: el rechazo se debía únicamente a que la tecnología de identidad digital la gestionaban empresas privadas, en lugar del propio Estado.

La manipulación fue anunciada en noviembre del año pasado por el Consejo Federal. Para tranquilizar la mala conciencia, Berna declaró que dicha identidad digital sería “gratuita, opcional, fácil de utilizar y enteramente en manos del Estado”.

Cualquier persona que tenga un documento de identidad o pasaporte suizo o un permiso de residencia para extranjeros puede solicitar un documento de identidad electrónico, en línea o a través del servicio de pasaportes. Posibilidad solicitada durante el procedimiento de consulta.

Será posible utilizarlo en Internet, por ejemplo, para solicitar un extracto de antecedentes penales, un permiso de conducción o un certificado de residencia. Pero también en el mundo físico a través de una aplicación de teléfono inteligente para demostrar la edad al comprar alcohol.

El Consejo Federal ha aprendido la lección de 2021, declaró a los medios de comunicación en Berna Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal encargada de Justicia. “La ley ha sido repensada de la A a la Z, en particular en las cuestiones esenciales de seguridad y protección de datos”, añadió.

Pero, más allá del argumento del respeto a la intimidad y la seguridad de los datos, quienes se oponen a estos nuevos métodos de identificación también ven otros riesgos. La concentración de herramientas digitales en torno a la identificación electrónica es la clave para el establecimiento de una forma de vigilancia y gobierno mundial, que acabará con las libertades públicas.

El 30 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial el reglamento europeo sobre identidad digital que “obliga a los Estados miembros a desarrollar al menos una aplicación móvil que permita a los ciudadanos europeos almacenar y utilizar datos vinculados a su identidad”.

Un primer intento de implementar un sistema de este tipo en Reino Unido se denominó “GOV.UK Verify”. Ante la falta de adopción por parte de los británicos y las numerosas críticas recibidas, el sistema fue finalmente abandonado en abril del año pasado. El gobierno relanzó inmediatamente un nuevo proyecto, esta vez llamado “One Login For Government”.

El 16 de abril la policía entró en las oficinas de Google en Nueva York y California para detener a varios trabajadores que protestaban por un contrato de computación en la nube de 1.200 millones de dólares firmado con el gobierno israelí llamado Proyecto Nimbus. Desde 2021 los trabajadores de las dos empresas rechazan el acuerdo y las protestas se han intensificado desde la reanudación de la guerra de Israel contra Gaza.

Los trabajadores dicen que el contrato convierte a las empresas en cómplices de las guerras de Israel y del trato ilegal e inhumano del gobierno de Tel Aviv a los palestinos. Google insistió en que el proyecto no estaba destinado a trabajos militares y no estaba relacionado con armas o inteligencia, mientras que Amazon no discutió públicamente su alcance.

Pero los documentos públicos y declaraciones de dirigentes israelíes y trabajadores de Google y Amazon muestran que el ejército israelí ha desempeñado un papel central en el Proyecto Nimbus desde su inicio, dando forma al diseño del mismo y, al mismo tiempo, siendo uno de sus usuarios más importantes. Los altos dirigentes israelíes saben que el acuerdo con Google y Amazon proporciona una infraestructura importante para el ejército sionista.

En febrero, en una conferencia dedicada al Proyecto Nimbus, los medios israelíes citaron al director del ciberespacio de Israel, Gaby Portnoy, quien atribuyó al contrato el mérito de ayudar en las matanzas de palestinos. “Están sucediendo cosas fenomenales en la batalla gracias a la nube pública Nimbus, cosas que favorecen la victoria”, dijo Portnoy. “No daré detalles”.

Las declaraciones de Portnoy contradicen las de Google a los medios, que han tratado de restar importancia a los vínculos militares del Proyecto Nimbus. “Este trabajo no está destinado a armas o trabajos de inteligencia altamente sensibles, clasificados o relacionados con el ejército”, dijo la portavoz de Google, Anna Kowalczyk. “El contrato Nimbus implica tareas realizadas en nuestra nube comercial por los ministerios del gobierno israelí, quienes aceptan cumplir con nuestros términos de servicio y reglas de uso aprobados”.

Los contratos de Google prohíben a los clientes realizar “actividades de alto riesgo”, definidas como situaciones en las que “el uso o la falla de los Servicios podrían causar razonablemente la muerte, daños corporales, daños ambientales o daños a la propiedad (como la creación u operación de instalaciones nucleares, aire control de tráfico, sistemas de soporte vital o armamento).

La afirmación de Portnoy se suma a informes los recientes que confirman los vínculos militares establecidos desde hace mucho tiempo en virtud del contrato Nimbus. Un documento interno de Google dice que el Ministerio de Defensa israelí tiene su propia “zona de actividad” dentro de la infraestructura del Proyecto Nimbus de la empresa y dos empresas públicas israelíes de armas utilizan los servicios en la nube de Google y Amazon como parte del Proyecto Nimbus.

El origen del Proyecto Nimbus

El Proyecto Nimbus comenzó en 2019 como una importante actualización tecnológica para el gobierno israelí. Encabezado por el Ministerio de Finanzas, el proyecto no tenía una fecha de finalización específica y pedía que el gobierno eligiera proveedores de nube preferidos que construirían nuevos centros para almacenar datos de forma segura en Israel. Al igual que otros clientes de la nube, el gobierno israelí podría utilizar Google para el almacenamiento de datos y utilizar sus herramientas integradas para el aprendizaje automático, el análisis de datos y el desarrollo de aplicaciones.

Un primer indicio de la participación del ejército israelí en el Proyecto Nimbus apareció en junio de 2020: “Me complace anunciar que el Ministerio de Defensa (en nombre del ejército israelí) ha decidido asociarse con el centro de computación en la nube y, al hacerlo, hacerlo más grande y más atractivo”, escribió Shahar Bracha, director general de la Agencia Digital Nacional de Israel, sugiriendo que los militares serían uno de los principales usuarios de los servicios.

Durante el proceso de licitación de tres años, muchos otros documentos y declaraciones públicas fueron explícitos sobre la estrecha participación del ejército israelí en Nimbus y su papel esperado como usuario. “El Proyecto Nimbus es un proyecto para proporcionar servicios de nube pública al gobierno, el Ministerio de Defensa y el ejército israelí”, se lee en una declaración proporcionada por el Ministerio de Finanzas israelí en 2022. “Los órganos de seguridad pertinentes han sido socios en este proyecto desdel primer día y todavía lo son por derecho propio”.

La participación del ejército israelí incluía tener voz y voto en la elección de las empresas que ganarían el contrato de Nimbus. Un informe de auditoría de 2021 de la Auditoría del Estado de Israel afirma que el ejército se unió al proyecto “para permitir la transferencia de sistemas desclasificados a la nube pública” y señala que “el Ministerio de Defensa y el ejército israelí son elementos cruciales del equipo que trabaja en la licitación, tanto en el pliego de condiciones como en la evaluación de los resultados”.

Al final, Google y Amazon ganaron los contratos del Proyecto Nimbus, superando a Microsoft y Oracle. Un comunicado de prensa en inglés fechado el 20 de mayo de 2021, en el que felicitaba a las empresas y anunciaba que “el gobierno israelí se está trasladando a la nube”, aclaró que el proyecto Nimbus estaba destinado a servir “al gobierno, los servicios de seguridad y otras entidades”.

Google y Amazon no pueden elegir las instituciones con las que trabajan y un abogado del Ministerio de Finanzas israelí admitió que el contrato prohibía a las empresas “negar servicios a entidades gubernamentales en particular”.

Varias declaraciones y documentos del gobierno israelí publicados desde 2022 confirman la participación continua del ejército israelí en el Proyecto Nimbus, aunque no proporcionan detalles sobre las herramientas utilizadas. Por ejemplo, un documento oficial publicado el 15 de junio de 2022, que describe el alcance del proyecto, afirma que “el Ministerio de Defensa y el ejército israelí” obtendrán un “mercado digital” exclusivo para los servicios a los que podrán acceder en el marco del proyecto Nimbus.

En julio de 2022 The Intercept informó sobre los materiales de formación y vídeos proporcionados a los usuarios de Nimbus dentro del gobierno israelí que revelaban algunas de las tecnologías específicas de Google a las que el contrato brindaba acceso. Estas incluyen prestaciones de inteligencia artificial, como reconocimiento facial, seguimiento de objetos, análisis de sentimientos y otras tareas complejas.

Las páginas oficiales del gobierno de Tel Aviv presentan la misma descripción repetitiva del proyecto Nimbus. El contrato se describe como un “proyecto emblemático de gran escala y plurianual”, llevado a cabo por la Administración de Contrataciones Públicas dentro de la División de Contabilidad General del Ministerio de Hacienda, en colaboración con la Unidad Nacional Digital, la Oficina Jurídica del Ministerio de Finanzas, la Unidad Nacional Cibernética, la División de Presupuesto, el Ministerio de Defensa y el Ejército israelí. Esta declaración aparece en una de las páginas principales del Proyecto Nimbus del gobierno, en un comunicado de prensa sin fecha, en un documento de estrategia en la nube para 2022 y en un comunicado de prensa de enero del año pasado.

También se publicó una versión de la declaración en un documento de política de Amazon Nimbus de enero del año pasado, y en la página de la “Cumbre Nimbus” de 2024, un acto privado que reúne a trabajadores de tecnología de Amazon, Google y decenas de otras empresas que han desempeñado un papel en la modernización de la infraestructura tecnológica de Israel en los últimos años.

Los lazos estrechos de las tecnológicas con Israel

El ejército israelí sigue estrechamente involucrado en el Proyecto Nimbus y las dos empresas estadounidenses de computación en la nube que trabajan en él. En junio del año pasado, Omri Nezer, jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Administración de Contratación Pública de Israel, publicó un resumen de una conferencia sobre computación en la nube organizada por el gobierno israelí. Escribió que su objetivo era reunir a personas de “diferentes oficinas gubernamentales como parte del Proyecto Nimbus”.

El artículo de Nezer menciona una mesa redonda a la que asistieron “un representante del ejército israelí” y el jefe de ingeniería informática de Rafael Advanced Defense Systems, una empresa de armamento creada originalmente como una empresa de investigación y desarrollo para el ejército israelí. Rafael e Israel Aerospace Industries, dos fabricantes de armas respaldados por el gobierno israelí, son “clientes obligatorios” de Google y Amazon en el marco del Proyecto Nimbus. El portavoz de Amazon, Duncan Neasham, dice que Rafael “no está obligado a utilizar Amazon Web Services (AWS) o Google sólo para servicios en la nube” y “también puede utilizar los servicios de otros proveedores de nube”.

Las instituciones de seguridad siguen siendo una parte importante del Proyecto Nimbus. En una publicación de 2023 etiquetada como #nimbus, Omri Holzman, jefe del equipo de defensa de Amazon Web Services, resumió un evento reciente organizado por AWS para clientes de defensa. “Tuvimos participantes de todas las organizaciones de seguridad de Israel”, escribió Omri Holzman, sin especificar de cuáles se trataba. “AWS se centra en la comunidad de Seguridad Nacional (NatSec), que tiene necesidades y requisitos únicos”.

Google presentó recientemente su modelo Gemini AI a la policía israelí y a dirigentes de seguridad nacional, la pieza central de los intentos de la empresa de búsqueda de competir con ChatGPT de OpenAI. En marzo Shay Mor, director y jefe del sector público y defensa de Google Cloud Israel, dijo que recientemente había presentado información sobre sus “proyectos revolucionarios Nimbus” a instituciones como la policía de Israel, la Agencia Digital Nacional de Israel y la Agencia Nacional de Israel.

“Fue un honor y un placer presentar nuestra tecnología Gemini y algunos de nuestros innovadores proyectos Nimbus a la policía de Israel, la Agencia Digital Nacional de Israel, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional Cibernética de Israel hoy en el evento Nimbus”. Mor publicó, refiriéndose al evento en el que Portnoy, jefe de la Dirección del Ciberespacio, dijo que Nimbus contribuyó a la lucha contra Hamas. Mor no especificó cómo el ejército israelí o los aparatos de seguridad podrían usar la inteligencia artificial de Google, pero la empresa dijo que Gemini podría ayudar a sus clientes a escribir códigos, analizar datos o identificar problemas de seguridad.

En sus propios comentarios sobre el acto, Portnoy sugirió que el Proyecto Nimbus tenía como objetivo fortalecer los vínculos de Amazon y Google con el aparato de seguridad de Israel. Dijo que las empresas eran “socios de trabajo” en un nuevo proyecto que creaba “un marco para la defensa nacional” con herramientas de seguridad basadas en la nube. Portnoy comparó el proyecto con el sistema de defensa antimisiles de Israel, llamándolo la “Cúpula de Hierro del ciberespacio”.

Crecen las protestas de los trabajadores

No es la primera vez que un acuerdo sobre la nube vinculado al ejército provoca protestas. Las recientes manifestaciones contra el Proyecto Nimbus lo atestiguan, especialmente en el seno de Google. Un antiguo trabajador de Google que fue despedido junto con varias docenas después de protestar contra el Proyecto Nimbus en abril dijo que años de intentar llevar a la empresa en una dirección más ética los había dejado exhaustos. “Me convencí de que, en el fondo, no se puede confiar en lo que dicen”, afirma. Protestaron en 2018 contra el Proyecto Maven, un contrato ahora extinto del Pentágono en el que los algoritmos de Google analizaban imágenes de vigilancia de drones, el trabajo de Google con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en 2019 y el Proyecto Nimbus que comenzará en 2021 con el grupo “No Tech for Apartheid”. “No tengo confianza en esa gente”.

La primera batalla importante contra el Proyecto Nimbus tuvo lugar en octubre de 2021, cuando una coalición de trabajadores de Google y Amazon publicó una carta abierta denunciando el contrato. “No Tech for Apartheid” también se formó explícitamente en respuesta al Proyecto Nimbus casi al mismo tiempo. Muchos de los que se unieron a estos primeros esfuerzos de organización también participaron en “No Tech for ICE”, un movimiento encabezado por trabajadores tecnológicos formado en 2019 para oponerse a que sus empresas trabajaran para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ariel Koren, quien en ese momento era gerente de proyectos en Google y ayudó a redactar la carta abierta, dice que su jefe le dijo a principios de noviembre de 2021 que tenía que trasladarse a Sao Paulo, Brasil, dentro de los 17 días hábiles bajo pena de multa o despido. Dimitió en marzo de 2022. Semanas después, un grupo de trabajadores organizaron protestas frente a las oficinas de Google y Amazon en Nueva York, Seattle y Durham, Carolina del norte, para expresar su solidaridad con Koren y la cancelación del Proyecto Nimbus.

Entonces las manifestaciones se multiplicaron. Emaan Haseem, un antiguo ingeniero de Google Cloud, fue despedido en abril junto con otros 48 trabajadores después de viajar de Seattle a San Francisco para participar en una sentada masiva en la oficina del director de Google Cloud, Thomas Kurian. Dice que “No Tech for Apartheid” forma parte del movimiento BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones), que presiona a Israel para poner fin a la ocupación de los territorios palestinos.

La oposición a las acciones militares de Israel en Gaza y Cisjordania es un pilar central de “No Tech for Apartheid”. El Proyecto Nimbus “es un contrato que destaca sobre todo para cualquiera que tenga los ojos pegados al genocidio que se está produciendo actualmente en Gaza”.

—https://www.wired.com/story/amazon-google-project-nimbus-israel-idf/

En el otoño de 1968 el periodista Earl Caldwell regresaba a la sede del New York Times después de un reportaje en California. No llevaba en su escritorio más de cinco minutos cuando una recepcionista le dijo que había dos hombres en la oficina que querían hablar con él. Eran del FBI.

Los policías querían saber más sobre un artículo que Caldwell acababa de escribir sobre el armamento de los Panteras Negras. Recientemente la redacción había asignado a Caldwell a cubrir a los Panteras Negras para el New York Times. Era su primer artículo sobre el movimiento político. Los policías le dijeron que querían más información sobre las armas sobre las que había escrito y más información sobre los Panteras en general.

El preriodista les dijo que todo lo que necesitaban saber estaba en el reportaje. Un año y medio después recibió una citación para comparecer ante un gran jurado y testificar sobre todo lo que sabía sobre los Panteras Negras, incluidas sus fuentes confidenciales.

En ese momento de su carrera, Caldwell ya era el pionero de los periodistas negros. Fue el único reportero que estuvo en Memphis cuando Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968. Ocurrió durante la primera misión de Caldwell con él. Fue también la primera vez que el New York Times enviaba a un reportero negro para cubrir las conferencias del defensor de los derechos de los negros.

“Le dije a mi editor que no quería estar en el sur”, recuerda Caldwell, por los prejuicios y la violencia raciales, “pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de cubrir a King. Fue surrealista estar allí y ver cómo se desarrollaba todo aquello”.

Después del asesinato de King, Caldwell pasó a cubrir los disturbios raciales que se estaban produciendo en todo el país para el New York Times. Fue durante aquella época cuando empezó a cubrir a los Panteras Negras, centrándose en San Francisco. Pasó más de un año informando sobre la organización en California.

“Los Panteras Negras eran realmente buenos difundiendo su mensaje”, dice Caldwell. “Me dieron un buen acceso porque querían que la gente supiera de qué iban”. Cubrió una amplia gama de historias sobre ellos, incluido su trabajo de divulgación, enfrentamientos con los antidisturbios y con otros movimientos negros.

“Realmente me llevé bien con ellos y estaba orgulloso de las historias que pude contar”, dice.

A medida que la cobertura de Caldwell sobre los Panteras Negras se hizo más intensa, también creció el interés del FBI en su trabajo. La policía siguió solicitando reuniones con él, con vistas a obtener información sobre el movimiento. Intentaron persuadirlo de que los Panteras Negras eran peligrosos.

Los derechos siempre se enredan en los pleitos

Caldwell se mantuvo firme y se negó. El New York Times contrató a un bufete de abogados para defender la publicación de las noticias, pero pronto se preocupó por la posición del bufete en la defensa de la libertad de expresión, ya que se dio cuenta de que los abogados querían entregar parte de la información al FBI. Caldwell dice que no había forma de que se convirtiera en un soplón de la policía. “Va en contra de todo lo que uno defiende en el periodismo”, dijo.

Cuando Caldwell recibió la citación del FBI, consultó con otros periodistas negros y finalmente buscó el asesoramiento del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, que lo puso en contacto con el abogado Anthony Amsterdam. Por su propia voluntad, se negó a comparecer ante el gran jurado, y Amsterdam compareció en su lugar. Argumentó que no debía comparecer y que la Primera Enmienda protege las fuentes y la información, así como la elaboración del reportaje. Amsterdam también defendió la importancia del trabajo de los periodistas negros y “cómo podríamos traer una respuesta y contarle a Estados Unidos sobre estas preguntas que eran tan importantes en ese momento”, recordó Caldwell.

El caso llegó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que falló a favor de Caldwell y acordó que no tenía que compartir su información confidencial con la policía. Sin embargo, fue una victoria efímera, ya que el gobierno apeló ante el Tribunal Supremo, que lo abordó junto con otros dos casos similares sobre el derecho a la libertad de expresión en febrero de 1972.

Los otros dos casos involucraban a Paul Pappas, un reportero de televisión de Massachusetts que también cubría a los Panteras Negras y que también había rechazado una citación para informar sobre ellos a la policía, y a Paul Branzburg, un reportero del Louisville Courier Journal que había estado informando sobre el cultivo de hachís. En su reportaje Branzburg entrevistaba a personas que lo cultivaban, pero sin revelar su identidad. Al igual que Caldwell y Pappas, se negó a informar a la policía después de que lo llamaran a comparecer ante un gran jurado.

¿Deben los periodistas hacer el trabajo de la policía?

El 29 de junio de 1972 en la sentencia del caso Branzburg, el Tribunal Supremo falló contra de los periodistas porque era inapropiado “conceder a los periodistas un privilegio testimonial del que no gozan otros ciudadanos”. Pero los jueces estaban divididos 5 contra 4 sobre la resolución, y ​​los que disentían argumentaban que la policía no tiene derecho a utilizar a los periodistas para que hagan un trabajo que les corresponde a ellos.

La sentencia significaba que Caldwell podía ir a la cárcel, pero el gobierno había conseguido lo que quería. No lo volvió a perseguir. El periodista continuó trabajando en el New York Times, cubriendo el juicio de Angela Davis en 1970, los “asesinatos de niños en Atlanta” y la campaña presidencial del reverendo Jesse Jackson en 1984. En 1979 se convirtió en el primer periodista negro en tener su propia columna en un periódico importante, tras pasarse al New York Daily News.

Tras la sentencia se desató un movimiento de protestas en todo Estados Unidos para proteger el derecho de los periodistas al secreto profesional.

Seguimos con el desplome de la libertad de expresión en Europa. Próximamente Bruselas anunciará las conclusiones finales de su investigación contra Elon Musk y la red social X/Twitter por violar la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La detención de Pavel Durov en París es, pues, un instrumento de presión contra Musk. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…

Como venimos explicando, las grandes potencias necesitan controlar las redes sociales, que están en manos de poderosos monopolios tecnológicos.

La guerra entre el multimillonario estadounidense y la Comisión Europea arreció este verano. El 12 de julio Bruselas publicó las conclusiones preliminares de su investigación. En aquel documento, los secuaces de Ursula von der Leyen consideron que X/Twitter infringe la ley porque engaña a sus usuarios.

Musk respondió lanzando una nueva aplicación de inteligencia artificial de generación de imágenes que no gustó en Bruselas porque no estaba censurada. También aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid. Dijeron que X/Twitter había exacerbado la campaña racista en Reino Unido. Por sin, en el colmo de la perversidad, Musk organizó una entrevista con Trump, retransmitida en directo desde su plataforma.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, un Torquemada posmoderno, le amenazó abiertamente, aunque la Comisión no le siguió el juego.

Para que vean el tono, Musk le respodió diciéndole al inquisidor “Vas a echar la cabeza hacia atrás y te la vas a meter en el culo“, una frase extraída de la película “Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!”.

La guerra abierta entre la Unión Europea y los grandes monopolios tecnológicos acabará con una multa a Musk que puede ascender hasta el 6 por cien de los ingresos de la plataforma y podría llegar a ser aún más elevada si la red social sigue negándose a cumplir las normas europeas.

Teóricamente la Comisión Europea también podría prohibir la plataforma en Europa, pero eso es algo que no va a ocurrir porque X/Twitter no es TikTok, Musk cuenta con el apoyo del Pentágono y las comunicaciones militares de la OTAN en Ucrania dependen de él.

Como suele ocurrir en estos casos, la coartada es la desinformación que prolifera por las cuentas de X/Twitter y que la tropa que encabeza Ursula von der Layen no puede consentir porque la Comisión Europea es un organismo democrático amante de la verdad, por encima de todo (a diferencia de Musk).

El pulso entre un monopolio internacional y un organismo público pone de relieve la privatización de la censura y, en definitiva, de la represión política. Brasil marca un camino. El Tribunal Supremo pidió a la red social que eliminara algunas cuentas en nombre de la “lucha contra la desinformación”, o sea, de la censura. La plataforma se negó y decidió cerrar su organización en el país para evitar que sus delegados fueran perseguidos por los jueces.

Los europeos, que se creen adalides de las libertades, no pueden admitir la censura pública, pero se van acostumbrando, poco a poco, a la privada, al cierre de cuentas en las redes sociales y a la imposibilidad de expresarse y difundir sus opiniones.

El mejor ejemplo de ello es la autocensura, de tal manera que los usuarios saben que determinados contenidos sólo se pueden difundir en ciertas redes sociales por medios indirectos, crípticos.

Pero, sin duda, el gran pastel de X/Twitter son sus 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Es una gigantesca base de datos que Bruselas quiere tener a su alcance en todo momento para ponerla en manos de las diferentes policías para engrosar los archivos y catalogar a cada uno de los ciudadanos europeos por sus opiniones sociales y políticas.

En los tiempos del imperialismo el mercado “libre” es una entelequia. España ha prohibido la venta de Talgo a una empresa húngara por razones de “seguridad nacional”. Estados Unidos prohibió TikTok por el mismo motivo. China prohibió Google y Youtube. Rusia prohibe Meta/Facebook, a la que considera como una organización “extremista”.

Son sólo algunos ejemplos, pero se podrían poner muchos más. Esta misma mañana el Tribunal Supremo de Brasil le ha concedido un plazo de 24 horas a Elon Musk para nombrar un representante legal para la red social X/Twitter en el país, bajo la amenaza de prohibirla en caso contrario (*).

Los medios están empeñados en señalar con el dedo a países, como China, pero las prohibiciones de TikTok, por ejemplo, proceden de países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Taiwán…

Pavel Durov, el dueño de Telegram, era conocido en todo el mundo por su negativa a cooperar con la policía, y ésa es una de las razones de su éxito. El objetivo de su detención es obligarle a llegar a un acuerdo de colaboración, es decir, a convertir Telegram en un apéndice de la policía.

El dueño de la red social llegó a Paris procedente de Bakú, donde coincidió con la visita a Putin, a la que nos referimos en otra entrada. Algunas fuentes afirmaron que ambos se entrevistaron en la residencia del Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante la cena, pero no hubo confirmación oficial. El lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no se habían reunido.

No obstante, la inteligencia estadounidense cree que Durov tiene un acuerdo con el Kremlin, lo que ha dado lugar a una ola de aspavientos histéricos parecida a la de TikTok. Menudean las invocaciones acerca de la “seguridad nacional”, que es algo que sirve para cualquier cosa, como antiguamente lo fue el “terrorismo”.

Además, como también dijimos ayer, algunas de las comunicaciones de los departamentos militares rusos (y ucranianos) pasan por Telegram, por lo que Durov podría entregar el acceso a los movimientos del ejército ruso.

Una característica de Telegram es que el historial de los canales se almacena en servidores en la nube, mientras que los que están protegidos por cifrado de extremo a extremo no se almacenan en ningún lugar, excepto en la memoria del terminal que utilice el usuario. Si un usuario conversa desde un móvil, no podrá seguir la misma conversación desde un ordenador.

Para que un tercero pueda acceder a los canales de comunicación cifrados, es necesario no sólo conocer los números de teléfono a los que están vinculadas las cuentas, sino también acceder al propio dispositivo. Mientras tanto, la información del usuario seguirá siendo confidencial.

La detención de Durov no tiene precedentes, salvo la de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá en 2018. Pero antes de Durov, ningún propietario de una red social había sido condenado por no hacer el papel censor que corresponde a los jueces y la policía.

Uno de los casos más famosos fue la detención de Alexander Vinnik en 2022 mientras estaba de vacaciones en Grecia, seguido de su extradición a Estados Unidos. Vinnik fue un operador ruso de criptomonedas de 2011 a 2017 que se confesó culpable de lavado de dinero negro.

Los caciques de los grandes monopolios tecnológicos y los especuladores en criptomonedas se han puesto nerviosos. La cotización de la criptomoneda “ton” asociada a Telegram cayó un 23 por cien cuando se anunció la detención de Durov. El miedo es que su colapso arrastre al resto de criptomonedas.

La presión de las grandes potencias capitalistas sobre los monopolios tecnológicos arrecia. La represión política y el control social requieren transparencia, es decir, acabar con el derecho a la intimidad de las personas. A veces los Estados tienen problemas para identificar y catalogar a ciertas categorías de ciudadanos.

Por lo tanto, no es sólo la libertad de expresión. Necesitan controlar las plataformas digitales para controlar masivamente a sus usuarios, lo que dicen y lo que piensan. El número total de usuarios de Telegram es de casi mil millones de personas, una octava parte de la población mundial. Ningún Estado puede ignorar una plataforma tan vasta de comunicación y para justificar la represión presentan a las redes sociales como si fueran Sodoma y Gomorra: fraudes, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pedofilia…

La manera de presionar a Durov para controlar Telegram es cortar su fuente de financiación. Todas las plataformas de criptomonedas tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas. Se enfrentan a entre 10 y 20 años de prisión si no colaboran con Estados Unidos y transmiten la información necesaria.

Ni siquiera el mercado de criptomonedas escapa a los principios más elementales del capitalismo monopolista de Estado. El neoliberalismo es un fantasma que no ha existido nunca.

(*) https://www.nytimes.com/2024/08/28/technology/brazil-x-ban-elon-musk.html

Cuando el Primer Ministro Tony Blair presentó la Ley contra el Terrorismo de 2000 (antes del 11 de septiembre), yo trabajaba en los Tribunales Reales de Justicia. Si mal no recuerdo, los abogados hablaban de ello, preocupados por su lenguaje vago y descuidado, su evidente autoritarismo y su capacidad de abuso.

Hubo una incredulidad general de que Blair, que es abogado, como por supuesto lo es su esposa, y su ministro del Interior, Jack Straw, que también es abogado y antiguo asesor de Barbara Castle, una de las figuras más veneradas de la historia moderna del Partido Laborista, introduciría una legislación como ésa.

Mirando hacia atrás y pensando en aquellos tiempos, es sorprendente lo ingenuos que éramos.

Aquí estamos y esta terrible ley ahora se está utilizando contra periodistas, y se está utilizando de una manera que viola los derechos humanos básicos.

Lo terrible es que al mismo tiempo el gobierno de Blair –con un amplio apoyo de la comunidad jurídica– aprobó la Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) al derecho británico. La Ley de Derechos Humanos se promulgó en 1998 pero no entró en vigor hasta el 2 de octubre de 2000.

En aquel momento, todo el mundo jurídico pensaba que la Ley de Derechos Humanos de 1998 era, con diferencia, la ley más importante y que tendría muchas más consecuencias que la Ley contra el Terrorismo de 2000.

De hecho, recuerdo muy bien que circularon todo tipo de garantías de que no había motivo de preocupación porque la Ley contra el Terrorismo de 2000 sería restringida y su vaga redacción se interpretaría con referencia al CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998.

Ocurrió todo lo contrario. Lejos de que la Ley de Derechos Humanos de 1998 mitigara los efectos de la Ley contra el Terrorismo de 2000, es la Ley contra el Terrorismo de 2000 la que tiene prioridad sobre el CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998, como el caso Medhurst demuestra (*).

Nada de eso habría sucedido sin un cambio radical en toda la cultura jurídica y política de Reino Unido, que ha ocurrido desde que se promulgaron estas dos leyes.

No quiero idealizar el pasado, pero la transición al autoritarismo y la continua represión de la libertad de expresión y del periodismo, que ha tenido lugar desde el año 2000, todavía me parece sorprendente y, hasta cierto punto, inexplicable.

Los procesamientos de Julian Assange y el antiguo diplomático británico Craig Murray (encarcelado por por desacato al tribunal) y el uso indebido de la Ley contra el Terrorismo de 2000 para acosar a periodistas, incluido Murray, ilustran esto (**).

Lo que lo ilustra aún más es que todo ocurre prácticamente sin protestas. Los medios de comunicación británicos guardan actualmente un silencio sepulcral sobre el arresto de Medhurst, mientras que si algo así hubiera sucedido en el año 2000 o antes, habría muestras de indignación.

Es este brutal giro autoritario en la cultura jurídica y política británica –y la ausencia de cualquier resistencia a él– lo que me sorprende. Obviamente, sus orígenes se encuentran en Estados Unidos, pero la escala con la que ahora está arrasando todo Occidente es asombrosa.

He oído que en Alemania la situación es aún peor, y a personas como el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis se les ha impedido entrar al país.

Aquí en Gran Bretaña rechazamos las libertades por las que la gente alguna vez luchó, por ejemplo en el siglo XVIII, como Wilkes (***). Es más, lo hacemos sin murmurar. La libertad muere silenciosamente.

En cuanto a los detalles del caso Medhurst, diría dos cosas:

1. Creo que el objetivo es intimidar y silenciar a Medhurst y lograr que Google elimine su canal de YouTube, en lugar de demandarlo. Incluso considerando el clima actual, no puedo creer que las autoridades británicas vayan a tomar medidas.

Si hacen algo así, entonces las cosas serán aún más oscuras de lo que pensaba. Dicho esto, si estoy en lo cierto, actuar para intimidar y silenciar a un periodista, privándolo así de su medio de vida, ya es bastante repugnante.

1. Del relato de Medhurst se desprende claramente que la policía actuaba bajo instrucciones y estrecha vigilancia. Por lo que dice, parece que la policía estuvo constantemente controlando y recibiendo instrucciones durante su detención y arresto.

Sería interesante saber quién y cuál era la cadena de mando. Quizás en tiempos mejores lo sepamos.

—Alexander Mercouris https://consortiumnews.com/fr/2024/08/22/letter-from-london-on-the-uk-terrorism-act/

(*) El periodista Richard Medhurst fue detenido el 19 de este mes de agosto y siempre coinciden dos detalles comunes: la detención se produjo en el aeropuerto y la policía britáńica le aplicó la ley antiterrorista

(**) Además de Murray, el periodista Kit Klarenberg también fue detenido en Reino Unido y la policía también le aplicó la ley antiterrorista

(***) John Wilkes fue un periodista y diputado británico de mediados del siglo XVIII, que se caracterizó por su defensa de los derechos fundamentales y sobre todo de la libertad de expresión.

A partir de la semana que viene Portugal se unirá a otros cuatro países europeos en la prueba piloto del Pasaporte Europeo de Vacunas. El documento es un instrumento de control social que reunirá todos los datos de vacunación de las personas en un mismo soporte.

El pasaporte estará disponible en varios formatos, incluidas tarjetas impresas, copias enviadas por correo y versiones digitales para móviles.

Ya está en marcha el proyecto Euvabeco que, por esta vez, no recurre a África como campo de experimentación. El conejillo de Indias es Portugal, junto con Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Polonia. Pero, a los efectos del experimento, solo participan Letonia, Grecia, Bélgica, Alemania y Portugal.

Lo que siempre fue algo coyuntural, se transforma en permanente. Lo que era excepcional se convierte en normal. Lo que era íntimo se pone a la vista de todo el mundo (literalmente).

Este método de almacenar y compartir datos, en lugar de depender únicamente de los sistemas de salud pública, fue posible gracias a la Red Mundial de Certificación de Salud Digital (GDHCN), desarrollado durante la pandemia de “covid” para la Unión Europea.

No obstante, los planes para crear un pasaporte de vacunación, analógico o digital, ya estaban en marcha antes de la pandemia de 2020, e incluso antes que las vacunas, como ya explicamos en una entrada publicada en 2021.

Ahora el GDHCN está en manos de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, al alcance de empresas privadas y fundaciones oscuras, aunque se presenta a la inversa: no como una base de datos centralizada sino como un instrumento para que las personas puedan acceder a sus propios datos.

El ensayo en Europa es otro paso después de la reciente ampliación de la vigilancia introducida por la reforma del RSI (Reglamento Sanitario Internacional), que facilita los confinamienntos recurrentes para imponer la vacunación obligatoria como una forma de asegurar un mercado estable para las empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas de última tecnología.

Uno de los planes de Euvabeco es imponer el pasaporte de vacunas en todo el mundo y se publicarán en 2026, ampliando el experimento más allá de esta fase piloto y reforzando los mecanismos de control social con el pretexto de la sanidad pública.

Además Euvabeco planea poner en marcha otras herramientas innovadoras: un sistema de decisión clínica que proporciona recomendaciones de vacunación, una herramienta de detección para identificar “a las poblaciones vulnerables”, un prospecto electrónico de información del producto (e-PIL) para permitir la transferencia de vacunas entre países sin tener que reenvasarlas, y una herramienta de modelado y pronóstico para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, en París, el sábado alrededor de las 20:00 horas. París ha sentado “un precedente mundial” al detener a Durov, afirma el periódico francés Le Monde.

El montaje policial es interesante porque han recurrido a la Oficina del Menor que dirige una joven comisaria, Gabrielle Hazan, con ganas de ascender y ponerse medallas.

La Oficina es un departamento de la policía judicial francesa especializada en la represión de la violencia contra los niños y adolescentes. Abrió una investigación para incluir a Durov en el Archivo de Personas Buscadas.

Naturalmente a la comisaria nunca se le hubiera ocurrido orquestar un montaje tan espectacular. Ella se ha limitado a cumplir órdenes y su Oficina es la coartada perfecta porque ¿quién puede oponerse a la lucha heroica de la policía francesa contra la pedofilia?

El caso Assange, que empezó como si fuera una acusación de violación de dos mujeres, ha creado escuela.

En el caso de Telegram, el montaje tiene por objeto crear la imagen de un red oscura, dominada por el crimen organizado, que aprovecha el cifrado de los mensajes, a diferencia de otras redes sociales, como las de Meta/Facebook.

El cifrado de una red social protege a los usuarios, que tienen un derecho a la intimidad, nominalmente tutelado por países, como los europeos, que presumen de ello a cada paso.

El anonimato de internet no es otra cosa que una extensión del derecho a la intimidad.

En Reino Unido han aprobado una ley que prohíbe el cifrado de puntos finales y, bajo amenaza de cárcel, la Regulation of Investigatory Powers Act obliga a entregar las claves, por ejemplo del cifrado de datos de un disco, a petición de la policía. En Australia también existe una ley parecida, así como en otros países.

Pero el cifrado es una entelequia porque cualquier policía, incluso la francesa, está suficientemente capacitada para quitar el velo de los mensajes, aunque sea una tarea más laboriosa. El verdadero problema es que Telegram se ha negado a censurar los contenidos, como otras redes sociales.

Tampoco informa a la policía sobre los usuarios. Como dice el periódico Le Monde, esta red social destaca por su “falta de colaboración”.

Es obvio que la tarea de una red social, cualquiera que sea, no es la de censurar o prohibir las publicaciones, como tampoco lo es de Correos o Telefónica.

Antes los intoxicadores europeos aplaudían a Durov porque era un campeón en la defensa de la libertad de expresión. Se negó a colaborar con la policía rusa y trasladó la sede de Telegram a Dubai. Pero ahora Francia ha ido mucho más allá: le ha detenido, algo a lo Rusia nunca se atrevió.

Son muy malos tiempos para la libertad de expresión.