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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo en una conferencia de prensa celebrada en Pekín que durante mucho tiempo Estados Unidos ha ocupado ilegalmente la Bahía de Guantánamo, ha detenido arbitrariamente a cientos de personas y ha utilizado la tortura para obtener confesiones en el campo de concentración.

Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos transfiriera recientemente a varios detenidos fuera de Guantánamo.

“Estados Unidos debe cesar inmediatamente la ocupación ilegal del territorio cubano, poner fin a la intimidación y el bloqueo contra Cuba, cerrar el ‘pozo negro’ y retirarse de la base de Guantánamo lo antes posible, devolver la tierra al pueblo cubano y sacar a Cuba de la lista de Estados que apoyan el terrorismo”, añadió Lin Jian.

También señaló que Washington había incumplido su promesa de cerrar un campo de concentración que “alimentará otra mancha en el pobre historial de derechos humanos de Estados Unidos, resaltando el vacío en el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos”.

En los últimos días, Estados Unidos ha liberado a varios prisioneros de Guantánamo, entre ellos dos malasios y un keniano.

“Es la herida persistente de Cuba. Es un testigo vivo de más de un siglo de interferencia ilegal de Estados Unidos en Cuba, donde mantiene detenciones arbitrarias masivas”, dijo el portavoz Lin.

Es el último reducto de las cárceles secretas que creó por todo el mundo en su “guerra contra el terrorismo”. Se abrió en enero de 2002 y en algún momento llegó a albergar más de 700 presos, de los que actualmente solo quedan 29, custodiados por unos 1.800 soldados, a los que hay que añadir unos 300 contratistas de las empresas privadas de seguridad.

Sin embargo, es la cárcel más cara del mundo, que es lo único que preocupa a Estados Unidos. A medida que pasan los años, gasta cada vez más dinero en el centro. En 2013, cuando había 166 presos, el costo anual de mantener el campo de concentración era de 454 millones de dólares, lo que implicaba un gasto anual de unos 2,7 millones por cada preso.

En 2018 cuando solo quedaba la cuarta parte, el gasto anual rondó los 540 millones, lo que implicó alrededor de 13,5 millones por cada preso al año.

Washington ha gastado más de 6.000 millones desde la apertura del campo hace 18 años, lo que implica un gasto promedio de 380 millones por año.

Un territorio sin ley

Si la cárcel es tan costosa de mantener, ¿por qué Estados Unidos la mantiene? Por un triquiñuela legal: la cárcel está en territorio cubano y, en consecuencia, no se aplican las leyes estadounidenses, es decir, que no se aplica ninguna ley. Los presos no tienen derechos y pueden hacer con ellos lo que les da la gana.

Como la situación de los presos es ilegal, no pueden ser trasladados a territorio de Estados Unidos ni siquiera en caso de una emergencia sanitaria.

En 2006 Bush aprobó un nuevo tinglado para juzgar a los convictos en la “guerra contra el terrorismo” a través de un sistema de tribunales militares que no respeta los derechos fundamentales de los acusados.

Del total de presos que han pasado por Guantánamo, solo 8 han sido condenados (aunque tres de las condenas fueron completamente anuladas) mientras la mayoría de ellos todavía no ha llegado a juicio, incluidos los cinco que están acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por el contrario, desde entonces los tribunales ordinarios han condenado a más de 650 personas por delitos relacionados con el terrorismo.

Al mantener a los presos en Guantánamo, Washington se libra de tener que destapar una caja de Pandora: la de las torturas a las que fueron sometidos en los centros de detención ocultos de la CIA.

Mientras estas personas estén detenidas en Guantánamo, la información sobre las torturas que han padecido no saldrá a la luz. La ocultación les sale muy cara.

En una reciente reunión en La Haya, los representantes estatales ante el Tribunal Penal Internacional se angustiaron por las desastrosas implicaciones paral derecho internacional si Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant no rindieran cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Gaza.

Las órdenes de detención contral Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex Ministro de Guerra, Yoav Gallant, el 21 de noviembre, no solo conmocionó a las camarillas israelí y estadounidense, sino también a algunos de los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que pronto serían los encargados de ejecutar esas órdenes, una vez que hayan sido certificadas y comunicadas allos por el Registro de el Tribunal.

La semana pasada, en las salas del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, los representantes de esos países se reunieron para la 23 Sesión de la Asamblea de los Estados Partes (ASP) del Tribunal Penal Internacional, el órgano representativo que financia, gobierna y supervisa la implementación del tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional. En última instancia, la ASP garantiza que los perpetradores de los crímenes internacionales más graves sean detenidos, juzgados y encarcelados.

Tanto en la reunión oficial de la ASP como tras bambalinas en los pasillos de La Haya, el tema que estaba en la mente de todos era la cuestión de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant y las implicaciones potencialmente desastrosas paral orden internacional basado en reglas si los Estados Partes ceden a las presiones externas que buscan proteger a los funcionarios israelíes de la rendición de cuentas.

Entre los crímenes de los que se acusa a Netanyahu y Gallant, en órdenes de detención clasificadas como “secretas”, se encuentran “el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, todos ellos “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.

Al sugerir el crimen de genocidio –sin utilizar el término–, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional citaron “motivos razonables para creer que [Netanyahu y Gallant] privaron intencional y conscientemente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Si Netanyahu, Gallant y otros dirigentes israelíes susceptibles de ser acusados ​​de crímenes graves se sienten bajo presión, también se sienten los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma, ante la perspectiva de detener y entregar a los dirigentes de un estado supuestamente democrático, respaldado por Occidente –y el querido aliado del estado más poderoso del mundo.

El horror sólo aparece con la conciencia

“Estamos en un punto de inflexión en la historia”, dijo la jueza del Tribunal Penal Internacional y presidenta de el Tribunal, Tomoko Atame, a la Asamblea en la apertura de los procedimientos de la ASP el 2 de diciembre en la capital holandesa.

“El derecho internacional y la justicia internacional están bajo amenaza”, dijo Atame. “El peligro paral Tribunal es existencial […] El futuro del Tribunal está ahora completamente en sus manos”.

Docenas de ministros de asuntos exteriores y delegados de diversa procedencia subieron al estrado de la Asamblea, pidiendo que se ponga fin a los dobles raseros y a la impunidad; que se persiga a los autores de los crímenes más graves “sin temor ni favoritismo”; que los Estados Partes cooperen con el Tribunal, en primer lugar y sobre todo, ejecutando las órdenes de detención.

La única delegada que se refirió al ataque de Israel a Gaza con algún detalle fue la ministra de Justicia de Namibia, Yvonne Dausab. El país africano “recibe con agrado las recientes órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional contral Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant”, declaró Dausab.

“Namibia está consternada por la muerte, las heridas y el sufrimiento de la población del territorio palestino ocupado, su desplazamiento indiscriminado y la destrucción de infraestructuras, incluidas escuelas y hospitales”, dijo Dausab. “La negación del acceso a la ayuda humanitaria es una afrenta total a las Convenciones de Ginebra […] Nuestra conciencia colectiva civilizada debe estar horrorizada”.

Amenazas contra los miembros del Tribunal

En la reunión muchos Estados Partes y grupos no gubernamentales que también hablaron se centraron en la letanía de amenazas, actos de intimidación y sabotaje que ha enfrentado el Tribunal Penal Internacional, algunos de los cuales son más descarados por parte de Estados que se han negado a adherirse al Estatuto de Roma.

Estas amenazas parecen provenir de múltiples direcciones.

“Es muy posible imaginar una aplicación quirúrgica de un Onyx hipersónico desde un barco ruso en el Mar del Norte en el Tribunal de La Haya”, sugirió el presidente ruso, Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en respuesta a la orden de detención del Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin, emitida por el tribunal en marzo de 2023, “así que, jueces, miren atentamente al cielo”.

A raíz de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra dirigentes israelíes, algunos políticos estadounidenses parecen dispuestos a unirse a Rusia en su asalto al tribunal penal más importante del mundo.

“El Tribunal Penal Internacional es un tribunal irregular y Karim Khan es un fanático desquiciado”, declaró el senador de Arkansas Tom Cotton en X/Twitter. “Ay de él y de cualquiera que intente hacer cumplir estas órdenes judiciales ilegales. Permítanme darles a todos un recordatorio amistoso: la ley estadounidense sobre el Tribunal Penal Internacional se conoce como Ley de Invasión de La Haya por una razón. Piénsenlo”.

En una carta del 24 de abril, un mes antes de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, solicitara órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, Cotton y otros once senadores republicanos advirtieron que “Estados Unidos no tolerará ataques politizados del Tribunal Penal Internacional contra nuestros aliados”.

“Apunten a Israel y los atacaremos a ustedes”, agregaron los senadores. “Si siguen adelante con las medidas indicadas en el informe, nos moveremos para terminar con todo el apoyo estadounidense al Tribunal Penal Internacional, sancionaremos a sus funcionarios y asociados y les prohibiremos a ustedes y a sus familias ingresar a los Estados Unidos. Han sido advertidos”.

A principios de junio, tras la solicitud de Khan de que se emitan órdenes de detención, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 247 votos a favor y 155 en contra, sanciones al Tribunal Penal Internacional. Cuarenta y dos demócratas votaron a favor. La Resolución 8282 de la Cámara de Representantes espera la aprobación del Senado de Estados Unidos.

‘Nos matan con bombas estadounidenses y europeas’

Los aliados de Estados Unidos que pronto tendrán la tarea de ejecutar las órdenes de detención de Khan contra los dirigentes israelíes también han sido amenazados. “A cualquier aliado –Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia– que intente ayudar al Tribunal Penal Internacional, lo vamos a sancionar”, dijo el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham a Fox News a finales de noviembre, refiriéndose al Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya como un tribunal belga.

“El Estatuto de Roma no se aplica a Israel ni a Estados Unidos”, declaró Graham en otra ocasión, “porque no fue concebido para perseguirnos”.

Los intentos más atroces de frustrar el procesamiento de los dirigentes israelíes por parte del Tribunal Penal Internacional parecen haber sido realizados por el propio Israel: presunto pirateo de las aplicaciones informáticas del Tribunal Penal Internacional y amenazas macarras y cara a cara contra la ex fiscal jefe Fatou Bensouda.

Las amenazas contral Tribunal podrían resultar contraproducentes, dijo el abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti a la ASP la semana pasada. La “postura pomposa de políticos engreídos” es una cosa, dijo Sidoti. Según el artículo 70 del Estatuto de Roma, continuó Sidoti, las acciones que intimidan, corrompen o lesionan a testigos, funcionarios judiciales y al propio tribunal son delitos procesables.

También lo son los actos que ayudan e incitan a los crímenes del Estatuto de Roma. “¡Nos matan con bombas estadounidenses y europeas!”, gritó Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, en una sesión paralela a la Asamblea de la semana pasada, en la que no había sitio para nadie, golpeando la mesa con el puño y pidiendo rendición de cuentas.

“¿Queréis que Gaza y Palestina sean el cementerio del derecho internacional? Los pueblos libres y comprometidos de todo el planeta no pueden ser rehenes de cuatro, cinco o seis Estados que se apropian de todo este sistema jurídico internacional y quieren destruirlo, quieren desterrarlo […] ¡Es kafkiano!”

El doble rasero occidental

Las amenazas contral Tribunal Penal Internacional por parte de Estados no miembros del Convenio de Roma son motivo de enorme preocupación, declararon los delegados de la Asamblea de la semana pasada. Mucho más preocupante es la falta de voluntad de quienes se han adherido al tratado fundacional del Tribunal para cumplir con su deber legal de ejecutar las órdenes de detención. Abundan las declaraciones contradictorias.

“El gobierno federal [alemán] se adhiere a la ley, porque nadie está por encima de ella”, dijo la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalina Baerbock, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la ciudad italiana de Fiuggi, el 26 de noviembre.

Días antes, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció que se examinarían “cuidadosamente” las “medidas internas” derivadas de las órdenes de detención contra dirigentes israelíes, y añadió: “Me resulta difícil imaginar que ejecutemos detenciones”.

“Francia cumplirá con sus obligaciones internacionales”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés el 27 de noviembre, estipulando que, como dirigente de un Estado no parte del Estatuto de Roma, Netanyahu gozaba de inmunidad.

A raíz del acuerdo de alto el fuego en Líbano alcanzado apenas 24 horas antes –con Francia como co-garante–, la posición de Francia sobre la inmunidad de Netanyahu parecía ser un quid pro quo. “De conformidad con la amistad de larga data entre Francia e Israel”, añadió el comunicado de Francia del 27 de noviembre, “Francia tiene la intención de seguir trabajando en estrecha cooperación con el Primer Ministro Netanyahu y las demás autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio”.

De hecho, ni los Estados no partes del Estatuto de Roma ni sus dirigentes gozan de inmunidad. “La calidad [oficial] de Jefe de Estado o de Gobierno, de miembro de un Gobierno o parlamento, de representante electo o de funcionario gubernamental no eximirá en ningún caso a una persona de responsabilidad penal”, establece el artículo 27 del Estatuto.

“Nadie, sin importar quién sea o dónde se encuentre, puede escapar de la justicia”, dijo el embajador de Hungría a la ASP la semana pasada, aunque Hungría fue uno de los primeros Estados Parte de Roma, junto con Argentina, en anunciar que Netanyahu sería bienvenido a visitar el país.

Las triquiñuelas de los anfitriones

Irlanda sería menos hospitalaria. “No podemos decir que nos preocupamos por las víctimas y luego invitar a los perpetradores a nuestra casa”, dijo la embajadora irlandesa en Países Bajos, Ann Derwin, a la ASP la semana pasada. “La justicia no es un menú a la carta”, dijo Derwin. “No podemos elegir cumplir con nuestras obligaciones bajo los Estatutos de Roma cuando nos conviene e ignorarlas cuando no”.

Fiel a su condición de estado anfitrión del Tribunal Penal Internacional, tal vez Países Bajos haya tomado el camino correcto. “Actuamos en base a las órdenes de detención para personas que estén en territorio holandés”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, ​​a la cámara baja del Parlamento holandés en noviembre.

Días después, el primer ministro, Dick Schoof (conocido en su país como “El Triquiñuelas”), vaciló. “Hay posibles escenarios […] en los que [Netanyahu] podría venir a Países Bajos sin ser arrestado”, dijo Schoof en una conferencia de prensa en vísperas de la ASP.

“Eso no es correcto”, dijo el Representante Permanente de Países Bajos ante el Tribunal Penal Internacional, Henk Cor van der Kwast, insistiendo en que el Ministro de Asuntos Exteriores Veldkamp tenía razón. “Si [Netanyahu] viene, será arrestado”, dijo van der Kwast.

El Tribunal expurga sus miserias internas

La semana pasada, tumbado en una escalera del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, el embajador de Sudáfrica en Países Bajos, Vusi Madonsela, habló sobre el ambiguo compromiso de ejecutar las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes y la crisis de confianza que esto ha engendrado entre las partes del Estatuto de Roma.

“Entendemos que incluso Países Bajos pueden estar dudando en esa dirección, que dicen que creen que existe un vacío técnico que les permitiría no cooperar con el Tribunal mediante la detención y entrega del Primer Ministro Netanyahu o del ex ministro Gallant”, dijo Madonsela.

“Todos los Estados Partes deben estar dispuestos a poner el hombro y cooperar con el Tribunal, o de lo contrario el sistema de justicia penal internacional se verá socavado”, añadió.

El artículo 86 del Estatuto de Roma obliga a los Estados Partes a “cooperar plenamente con el Tribunal”, incluso ejecutando las órdenes de detención, sin condiciones ni peros. La sugerencia de que no lo harían es la raíz de la crisis de confianza en el Tribunal Penal Internacional, declararon los oradores de la Asamblea de Estados Partes de la semana pasada.

“Podemos tener Estados Partes que aplaudan ruidosamente una decisión tomada por el Tribunal mientras indican una falta de voluntad para hacer cumplir otra”, dijo el jurista australiano Chris Sidoti a los delegados la semana pasada. “Esta inconsistencia, esta hipocresía, plantea una amenaza más grave al derecho internacional, a los órganos judiciales internacionales y al estado de derecho internacional que cualquier otra cosa […] Acepto que los Estados actúen en su propio interés. Acepto que siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero en el pasado, a menudo consideraban que sus propios intereses se satisfacían mejor mediante un esfuerzo a largo plazo para construir un estado de derecho internacional con leyes bien desarrolladas e instituciones que funcionen. Ahora, cada vez más, los Estados parecen considerar que sus propios intereses son de corto plazo y completamente egoístas. Esa es la causa fundamental de la crisis”.

—David Kattenburg https://mondoweiss.net/2024/12/meetings-at-the-hague-reveal-crisis-and-turmoil-as-state-representatives-grapple-with-israeli-warrants/

Un juez de vigilancia pentenciaria francés ordenó el viernes la libertad condicional del libanés Georges Ibrahim Abdallah, encarcelado desde hace 40 años por complicidad en la ejecución de dos diplomáticos estadounidenses e israelíes, que posteriormente fueron reconocidos como pertenecientes al espionaje en sus respectivos países.

La liberación es bajo la condición de abandonar el territorio francés y no regresar. La Fiscalía especial antiterrorista ha anunciado que va a recurrir la orden judicial, por lo que la liberación quedará en suspenso.

La ejecución de los dos espías se produjo cuando Israel estaba en la anterior guerra con Líbano, una invasión que provocó la muerte de 18.000 combatientes y civiles árabes y culminó en la matanza de los campos de refugiados de Sabra y Chatila.

Militante comunista libanés, Abdallah fue acusado de complicidad en ambas ejecuciones y, a pesar de sus negativas, fue condenado en 1984 a cadena perpetua por un tribunal especial encargado de juzgar los casos de terrorismo.

Todo el juicio fue un montaje. Primero los jueces franceses violaron la norma “non bis in idem”, ya que Abdallah fue juzgado dos veces por los mismos hechos. Luego su abogado confesó que lo había traicionado y que trabajaba para los servicios secretos franceses.

A pesar de ello. los tribunales franceses se negaron a revisar el juicio. Abdallah no era un terrorista sino un comunista libanés que luchaba para defender a su país contra una invasión israelí respaldada por Estados Unidos.

La propaganda mediática lo presentó como un “terrorista propalestino”, término utilizado por los intoxicadores contra quienes luchan contra Israel.

Debía haber sido liberado en 1999. El tribunal de vigilancia penitenciaria lo anunció varias veces, que fue sistemáticamente anulada por los tribunales superiores, tras los correspondientes recursos de la fiscalía.

El punto culminante se alcanzó cuando se pronunció su liberación con la condición de que el ministro del Interior dictara una orden de expulsión. Entonces era Manuel Valls quien estaba al frente y se negó a aprobar la expulsión.

Una militante británica de Acción Palestina, Francesca Nadin, está encarcelada desde el 29 de junio, en espera de juicio por “conspiración para cometer actos criminales” tras su participación en protestas contra dos grandes bancos, Barclays y JP Morgan, conocidos por invertir en Elbit Systems, el mayor productor de armas de Israel, que desempeña un papel clave en la fabricación de misiles y aviones de combate utilizados en las acciones genocidas de Israel.

Antes de su detención, Nadin, acompañada por otros tres militantes, conmemoró el 76 aniversario de la Nakba ocupando las instalaciones de Teledyne Defence & Space en Shipley, Bradford. El grupo subió al tejado y destruyó partes de la fábrica de armas estadounidense, interrumpiendo la producción de misiles y aviones de combate F-35 de Israel.

El caso de Nadin es parte de un movimiento creciente en Reino Unido, ya que ella es una de los 16 presos políticos de Acción Palestina actualmente encarcelados por su militancia. A pesar de estar tras las rejas, Nadin compartió un mensaje de resistencia y solidaridad, expresando gratitud por el apoyo recibido.

Nadin habló desde su celda y enfatizó la importancia de la resistencia. “Si bien no puedo estar con vosotros en persona, estos muros no pueden silenciar la fuerza de nuestro apoyo. Cartas de personas que nunca he conocido me recuerdan todos los días que mi sacrificio tiene significado”, dijo. “Estoy orgullosa de representar nuestro movimiento y se lo agradezco de todo corazón”.

Sus reflexiones desde la prisión arrojan luz sobre los desafíos que tienen los cómplices europeos de la masacre de Gaza, destacando el racismo y las divisiones que enfrentó. Destacó la diferencia entre el racismo en prisión y problemas sociales más amplios alimentados por los políticos y los medios.

“El racismo tiene sus raíces en el pasado colonial de Reino Unido. La ignorancia lo mantiene vivo”, dice. “Necesitamos crear conciencia, de lo contrario el ciclo de odio continuará”.

En prisión, Nadin ha conocido de primera mano la naturaleza represiva del sistema judicial británico. Algunos jueces incluso han admitido que utilizan la cárcel para disuadir futuras iniciativas de protesta.

A pesar de trato recibido en la cárcel, Nadin se mantiene firme y dice que las tácticas utilizadas contra los solidarios sólo revelan el impacto de sus acciones, que han ejercido presión sobre empresas como Barclays y Elbit Systems.

“Nos castigan porque tienen miedo”, afirma. “Nuestras acciones les están costando caro: Barclays está bajo una inmensa presión, Elbit Systems está siendo derrocado y Scotiabank está sufriendo reacciones adversas por su complicidad con Israel”.

Para Nadin, de 38 años de edad, la lucha va más allá de Palestina. Dice que se trata de defender el derecho a manifestarse y la libertad de expresión. “Debemos denunciar las injusticias en todo el mundo”, insistió. “Ya sea en prisión o fuera, seguiré luchando, como todos nosotros, sin miedo, unidos, con la justicia y el amor en el corazón”.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/11/16/paperclip-la-operacion-secreta-con-la-que-estados-unidos-recluto-a-cientificos-nazis-criminales-de-guerra-y-borro-su-atroz-pasado/

La policía británica ha detenido a un profesor judío israelí, Haim Bresheeth, en aplicación de la ley antiterrorista por hablar en favor de Gaza durante una manifestación de solidaridad con Palestina el 1 de noviembre en Londres.

Bresheeth está acusado de participar en un “discurso de odio” por parte de la policía de Londres, tras exigir la expulsión de la embajadora de Israel en Reino Unido, Tzipi Hotovely.

Bresheeth es cineasta, fotógrafo e investigador cinematográfico en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres.

En enero, la embajadora Hotovely afirmó en un programa de radio de Reino Unido que “cada mezquita, cada escuela, cada casa” en Gaza tenía acceso a un túnel subterráneo utilizado por Hamas. Cuando se le preguntó si esto significaba destruir todos los edificios en Gaza, Hotovely respondió: “¿Tienen otra solución?”

El profesor es el fundador de la Red Judía para Palestina, una ONG con sede en Reino Unido que organizó la protesta del 1 de noviembre.

En un vídeo que muestra la detención de Bresheeth, se puede escuchar a un policía decir: “Hoy usted pronunció un discurso […] por lo que se le detiene en aplicación de la ley de 2000 sobre terrorismo por pronunciar discursos de odio”.

Entonces Bresheeth le responde: “¿Discurso de odio? ¿Pronuncié un discurso de odio?” El universitario le pregunta entonces si se ha equivocado, si el supuesto discurso de odio no tuvo lugar realmente durante la manifestación. El policía continúa con la detención sin responderle. “No entiendo por qué me detiene”, insiste el profesor.

Se puede escuchar a los solidarios que rodean a Bresheeth acusando a la policía de “antisemitismo” y pidiéndoles que aclaren lo que dijo, lo que consideran como “discurso de odio”.

La Red Judía para Palestina dijo que el detenido quería que “todos supieran que se encontraba bien, en comparación con lo que están pasando los palestinos”.

Muchos periodistas que se oponen al genocidio israelí en Gaza están siendo detenidos y sus viviendas registradas en los últimos meses en aplicación de la leye antiterrorista.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/11/08/declaracion-de-georges-abdallah-40-anos-preso-politico-en-francia-alemania-torturas-en-la-mayor-prision-de-baviera-palestina-libre-la-historia-no-perdonara-a-los-indiferentes

El 28 de octubre el Ministerio francés de Interior publicó un informe (1) reconociendo el uso ilegal de la aplicación informática Briefcam, de origen israelí, entre 2015 y 2023. Esta herramienta permite el reconocimiento facial y es uno de los ataques más graves a la intimidad en los últimos años.

La policía reconoce el uso del reconocimiento facial “fuera del marco legal”, al menos una vez durante los últimos ocho años. Esta “implementación única” se remonta al verano del año pasado, cuando varios municipios franceses se enfrentaban a levantamientos violentos desencadenados por la muerte de Nahel Merzouk, asesinada a quemarropa por un agente de policía durante un control en la carretera.

“En este contexto excepcional se activó la función de reconocimiento facial […] integrando en Briefcam fotografías de personas sospechosas por los investigadores de haber participado en los disturbios”. No informaron a ningún juez de ello, como era su obligación. Dos personas surgieron del análisis automático de rostros realizado por la aplicación, antes de que la investigación policial las exculpara.

Su método de investigación, intrusivo e ilegal, nunca fue mencionado en el atestado.

Ese único ejemplo de uso ilegal basta para demostrar que, pulsando un botón, la policía puede proceder a un reconocimiento facial utilizando imágenes filmadas en espacios públicos.

El anterior ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, nunca lo reconoció, pero era la típica mentira de un ministro europeo.

En una investigación de Disclose, un policía admitió que el reconocimiento facial se utiliza activamente: ”Cualquier policía cuyo departamento esté equipado puede solicitar el uso de Briefcam, transmitiendo un vídeo o una foto”, al margen del control judicial (2).

La policía francesa reconoce que el reconocimiento facial es algo rutinario y cifra en 563 los casos entre 2015 y 2023. El programa no conserva ningún archivo informático de los datos utilizados después del procesamiento y no existe ningún registro sistemático y continuo por parte de la policía que permita tener una visión acabada de su aplicación.

El 1 de enero de este año la marca de cámaras fotográficas Canon, propietaria de Briefcam, eliminó la opción en las versiones de sus aplicaciones.

El Ministerio del Interior intenta encubrir el uso ilegal de Briefcam por parte de la policía, que durante ocho años recurrió habitualmente a la aplicación israelí, aunque nunca lo mencionó en los atestados que presentaba a los jueces.

(1) https://s3.documentcloud.org/documents/25259929/rapport-du-ministere-de-linterieur-sur-lutilisation-du-logiciel-de-reconnaissance-faciale-briefcam.pdf
(2) https://disclose.ngo/fr/article/la-police-nationale-utilise-illegalement-un-logiciel-israelien-de-reconnaissance-faciale

El poder es control político, que se ejerce sobre las personas y también sobre las cosas, como forma de controlar a las personas. Dicho control es cada vez más estricto y se impone con una batería de pretextos cada vez más amplia, que van desde la identidad hasta la sanidad.

Ciertos países, como Kuwait, sirven de conejillos de Indias para ensayar las nuevas formas de control social. El país del Golfo acaba de implementar un registro biométrico para todos sus ciudadanos y residentes que viven en su territorio. Quien llegue tarde corre el riesgo de que le congelen su cuenta bancaria y le suspendan su documento de identidad. En otras palabras, puede quedar socialmente incapacitado.

El gobierno kuwaití tiene una forma muy cruda de alentar a las personas eque viven en su país a cumplir con sus mandatos. Todos los kuwaitíes han debido someterse al registro biométrico antes del 1 de octubre y todos los residentes deberán hacerlo antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se exponen a sanciones bancarias y administrativas.

El sistema de registro biométrico comenzó a implementarse en Kuwait en mayo del año pasado. Inicialmente solo afectaba a los viajeros que llegaban al país: ciudadanos y residentes que regresaban o visitantes extranjeros. A partir del 1 de marzo se amplió a toda la población adulta, fijándose como fecha límite el 1 de junio, aunque luego se retrasó.

“El Estado se ha comprometido a recopilar datos biométricos para abordar cuestiones relacionadas con la doble nacionalidad y fortalecer las medidas de seguridad. Además, detectará automáticamente a personas que utilicen pasaportes fraudulentos para ingresar en el país”, explica Biometric Update (1).

Según Gulf News, el gobierno kuwaití tiene intención de colaborar con terceros, incluida la Interpol y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (del que Kuwait forma parte junto con Arabia saudí, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein), para establecer un red de seguridad (2).

El castigo es la primera consecuencia de la desobediencia. “El incumplimiento de esta medida de seguridad dará lugar a restricciones de determinados servicios ministeriales, incluida la renovación de los permisos de residencia y de los permisos de viaje”, afirma Biometric Update.

Pero las personas son desobedientes a este tipo de controles. A principios de septiembre 175.000 ciudadanos y 800.000 residentes aún no habían registrado sus datos biométricos. A medida que se acercaba la fecha límite para los ciudadanos, el gobierno decidió utilizar amenazas adicionales para obligar a los recién llegados y recalcitrantes a pasar por el aro.

“Quienes no cumplan con los plazos de registro biométrico serán suspendidos de los servicios públicos. El Banco Central del país también planea implementar restricciones graduales en las cuentas bancarias de las personas que no cumplan con los requisitos de registro de datos biométricos”, advierte Biometric Update.

El Banco Central de Kuwait ordenó a los bancos que cumplan la decisión ministerial, según el periódico Times Kuwait, que especifica las cuatro etapas del sistema de control. En primer lugar, el envío de un mensaje de alerta a todos los clientes recalcitrantes antes del 30 de septiembre, seguido del cierre de todos los canales electrónicos (acceso a cuentas en línea y transferencias en línea) a partir del 1 de octubre, luego la desactivación de las tarjetas bancarias y, finalmente, la congelación total de las cuentas corrientes (3).

Times Kuwait también señala que “las restricciones bancarias no se limitarían únicamente a los saldos. La prohibición se extenderá a todas las cuentas mantenidas por los clientes en los mercados financieros, incluidas acciones, fondos, carteras y otros activos administrados por terceros, ya sea en el sector público o en el privado. Eso significa que todos los fondos provenientes de la venta de acciones, bienes raíces u otras transacciones comerciales se transferirán a cuentas congeladas por el banco”.

En cambio, “los pagos adeudados por los clientes seguirán deduciéndose durante el período restringido para pagar a los acreedores, incluidos los prestamistas y la hacienda pública”.

El 30 de septiembre, fecha límite de registro para los ciudadanos, Arab Times Kuwait informó que casi 60.000 kuwaitíes aún no habían completado su registro biométrico. A partir del 1 de octubre fueron bloqueados sus canales electrónicos y sistemas de pago en línea. Desde el 15 de octubre, las tarjetas bancarias de quienes aún no se han sometido están desactivadas, obligándolos a acudir a una sucursal para retirar dinero. A partir del 1 de noviembre sus cuentas serán completamente inaccesibles (4).

Además de las sanciones bancarias y administrativas, incluida la retirada de su documento de identidad tradicional, los reacios también corren el riesgo de ser objeto de una investigación destinada a determinar las razones por las que se niegan a obedecer.

A principios de octubre el Departamento General de Seguridad informó que un ciudadano kuwaití abandonó voluntariamente el Aeropuerto Internacional de Kuwait, después de negarse a completar su registro biométrico, que es obligatorio para ingresar en el país.

(1) https://www.biometricupdate.com/202403/kuwait-to-share-biometrics-with-interpol-gulf-countries-for-regional-security-network
(2) https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/unified-gcc-biometric-fingerprint-linkage-under-way-1.101830662
(3) https://timeskuwait.com/banks-ready-for-biometric-fingerprint-deadline-account-restrictions-loom/
(4) https://www.arabtimesonline.com/news/urgent-biometric-fingerprint-centers-open-until-midnight-today-to-meet-final-deadline/

Mañana sabremos si al preso político más viejo de Europa, el comunista libanés George Ibrahim Abdallah, le conceden la libertad condicional después de penar 40 años en las cárceles francesas.

Nunca se había conocido un caso así. Debería haber salido de prisión en 1999, pero los jueces posmodernos, incluso los franceses, tienen una contabilidad muy creativa. Se sabe cuándo entras, pero nunca cuándo sales.

La situación es tan vergonzosa que hasta Le Monde, el periódico prestigioso por antonomasia, se ha visto obligado -¡por fín!- a escribir un reportaje al respecto y, como siempre, más que la realidad misma, lo que nos gusta es ver cómo la cuentan los plumíferos.

Le Monde construye su historia a partir de Louis Caprioli, un antiguo policía de la DST, el contraespionaje francés de los ochenta. Era el cabecilla de la “lucha antiterrorista” y el tiempo no le impide seguir con sus montajes y ficciones, aunque ya no tenga que acudir a los tribunales, sino a los micrófonos de los medios.

El policía Louis Caprioli

El caso es singular desde el primer momento, cuando el 24 de octubre de 1984 Abdallah se presentó en la comisaría de policía de Lyon para pedir protección: creía que le perseguían los asesinos del Mosad para matarle. “Éramos nosotros”, dice Caprioli, que considera culpable a Abdallah porque en una de sus viviendas “encontramos el arma que había sido utilizada para matar a un oficial estadounidense [Charles Ray, oficial de la CIA] y a otro israelí [Yacov Barsimentov, del Mosad]”, dice el madero.

Inicialmente a Abdallah sólo le acusaron de tenencia de armas y documentación falsa, pero Estados Unidos e Israel presionaron a los jueces y no descansaron hasta que lograron una cadena perpetua por vías más que rocambolescas.

Veamos: poco después de la detención de Abdallah, la organización a la que pertenecía, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano), secuestraron al director del centro cultural francés en Trípoli (Líbano) y exigieron su liberación.

Como la pena de Abdallah no era muy elevada, cuatro años de cárcel, el entonces jefe de la DST, Yves Bonnet, intentó negociar su liberación con los servicios secretos argelinos. Fue en aquel mismo momento cuando el arma apareció milagrosamente en la vivienda de Abdallah.

Los esbirros de Caprioli registraron dos veces la vivienda de Abdallah. Al principio no vieron nada, pero cuando volveron por segunda vez “descubrimos una maleta y el arma homicida en su interior”. Pero también un pequeño frasco de ‘tipp-ex’, un líquido blanco que servía de borrador en la época de las máquinas de escribir. En el frasco encontraron una huella dactilar de Abdallah.

Otro olvido de este manipulador: en la maleta milagrosa había un diario fechado en una época en la que Abdallah ya estaba en prisión.

Así de chapuceras son las “pruebas” en los juicios políticos amañados por policías de la catadura de Caprioli, que los periódicos serios y rigurosos, como Le Monde, dan por buenas, lo mismo que los fiscales y los jueces. Si los franceses aún se escandalizan por el caso Dreyfus, lo que espera con el de Abdallah es aún más esclarecedor del rumbo que toman los montajes represivos en la vieja Europa.

A la organización a la que pertenecía Abdallah, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano) le imputaron la muerte de dos técnicos en desactivación de explosivos que murieron en agosto de 1982 cuando intentaban desactivar una bomba colocada en el centro de París. A Abdallah también le acusaron del doble crimen, en el que ni él ni las FARL habían tenido ninguna participación.

En 1985 y 1986, el ejército israelí había invadido Líbano y, los atentados menudearon por Europa, en solidaridad con la resistencia libanesa. Entonces Abdallah estaba encerrado en la cárcel y Caprioli sus secuaces señalaron con el dedo a los amigos de Abdallah. Decía que con los atentados pretendían liberar a su jefe.

Acompañado de algunos policías y del juez Marsaud, Caprioli fue a la prisión para hacerle confesar que, en efecto, él ordenaba los atentados desde la cárcel. Es paradógico porque, si hubiera confesado su intervención, ya estaría en la calle.

Después de una campaña brutal de intoxicación en su contra, hoy todos los medios franceses, incluido el juez Marsaud, reconocen que Abdallah no tenía nada que ver con los atentados por los que fue condenado, ni por la ola de explosiones que hubo en Francia en aquella época (*).

Las pistas conducen hasta Irán, que quería castigar a Francia por su apoyo, mediante la venta de armas, a Irak, que entonces estaba en guerra contra Teherán. Además, Irán pretendía recuperar su acceso a la planta de enriquecimiento de uranio Eurodif. Tras la caída del Sha en 1979, Francia había suspendido la participación de Irán en Eurodif.

‘Lo matamos y así no tendremos que hablar más de ello’

George Ibrahim Abdallah

Pero quien manda en el caso Abdallah no es Francia sino Estados Unidos, que es tanto como decir Israel.

En 1986 el ministro del Interior francés envió a un emisario de la DGSE, la inteligencia exterior francesa, a Washington para reunirse con el gran padrino de la CIA, William Casey, para que autorizara la liberación de Abdallah. Le explicaron que el problema es que la CIA no perdona. Una de las víctimas del doble atentado de 1982, Charles Ray, también era de la CIA.

Luego fue Casey el que viajó personalmente a París. Cenó con el ministro francés de Seguridad, Robert Pandraud y le llegó a enseñar el tenedor como amenaza.“Si Francia no condena a Abdallah a cadena perpetua, las cosas irán mal entre nuestros dos países, habrá una ruptura diplomática. Será un gran escándalo”.

Pandraud le propone otra solución: “Lo haremos más sencillo: liberaremos a Abdallah y lo enviaremos a Oriente Medio. Luego lo liquidaremos y así no hablaremos más de ello”.

Las presiones americanas sobre Francia aparecen en un documento desclasificado de la CIA fechado en noviembre de 1986 que menciona “las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que Abdallah no sea liberado”. Mientras tanto “las FARL podrían empezar a atacar los intereses americanos debido a la frustración provocada por el papel desempeñado por parte de Estados Unidos al mantener a Abdallah en prisión”.

(*) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-juin-2024-7526241