Categoría: Represión (página 5 de 66)

Cuando en la redacción del New York Times se hacen los tontos y dicen que acaban de descubrir el bálsamo de Fierabrás, es que la información ya puede circular “libremente”. Ha salido de las catacumbas; ya se puede hablar de ello y poner al periódico como referencia de que una opinión está bien acreditada.

Por ejemplo, ahora acaban de descubrir que el Doge, el organismo que dirige la purga emprendida por el gobierno de Trump “está construyendo un extenso sistema de vigilancia”, al que relaciona con Musk, como si fuera una novedad (1). Antes, en tiempos de Clinton, Obama y Biden, la “vigilancia en masa” no existía en Estados Unidos.

“Nunca habíamos visto algo así en Estados Unidos”. Es una de esas lacras de nueva factura introducidas por Trump, Musk y otros parecidos, que ya tienen “las herramientas para satisfacer sus muchos agravios al localizar rápidamente información comprometedora sobre sus oponentes políticos o cualquiera que simplemente les moleste”.

Trump, Musk y los suyos van a revisar los registros tributarios para encontrar las direcciones de los inmigrantes. El Doge está usando inteligencia artificial para examinar sus comunicaciones e identificar personas que albergan sentimientos anti-Musk o anti-Trump y, presumiblemente, sancionarlos o despedirlos.

En el periódico se hacen los ofendidos. “Es una reversión sorprendentemente rápida de nuestra larga historia gubernamental de aislar los datos para evitar su uso indebido”. Es una característica definitoria de muchos “regímenes autoritarios”: llenar archivos detallados sobre la población para poder castigar a quienes protestan.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los equipos de la purga están recopilando datos personales sobre residentes de Estados Unidos de docenas de bases de datos y están fusionándolos en una base de datos maestra en el Departamento de Seguridad Nacional.

Es algo que han venido haciendo la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y la decenas de centrales especializadas en la represión desde que se inventaron los archivos, los ficheros, las máquinas de escribir y los tipógrafos.

Durov promete no dejar las puertas abiertas a la policía francesa

Francia no necesita a Trump, ni a Musk, ni al Doge para convertirse en uno de esos “regímenes autoritarios”, capaz de detener a Pavel Durov para obligarle a la fuerza a poner los datos de la red Telegram a disposición de los aparatos represivos del Estado.

Aunque Telegram va cediendo cada vez un poco más, Durov asegura que no va a crear una puerta trasera en el sistema de cifrado para permitir el acceso de la policía. “Sería mejor abandonar el mercado francés que ceder a una orden de ese tipo”, dice Durov (2).

El mes pasado, Francia estuvo a punto de prohibir el cifrado. El Senado aprobó una ley que exige que las aplicaciones de mensajería instalen puertas traseras para que la policía acceda a los mensajes privados. Afortunadamente, la Asamblea Nacional la rechazó. Sin embargo, hace unos días, el jefe de policía de París, Laurent Nuñez, volvió a insistir con un chantaje característico: si hubiéramos tenido acceso a las redes sociales, hubiéramos podido impedir los ataques a las prisiones.

Otras veces la policía presiona con el narcotráfico. Durante la discusión del proyecto en el Senado el pasado mes de enero, una enmienda de Cédric Perrin quería obligar a los servicios de mensajería cifrada a entregar las claves a la policía, con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”.

Afortunadamente, la enmienda no coló, pero la policía vuelve a la carga. Quieren convencer que los ataques a las cárceles fueron obra de narcotraficantes.

Como bien dice Durov, cuando en una red de comunicaciones se abre una puerta trasera, se abre para todo el mundo, no sólo a la policía. Una vez instalada, puede ser explotada por terceros.

El engaño típico de la policía es afirmar que el cifrado está diseñado para proteger a los delincuentes, y no para proteger la intimidad de los usuarios, algo a lo que tienen derecho.

Pero la policía vuelve a la carga de la mano del senador Perrin. “Pronto presentaremos un proyecto de ley de inteligencia que incluirá esta medida”, amenaza.

El derecho a la intimidad en la Unión Europea

El 1 de abril la Comisión Europea publicó un texto llamado “Protección de la Unión Europea: una estrategia europea de seguridad interior”, para permitir a la policía acceder “legalmente” a los mensajes cifrados de los usuarios.

Hasta ahora, Telegram ha acordado proporcionar a la policía las direcciones IP y los números de teléfono de los usuarios con una orden judicial, pero la plataforma nunca ha “revelado un solo byte de mensajes privados”, promete Durov. Si las nuevas normas europeas o francesas le obligaran a hacerlo, “Telegram preferiría abandonar un mercado antes que socavar el cifrado con puertas traseras y violar los derechos humanos fundamentales”.

Desde 2022 está pendiente de tramitación otro proyecto represivo europeo, llamado CSAR (Child Sexual Abuse Regulation) y apodado “Chat control”. El pretexto es luchar contra la ciberdelincuencia infantil y obligar a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal en línea (redes sociales, mensajería, correo electrónico, chats, aplicaciones de citas) y a los proveedores de alojamiento a registrar y analizar el contenido de los usuarios, con el fin de verificar que no se trata de pornografía infantil. Un dispositivo que también supondría eliminar el cifrado de extremo a extremo y destruir la confidencialidad de las conversaciones.

Esta propuesta de reglamento está paralizada tras las reservas manifestadas por varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Austria, Suecia, Países Bajos, etc. Francia, en cambio, el país que vive del mito de los derechos humanos y de las libertades, la apoya plenamente.

(1) https://www.nytimes.com/2025/04/30/opinion/musk-doge-data-ai.html
(2) https://www.nexus.fr/actualite/news/telegram-contre-les-backdoors/

Se acercan las elecciones y en Kiev ha comenzado una purga de los rivales políticos de Zelensky en el contexto de los cambios en la situación de la guerra. Sanciones, prisión y exilio… se utilizan todos los métodos.

Zelensky ha desplegado la fuerza del aparato represivo contra los candidatos electorales. Petro Poroshenko es el enemigo más astuto, más adinerado y más peligroso. El antiguo presidente y su esposa declararon ingresos de 4.600 millones de grivnas (más de 110 millones de dólares) el año pasado y se encuentran entre los tres oligarcas más ricos de Ucrania.

En febrero Zelensky impuso sanciones contra sí mismo y varios otros políticos ucranianos por decreto. Se han impuesto sanciones personales contra políticos y empresarios ucranianos, incluidos el multimillonario Ihor Kolomoisky e incluso Viktor Medvedchuk, que abandonó Ucrania.

Estas sanciones incluyen la privación de condecoraciones previamente otorgadas, la congelación indefinida de activos y la prohibición de transferir fondos fuera de Ucrania. Los ciudadanos ucranianos sancionados por Zelensky también pierden el derecho a usar y disponer de su propiedad, tienen prohibido privatizar y arrendar propiedad pública, comprar tierras y realizar cualquier transacción financiera. Todas estas restricciones son de por vida.

Un comunicado del SBU, la policía política ucraniana, dijo que las medidas se tomaron debido a “la amenaza a la seguridad nacional, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como la creación de obstáculos para el desarrollo económico sostenible” (1). Las sanciones fueron precedidas por la apertura de varios procesos penales contra el expresidente, incluido uno por “alta traición”.

En respuesta, Poroshenko calificó las acciones como una provocación, explicando que Zelensky estaba “buscando a alguien a quien culpar por sus trágicos errores” y lo acusó de usurpar el poder en Ucrania y construir un “régimen autoritario”. El poder ilimitado del gabinete de Zelensky es “humillante para todo el país”, añadió.

Además de las sanciones, el expresidente no puede salir del país y corre el riesgo de ser detenido. Su hijo fue reconocido como desertor del servicio militar y buscado por no presentarse a una citación al centro de reclutamiento territorial. Por decisión del centro, se le impuso una multa de 25.500 grivnas (unos 610 dólares).

Poroshenko lleva mucho tiempo preparándose para el momento en que pueda oponerse a Zelensky, en venganza tanto por su derrota en la campaña electoral anterior como por la persecución política. Tiene cosas que contar. Pero las sanciones y la amenaza de prisión por “alta traición” obligaron al ex presidente a callarse la boca.

Para Zelensky el peligro proviene de las personas que ocupan cargos parlamentarios, tienen medios económicos, gozan de cierto apoyo popular y controlan sus propios medios de comunicación. Por eso Poroshenko se ha convertido en primero en la lista de enemigos y perseguidos. Los demás ya están encarcelados, han huido al extranjero o, como el general Zaluzhny, han sido relegados lejos del país.

No es casualidad que también se impusieran sanciones a otros cuatro oligarcas. Uno de ellos, Konstantin Jevago, está financiando a otra rival de Zelensky, la diputada Yulia Tymoshenko, que también aspira al gobierno. El golpe a Jevago limitó las posibilidades de Tymoshenko en futuras elecciones. La oficina de Zelensky también está preparando un ataque contra Tymoshenko para silenciarla. Esto podría implicar sanciones y nuevos procesos penales por “alta traición”.

El alcalde de Kiev, el proxeneta Vitali Klitschko, también se enfrenta a problemas. Recientemente dijo que había una creciente presión por parte de la oficina de Zelensky. Otros dirigentes municipales también están perseguidos. Se está llevando a cabo una campaña masiva contra los ayuntamientos: solo la semana pasada se realizaron más de 500 registros y detenciones.

Zelensky es consciente de que pronto será considerado responsable de todos los problemas en los que se ha visto sumida Ucrania durante su presidencia y de que Occidente puede exigir elecciones. Por eso quiere eliminar a cualquier aspirante al puesto de jefe de Estado y atacarlo de antemano.

Además, el nivel de apoyo a Zelensky en Ucrania continúa cayendo debido a la prolongada guerra y las crisis económica, social y financiera. Su figura es cada vez más controvertida. Cada vez más políticos de diferentes países señalan que no es legitimado desde hace casi un año y se niega a abandonar el cargo.

El periódico alemán Deutsche Welle informó que uno de los objetivos de la campaña represiva es neutralizar políticamente a Zaluzhny (2). La oficina de Zelensky está tratando de disuadir al antiguo comandante en jefe del ejército y actual embajador en Londres de participar en las próximas elecciones presidenciales. De lo contrario, se iniciarán procesos penales contra él por la entrega de Jersón a las tropas rusas en 2022.

La oposición podría unirse en torno a Zaluzhny, considerado como un candidato más aceptable para Occidente. Zelensky no quiere dar tiempo a sus opositores para organizarse. La serie de escándalos en el panorama político ucraniano apenas está empezando a cobrar impulso y la lucha se intensificará cada día que pase. Habrá nuevas detenciones, acusaciones y revelaciones comprometedoras.

(1) https://strana.news/news/480007-pod-vybory-konfiskatsiju-mestorozhdenij-snbo-vvel-pozhiznennye-sanktsii-protiv-poroshenko-kolomojskoho-boholjubova-i-zhevaho.html
(2) https://www.dw.com/de/wen-w%C3%BCrden-die-ukrainer-zum-pr%C3%A4sidenten-w%C3%A4hlen/a-71762204

El fiscal del Tribunal Penal de Aix-en-Provence ha solicitado una pena de ocho meses de prisión para el profesor universitario francés François Burgat por sus publicaciones sobre la situación en Gaza.

El fiscal también pidió la prohibición de publicar en la red social X/Twitter durante seis meses y una multa de 4.000 euros.

Antiguo director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y autor de obras de referencia sobre cuestiones relacionadas con el mundo musulmán, Burgat fue procesado por apología del terrorismo. Fue detenido el pasado mes de julio tras una denuncia presentada por la Organización Judía Europea.

En su defensa durante el juicio, el académico afirmó que nunca había felicitado a Hamas el 7 de octubre, pero que tenía más confianza en la versión que dio de los acontecimientos, dada la situación actual.

La sentencia se publicará el 28 de mayo.

Varias personalidades están siendo procesadas en Francia por apología del terrorismo, tras criticar públicamente las matanzas israelíes en Gaza, entre ellas la antigua campeona de baloncesto Emilie Gomis, citada en febrero del año pasado por por haber difundido una imagen que denunciaba la colonización de Palestina por Israel.

La eurodiputada franco-palestina Rima Hassan también se enfrenta a varios juicios tras una denuncia del ministro del Interior, Bruno Retailleau, por describir a Hamas como un movimiento de resistencia en una declaración a los medios de comunicación.

La libertad de expresión ha desaparecido de Europa y los jueces utilizan las leyes “antiterroristas” como un cajón de sastre para imponer castigos arbitrariamente.

Israel tiene patente de corso y los países europeos son cómplices del genocidio que e está cometiendo en Gaza contra los palestinos.

El secuestro, la detención y las amenazas de deportación de estudiantes solidarios con Palestina en Estados Unidos no son casos aislados, sino algo común a todos los países imperialistas. En Reino Unido, un estudiante de la Universidad SOAS fue acusado y otro detenido en virtud de la legislación antiterrorista por participar en las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Más de 100 han sido investigados, suspendidos y expulsados ​​por el mismo motivo.

Se está creando un clima de terror en las universidades británicas, con los rectorados, las empresas de seguridad privadas, la policía y los matones sionistas trabajando juntos para silenciar las protestas contra el genocidio del pueblo palestino, todo bajo la dirección de un gobierno laborista.

Más allá de las universidades, los solidarios también están en la mira de la policía política. Miembros de Acción Palestina fueron detenidos y encarcelados por protestar contra el fabricante de armas israelí Elbit Systems, recurriendo a la ley antiterrorista, que concede facultades extraordinarias a la policía.

Seis participantes de una protesta de Youth Demand en un centro de reuniones de Londres fueron detenidos por “conspiración para causar disturbios públicos” por un escuadrón de 30 policías, algunos de ellos armados, que irrumpieron en el edificio. A primeras horas de la mañana se llevaron a cabo una serie de registros contra otras 12 personas.

El movimiento británico  de lucha contra el genocidio en Gaza, que ha alzado a millones de personas durante el último año y medio, está bajo amenaza. Setenta y siete manifestantes, incluidos miembros destacados de la Coalición Stop the War y la Campaña de Solidaridad con Palestina, fueron detenidos el 18 de enero en una emboscada policial planificada previamente, y los miembros del Parlamento participantes, incluido el antiguo dirigente del Partido Laborista Jeremy Corbyn, fueron interrogados en comisaría.

La intención del Partido Laborista es criminalizar cualquier protesta contra el genocidio de Gaza, allanando así el camino para la represión de cualquier oposición política al militarismo y al imperialismo británicos. Al igual que en Estados Unidos, los ataques a los derechos democráticos de los estudiantes son un primer paso en la implementación de esta política más amplia, luego de una serie de registros en las viviendas y detenciones de periodistas en los aeropuertos.

El Partido Laborista está jugando un papel decisivo en la propagación de las acusaciones de “antisemitismo de izquierda” como medio para prohibir la solidaridad con Palestina y la denuncia de los crímenes del Estado de Israel.

Desde que llegó al gobierno en julio del año pasado, el Partido Laborista no sólo ha mantenido la legislación fascista contra las manifestaciones aprobada por los conservadores, sino que ha ampliado significativamente su uso. También está utilizando la legislación antiterrorista y el sistema Prevent introducidos por los gobiernos laboristas anteriores de Tony Blair y Gordon Brown.

El 23 de marzo Israel informó de la muerte de Walid Ahmed, un palestino de 17 años, en la prisión de Megiddo. El fallecido era oriundo de la ciudad cisjordana de Silwad y había sido encarcelado en septiembre del año pasado.

Aún no se ha podido determinar las circunstancias de su muerte. El servicio penitenciario israelí dijo en un comunicado que un detenido de 17 años de edad de Cisjordania murió en la prisión de Megiddo, sin identificar ni dar detalles de las circunstancias de su muerte.

El funcionario palestino de enlace le dijo a la familia que su hijo sufría sarna y disentería amebiana, según la Asociacion de Defensa de los Niños de Palestina (DCIP). Los israelíes se negaron a devolver su cuerpo a su familia.

Walid fue secuestrado en medio de la noche, golpeado y maltratado por los soldados israelíes que le detuvieron. En la cárcel le dieron una comida escasa y en mal estado. La celda estaba saturada de presos y en condiciones insalubres. Le aislaron de su familia.

En el momento de su muerte, el joven estaba en prisión preventiva.

La prisión de Megiddo es conocida desde hace mucho tiempo por su trato brutal a los detenidos palestinos. Los prisioneros son sometidos a descargas eléctricas, ataques de perros y golpes violentos. A algunos los desnudaron, los ataron de pies y manos durante días, les privaron de alimentación y mantas. Varios fueron hospitalizados debido a las palizas.

Un informe del año pasado detalló los horrores de la cárcel de Megiddo, documentando la tortura sistemática, el abandono, la violencia sexual y las palizas rutinarias.

En un comunicado, los grupos que defienden a los presos palestinos dijeron que con Walid son 63 los palestinos asesinados bajo custodia desde que Israel inició su asalto militar a Gaza en octubre de 2023, un récord que incluye al menos 40 personas de Gaza.

El período transcurrido desde octubre de 2023 ha registrado un aumento de los crímenes sistemáticos dentro de las cárceles israelíes, lo que hace que, desde 1967, sea el período de la historia con más asesinatos de prisioneros.

La muerte de Walid eleva a 300 el número total de detenidos palestinos asesinados desde 1967, aunque es probable que estas cifras sean subestimadas, ya que decenas de detenidos capturados en Gaza son víctimas de desapariciones forzadas.

Añadieron que Israel ha retenido los cuerpos de 72 de los detenidos, 61 de ellos desde el inicio de la guerra contra Gaza.

A principios de marzo, el número de presos palestinos retenidos por Israel superó los 9.500, incluidos más de 350 niños, 21 mujeres y otros 3.405 detenidos administrativamente.

Walid es el decimoctavo joven palestino muerto en la Cisjordania ocupada este año.

—https://qudsnen.co/17-year-old-palestinian-child-dies-in-israeli-prison-amid-reports-of-torture/

El control de las fronteras ha creado una gigantesca industria de la vigilancia que en 2016 representaba un mercado anual de 18.000 millones de dólares y en 2022 dio un salto formidable hasta los 53.000 millones de dólares. Estados Unidos e Israel dominan el negocio.

En 2012 la Comisión Europea admitió su retraso en un plan de acción, identificando el sector de la seguridad como particularmente prometedor. Según Bruselas, “las empresas estadounidenses que dominan el mercado siguen siendo las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico”. Considera necesario “establecer un mercado interior europeo más eficaz para las tecnologías de seguridad” con el fin de aprovechar mejor, frente a la competencia extranjera, este mercado en plena expansión”.

La Comisión Europea creó Frontex, una fuerza de guardias fronterizos y guardacostas y ha aumentado su presupuesto anual de 6,3 millones de euros en 2005 a 238,7 millones de euros diez años después. También han tendido cientos de kilómetros de muros y concertinas en los bordes del espacio Schengen, y en particular a lo largo de la “Ruta de los Balcanes“, la vía migratoria que conecta Grecia con el oeste de Europa.

Los muros, vallas y barreras no impiden la entrada de emigrantes: 150 personas cruzaron la valla de Melilla el año pasado, compuesta de tres cortinas de acero y vigilada por 650 guardias civiles. El 17 de febrero 500 personas cruzaron la de Ceuta.

Los muros no impiden la emigración sino que cambian las rutas de entrada. Como consecuencia del cierre de la ruta de los Balcanes tras el acuerdo firmado en marzo de 2016 entre Europa y Turquía, Italia ha vuelto a convertirse en una puerta de entrada principal para los refugiados.

Las vallas son caras de mantener. La de Melilla mide entre seis y siete metros de altura y tiene once kilómetros de longitud. Costó 33 millones de euros: 3 millones de euros por kilómetro, sin contar diversos gastos de mantenimiento. Un reciente informe del Ministerio del Interior los cuantifica en 14 millones de euros desde 2005, es decir, 154.000 euros por año y por kilómetro.

Extender la valla de Melilla a los 7.700 kilómetros de fronteras terrestres del espacio Schengen costaría al menos dos billones de euros y quedarían abiertos 42.000 kilómetros de costas.

Las fronteras electrónicas

Las fronteras electrónicas pueden ser el nuevo cerrojo que sustituya a las vallas y los muros. En 2002 Europa desplegó el Sive (“Sistema Integrado de Vigilancia Exterior”), que tiene su sede en Algeciras, a la sombra del peñón de Gibraltar. Con sus cámaras térmicas, sus sensores, sus radares y sus satélites, el Sive es la primera frontera virtual, que la industria dice en sus catálogos comerciales que es capaz de detectar cualquier intento de intrusión a treinta kilómetros.

El dispositivo se extiende desde la ciudad de Tarragona, al sur de Catalunya, hasta la frontera portuguesa, e incluye también las Islas Canarias. El Sive ha consumido cientos de millones de euros que, al menos en parte, ha ido a parar a los bolsillos de Indra.

En la estela del Sive han surgido otras fronteras virtuales como Spationav, en Francia, la red de vigilancia finlandesa-sueca Sucfis o el Sivicc (Sistema Integrado de Vigilancia Comando y Control) a lo largo de las costas portuguesas.

Pero mientras los europeos vigilan las fronteras terrestres y marítimas, los emigrantes llegan en avión provistos de un visado, antes de que el visado expire.

La Comisión Europea ya no sabe qué hacer y ha creado el programa de investigación europeo FP7-Seguridad que, entre 2007 y 2013 ha financiado 321 proyectos, uno de ellos el desarrollo de perros-robot dotados de un olfato artificial, herramientas de análisis de comportamientos sospechosos, sensores de sustancias químicas o incluso una arquitectura europea integrada de vigilancia marítima…

El programa de investigación Aeroceptor consiste en equipar drones de vigilancia en las fronteras con armas “no letales” para inmovilizar vehículos. Es el primer paso para fabricar drones con autonomía para dirigirse contra las personas.

La vigilancia como negocio

En la carrera tecnológica lo de menos son los emigrantes. Lo realmente importante es que se empieza a mover mucho dinero. En Europa los presupuestos invertidos en “seguridad fronteriza” se han triplicado desde 2010, alcanzando más de cuatro mil millones de euros en 2016.

Las empresas se llevan el mayor bocado y el mejor pretexto para aumentar los presupuestos públicos son las nuevas tecnologías, presentadas como el “arma definitiva” que va a acabar con los sin papeles.

Hasta ahora la tecnología de vigilancia fronteriza se ha comercializado como “dual”, es decir, capaz de satisfacer tanto las necesidades del ejército como las de la policía. En otras palabras, en los últimos años la industria militar se ha desplazado hacia el sector civil.

Para devorar los presupuestos públicos, las empresas de vigilancia tienen grupos de presión trabajando por los pasillos de Bruselas a jornada completa. Han creado organismos dentro de la Comisión y han sentado en ellos a sus peones. Ha sido una verdadera estrategia de infiltración.

A las órdenes de Javier Solana, el ‘señor de la guerra’ en Europa

En 2004 las empresas armamentistas europeas crearon la Agencia Europea de Defensa (AED) a través de Javier Solana, dirigente del PSOE, un personaje siniestro que de 1999 a 2009 dirigió de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea.

Los principales grupos de presión militaristas que operan en Bruselas, comenzando por la European Organization for Security (EOS), que agrupa a unas 40 empresas, desde armamento hasta electrónica pasando por la ciberseguridad, se jactan de haber creado un tinglado burocrático más para gastar más.

Por ejemplo, por iniciativa de los “señores europeos de la guerra”, en 2004 se creó el FP7, un programa europeo de investigación, dotado con 1.400 millones de euros. Entre 2007 y 2013 los caciques del armamentismo formaron parte de las comisiones del FP7, redactaban las licitaciones, luego se las adjudicaban y el dinero acababa en sus bolsillos.

No hay que sorprenderse de las conclusiones de un informe sobre el funcionamiento del FP7 publicado en 2014 a petición del Parlamento Europeo: empresas de armamento como EADS y Thales ganaban las licitaciones que habían redactado.

Los fiscales de Estados Unidos que asumieron las acusaciones en los juicios del 6 de enero sobre el asalto al Capitolio en 2021 han sido destituidos, sus ordenadores bloqueados y han eliminado la seguridad de sus oficinas.

El subdirector del FBI que dirigió la investigación del 6 de enero, David Sundberg, ha sido despedido.

20 dirigentes de las oficinas de campo del FBI han sido despedidos y escoltados fuera de los edificios del FBI en todo el país.

Los 51 agentes de inteligencia que difundieron información falsa en la computadora portátil de Hunter Biden e interfirieron en las elecciones ahora tienen prohibido ingresar en los edificios federales.

Los funcionarios federales deben regresar a sus oficinas o serán despedidos en caso contrario.

A John Bolton (del Consejo de Seguridad Nacional) y John Brennan (director de la CIA) les han prohibido el acceso a los edificios gubernamentales de manera permanente.

Jarold Harold Rogers ha sido acusado de espionaje, o dicho más finamente, de comprometer secretos comerciales de Estados Unidos con China.

A dos millones de funcionarios federales le han ofrecido una baja remunerada.

Además de una depuracion política, Trump y Musk quieren reducir el gasto público. “Se estima que entre el 5 y el 10 por cien de la fuerza de trabajo dimitirá, lo que podría ahorrar alrededor de 100.000 millones de dólares”, escribió Musk en su red social.

Musk ya hizo una purga masiva cuando compró Twitter en 2022. Despidió a más del 80 por ciento de toda la plantilla de la empresa. Solo 1.500 de los alrededor de 8.000 trabajadores de Twitter todavía continuaron trabajando en la empresa.

En julio del año pasado se produjo un apuñalamiento contra varias niñas en un estudio de danza en Southport, en Reino Unido. Tres de ellas murieron y otras 10 personas, ocho de las cuales también eran niñas, resultaron heridas. El gobierno laborista de Londres quiere aprovechar la conmoción para “reformar” la ley antiterrorista (1).

En un vídeo que publica el periódico The Sun, el primer ministro Keir Starmer afirma que “nos enfrentamos a una nueva y grave amenaza”, que requiere una “definición ampliada” de terrorismo (2). Hay que tomar nota porque Starmer procede de la fiscalía. Su tarea ha sido encarcelar. En Reino Unido, como en otros países, siempre ocurre lo mismo: a medida que el terrorismo va a menos, la represión va a más.

En el colmo del ridículo, con su nueva ley Starmer quiere dificultar la compra de cuchillos. “Sigue siendo sorprendentemente fácil para nuestros niños conseguir cuchillos letales. Las lecciones de este caso no podrían ser más claras […] La tecnología está ahí para establecer controles de verificación de edad, incluso para los cuchillos de cocina que se compran por internet”.

Acabarán por exigir permisos para tener destornilladores, navajas y cortauñas en casa, como si fueran armas de fuego.

La censura no podía faltar en estas campañas repesivas. “Con sólo unos pocos clics, las personas pueden ver un vídeo tras otro, vídeos que en algunos casos nunca se eliminan. No me pueden decir que el material que este individuo vio antes de cometer estos asesinatos debería ser accesible o estar en las principales plataformas de redes sociales”, dice el periódico The Guardian.

El primer ministro Starmer confiesa en su declaración que “demasiadas personas están cayendo en las grietas de nuestra sociedad”, lo cual significa más vigilancia y un control más estricto, que tiene que empezar con un lavado de cerebro a los niños.

“Eso significa preguntas difíciles sobre cómo proteger a nuestros niños de la oleada de vídeos violentos en línea”, dice Starmer, sumándose a lo que ha dicho Pedro Sánchez en el Foro de Davos: hay que acabar con el anonimato en internet. La Ley de Seguridad en Internet, que entra en vigor en marzo, silenciará cualquier información crítica al respecto con el pretexto de que nadie debería ver ciertos vídeos.

La ley antiterrorista buscará “ampliar la definición de terrorismo” para incluir las “nuevas amenazas”, que siempre son peores que las anteriores. “El terrorismo ha cambiado. En el pasado, la principal amenaza eran grupos altamente organizados, con una clara intención política. Grupos como Al Qaeda y el IRA […] Pero ahora, junto con eso, también tenemos que protegernos de la violencia extrema perpetrada por solitarios e inadaptados, una cohorte creciente de hombres jóvenes que pueden acceder a todo tipo de material enfermizo en línea”, dice Starmer.

El objetivo es hacer que el término “terrorismo” sea aún más difuso extrayéndolo de las ideologías políticas o religiosas. En una declaración al Parlamento, la ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo que, dado el creciente número de casos en los que los perpetradores buscan aterrorizar, incluso sin una ideología clara, debemos asegurarnos de que las leyes sean lo suficientemente fuertes para hacerles frente.

En Reino Unido la ficción de un “terrorismo sin ideología” surgió durante la pandemia, con las primeras protestas contra el confinamiento y las vacunas. Los políticos y la prensa sensacionalista hablan de una ausencia de ideología para referirse a quienes protestan, pero no son capaces de definirse políticamente, ni tampoco pueden ser encasilladas dentro de ningún cliché policial característico, lo que en España llaman “tribus urbanas”.

Es un reflejo de la legislación europea del año pasado, que introdujo una definición imprecisa sobre supuestos “terroristas potenciales” (3). Hay que capturarlos preventivamente, antes de que sean realmente terroristas (4). Es un cajón de sastre en el cabe de todo. Cualquiera que tenga un motivo de queja es un “terrorista en potencia” precisamente porque no es capaz de analizar la raíz del problema con cierto detalle.

Luego los medios de comunicación, las redes sociales, los “expertos”, los tertulianos y los charlatanes de todos los pelajes multiplican la confusión. Como confiesa The Guardian, la consecuencia es que el “aumento de la violencia en línea hace que declarar un incidente terrorista sea más difícil que nunca” (5).

El terrorismo siempre fue un pretexto para endurecer la represión politica. Nadie ha sido capaz nunca de definir lo que están castigando. Nadie sabe a quién están enviando a la cárcel, que es lo más interesante porque, en efecto, cualquiera puede acabar en la cárcel condenado por terrorismo, como ya está ocurriendo en España.

(1) https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jan/21/uk-ministers-pledge-overhaul-terror-laws-southport-murders
(2) https://www.thesun.co.uk/news/32933490/keir-starmer-southport-murders/
(3) https://www.statewatch.org/news/2024/october/eu-definition-of-potential-terrorists-opens-door-to-broad-information-sharing/
(4) https://mpr21.info/minority-report5-como-detener-los/
(5) https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jan/21/the-surge-in-online-violence-makes-declaring-a-terrorist-incident-more-difficult-than-ever

Una nota informativa difundida por la Casa Blanca amenza con deportar “a todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas pro-yihadistas”. Para ello Trump firmará un decreto para anular los visados de los estudiantes universitarios no ciudadanos que hayan participado en las protestas contra el genocidio de Gaza.

“Cancelaré rápidamente los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamas en los campus universitarios, que han estado infestados de radicalismo como nunca antes”, dice la nota.

Aunque el decreto aún no se ha firmado, la Casa Blanca ha publicado materiales en apoyo de la orden y los funcionarios de la Casa Blanca han confirmado que el anuncio es inminente.

La represión intenta acabar con los críticos del genocidio israelí. “Mi promesa a los judíos estadounidenses es esta: con su voto, seré su defensor, su protector y seré el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido en la Casa Blanca”, se lee en la nota.

El decreto obliga al Ministerio de Justicia a “perseguir agresivamente las amenazas terroristas, los incendios provocados, el vandalismo y la violencia contra los judíos estadounidenses” y “toma medidas enérgicas y sin precedentes para reunir todos los recursos federales para combatir la explosión del antisemitismo en nuestros campus y en nuestras calles desde el 7 de octubre de 2023”.

La represión ya ha sido condenada por grupos como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), que la calificó de “deshonesta, exagerada e inaplicable”.

“La revocación de visas de estudiantes no debería utilizarse para castigar y filtrar ideas que el gobierno federal desfavorece”, dijo Sarah McLaughlin, investigadora de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) en materia de Expresión Mundial. “La fortaleza del sistema de educación superior de nuestra nación se deriva del intercambio de la más amplia gama de opiniones, incluso las impopulares o disidentes”.

“Apoyamos a los estudiantes que se manifiestan con tanta valentía y arriesgan sus cuerpos y sus carreras académicas para salvar vidas y exigir el fin de la destrucción de Gaza por parte del ejército israelí. Como judíos, nos negamos a ser peones de la toma autoritaria del poder por parte de la extrema derecha”, dijo Stefanie Fox, directora ejecutiva de Jewish Voice for Peace.

“A Trump y sus compinches no les importa la seguridad de los judíos; de hecho, ellos y los nacionalistas blancos que los apoyan son la mayor amenaza para los judíos estadounidenses. Están librando una campaña contra todos aquellos que son lo suficientemente valientes como para desafiar su poder”, añade el comunicado de la organización judía.

Alia El Assar, directora de organización de medios en Adalah Justice Project, dijo que los congresistas están adoptando estas medidas draconianas para infundir miedo en las comunidades y disuadir de hablar contra las matanzas israelíes.

“Estamos centrados en protegernos unos a otros”, dijo. “No queremos olvidar nuestro poder, en particular el de aquellos de nosotros que no corremos el riesgo de ser deportados. Tenemos que asegurarnos de que estamos defendiendo a nuestra gente, ya sean estudiantes internacionales u otros, no permitiremos que prevalezca el pánico en nuestras comunidades”.

“En el sistema actual en Estados Unidos la clase dominante se beneficia de la muerte y la destrucción”, añadió. “Están desviando recursos de nuestras comunidades y culpando a la gente negra y morena, a la gente que está alzando la voz por la justicia”.

Las organizaciones prosionistas y los grupos de guerra judicial han estado presionando para que las universidades tomen medidas enérgicas contra la solidaridad hacia Palestina durante años, pero han aumentado drásticamente sus esfuerzos durante el genocidio de Gaza.

La organización sionista Betar incluso ha creado un listado de estudiantes extranjeros involucrados en las protestas de Gaza con la esperanza de que el gobierno de Trump los deporte. “Hemos comenzado a comenzar a hacer listas de ciudadanos extranjeros que odian a los judíos con visados que apoyan a Hamas”, dijo Ross Glick, director de la organización en Estdos Unidos.

Palestina afecta al corazón de las inversiones universitarias

Si bien la represión aumentará con Trump, los estudiantes solidarios con Palestina ya se enfrentaban a la represión bajo el gobierno de Biden. El otoño pasado la Universidad de Cornell amenazó al estudiante de posgrado británico-gambiano Momodou Taal con una expulsión después de participar en una protesta en el campus. La expulsión anuló el visado de Taal. Finalmente la universidad dio marcha atrás en respuesta a una campaña de presión a escala nacional.

“Sigo diciendo que estas tácticas represivas no pueden divorciarse del problema en sí”, dijo Taal poco después de que la universidad suspendiera su expulsión. “El problema es que se trata de Palestina, porque llega al corazón de las inversiones universitarias. Va al corazón del imperio”.

En la campaña presidencial Trump dejó en claro que apuntaría a los defensores de Palestina como parte de su vasto plan de deportación. “Si me reeligen, vamos a hacer retroceder ese movimiento 25 ó 30 años”, dijo a un grupo de donantes prosionistas en mayo.

En su primer día en el cargo Trump desató una segunda “Prohibición Musulmana”, firmando un decreto que ordena compilar una lista de países “para los cuales la información de investigación y selección es tan deficiente que justifica una suspensión parcial o total de la admisión de nacionales de esos países”.

El nuevo decreto va incluso más allá de la medida de Trump de 2017, con un lenguaje que permite al gobierno negar visas basándose en opiniones políticas, creencias y antecedentes culturales. Era un manera de atacar a los defensores de Palestina.

“Aprendieron de sus ‘errores’ la última vez”, dijo la profesora de la Universidad de Colorado y académica legal Maryam Jamshidi. “Sabemos, en base a las declaraciones que han hecho Trump y otros, que las nuevas disposiciones se utilizarán para atacar a los manifestantes pro-Palestina”.

La “Prohibición Musulmana 2.0” ha sido condenada por grupos de derechos humanos y organizaciones de inmigrantes. “No podemos permitir que los gobiernos sigan erosionando nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda o que reaviven el miedo y la desconfianza que definieron la era posterior al 11 de septiembre”, afirmó el Comité Estadounidense-Árabe Antidiscriminación (ADC) en una declaración.

“Oponernos a estas medidas regresivas es nuestra responsabilidad compartida. Si permitimos esta erosión de los derechos de una comunidad, ponemos en riesgo las libertades de todos”, concluyen.

—https://mondoweiss.net/2025/01/report-trump-to-cancel-student-visas-for-palestine-protesters/